Estudio de la España actual abordando la transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria, y los cambios sociales y económicos habidos en el periodo.
Orientación Académica y Profesional 4º de ESO- OrientArte
La España actual (1975-2004)
1. HISTORIA DE ESPAÑA
2º BACHILLERATO
Prof. Antonio Parada Moreno
Ud. La España actual (1975-2004)
2. HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La España actual (1959-1975)
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1. LOS INICIOS DEL REINADO DE JUAN CARLOS I Y LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA (1975-1982)
La transición española se inició en noviembre de 1975 con la
proclamación de Juan Carlos I como rey de España y concluyó con la
llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder en octubre de 1982
(aunque en su dimensión institucional el proceso habría acabado con la
proclamación de la Constitución en 1978).
La España post-franquista. El gobierno de Arias Navarro.
La España de 1975
El cambio político que tuvo lugar en España a partir de 1975 se produjo en
una España que ofreció condiciones favorables para el desarrollo de una
democracia: una amplia clase media, un estimable nivel de renta, un
grado de modernización aceptable y el deseo de la mayoría de sus
habitantes de vivir en el seno de un régimen político democrático.
El contexto internacional también era propicio: el mundo estaba entrando
en un periodo de disensión generado por el comienzo de la “coexistencia
pacífica”.
Con todo, las dificultades para la implantación de la democracia eran
considerables.
Vías de actuación política ante el futuro
Las vías políticas que se abrían en España en 1975 tras la muerte de
Franco eran tres:
El continuismo político o lo que es lo mismo, el mantenimiento del
régimen franquista bajo la fórmula política de una monarquía
autoritaria.
El rupturismo. O ruptura con la dictadura y su legado y la
construcción de un nuevo sistema político liderado por fuerzas
democráticas.
La reforma o transición, es decir, el cambio progresivo de régimen
político sustituyendo la vieja legalidad franquista por una nueva,
de carácter democrático, a partir de las instituciones y legislación
ya existentes.
3. HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La España actual (1959-1975)
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La continuidad de Arias Navarro al frente del gobierno
El 22 de noviembre de 1975, conforme a las previsiones sucesorias, Juan
Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado a título de rey con el
nombre de Juan Carlos I y su discurso de proclamación explicitó las
intenciones de la Corona de propiciar un futuro abierto al concurso de la
nación.
El 4 de diciembre de ese mismo año confirmó como presidente del
gobierno a Carlos Arias Navarro, último presidente de la dictadura. En
dicho gobierno se integraron algunos reformistas como Manuel Fraga,
José María Areilza o Antonio Garrigues.
Al principio, gobierno y oposición democrática defendieron proyectos
políticos antagónicos. Aunque el gobierno Arias concedió un indulto
parcial y redujo el grado de represión (lo dirigió especialmente hacia los
comunistas), en ningún caso consideró la posibilidad de transformar el
franquismo en un auténtico sistema democrático. Se movió en la lógica de
perfeccionar el régimen y a lo sumo, concebir una democracia limitada y
controlada. Los únicos cambios se canalizaron a través de la reforma de
varias Leyes Fundamentales y determinadas leyes ordinarias.
Ante la el ritmo de las reformas, sino su paralización, el rey forzó la
dimisión de Arias, que se produjo el 1 de julio de 1976.
La construcción de la democracia. El gobierno reformista de Adolfo
Suárez.
Las iniciativas reformistas. La Ley de Reforma Política.
El 3 de julio de 1976, el rey designó como presidente del gobierno a
Adolfo Suárez, que provenía del franquismo y había sido ministro en el
gobierno anterior. La elección fue posible tras una hábil maniobra política
en la que Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y antiguo
preceptor de don Juan Carlos jugó un papel esencial. La oposición recibió
su nombramiento con recelo y frustración.
A mediados de julio, el gobierno hizo pública una declaración
programática en la que se contemplaba el principio de que la soberanía
residía en el pueblo español y se fijaba la fecha del 30 de junio de 1977
como fecha límite para celebrar unas elecciones generales. Días después
concedía una amplia amnistía, lo que sorprendió muy gratamente a buena
parte de los españoles.
