Voto caribe

A principios de este mes el gobernador del Atlántico empezó a promocionar el “voto
contra el centralismo”. Ya en las elecciones presidenciales del año pasado había
promovido el “Voto Caribe”, papeleta que se incluyó en los comicios de marzo de 2010
y obtuvo una votación de 2.5 millones de personas. Sin embargo, ni en ese momento ni
ahora es claro para los votantes qué está pidiendo el Caribe en términos de
descentralización.
Las dos votaciones no poseen una plataforma clara y hasta donde entiendo, resultan
contradictorias. El voto Caribe pedía una descentralización basada en las regiones. Esto
cualquier persona lo debería entender como una centralización que le quita autonomía
a los municipios y le otorga mayores competencias a las regiones (Caribe, Andina, etc..).
Sin embargo, el nuevo voto pide menos centralización. Hasta donde tengo información,
pide dos cosas. Primero, mayor “autonomía administrativa”. Sin embargo, no es claro
en qué tareas se pide esa autonomía ¿Seguridad ciudadana? ¿Carreteras regionales? ¿O
más bien se refiere a flexibilizar los porcentajes que se deben invertir en educación y
salud del Sistema General de Participación (SGP)? Este voto también pide mayor
“autonomía financiera”. De nuevo, no es claro a qué se refiere ¿Quieren mayor
autonomía para cobrar más impuestos regionales? Sería buenísimo ¿O quieren una
mayor participación en el SGP? Esto es más complejo, porque rompería con el principio
de redistribución regional. La relación entre la participación de la región Caribe en el
SGP y su recaudo de impuestos es de 0.45. Esto indica que contribuye en el sistema más
de lo que recibe. Sin embargo, Bogotá y departamentos como Antioquia y Valle tienen
una relación mucho menor (Entre 0.2 y 0.25)* ¿Qué propone el voto a este respecto?
En fin, que los votantes de la región Caribe están llamados a votar por algo que ni ellos
ni nadie en el país sabe con exactitud qué es. El Voto Caribe llamó a caminar hacia el
Estado de Regiones Autonómicas. La ciudadanía dijo hace dos años no al centralismo
político. Propuso una reforma al modelo de Estado que le permitiera a las regiones
autogobernarse, constituir regiones como entidades de derecho público autónomas y
contar con sus propios recursos, es decir, con libertad política para dictar sus propias
normas territoriales, elegir sus autoridades y desarrollarse económica, social y
culturalmente a tono con sus propios intereses. Lo hizo mediante el instrumento que ha
diseñado la democracia: el voto o sufragio universal, libre y directo. Y dentro del marco
constitucional vigente.
Este Estado Regional nos debe conducir a una sociedad más justa, sin las odiosas
discriminaciones existentes del centralismo, pues hoy tenemos un centro del poder
todopoderoso con unas regiones débiles, modelo político que ha conducido al atraso de la
periferia y a la proliferación en ella de la miseria, violencia, corrupción, exclusión y al
debilitamiento del tejido social y de la unidad nacional.

