El documento aborda la relación entre ciudadanía y educación superior, enfatizando la necesidad de transformar el modelo universitario para fomentar valores como la identidad, derechos y responsabilidades. Propone que la educación debe promover la participación ciudadana y el buen vivir, así como los derechos de las comunidades y la importancia de la autoeficiencia y la autonomía en la formación del estudiante. Además, establece objetivos para mejorar la calidad de vida y asegurar los derechos en diversos contextos sociales y ambientales.