Y es que el gobierno se proponía el paso de la dictadura a la democracia
mediante un proceso de cambios políticos que se efectuarían de acuerdo
con la legalidad franquista y a través de los canales institucionales que la
misma establecía. O lo que en palabras de Torcuato Fernández Miranda
era «ir de la ley a la ley a través de la ley».
Para conseguirlo, las actuaciones del gobierno fueron tres:
Intentar aislar a la extrema derecha para reducir los efectos de su
lucha contra las reformas.
4. HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La España actual (1959-1975)
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Buscar el máximo respaldo de franquistas y los llamados poderes
fácticos (*). Pidió al ejército un compromiso, al menos pasivo, con
el proceso democrático, y es que las fuerzas armadas, columna
vertebral de la dictadura franquista, no estaban preparadas para
asumir una democracia. Muchos de sus miembros aceptaron la
reforma por lealtad al rey y por disciplina. También dio sus frutos
la labor del general Manuel Gutiérrez Mellado como
vicepresidente del Gobierno.
Recabar el apoyo de la oposición política y forzar el abandono de
su línea rupturista. El gobierno rebajó los niveles de represión,
facilitó mayor de libertad de movimiento a las organizaciones
democráticas y comenzó a contactar con algunos de sus líderes.
Pero el instrumento más eficaz y legal para lograr la transición a la
democracia fue la Ley para la Reforma Política aprobada en las Cortes
franquistas el 18 de noviembre de 1976 y sometida y aprobada en
referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año. Socialistas, comunistas
y nacionalistas solicitaron la abstención. La extrema derecha y extrema
izquierda recomendaron el voto negativo. Pero fue aprobada por el 81%
de los votantes.
Algunos aspectos fundamentales de las Ley eran:
El reconocimiento de la soberanía nacional.
La afirmación de inviolabilidad de los derechos individuales.
La creación de unas Cortes democráticas bicamerales elegidas por
sufragio universal (excepto un 20% de senadores que el rey
quedaba facultado para nombrar directamente). Estas Cortes
5. HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La España actual (1959-1975)
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podían modificar las Leyes Fundamentales o establecer una nueva
legalidad.
Las políticas del consenso
Los resultados del referéndum del 15 de diciembre de 1976 reforzaron al
gobierno. Pero la actitud cada vez más hostil de la ultraderecha y la
continua acción terrorista de ETA y, ocasionalmente, de algunos grupos
de ultraizquierda entorpecían la labor del gobierno, en tanto que los
acciones indiscriminados empezaron a sucederse (5 abogados laboralistas
de CCOO asesinados por ultraderechistas, 3 policías asesinados por el
GRAPO, secuestro del presidente del Consejo de Estado,…)
En este clima, el gobierno y la oposición intensificaron sus contactos y la
oposición política aceptó el camino de la reforma para implantar la
democracia.
El gobierno, antes de celebrarse las elecciones generales, se propuso
avanzar en la normalización política del país. Para ello:
Suprimió el Tribunal de Orden Público (dedicado a la represión
política), concedió una nueva amnistía y aprobó una normativa
electoral que establecía un sistema proporcional corregido.
Modificó la Ley sobre el derecho de asociación política (aprobado
en 1976 con Arias Navarro) para permitir legalizar todos los
partidos políticos, se decretó la extinción del Movimiento
Nacional y se reconoció el derecho a crear libremente sindicatos.
Se restablecieron relaciones diplomáticas con los países del Este y
Méjico.
Las elecciones de 15 de junio de 1977 configuraron unas Cortes en las que
ningún partido político alcanzó la mayoría absoluta.
La Unión de Centro Democrático (UCD), liderado por Adolfo
Suárez fue el partido más votado (rozando la mayoría absoluta).
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe
González fue el segundo partido más votado y se constituyó en la
principal fuerza de oposición.
A considerable distancia quedaron el Partido Comunista de
España (PCE) liderado por Santiago Carrillo, Alianza Popular (AP)
de Manuel Fraga y los partidos nacionalistas, el Partido
Nacionalista Vasco (PNV) de Xavier Arzallus y Convergencia
Democrática de Cataluña (CDC) de Jordi Pujol.
La elaboración de la constitución se convirtió en el eje de la vida política
nacional hasta su aprobación en diciembre de 1978. No obstante,
paralelamente se abordaron otros asuntos de gran importancia:
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Se acometió la reforma territorial del Estado mediante las
preautonomías La catalana (con el regreso del exilio del president
Tarradellas) y la vasca fueron las primeras.
Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales
firmaron los Pactos de la Moncloa noviembre de 1977) con objeto
de sanear y reformar la economía española profundamente
afectada por la crisis desde 1974. Sus contenidos más relevantes
eran estos:
o Política monetaria restrictiva.
o Reducción del gasto público.
o Devaluación de la peseta.
o Crecimiento moderado de los salarios.
o Reforma del presupuesto y control de la Seguridad Social.
o Reforma fiscal.
o Modernización del sistema financiero.
o Nuevo marco de relaciones laborales.
Se aprobaron medidas de reforma fiscal
Las Cortes acordaron una nueva amnistía.
La debilidad del nuevo sistema político.
Las elecciones de 1979: el deterioro de la vida política.
La aprobación de la nueva constitución fue un hito muy importante en el
avance del proceso de democratización, pero era necesario desarrollarla y
aplicar una política que acabara con las instituciones y prácticas
autoritarias que aun pervivían. Por otro lado, UCD empezaba a mostrar
signos de agotamiento.
Adolfo Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y
elecciones municipales para el 1 de abril. La oposición democrática
reclamaba su celebración porque los ayuntamientos y diputaciones
continuaban en manos de las autoridades franquistas.
Las elecciones generales dieron unos resultados similares a los de junio de
1977: ni reforzaron a la UCD ni dieron el triunfo al PSOE. En las elecciones
municipales, UCD obtuvo el mayor número de concejales, pero el PSOE
consiguió una gran presencia en los núcleos urbanos y un pacto entre este
partido y el PCE y los nacionalistas permitió a los socialistas gobernar en la
mayoría de las grandes y medianas ciudades.
Progresivamente, la acción política se guió más por la dinámica gobierno-
oposición y el gobierno Suárez, sin mayoría absoluta e importantes
disensiones en su seno comenzó a tener problemas para sacar adelante
sus propuestas de gobierno.
En mayo de 1980, los socialistas promovieron una moción de censura
contra Adolfo Suárez, que si bien no prosperó, le debilitó a nivel político
profundamente. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento
de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión al rey el 28 de enero
de 1981.
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El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981
La principal amenaza al sistema democrático provenía de sectores
hostiles al proceso de transición a la democracia que pervivían en el seno
del ejército. No aceptaban la legalización del Partido Comunista, el
proceso autonómico y la anunciada reforma del ejército. Para añadir
mayor malestar e inestabilidad se sumaban los sucesivos atentados
terroristas.
El 23 de febrero de 1981, cuando se desarrollaba en el congreso la
votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente
del Gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo
mientras el capitán general de la II región militar, sacaba los tanques a las
calles de Valencia.
El golpe era el resultado de una trama en la que estaban implicados tanto
mandos de la Guardia Civil como del Ejército (el general Armada), así
como políticos involucionistas. Los objetivos de los golpistas eran
confusos pero les unía su intención de paralizar el proceso de transición a
la democracia y otorgar al Ejército un papel relevante en el gobierno de la
nación.
La comparecencia del rey en televisión a altas horas de la madrugada (tras
la realización de numerosas gestiones para asegurarse de la fidelidad de
los mandos militares a la Constitución y a la Corona) en la que descalificó
a los sublevados y respaldó de forma inequívoca el régimen constitucional
fue decisiva para abortar el golpe.
La intentona militar puso de relieve la fragilidad del sistema democrático.
El monarca convocó al día siguiente a los líderes parlamentarios para
reafirmar la lealtad de todos para con las instituciones.
El gobierno de Calvo-Sotelo
El 25 de febrero era investido presidente del Gobierno Calvo Sotelo. Éste
inició una política de consenso, especialmente con el PSOE. En cuanto a
sus actuaciones más relevantes destacan:
La delimitación al máximo del número de responsables acusados
de participar en el golpe de Estado. No obstante, recurrió –con
éxito- ante el Tribunal Supremo las bajas sentencias dictadas
contra los golpistas por el tribunal militar que les juzgó.
Aprobó la Ley del Divorcio y la LOAPA (o Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico) que pretendía limitar las
competencias de las comunidades autónomas y una transferencia
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escalonada de las mismas. Los nacionalistas la recurrieron ante el
Tribunal Constitucional y, en parte, fue rectificada.
