Tema 18. la españa actual

18.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios
constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su
evolución.
La Transición a la democracia (1975 – 1982)
Se entiende por Transición a la democracia el cambio gradual y pacífico desde la
dictadura a la democracia que se desarrolló en España desde la muerte del general
Franco hasta el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982.
Esta Transición fue impulsada por el rey y por Adolfo Suárez. Contó con al apoyo del
pueblo español, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los sindicatos y se
vio favorecida por el contexto internacional (fin de las dictaduras en Grecia y en
Portugal). A pesar de todo ello, este proceso encontró dificultades.
Sus hechos más relevantes fueron los siguientes:
Punto de partida. Tras la muerte de Franco el panorama político español presentaba
entre los políticos tres posibilidades:
1. Defender la continuidad del régimen sin Franco (el bunker).
2. Apostar por una reforma de las instituciones franquistas que culminase
en la democratización del sistema.
3. La oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura con el pasado
dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político democrático.
De la Ley a la ley. El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos de Borbón asume la
jefatura del Estado en aplicación de las leyes de la dictadura franquista. En su primer
discurso manifestó su intención de ser el rey de todos los españoles y de restablecer la
democracia. En un principio se encontró con la oposición de los franquistas (que
desconfiaban de él) y de los partidos de la oposición (que dudaban de su capacidad
política); incluso su padre, don Juan de Borbón, no renunció al trono de España hasta
1977 (era depositario de los derechos dinásticos de la monarquía).
El rey confirma a Carlos Arias Navarro como presidente de Gobierno (ya lo era desde
1974. De este primer gobierno esperaba la aceleración de las reformas, que
conducirían a la democratización del sistema político español. Pero el programa
político de Arias apostaba por el continuismo franquista y su planteamiento reformista
era del todo insuficiente, por lo que el rey lo destituye en junio de 1976 por su
disconformidad con el lento ritmo de los avances hacia la democracia y nombra
presidente de gobierno a Adolfo Suárez (julio 1976), un joven político procedente de
los sectores reformistas del Movimiento). Éste junto con Torcuato Fernández Miranda,
presidente de las Cortes, pilotarán el Estado para la transición de la dictadura a la
democracia, pero sin romper con la legalidad: “De la ley a ley”. La solución pasaba
porque las propias Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política (LRP),
que recogía la puesta en marcha de un régimen democrático y la autodisolución de
esas mismas cortes, lo que hicieron a finales del año. A continuación, la LRP fue
sometida a Referéndum popular el 15 de diciembre de 1976 donde fue aprobada
mayoritariamente por los españoles.

Las primeras elecciones. En los meses siguientes se prepararon las condiciones para la
celebración de elecciones generales. Partidos y sindicatos fueron legalizados (salvo el
PCE) en febrero de 1977 y se suprimió el Movimiento Nacional; los exiliados políticos
regresaron; se concedió amnistía a los presos políticos y se convocaron elecciones
generales. Todo ello se realizó pacíficamente, aunque no faltaron tensiones.
A la legalización del PCE se oponían los inmovilistas y el ejército radicalmente. Pero los
comunistas apuntaron claramente por el proceso democrático y mostraron su fuerte
presencia social con la multitudinaria manifestación a raíz de los asesinatos de los
cinco abogados laboralistas de CC.OO de la calle Atocha (enero 1977), por elementos
de la extrema derecha. Finalmente, Suárez decidió su legalización en el mes de abril,
hecho que provocó una crisis de gobierno pero que garantizó la legitimidad
democrática de las elecciones.
Una nueva ley electoral (ley D´Hont) permitió la convocatoria de elecciones libres a
Cortes constituyentes, que se celebraron el 15 de junio de ese mismo año. El camino a
la democracia estaba abierto.