En Colombia solo la autonomía regional de naturaleza constitucional facilitará el
crecimiento económico de nuestras empresas y las insertará a la economía mundial con
convenios directos desde las regiones, optimizará la distribución de riquezas en toda la
sociedad, fortalecerá al empresariado regional y reconocerá de manera permanente
nuestros derechos a los recursos naturales, que son de las regiones pero cuya
centralización conduce a manejos menos atinados y menos ágiles.
Con el Voto Caribe se dijo también que se quiere fortalecer la unidad nacional desde las
regiones en pleno apogeo de la globalización.
Somos caribes y orgullosamente colombianos. Queremos recoger las enseñanzas de
naciones desarrolladas y equitativas como Estados Unidos, Canadá, Alemania y España,
que son sociedades y estados más prósperos y más pacíficos porque encontraron en el
modelo de regiones autonómicas o en la federalización la fuerza institucional que ha
apalancado su crecimiento. La fuerza de las regiones fue su factor determinante de
desarrollo. Esto no hay que desconocerlo. El Voto Caribe puso en el orden del día como
primer paso crear la Región Caribe e invitó al país a crear las otras. La tarea está por
hacerse.
A lo largo de la historia política colombiana, se ha debatido sobre el desempeño de la
administración pública para el verdadero desarrollo de las distintas entidades territoriales
que conforman el territorio nacional. Desde la Patria Boba del siglo XIX época en que los
federalistas proclamaban la autonomía de las regiones nacionales y los centralistas que
reclamaban, en cambio, un gobierno que ejerciera el poder desde Santa Fe de Bogotá,
Colombia ha estado entre dos bandos que consideran detentar el gobierno ideal para el
surgimiento económico nacional. Hasta cierto punto, esta desunión política era inevitable.
Sin duda, ninguna otra región de la América española enfrentaba tantas dificultades (tantos
obstáculos de transporte y comunicaciones por kilómetro cuadrado) como la Nueva
Granada, con una población esparcida en núcleos aislados en las cordilleras andinas, para
no mencionar los asentamientos de la costa. De esa manera, la separación geográfica vino a
reforzar todas las diferencias socioeconómicas básicas que existían entre las grandes
regiones; el resultado fue un agudo regionalismo que complicó enormemente los primeros
intentos de organización política. En realidad, no solamente se demostró que las diferentes
provincias eran incapaces de unirse, sino que algunas comenzaron a desmembrarse
internamente.1 El debate entre la descentralización y la centralización ha sido, por tanto,
una divergencia en la historia política colombiana desde la época de la independencia. Las
separaciones geográficas constituyeron el principal argumento para el reclamo de
losderechos de autonomía, debido al desarrollo inequitativo con una fuerte marcación
cultural. Así, desde entonces, los bandos políticos colombianos han puesto en la palestra la
necesidad de una coordinación en las aspiraciones gubernamentales de las regiones del
país. Con la Constitución de 1991 se aclaró el curso por donde correría el futuro político
nacional. Se introdujo la figura de la descentralización, en reconocimiento de la diversidad
existente en las regiones y con el fin de responder de manera más efectiva a las necesidades

de los ciudadanos. Sin embargo fue un “texto difuso que dejó al albur de los gobiernos de
turno la decisión de ahondar, profundizar o retroceder 1 Bushnell, David. Colombia, una
nación a pesar de sí misma. 2004. p, 63 en materia de descentralización y autonomía”2 . La
constitucion politica establece en su artículo primero que: ART. 1º -Colombia es un Estado
social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general (…) ART. 298. –Los departamentos tienen
autonomía para la administración de losasuntos seccionales y la planificación y promoción
del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la
Constitución. (…)3 Con base en las estipulaciones constitucionales, el territorio nacional
presenta una división administrativa que sin embargo, no existe en la práctica, porque si
bien se observa el desempeño de gobiernos departamentales y municipales con alguna
autonomía en el ejercicio de sus funciones, la realidad es que son más las limitaciones
cuando el presupuesto está supeditado a la distribución del capital que se hace desde el
gobierno central. Aspecto paradójico en un país con un desarrollo económico dispar que ha
avanzado de acuerdo a la movilidad económica que culturalmente ha marcado a las
regiones nacionales. El presente ensayo busca, como principal objetivo, analizar a grandes
rasgos la realidad de la descentralización contemporánea en Colombia y la necesidad que
existe en el país de generar una mayor autonomía en las entidades territoriales que permita
mejorar de la administración pública. Aspecto tenido en cuenta en la iniciativa del Voto
Caribe liderada por funcionarios públicos de la costa Caribe colombiana4 . La
descentralización en Colombia: un ideal irresoluto. La descentralización ha sido un tema
prioritario para la agenda pública nacional principalmente desde la Constitución de 1991. Si
bien, es cierto que la población colombiana se ha debatido en el ámbito público entre la
autonomía y la centralización, solo hasta la última Constitución se legalizó la
administración pública descentralizada para el mejoramiento de la prestación del servicio
por parte del Estado. Sin embargo, y a pesar de existir un determinado nivel de autonomía
en diferentes ámbitos administrativos, la descentralización y autonomía parecen ser
términos sin significado en el país. La política de descentralización en Colombia ha estado
determinada por los principios más puros del centralismo: en nombre de la supremacía del
poder del Estado, e invocando la igualdad del territorio, se subordina la autonomía a la
unidad. Estado unitario significa Estado uniforme (todas las entidades territoriales están
sometidas a un mismo régimen jurídico y a una organización político-administrativa
similar); y el nivel central debe echar mano del principio de tutela, lo cual implica
suspender a los representantes locales, anular sus decisiones y verificar la legalidad de sus
actos. (…) El régimen político y la tecnocracia han perpetuado el modelo centralista y han
omitido desarrollar las posibilidades que ofrece la Constitución en materia de autonomía;
han sido incapaces de establecer una nueva forma de relación entre la nación y las
entidades territoriales, de responder a su heterogeneidad y permitir una organización propia
de acuerdo con las características particulares de cada territorio. 5 Como se mencionó con
anterioridad, la constitucion dejo abierta la posibilidad para que los terminos de
descentralizacion y autonomía fueran manejados a su gusto por el gobierno de turno, lo que

