El documento habla sobre la propuesta del gobierno mexicano en 2010 de gravar un impuesto del 3% a los servicios de telecomunicaciones e internet. Esto provocó protestas en línea, especialmente en Twitter, donde los usuarios expresaron que la medida representaría un retraso tecnológico y aumentaría la brecha digital en México. A partir de 2010, el acceso a internet se convirtió en un derecho constitucional en México, requiriendo que el estado provea conexión a 1Mbps a quienes no la tengan, aumentando a esta velocidad