Las primeras elecciones democráticas las ganó UCD (Unión de Centro Democrático),
partido fundado por Adolfo Suárez. El PSOE fue la segunda fuerza más votada dirigida
por Felipe González. El respaldo a la izquierda comunista (PCE, de Santiago Carrillo) y a
la derecha (AP, de Manuel Fraga) fue menor del esperado. Los franquistas apenas
obtuvieron apoyo. En el País Vasco y en Cataluña, los partidos nacionalistas empezaron
a configurarse como fuerzas políticas importantes.
Estos primeros años del restablecimiento de la democracia estuvieron marcados por
un clima político de acuerdos y compromisos entre las diferentes fuerzas políticas y
sociales. (Es lo que se llamó el “consenso”). Tras las elecciones y ante la gravísima crisis
económica, gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos
firmaron los Pactos de la Moncloa para reducir la conflictividad social y de esa manera
dar una oportunidad a la nueva democracia. Los Pactos, además, establecían las bases
para la modernización de la economía española, mediante el aumento de la inversión
pública y una reforma fiscal que permitiera aumentar los ingresos del Estado.
Los enemigos de la democracia. Las principales amenazas provenían del
involucionismo de extrema derecha (Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, o el
Batallón Vasco Español) que intentó truncar la transición a la democracia con
atentados como la matanza de Atocha, enero 1977, o con intentos de golpe militar
(Operación Galaxia). Pero también estaba el terrorismo de extrema izquierda que
cometían atentados y secuestros: GRAPO (Grupos Revolucionarios Primero de
Octubre) y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) . Pero la principal
actividad terrorista provenía de ETA, con una campaña de atentados con especial
incidencia entre los militares y fuerzas de orden público.
La constitución de 1978.
El proceso constituyente. Las Cortes nacidas de las elecciones del 15 de junio de 1977
tenían como tarea principal la elaboración de una Constitución que sirviera de base
para una nueva etapa de normalidad democrática. Para las fuerzas políticas y la
mayoría de los ciudadanos, la Constitución, habría de ser fruto de un amplio acuerdo

capaz de asegurar a todos los españoles un marco respetable para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones. Este consenso sería la clave para crear un sistema político
estable y duradero (aquí radica la diferencia importante con todas las Constituciones
del siglo XIX, que habían sido Constituciones de partido).
El primer paso para la elaboración de la Constitución fue la creación de una ponencia
para su redacción integrada por diputados de los diferentes partidos. Adoptó un
carácter progresista, aunque presentando cierta ambigüedad, producto del consenso,
que permitiría que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como
por la derecha democrática.
El proyecto fue discutido a lo largo de 1978 y aprobado en las Cortes por amplia
mayoría (sólo el PNV se abstuvo) y el 6 de diciembre de ese mismo año se sometió a
consulta del pueblo español en un referéndum que le otorgó el apoyo del 88% de los
votantes. Tras lo cual se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones.
La constitución de 1978. En total fueron dieciséis meses de discusiones que
alumbraron una carta magna cuyas principales características son las siguientes:
� La amplia declaración de derechos y libertades de los españoles, que se
inspiró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contrastaba con lo
restringidos que habían estado dichos derechos y libertades durante la dictadura.
También se hacía referencia a algunos deberes inexcusables para el mantenimiento del
Estado, como es el pago de impuestos. Igualmente se fijó el carácter no confesional del
Estado, se abolió la pena de muerte y se incluyó el derecho a la huelga y a la libre
sindicación. Se recogieron además una serie de derechos sociales que garantizasen el
Estado del Bienestar (educación, asistencia sanitaria, administración).
� La definición del sistema político español como una monarquía
parlamentaria, en la que el Rey como jefe del Estado arbitra las diferentes instituciones
pero no tiene poder ejecutivo.
� La división de poderes. El legislativo correspondía a las Cortes, integradas por
el Congreso y el Senado, dos cámaras elegidas cada cuatro años por sufragio universal,
directo y secreto. El ejecutivo recayó en el gobierno, que serían elegidos en función de
la composición mayoritaria de las Cortes. Por último, el poder judicial correspondía a
los jueces y magistrados, coordinados en última estancia por el Tribunal Supremo.