ocasiono que dependiendo de la administracion se aumentara o por el contrario dismuyera
el grado de descentralizacion. Luego de 20 años de promulgada la constitucion y despues
de varios proyectos, se aprobó en 2011, la ley de ordenamiento territorial, que buscaba
regular y especificar lo establecido en la carta politica. Sin embargo para decepción de
muchos, fue una ley minimalista que si bien secentro en la asociatividad dejo de lado la
opción de conformar regiones prosperas, al quitarle la posibilidad de obtener recursos y ser
parte del presupuesto. No profundizo en temas claves como la competencia y en lugar de
aprovechar lo establecido por la constitucion lo que hizo fue reducirlo a su maxima
expresión. Esta falta de descentralización y autonomía de los entes territoriales, ha
disminuido la eficiencia del desarrollo económico y legal del país al concentrar la
repartición de
recursos en la capital al mismo tiempo que, la fiscalización de los procesos judiciales. Esta
ineficiencia nacional, fue uno de los principales motivos por los cuales, en 2010 se propuso
la iniciativa del “Voto Caribe”, un recordatorio para la autonomía de una de las regiones
del país que más percibe ingresos económicos pero cuyos habitantes se encuentran
viviendo de los recursos que el gobierno nacional considera necesarios para su desarrollo
integral. Esta falta de autonomía, ha abierto una brecha enorme en las clases sociales de
la costa atlántica aún cuando las regalías por su variado desarrollo económico podrían
mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos departamentos. La aprobación
democrática implicaría que la región tenga autonomía administrativa y financiera en la
toma de decisiones sobre el desarrollo del territorio. De esta manera la Región Caribe
podría establecer sus propios tributos, tratados o acuerdos internacionales de comercio
exterior con países vecinos que permitan el desarrollo de la región. La región Caribe ha
sido rezagada por el Centralismo en Colombia. Esta condición ha permitido que la pobreza
en esta región del país aumente de manera descomunal, por estos motivos
parlamentarios, entre ellos el Senador José David Name Cardozo, gobernadores y líderes
políticos del Caribe decidieron unirse a través de mecanismos legales para que el Consejo
Nacional Electoral aprobara el denominado Voto Caribe.6 El Voto Caribe, conocido como
una iniciativa pacífica para el pleno ejercicio del desarrollo económico, político y, por
encima de todo, cultural de la región Caribe colombiana, ha sido fundamental en los
últimos tres años como recordatorio del pleno derecho de las entidades territoriales de
empezar a ejercer su autonomía. Si bien es cierto que la iniciativa quedó solo en el
imaginario de los ciudadanos de la región Caribe que participaron activamente en este
voto, aún cuando su propaganda y divulgación fue apenas considerada, sí constituyó un
paso importante para retomar un tema que por más que haya sido desarrollado en áreas
académicas, sigue sin materializarse, lo que ha generado las consecuencias adversas que
una y otra vez, se debaten en escenarios tanto públicos como universitarios. Ahondar en
las dificultades que anualmente sobrellevan las entidades territoriales por la falta de