Autorizó la incorporación de España a la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte) sin el apoyo de los socialistas.
Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de
octubre de 1982. En éstas, el PSOE obtuvo un triunfo espectacular y
consiguió la mayoría absoluta. AP se sitúo en segundo lugar pero a gran
distancia. El PCE sufrió un espectacular descalabro y los nacionalistas
mantuvieron el apoyo de convocatorias anteriores.
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
ESPAÑOL: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y EL ESTADO
AUTONÓMICO. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA.
La Constitución de 1978: principios, instituciones y el Estado
autonómico.
El proceso constituyente. La ponencia constitucional y su aprobación
Una ponencia de siete miembros del Congreso de los Diputados comenzó
a redactar el texto de la Carta Magna. La integraban Gabriel Cisneros
(UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-
Llorca (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Miguel
Roca (CiU) y Jordi Solé Tura (PCE). La elaboración del texto constitucional
respondió por primera vez en la historia de España, a una negociación
entre los más importantes partidos políticos y fue fruto de un gran pacto
nacional entre ellos.
La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978.
Obtuvo un respaldo muy amplio. Sólo un muy reducido número de
parlamentarios de extrema derecha y extrema izquierda votaron en
contra. El PNV se abstuvo. El pueblo español la ratificó en referéndum el 6
de diciembre de ese mismo año. Participó en la consulta el 67,1% del
censo y obtuvo un respaldo del 87,8% de los votos. El rey la sancionó el
día27 de diciembre.
La Constitución de 1978. Caracterización
La constitución tiene un carácter progresista, ambigua en determinados
puntos, producto del consenso, lo que permitía que su desarrollo
legislativo fuese asumido tanto por la derecha como por la izquierda
democráticas.
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La Constitución, que consta de un preámbulo, una parte dogmática y una
parte orgánica:
Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sus
principios fundamentales son el Estado social y democrático de
derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado autonómico.
Junto a los derechos políticos tradicionales, enumera un conjunto
de derechos sociales que suponen una apuesta por el Estado del
bienestar en el marco de una economía social de mercado.
El Rey es el jefe del Estado. Sus funciones, tasadas en el texto
constitucional, son las de ejercer la máxima representación del
Estado, arbitrar en el normal funcionamiento de las instituciones
y el mando supremo de las fuerzas armadas.
Consagra la división de poderes:
o Las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y
el Senado, son el órgano supremo de la soberanía
nacional. Elaboran las leyes, controlan la acción del
gobierno y aprueban los presupuestos generales del
Estado.
o El gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las
administraciones civil y militar y conduce la política
interior y exterior.
o El poder judicial se configura como garante del
cumplimiento de las leyes y administrador de la justicia.
Lo integran tribunales y jueces independientes y
profesionales.
Reconoce las particularidades regionales y permite la
descentralización de ciertos poderes del Estado al posibilitar la
creación de comunidades autónomas. Estos entes se podían llevar
a la realidad con la aprobación de los respectivos estatutos de
autonomía que contemplan las competencias e instituciones de
autogobierno de cada una de ellas. La Constitución previó dos vías
para acceder al autogobierno: una rápida orientada a las definidas
en la Constitución como “nacionalidades históricas” y otra lenta
para ser aplicada a las regiones que aspirasen al autogobierno.
Los primeros estatutos en ser aprobados fueron los de Cataluña y
el País Vasco en 1979.
La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo se
constituyeron en comunidad autónoma, con la denominación de Castilla-
La Mancha de acuerdo a lo establecido en la constitución de 1978; en
concreto al amparo de su artículo 143 (“comunidades de vía lenta”). Se
trata de territorios que históricamente pertenecieron al reino de Castilla.
Antonio Fernández Galiano (miembro de UCD) fue nombrado presidente
del ente preautonómico castellano-manchego en noviembre de 1978.
Su estatuto de autonomía, posteriormente reformado, se aprobó el 10 de
agosto de 1982 y accedió al autogobierno el 16 de ese mismo mes con su
publicación en el Boletín Oficial del Estado. La primera reunión de las
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Cortes tuvo lugar el 31 de mayo de 1983, que desde entonces se ha
convertido en el Día de la Región.