� Este cuadro se completó con otros dos poderes: el Tribunal Constitucional,
que se encargaba de interpretar la Constitución en caso de conflicto, y el Defensor del
Pueblo, cuya misión era la de atender directamente a los ciudadanos velando por el
respeto de sus derechos y libertades.
� La descentralización del Estado. La Constitución contemplaba la posibilidad
de que las regiones y nacionalidades pudieran optar por convertirse en comunidades
autónomas, que a su vez se organizaban en provincias y municipios.
� En la Constitución se recogen también los principios rectores de la política
social y económica. La libertad de mercado, la posibilidad de planificación económica
con la intervención del Estado en la propiedad privada por motivos de interés público.
España, como empieza diciendo la Constitución : “se convierte en un Estado social y
democrático de derecho”,

Las nuevas elecciones de febrero de 1979 las ganó Adolfo Suárez (UCD), con un
resultado parecido a las del 77, una mayoría relativa.
Adolfo Suárez forma gobierno entre 1979 y 1981. Esta legislatura estuvo marcada por
la crisis económica y política. El nuevo gobierno parecería que no tendría problemas
como en la legislatura anterior, pero el tiempo de los consensos ya había acabado. El
partido gobernante fracasó en las primeras elecciones democráticas municipales (abril
1979) e igualmente en las elecciones autonómicas de Cataluña y País Vasco. La
oposición ganaba fuerza y acosaba al gobierno con mociones de censura en las Cortes.
Dentro de su propio partido muchos acusaron a Suárez de ser el culpable de esta
pérdida de poder y empezaron a escindirse. Algunos militares también exigían su
marcha al acusarle de no atajar el terrorismo y romper la unidad de España. La crisis
económica y el terrorismo continúan dando fuerte. Ante esta situación, la actividad
gubernamental se paralizó y en enero de 1981 Adolfo Suárez decide dimitir como
presidente del gobierno y del partido.
El 23 de febrero de 1981, mientras tenía lugar la votación para nombrar a Leopoldo
Calvo Sotelo nuevo presidente del Gobierno, el teniente coronel Tejero con un grupo
de guardias civiles y con el apoyo de l general Milans del Bosch en Valencia, asalta el
Congreso de los Diputados. El intento de golpe de Estado fracasó por la oposición del
rey.
El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981 – 1982) durará menos de dos años, pero
continuará tomando decisiones como: la aprobación de la Ley del Divorcio –rechazada
por la Iglesia – y la integración de España en la OTAN – rechazada por la izquierda.
Leopoldo Calvo Sotelo, debilitado por las divisiones internas de su partido, la UCD,
adelanta las elecciones a octubre de 1982. Felipe González, líder del PSOE, gana las
elecciones de 1982 por mayoría absoluta. Con la victoria del PSOE se da por concluida
la Transición. El acceso de la izquierda al Gobierno significó la normalización
democrática.
El Estado de las autonomías
El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas diferentes:
- La primera fue la de las preautonomías, es decir, la concesión de una
autonomía provisional a regiones cuyos representantes la solicitaran.
- La segunda se emprendió a partir del momento en que la Constitución reguló
definitivamente el régimen autonómico.
Tras las elecciones de 1977, el gobierno de UCD se propuso afrontar las
reivindicaciones autonomistas de Cataluña. Adolfo Suárez entró en contacto con
Joseph Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, y pactó el restablecimiento
de la Generalitat de Cataluña y el regreso de Tarradellas como presidente.
En el País Vasco existía una gran movilización popular en demanda de autonomía y,
asimismo, de amnistía para los presos políticos vascos. La situación era muy tensa,
dada la persistencia del terrorismo de ETA. En 1977, el gobierno legalizó la ikurriña
(bandera vasca) y concedió tres amnistías. Las negociaciones entre el gobierno y los

parlamentarios vascos culminaron en la formación de un Consejo General Vasco. En
Galicia se creó una Xunta de Galicia provisional.
