El documento describe la estructura y funciones del órgano de control del estado en Chile. Este órgano consta de dos subdivisiones: la Contraloría General de la República, encargada de controlar la legalidad de los actos de la administración pública, y el Tribunal Constitucional, responsable de velar por la constitucionalidad de los actos del estado y resolver disputas de competencia. Ambas instituciones ayudan a administrar y controlar el país de acuerdo con la ley y la constitución política.