De acuerdo al estatuto de autonomía:
Las instituciones de gobierno de la Comunidad Autónoma son
tres: las Cortes regionales, el Consejo de Gobierno y el Presidente
de la Junta.
El órgano superior de justicia en la región es el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha.
Los retos regionales son su escasa población (unos 22 hab/km2), el
excesivo peso del sector agrícola en la economía regional precisado de
una mayor diversificación y su excesiva dependencia de Madrid como
centro comercial y de servicios.
3. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Y LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA
EN LA UNIÓN EUROPEA.
Los gobiernos del PSOE
La llegada del PSOE al gobierno (1982-1986)
El triunfo socialista en las elecciones de 1982 terminó con la inestabilidad
política del gobierno de Calvo Sotelo, cerró la transición e inauguró la
consolidación democrática.
Los socialistas habían evolucionado a lo largo de la transición. Su proyecto
político había dejado de contemplar objetivos revolucionarios. Liderado
por Felipe González y Alfonso Guerra, se presentó a las lecciones con un
programa de numerosas reformas pero sin cuestionar el modelo social y
económico de Europa occidental. Se presentó como un partido con
vocación de gobierno y se benefició de ser una fuerza política muy
cohesionada en torno a su dirección.
El PSOE consiguió una espectacular victoria con más de diez millones de
votos que pronto se vio reforzada con otra victoria más en las elecciones
municipales y autonómicas de 1983. Pese a sus reformas, los socialistas
no rompieron el entendimiento con los tradicionales poderes económicos
e institucionales. Sin embargo, recibió una fuerte contestación por parte
de los sindicatos, que rechazaron aspectos importantes de su política
económica y progresiva liberalización del mercado de trabajo.
El 3 de diciembre de 1982 Felipe González constituía el primer gobierno
enteramente socialista de la historia de España y empezó a afrontar con
gran pragmatismo y moderación los graves problemas que aquejaban a
España. Así:
Para sanear la economía, se apostó por una mayor liberalización
de ésta, se acometió una política de ajustes, se flexibilizó el
mercado de trabajo y se intensificó la reconversión industrial
Para mejorar el Estado del bienestar, se impulsó la legislación
sobre derechos y libertades (objeción de conciencia,
despenalización del aborto en determinados supuestos, asistencia
legal o hábeas corpus), se abordó la reforma del sistema
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educativo (leyes de reforma universitaria y del derecho a la
educación) y se avanzó hacia la cobertura universal (ley general
de sanidad)
Para adecuar el Ejército a la nueva realidad española se acometió
la reforma de las fuerzas armadas, reduciendo su tamaño,
haciéndolo más operativo e impulsando la supremacía del poder
civil sobre el mismo.
En política exterior, el gobierno socialista abandonó postulados
anti-imperialistas y neutralistas y promovió una política
internacional posibilista, que establecía como objetivos
prioritarios la Comunidad Económica Europea (nuestra
incorporación tuvo lugar el 1 de enero de 1986) y la OTAN (a la
que continuamos perteneciendo tras un referéndum celebrado en
marzo de 1986), así como el acercamiento a Iberoamérica (se
impulsó el proyecto de Comunidad Iberoamericana de Naciones) y
el área mediterránea (para favorecer la estabilidad en el norte de
África). También se reconoció al Estado de Israel (1986).
El asentamiento del PSOE en el poder (1986-1993)
España, una vez saneada su economía, aprovechó la expansiva coyuntura
internacional de la segunda mitad de los ochenta. La prosperidad
económica (el PIB crecía a un ritmo casi del 4,5% anual) permitió ampliar
el Estado del bienestar, de tal manera que:
Se produjo la universalización de la cobertura sanitario-
farmacéutica, el seguro de desempleo se extendió al 60% de los
parados y se aprobaron las pensiones no contributivas.
Se intensificaron las inversiones educativas y se extendió la
enseñanza básica y obligatoria hasta los 16 años con la
aprobación de una nueva ley educativa (LOGSE).
Se aprobaron la Ley de Huelga y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Para hacer frente al incremento del gasto público se llevó a cabo
una notable subida de impuestos (la presión fiscal pasó del 28,1%
del PIB en 1982 al 35% en 1990)
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Esta política marcadamente social se compaginó con medidas
monetaristas para bajar la inflación y garantizar los beneficios
empresariales.