La Constitución aprobada en 1978 establecía la posibilidad de que todas las regiones
(u otras agrupaciones provinciales) se convirtieran en Comunidades Autónomas. Cada
una de ellas se regiría por un Estatuto de Autonomía y se dotaría de órganos
legislativos, elegidos por sufragio universal (parlamentos autónomos) y órganos
ejecutivos (gobiernos autónomos). Pero establecía dos procedimientos distintos: uno
más rápido y completo, previsto en el artículo 151, al que podían acceder
directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco) y otro
más lento, previsto en el artículo 143, que sería el que regiría a la mayoría de las
Comunidades Autónomas a excepción de Navarra (por sus peculiaridades forales) y
Andalucía que así lo decidió en referéndum.
Tras la aprobación de la Constitución se elaboraron los Estatutos de Autonomía de
Cataluña y del País Vasco, aprobados en referéndum el año 1979. En 1980, se
eligieron los primeros parlamentos autonómicos. En Cataluña, las elecciones
autonómicas dieron el triunfo a Convergencia i Unió y Jordi Pujol fue elegido
presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo la
mayoría y Carlos Garaikoetxea se convirtió en lehendakari.
En Galicia, en abril de 1978, se formó la primera Xunta de Galicia con carácter
provisional y, en 1980, se aprobó en referéndum el Estatuto de Autonomía.
La aprobación del resto de los estatutos de las otras 14 Comunidades Autónomas se
hizo de manera progresiva (entre 1982 y 1983). En 1995 se completó el mapa
autonómico con la aprobación de los Estatutos de Ceuta y Melilla.
A lo largo de los años siguientes, y de forma progresiva, se realizó el traspaso de
servicios, competencias y funcionarios (educación, sanidad, etc.) del Gobierno central
a las diferentes Comunidades Autónomas.

16.2. La España actual: los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del
terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.
Los gobiernos democráticos: legislaturas del PSOE y del PP
El PSOE estuvo en el poder durante cuatro legislaturas, entre 1982 y 1996.
Primera legislatura (1982 - 1986). En octubre el PSOE gano las elecciones por mayoría
absoluta (diez millones de votos, 48,11%). Felipe González fue nombrado presidente
del gobierno y estableció tres ejes de actuación:
a) Plan de estabilización. Con el fin de salir de la crisis económica, el Gobierno
aplicó un plan de ajuste – subida de los tipos de interés, devaluación de la moneda y
reconversión industrial – que, en un principio, provocó el aumento del paro y la
reducción de la inversión. Sin embargo, a partir de 1985 la economía empezó a
recuperarse.
b) Reformas políticas y sociales. Reforma de las Fuerzas Armadas. La Ley de la
Defensa Nacional pretendió aumentar la operatividad del ejército y acabar con el
golpismo. Cierre del mapa autonómico. Se aprobaron los últimos estatutos de
autonomía, excepto los de Ceuta y Melilla. Reformas educativas. Se aprobaron la LODE
(ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años) y la LRU (autonomía
universitaria). Reformas sanitarias. La Ley General de la Sanidad estableció un sistema
nacional de salud gratuito y de carácter universal. Regulación de la objeción de
conciencia del servicio militar. Aprobación de la ley de despenalización del aborto.
c) Actuaciones en política exterior: España firmó su ingreso en la CEE en 1985 y
se mantuvo en la estructura política de la OTAN tras el referéndum de 1986.
Segunda legislatura del PSOE (1986-1989). El PSOE ganó las elecciones por mayoría
absoluta. España se benefició de la expansión económica internacional que posibilitó la
creación de empleo, la subida de salarios y una política se inversión pública para la
modernización de las infraestructuras. Sin embargo, la liberalización del mercado de
trabajo provocó la huelga general del 14 de diciembre de 1988 convocada por UGT y
CC.OO.
