El documento describe el silencio administrativo como la conclusión anormal de un procedimiento administrativo cuando la autoridad no emite una decisión dentro del plazo establecido. El silencio administrativo puede tener un efecto jurídico positivo o negativo según lo determine la ley. Además, el documento explica que el derecho de petición constitucional garantiza que toda solicitud a una autoridad pública debe ser resuelta expresamente y dentro del plazo adecuado.