En política exterior, España presidió por primera vez la Comunidad
Europea, intervino en la guerra del Golfo (1991) y celebró en Madrid la
Conferencia de Paz sobre Oriente Medio (1991).
Pero en 1992 la economía española empezó a mostrar signos claros de
recesión y España no cumplía los requisitos acordados en el tratado de
Maastricht (1992) (*) para poder participar en una futura integración
monetaria europea. El gobierno respondió con un duro Plan de
Convergencia con Europa que resultó ineficaz. El descontento social se
extendió a partir de 1986 y acabó erosionando notablemente la
credibilidad del gobierno. CCOO y UGT rompieron sus tradicionales
buenas relaciones con el PSOE y convocaron dos huelgas generales para el
14 de diciembre de 1988 (que paralizó totalmente el país) y el 28 de mayo
de 1992.
El declive del PSOE (1993-1996)
El desencanto con el gobierno y el PSOE fue aumentando desde que el
PSOE y ciertas instituciones del Estado se vieron involucrados en algunas
prácticas de corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal.
Felipe González se vio obligado a adelantar las elecciones. Se celebraron
el 6 de junio de 1993. De nuevo venció el PSOE pero sin mayoría absoluta
lo que le llevó a formar una alianza parlamentaria con la minoría
nacionalista catalana a cambio de un acuerdo de cesión a las
comunidades autónomas del 15% del IRPF (*). El gobierno dedicó sus
máximos esfuerzos a luchar contra la crisis económica y lograr la entrada
de España en el euro. Sus actuaciones más relevantes fueron una mayor
liberalización del mercado de trabajo (a lo que de nuevo los sindicatos
respondieron con una huelga general el 24 de enero de 1994) y la
aprobación, entre otras disposiciones, de la Ley del Jurado, un nuevo
Código Penal, la abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra, la
Ley del Voluntariado.
Pero la vida política española estuvo salpicada de escándalos desde 1993
(cobro de comisiones por parte del director general de la Guardia Civil y
gobernador del Banco de España, ingreso en prisión de personajes de la
vida económica, “guerra sucia” (*) del GAL (*) contra ETA,…
La vida pública se tensó extraordinariamente. El Partido Popular (antes
A.P., Alianza Popular) e Izquierda Unida (coalición en la que se integró el
PCE) junto a varios periodistas y medios de comunicación articularon una
durísima campaña de oposición y desprestigio del gobierno.
El PP en el gobierno (1996-2004)
La llegada de los populares al gobierno (1996-2000)
En las elecciones de 3 de marzo de 1996, venció el Partido Popular,
liderado por José María Aznar, pero sin obtener la mayoría absoluta.
Precisado del apoyo de algún otro partido para poder gobernar, el Partido
Popular y José María Aznar buscaron el apoyo, de nuevo, de los
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nacionalistas catalanes de CiU. Lo consiguieron a cambio de la cesión del
30% del IRPF a las comunidades autónomas.
La recuperación económica iniciada en 1985 se consolidó durante el
mandato de los populares. Una política anti-inflacionista y de rigor
presupuestario junto a la buena coyuntura económica internacional
propiciaron un crecimiento superior al 3%. Se consiguió también que el
paro cayese al 15%. La consecuencia más relevante fue que España pudo
incorporarse al grupo de países fundadores del euro.
Entre las actuaciones más relevantes de la legislatura destacan:
El impulso y aceleramiento de la privatización de grandes
empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica, etc.), un proceso
emprendido de forma cautelosa por los gobiernos socialistas.
Se prosiguió con la liberalización de los mercados de gas,
electricidad y petróleo.
Se aprobó la Ley del Suelo (1998)
Se flexibilizó más el mercado laboral.
España se incorporó a la estructura militar de la OTAN y participó
en las operaciones de bombardeo de la Alianza Atlántica contra
territorio yugoslavo en la guerra de Kosovo.
Se culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Estas quedaron reducidas a 150.000 efectivos y se
aprobó la supresión del servicio militar obligatorio a partir de
2003.