La tercera legislatura (1989 – 1993). Estuvo marcada por las celebraciones de año
1992 (Exposición Internacional de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona), que
sirvieron para mostrar al exterior la modernización de España. Pero en 1993 comenzó
una grave crisis económica mundial, agravada en España por las cuantiosas inversiones
en los acontecimientos de 1992. Se disparó la inflación, quebraron numerosas
empresas y aumentó el paro. La crisis sobrevino además cuando se había aprobado el
Tratado de Maastricht, en el que se establecían los criterios de convergencia
económica europea para establecer la moneda única. En política exterior España
participó en 1991 la primera Guerra del Golfo contra Irak.
Cuarta legislatura (1993 -1996). El PSOE ganó las elecciones de 1993, pero por mayoría
simple. Para gobernar Felipe González tuvo que negociar un pacto de apoyo
parlamentario con CiU. En esta legislatura se firmó el Pacto de Toledo (1995), que
garantizó y estabilizó el sistema público de pensiones. Pero la legislatura estuvo
marcada por los casos de corrupción de los máximos responsables del Banco de

España. El financiamiento irregular del partido socialista (Filesa), el tráfico de
influencias (Juan Guerra, hermano del vicepresidente socialista Alfonso Guerra) o con
el enriquecimiento ilícito de algunas personas (Luis Roldán, director de la Guardia
Civil). Esto se unió a la guerra sucia contra ETA (Caso GAL), en la que se vio implicado el
ministerio del Interior. La oposición y parte de la prensa pedían incansablemente la
dimisión de Felipe González. En 1995 CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe González
convocó elecciones anticipadas.
En 1996 el PP gana las elecciones por mayoría simple. José María Aznar tuvo que
pactar con CiU y PNV para ser investido presidente del Gobierno. El giro conservador
quedó confirmado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y
municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había terminado.
En esta primera legislatura del PP (1996 – 2000) se llevó a cabo una política
económica liberal – reducción del gasto público, privatización de empresas públicas y
reducción de impuestos. El resultado fue el crecimiento de la economía, la creación de
empleo, la disminución del déficit público, la caída de los precios y el aumento de la
renta per cápita. España cumplió las condiciones de convergencia establecidas en
Maastricht y entró en el euro. Otras medidas de esta primera legislatura de José María
Aznar fueron la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de las
fuerzas armadas. En política exterior, España reforzó sus relaciones con los EE.UU.
En el año 2000 el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, esta vez por mayoría
absoluta, lo que le permitió gobernar en solitario hasta 2004. Así pudo desarrollar su
programa sin cortapisas y modificar sensiblemente la legislación de la etapa socialista.
Se iniciaron así una serie de reformas en el terreno educativo (Ley de Calidad de la
Enseñanza: LOCE) reestructuraba la enseñanza media; Ley de Reforma Universitaria
(reducía la autonomía universitaria) reforma en el ámbito laboral y Ley de Extranjería…
que provocaron notables protestas sociales (huelga general de 2002). La Ley de
Partidos, que ilegalizaba a los partidos que no condenaran explícitamente el
terrorismo. Erosionaron al gobierno el Plan Hidrológico (trasvase de agua de la cuenca
del Ebro a otras cuencas mediterráneas) y el hundimiento del petrolero Prestige en las
costas de Galicia. En política exterior Aznar apoyó a EE.UU en la guerra de
Irak en contra de la resolución de la ONU (2003).
Los socialistas de nuevo en el poder (2004 -2008). La jornada electoral se celebró el 14
de marzo de 2004 en un ambiente político sacudido por el atentado terrorista del 11-
M. El PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero obtuvo una mayoría simple y fue elegido
presidente del gobierno.
