El documento define el proceso como el medio para resolver conflictos de relevancia jurídica ante un tercero imparcial. Para que el tercero pueda resolver, debe estar investido de la función pública de jurisdicción. El proceso se pone en movimiento cuando una parte ejerce una acción para solicitar la resolución de un conflicto. Esto puede generar una reacción por parte del demandado y dar lugar a un litigio que debe resolverse a través de un debido proceso que respete los derechos de las partes.