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1. AUDITORIA DEL ING. ENRIQUE MARIACA SOBRE LAS EMPRESA PETROLERA EN BOLIVIA
Para el ingeniero Enrique Mariaca, coordinador de las auditorías petroleras, dispuestas mediante el
Decreto Supremo 28771 de junio de 2006, no es responsable que el vicepresidente del ahora
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, afirme que las once auditorías estén
incompletas, como lo aseguró el lunes pasado en conferencia de prensa, en Tarija.
Y más bien, Enrique Mariaca aseguró que estos documentos deberían ser de libre acceso a la
población, sobre todo a los medios de comunicación, y recordó que esta documentación debe ser
solicitada a nuestras autoridades gubernamentales, sin embargo El País en repetidas ocasiones,
incluso por vía editorial, solicitó a García Linera remita esta documentación para iniciar un debate
público, que él mismo, en algunas de sus declaraciones aseguró estar dispuesto a iniciar.
Esta no es la primera vez que el ingeniero Mariaca, uno de los expertos más reconocidos en temas
petroleros, desmiente a las autoridades sobre el tema de esas auditorías. En junio, en una extensa
entrevista de una publicación especializada lo sostuvo en forma rotunda. Con la autorización del
ingeniero Mariaca y por su evidente actualidad, reproducimos esa entrevista.
Contratos con petroleras Desconocieron la Ley 3058
Energy Press/Nancy castro - La Ley de Hidrocarburos 3058 estableció la realización de auditorías
especiales a las empresas petroleras, como paso inicial para la nacionalización de los
hidrocarburos. La iniciativa fue implementada a partir de la dictación del DS 28771 de Junio de
2006, a la cabeza de Enrique Mariaca, conocido por su larga trayectoria en el área petrolera.
En esa oportunidad, el Presidente de la República, Evo Morales señaló que las auditorías estaban
dirigidas a precisar cuánto habían invertido las empresas transnacionales dedicadas a la
exploración de hidrocarburos en el país, a cuánto alcanzaban sus costos de producción, sus
utilidades y, principalmente, a cuánto ascendían las reservas probadas y probables de gas en el
país, justo cuando la consultora estadounidenses De Golyer & MacNaughton acababa de señalar
que las reservas de los yacimientos probados de gas habían disminuido en un 33 %.
Posteriormente el Gobierno instruyó nuevas auditorías a la Contraloría de la República. En enero
de este año el ex contralor, Osvaldo Gutiérrez indicaba, en una nota del periódico La Prensa que
las auditorías realizadas por su gestión a las empresas petroleras transnacionales que operan en
Bolivia, determinaron la existencia de un daño económico al Estado que bordeaba los $us 1.500
millones.
El pasado 3 de junio el nuevo contralor, Gabriel Herbas informaba que se iniciaría un juicio civil
contra el suspendido contralor, Osvaldo Gutiérrez, por el irregular proceso de auditorías a las
empresas petroleras, que además de no lograr resultados habrían significado una pérdida
millonaria para el Estado.
En esa oportunidad, Herbas anunció que paralizaría esas auditorías de al menos 140 contratos con
12 empresas transnacionales, porque estaban inconclusas y en muchos casos en ciernes.
Una nota de ABI precisaba que: “Se va a iniciar un juicio de carácter civil contra Osvaldo Gutiérrez
sobre este tema por lo que las auditorías a la petroleras quedarán paralizadas”.
En este marco, Energy Press conversó con la persona que tuvo a su cargo la coordinación de las
auditorías dispuestas mediante el DS 28771 de Junio de 2006, el Ing. Enrique Mariaca quien
precisó que el gobierno incurrió en un “gravísimo error” al firmar nuevos contratos con las
petroleras en octubre de 2006, sin esperar los resultados de esta auditorías, vulnerando sus
propias normas.

2. La coyuntura ha puesto al sector de hidrocarburos, estratégico para cualquier política de desarrollo,
en el ojo de la tormenta. La información requiere ser sistematizada y explicada en procura de
encontrar más que acusaciones, soluciones. En la presente entrevista Mariaca formula
declaraciones controvertidas en contra del gobierno y del actual presidente de YPFB, Carlos
Villegas a tiempo de sostener que, al momento, nadie sabe qué cifras se han utilizado en los
contratos suscritos con las petroleras: sí el de las compañías o las de Villegas o Aruquipa quienes,
en su criterio, “rehicieron” la evaluación entregada por él y donde se estaría estableciendo que
algunas petroleras incumplieron sus contratos con el Estado boliviano.
Participación del Ingeniero Mariaca de las auditorías a las empresas petroleras
Fue el ministro (Carlos Villegas) quien convocó a seleccionar como nueve grupos de expertos en la
materia y una vez escogidos esos, también seleccionó otro grupo de unas 110 personas expertas
para fiscalizar, trabajar conjuntamente con ellos y vigilar que el trabajo estuviera bien hecho y
también pedir a las compañías que cooperen y que den la información adecuada.
En esa forma se avanzó y se hizo un buen trabajo pero lamentablemente el gobierno por “x” razón
que no sabemos cuál es (aunque sospechamos), no hizo caso de esas auditorias, ahí está la gran
falla de este gobierno.