Medidas del nuevo gobierno: Retirada de las tropas españolas en Irak (abril de 2004);
Retirada del plan Hidrológico (sustituido por plantas desalinizadoras); Reforma de las
leyes educativas de los populares; Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres y la Ley de Dependencia; modificaciones en el código civil para permitir el
matrimonio entre personas del mismo sexo (muy contestado por sectores
conservadores y por la Iglesia católica).
En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo y consiguió una
segunda legislatura para José Luis Rodríguez Zapatero. Legislatura ensombrecida por la
crisis económica iniciada a fines de 2008 y que ha llevado al triunfo en las elecciones
municipales y autonómicas de mayo de 2011 al PP de Mariano Rajoy.

Los desafíos del golpismo y del terrorismo
Este apartado se ha visto en el punto 16.1. Aún así recuerdo telegráficamente.
Dos amenazas para la democracia: el golpismo y el terrorismo.
Durante la transición, la extrema derecha, nostálgica del franquismo, intentó crear un
clima de inestabilidad que truncara el camino a la democracia (Matanza de Atocha,
enero de 1977). Cuando esta estrategia fracasó, buscó acabar con la democracia
mediante el intento de golpe de Estado, el más espectacular, el de 23 de febrero de
1981. La actitud del rey en defensa de la democracia y la falta de respaldo a los
golpistas impidieron que el golpe de Estado tuviera éxito.
El terrorismo de ETA. Tras la desarticulación de los GRAPO, la ETA empleó la estrategia
de la desestabilización con el objetivo de forzar una negociación política; en 1980
cometió 95 asesinatos. Desde mediados de los años ochenta, el número de atentados
disminuyó por la implicación de Francia y la eficacia de los servicios de seguridad
españoles, pero las acciones de ETA se extendieron a todos los sectores sociales y
políticos y se volvieron más indiscriminados como el atentado en el parking de
Hipercor de Barcelona en 1987.
En 1997 el secuestro y asesinato de un concejal del PP provocó la movilización de la
sociedad vasca que aisló a los terroristas y se entorno (Espíritu de Ermua).
A pesar de ello, en 1998 los partidos nacionalistas vascos firmaron el pacto de Estella-
Lizarra en el que reivindicaban la autodeterminación; poco después ETA declaraba una
tregua. El Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, pero éste no fructificó y ETA
reanudó las acciones terroristas en 1999. En el año 2000 PP y PSOE reforzaron la
unidad antiterrorista con la firma del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo
iniciando los procesos de ilegalización de los partidos políticos y organizaciones
sociales del entorno de ETA.
Cambios sociales, políticos y económicos
En el aspecto político, el dato más importante es la instauración de la democracia. A
pesar de la presión antisistema – golpismo, terrorismo y separatismo – España ha
conseguido el período más largo de democracia. Las distintas ideologías y posturas
políticas se han canalizado dentro de los cauces democráticos.
Durante este período España han experimentado profundos cambios sociales y
económicos. Los más significativos:
-Descenso de la natalidad. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas
del mundo.
- España ha pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes.
- Incorporación de la mujer al mundo laboral.
- Predominio de la clase media (lo cual da estabilidad al sistema político
democrático).
- Incorporación masiva a los nuevos usos sociales en información, ocio y
comunicación (Internet).
- Desarrollo del estado del bienestar y aumento del nivel de riqueza hasta
niveles próximos a la media europea (otro síntoma de estabilidad social).
- Liberalización económica, privatización de empresas y bancos públicos y fin
del monopolio de sectores estratégicos.
- Reconversión industrial de los sectores tradicionales.

- Terciarización de la actividad productiva – 66% de población activa.
- Crecimiento de grupos empresariales de proyección mundial – Telefónica,
Inditex, Banco de Santander.
Cultura y mentalidades. La democracia trajo consigo el incremento de la oferta
cultural. Nunca antes se habían realizado inversiones tan importantes en actividades e
infraestructuras culturales.