El Partido Popular pretendió reforzar su situación con el objetivo de
conseguir lograr un mayor apoyo social. Dirigió su estrategia a reducir el
apoyo social al PSOE, resaltando sus escándalos y errores de gobierno
para descalificar su labor como principal partido de oposición. Esta
estrategia generó un importante ambiente de crispación política y social.
Y es que las dificultades que parecía encontrar el PP para ensanchar su
base electoral tenían más que ver con la imagen (que arrastraba del
pasado) de partido situado muy a la derecha que con la mediocre
oposición que el PSOE realizaba al gobierno popular. En consecuencia,
desde 1998, el PP cambió su orientación política e inició un “viraje al
centro político” y confió en que la buena coyuntura política ampliara sus
apoyos.
El asentamiento del PP en el poder (2000-2004)
En las elecciones de 12 de marzo de 2000, el Partido Popular consiguió la
mayoría absoluta. El segundo mandato de José María Aznar se caracterizó
por la buena situación económica, pero el ejecutivo gobernó de manera
distinta a la anterior legislatura. Entre sus actuaciones más destacadas
sobresalen:
La aprobación de la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica de
Universidades, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza y la Ley
de Partidos.
La aprobación del Plan Hidrológico Nacional que preveía el
trasvase grandes trasvases de agua de unas cuencas a otras y que
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generó importantes tensiones con las comunidades autónomas
afectadas.
La aprobación de la reforma del subsidio de paro. Ésta llevó a las
organizaciones sindicales a la convocatoria de una huelga general
para el 20 de junio de 2002.
El gobierno popular protagonizó un importante giro en política
internacional: se alineó férreamente a la política exterior de Estados
Unidos. De este modo, dio su apoyo a la invasión de Irak (2003; invasión
que no contaba con el apoyo de la ONU) como respuesta a los atentados
de Nueva York de 2001 (*).
El retorno de los socialistas al poder (2004-2008)
El impacto del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 que tuvo lugar
el Madrid y fue protagonizado por terroristas islamistas vinculados a Al-
Qaeda (*), protagonizó las elecciones generales del 14 de marzo. Las
previsiones auguraban una nueva victoria del Partido Popular, pero se
alzó con la victoria el PSOE, liderado a hora por José Luis Rodríguez
Zapatero. Las primeras decisiones adoptadas por el nuevo ejecutivo
fueron:
La retirada de las tropas españolas desplazadas a Irak con ocasión
de la invasión que había tenido lugar en 2003.
La derogación del Plan Hidrológico Nacional y la reforma de las
leyes educativas aprobadas por los populares.
La aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia.
Se renovaron algunos estatutos de autonomía con el objetivo de
incrementar el autogobierno de las comunidades autónomas
(Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía).
En las elecciones de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo y
consiguió una segunda legislatura para José Luis Rodríguez Zapatero.
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VOCABULARIO
AL QAEDA. Organización terrorista que se constituye como un
movimiento de resistencia islámico que opera en todo el mundo. Su
fundador, líder inicial y mayor colaborador fue Osama bin Laden, un
multimillonario de origen saudí. Investigaciones recientes afirman que
Bin Laden fue financiado por la CIA en la lucha contra las tropas de la
Unión Soviética en Afganistán en plena guerra fría. El apoyo iba desde la
instrucción en combate hasta la entrega de armamento
Atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados
terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por
miembros de la red yihadista Al Qaeda mediante el secuestro de aviones
de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la
muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000, así como la
destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva y graves daños
en el Pentágono, en el Estado de Virginia,
GAL. Grupos Antiterroristas de Liberación. Fueron agrupaciones
parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de
Estado o “guerra sucia” contra la organización criminal ETA y su entorno
Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los
Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta
organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del
ministerio del Interior..
IRPF. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es una figura
impositiva del sistema tributario español. Es un impuesto personal,
progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las
personas físicas residentes en España.
Poder fáctico. Es el que se ejerce al margen de los cauces formales (es
decir, que no coincide necesariamente con el aparato del Estado) y se
sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir
políticamente.
Tratado de Maastricht. Tratado firmado en 1992 (entró en vigor a partir
de 1993) por el que la Comunidad Económica Europea pasaba a
denominarse Unión Europea y establecía 3 pilares: la unión económica y
monetaria; avances en políticas social, exterior y de seguridad común, y
cooperación internacional en justicia y asuntos de interior.