autonomía es retomar un tema que conoce el gobierno nacional y el analista de la
administración pública. El proceso a seguir implica la plena autonomía de las regiones al
mismo tiempo que el desarrollo de planes de industrialización y desarrollo económico de
las regiones con menos participación en cuanto a ingreso nacional. El temor del gobierno
central radica en la desprotección de las regiones con menos desarrollo, así como de la
corrupción que podría aumentar en este tipo de mediana independencia en el manejo de
las regalías.7 Y contrario a esta moderación nacional en el análisis de las autonomías
regionales, existen injustificadamente múltiples regiones débiles cuyas regalías son
exorbitantes. Este Estado Regional nos debe conducir a una sociedad más justa, sin las
odiosas discriminaciones existentes del centralismo, pues hoy tenemos un centro del
poder todopoderoso con unas regiones débiles, modelo político que ha conducido al
atraso de la periferia y a la proliferación en ella de la miseria, violencia, corrupción,
exclusión y al debilitamiento del tejido social y de la unidad nacional. En Colombia solo la
autonomía regional de naturaleza constitucional facilitará el crecimiento económico de
nuestras empresas y las insertará a la economía mundial con convenios directos desde las
regiones, optimizará la distribución de riquezas en toda la sociedad, fortalecerá al
empresariado regional y reconocerá de manera permanente nuestros derechos a los
recursos naturales, que son de las regiones pero cuya centralización conduce a manejos
menos atinados y menos ágiles.8 Bajo este esquema, la descentralización y autonomía de
las regiones se convierte en una realidad necesaria para el buen funcionamiento del
aparato estatal colombiano cuya funcionalidad presenta tantos inconvenientes como los
que se pretenden evitar impidiendo la autonomía de las regiones. El Voto Caribe ha
puesto de nuevo un debate irresoluto que la nación debe clarificar para direccionar el
curso unánime del trabajo de la administración pública. La Constitución muestra un
panorama distante, en cuanto a autonomía y descentralización, a la que vive la realidad
cotidiana del país, lo que emite un mensaje confuso sobre el funcionamiento de un Estado
que anualmente muestra demandante. Las necesidades sociales sumadas a un Estado
incompetente, han generado la pérdida de credibilidad hacia las instituciones públicas
sobre las cuales se podría tener un mayor control y observación si existiese una
autonomía que le permitiera a la ciudadanía apropiarse de los problemas que ahogan su
desarrollo. Sea Colombia un país descentralizado y autónomo o no a corto plazo, lo cierto
es que la Costa Caribe del país ha sido sin lugar a dudas uno de los proponentes más
destacados con relación a la solución de un tema que parece llegar siempre al
desentendimiento del gobierno nacional. Y manteniendo aún presente la corrupción de
los gobiernos regionales y la ley de ordenamiento territorial de 2011, que siguen siendo
limitantes de los propósitos constitucionales, el curso a seguir como en otros tantos países
del mundo, es el de la descentralización y la autonomía que tanto se ha dilatado en la
patria colombiana. Consideraciones
 La constitución de 1991 establece la descentralización y otorga autonomía a las
entidades territoriales, sin embargo, no es decisiva en cuanto deja la posibilidad de ser

regulada por los gobernantes de turno. Razón por la que hoy día, es posible afirmar que se
ha optado por reducir considerablemente la descentralización, acompañada con un
fortalecimiento del centralismo, que controla las decisiones de los entes territoriales, y
relega al gobierno local, al rol de delegatarios de las funciones por parte del nivel central.
¿Se ha fortalecido el presidencialismo?.
 Más allá de afirmar que hoy día existe una descentralización en Colombia se puede
decir que se trata de una delegación de funciones por parte del gobierno central, en razón
de que las entidades territoriales actuan bajo los parametros establecidos por éste
 La ley 1454 de 2011, “por la cual, se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones”, limita el desarrollo autónomo de las
regiones al negarle la posibilidad de tener recursos. Queda claro que esta ley mantendrá,
a un nivel nacional, el manejo de los recursos de las regiones más prósperas del país. Esta,
constituye una ley que promueve y al mismo tiempo limita la esencia para la cual fue
promulgada: la autonomía y descentralización de las regiones nacionales.
 El Voto Caribe, es un ejemplo clave de lucha de la region para consolidarse economica,
politica y culturalmente. Esta iniciativa logró sentar un precedente en el país.
 Es necesario propender por la autonomía de la

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