Se incrementó la pluralidad ideológica con la aparición de nuevos medios de
comunicación escritos – El País, (1976). El Mundo, (1989) – y audiovisuales, con las
televisiones privadas – Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Canal Pus y cadenas y
emisores autonómicas (TV3, Euskal-Televista, Canal 9, Tele-Madrid, Canal Sur…).
Generalizándose también desde 2010 la TDT. También el nuevo cine español ha
irrumpido con fuerza en las pantallas europeas y norteamericanas con directores como
Almodóvar, Saura, Garci, Borau, Trueba, Amenábar…
Ha habido un reconocimiento internacional de la cultura española: premios Nobel de
Literatura a Vicente Aleixandre y Camilo José Cela, o el Pritzker de arquitectura a
Rafael Moneo.
La libertad de expresión favoreció nuevas formas de cultura popular relacionándolas
con el ocio, la comunicación y el espectáculo. En los años ochenta destacó la movida
madrileña.
Todo ello propició que las mentalidades se transformasen: la sociedad se secularizó y
el modelo de familia tradicional empezó a convivir con otros nuevos. Se lograron
importantes avances en la equiparación laboral y social de la mujer con el hombre y se
generalizaron actitudes más tolerantes hacia los comportamientos sociales.
En los últimos años la irrupción imparable de la denominada sociedad de la tecnología,
de la información y del conocimiento. Están produciendo notables cambios en las
formas de vida y de relación social y cultural, sobre todo en la generación de los más
jóvenes, en su mayoría consumados internautas. La creación de redes sociales a través
de Internet ha abierto nuevos caminos de relaciones que sin duda van a modificar
sensiblemente las pautas de sociabilidad vigentes.

16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de
España en el contexto internacional.
La integración de España en Europa
Proceso de integración. Los gobiernos democráticos se marcaron el objetivo de
integrar a España en la Comunidad Económica Europea, de la que había sido excluida
durante la dictadura franquista, con la que sólo se había conseguido un acuerdo
preferencial desde 1970.
En la transición, Adolfo Suárez solicitó la adhesión de España a la CEE, pero esta no se
produjo hasta 1986. La integración en la CEE fue el mayor logro de la política exterior
del PSOE.
El principal obstáculo para la integración de España en la CEE fue el peso de nuestro
sector primario: Francia temía perder cuota de mercado frente a España y Reino Unido
quería reducir las subvenciones a la agricultura. Además, la entrada de España
obligaba a aumentar los fondos estructurales sufragados por los países ricos de la CEE.
Sin embargo, España contó con el apoyo de Alemania.
Las consecuencias económicas más importantes de la entrada en la CEE han sido:
- La liberalización económica, que puso fin al tradicional proteccionismo y, en la
década de los ochenta, obligó a una dura reconversión al sector primario e industrial
para adaptarse a un mercado abierto y competitivo.
- La aceleración del crecimiento económico gracias a la política de ayudas de la
UE, pensada para reducir los desequilibrios socioeconómicos entre los países de la
Unión. España será hasta el año 2013 receptor neto de importantes sumas de dinero a
través de los fondos estructurales y de cohesión social – Fondo Europeo de Desarrollo
Regional - (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA)-. Estas ayudas han permitido la modernización de las
infraestructuras, la mejora del sector agrícola mediante subvenciones y la financiación
de planes de formación profesional.
España en la Unión Europea
Desde su entrada en la CEE España se ha mostrado como un activo socio europeísta
participando en la elaboración y firmando todos los acuerdos importantes:
- Acta Única (1986). Este acuerdo pretendía conseguir un mercado interior real
entre los Estados miembros, así como un espacio sin fronteras interiores, en el que la
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría garantizada. El
Acta Única reforzó la cohesión de los Estados miembros de la CEE.
- Tratado de Schengen (1991). De seguridad europea, que suprimió los
controles en las fronteras entre los Estados firmantes.
- Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (1992). Modificó los
acuerdos fundacionales de la Comunidad Económica Europea y cambió su
denominación por la de Unión Europea. Este acuerdo aceleró el proceso de integración
europeo al proponer como objetivo la unión política de forma gradual. Para ello, se
acordaron dos sistemas de cooperación intergubernamental: la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) y la Cooperación en Asuntos de Interior y de Justicia (CAJI).
Además, el Tratado propuso para 1999 la Unión Monetaria con la introducción del
euro en los países que cumplieran los criterios de convergencia – déficit público e
inflación bajos. En 1998 el gobierno del PP, presidido por José María Aznar, España

consiguió cumplir los criterios de integración en la Unión Monetaria como miembro de
pleno derecho. En 1999 adoptó el euro, que sustituyó a la peseta como moneda en el
año 2002.
- Tratado de Niza (2003). Reformó las instituciones comunitarias para afrontar
la ampliación de la Unión Europea hacia el norte y el este, hasta llegar a los 27 estados
que la componen actualmente.
El papel de España en el contexto internacional
Además de ser miembro en la UE, la política exterior de España ha girado en torno a
los siguientes ejes durante los últimos treinta años:
-Aproximación a posiciones neutrales al comienzo de la Transición – contactos
con el movimiento de los no alineados.
- Claro alineamiento con el bloque occidental con el ingreso en la OTAN en
1982 – durante el gobierno de la UCD de Calvo Sotelo - , reforzado cuando el PSOE, ya
en el poder, celebró un referéndum en 1986 para decidir la permanencia de España en
la estructura política de la OTAN – a la estructura militar se incorporó en 1999.
- Participación en conflictos internacionales. Primera y Segunda Guerras del
Golfo (1991 y 2003 respectivamente).
- Apoyo a las misiones de Paz y Seguridad con el envío de fuerzas de
interposición en zonas en conflicto – Balcanes, Líbano, Afganistán, Haití, etc.
- Intensificación de las relaciones en las dos áreas de atención preferente:
Iberoamérica y el norte de África. España ha pasado a convertirse en el primer inversor
en Iberoamérica y, desde 1991, impulsa la celebración anual de la Cumbre
Iberoamericana. En el norte de África se cuidan las relaciones con Argelia, primer
proveedor de gas natural y, sobre todo, con Marruecos – Tratado de Amistad, Buena
Vecindad y Cooperación de 1991 – a pesar de sus reivindicaciones sobre Ceuta y
Melilla y el litigio sobre el Sahara occidental.
- Presencia de ciudadanos españoles en cargos de máxima responsabilidad en
organismos internacionales, destacando Javier Solana (que ha sido secretario general
de la OTAN y representante de la política exterior de la Unión Europea) y Rodrigo Rato
(director del FMI).
- Nuestro país es igualmente miembro de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), cuyos objetivos son el mantenimiento de la paz, la defensa de los derechos de
la persona, la libre determinación de los pueblos y el fomento de la cooperación entre
estos. Por eso España participa en las misiones de los cascos azules.
-España también tiene presencia en las conferencias internacionales sobre
diversos temas: población, desarrollo, medio ambiente, etc.
-España es también miembro de muchos de los organismos especializados que
forman lo que se llama el sistema de Naciones Unidas, tales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS). UNICEF…
- Por otra parte nuestro país participa en una serie de organizaciones
económicas mundiales. Así, por ejemplo, España de incorporó en 1996 a a
Organización Mundial del Comercio (OMC). También es miembro de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), FMI….

- Ante los nuevos retos internacionales del siglo XXI, terrorismo e integrismo
islámico, la posición española ha oscilado entre el alineamiento incondicional con
EE.UU y el Reino Unido – gobiernos de José María Aznar – y la búsqueda de
acercamiento entre occidente y oriente, la Alianza de Civilizaciones – gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero – aunque manteniendo intactas las relaciones con la OTAN.

Tema 18. la españa actual

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