¿Cuál era su función y su cargo?
El cargo era de coordinador, jefe del grupo de asesores del Ministerio para controlar el trabajo de
las auditorias. En esa oportunidad se contrató, en su mayoría, a empresas bolivianas, aunque hubo
dos argentinas y una colombiana.
¿Cuánto tiempo duró él trabajó de auditoría?
Fueron nueve meses, y en las compañías había como 110 a 115 personas expertas y en el grupo
de gobierno era un número también grande, más de 100 personas expertas en la materia. Por eso,
ésas auditorías son bien claras y en poco tiempo se hizo un trabajo que cubrió 9 años de
desempeño de las compañías. Fue un trabajo extraordinario, bien hecho que sirve para la historia y
más adelante, si se rescata, puede servir como un elemento básico para hacer una nacionalización
en base a esa información.
¿Cuáles eran la conclusión de la auditoria?
Se hicieron las conclusiones y oficialmente se pasó el documento al ministro Carlos Villegas en
abril de 2007. Y el ministro, en una forma sospechosa, empezó a negociar con las compañías y
firmó contratos hasta octubre de 2006, sin conocer las auditorías, esa fue una falla gravísima del
gobierno.
Podrían pedir una copia de estas auditorías al ministerio porque el gobierno mismo ha dicho que
serían de libre disponibilidad. Si se insiste tienen que entregar el trabajo de auditoría porque es un
documento público.
Se hizo el informe oficial como debería ser, el ministro tuvo en sus manos las auditorias y como les
digo, las archivaron y esa es una situación que el gobierno no supo explicar hasta ahora y a pesar
de eso pidió una auditoria a la Contraloría.
Pero la Contraloría con qué personal lo iba a hacer, no conocía la materia, además contrataron una
sola empresa y no supo hacer el trabajo que antes lo hizo mucha gente entendida en la materia.

3. ¿Por qué cree usted que no se aceptaron estas auditorías?
Se sospecha que las compañías (petroleras), muy hábilmente, manejaron el asunto y mandaron al
ministerio un modelo de contrato de operación indicando que como el gobierno había dicho que
quería que las empresas sigan trabajando en Bolivia; ellos, de buena fe, presentaron ese
documento como base para hacer los nuevos contratos. Yo creo que también han debido decir que
las auditorías no debían salir a luz porque eso puede perjudicar. Esa es una sospecha, es decir,
que las empresas petroleras actuaron muy hábilmente y el gobierno cayó en el delito porque ese
tipo de contrato de operación no lo hizo ni el ministerio, ni yacimientos ni ninguna agencia oficial,
entonces es una cosa muy seria que el gobierno en algún momento tendrá que aclarar también.
¿A cuántas empresas se les realizó la auditoría?
Eran once empresas y a todas se les hizo la auditoría. Nosotros, al revisar las auditorías y
analizarlas terminamos interpretándolas. Nuestra función no era dar un resultado sino simplemente
dar cifras y hechos y el gobierno tenía que tomar una decisión en función de eso pero, como no lo
hicieron, personalmente yo hice una conclusión de crítica y de política a base de las auditorias.
¿Cuál fue esa conclusión?
Se llegó a la conclusión de que se podía muy bien nacionalizar. Y se dividió el análisis en cuatro
grupos. El primer grupo fue de las empresas Chaco, Andina y Transredes; capitalizadas, en una
primera etapa, sólo de nombre porque después de eso, Yacimientos siguió trabajando a pesar de
las limitaciones que tuvo y encontró los mega-campos.
En una operación siguiente, las compañías optaron por obtener esas concesiones donde
Yacimientos gasto 650 millones de dólares en exploración y descubrió esos yacimientos fabulosos
de gran producción de manera que a las compañías que llegaron allá no les costó nada la
exploración porque el trabajo lo había hecho Yacimientos.
Es decir, que Chaco, Andina y Transredes no cumplieron nada de los contratos, en el caso de
Chaco y Andina tuvo las reservas de Yacimientos gratis donde tenían producciones extraordinarias
y, a pesar de eso, emplearon mañas tácticas y una administración pésima y su trabajo fue nulo.
Estas empresas también tenían que explorar bloques que se les entregó y Chaco apenas hizo una
exploración muy leve mientras que Andina no hizo nada, entonces no cumplieron.
Transredes, que tenía que hacer el gasoducto troncal para la zona del Altiplano no lo hizo y ahí
viene el atraso de toda la cuestión petrolera. Ese grupo se podía nacionalizar 100 por ciento.
En el segundo grupo de los mega-campos, las petroleras invirtieron muy poco porque la
exploración ya estaba hecha por Yacimientos y encontraron campos fabulosos que se pagaban
solos.
En este caso el pozo San Alberto es el más estudiado por las auditorias
Efectivamente, en el pozo San Alberto, que es el mejor estudiado, se vio que las inversiones se
pagaban fácilmente con las utilidades que se obtenían en la gestión, no había que pagar nada
porque las inversiones se estaban pagando inmediatamente.
El tercer grupo era un grupo de pícaros de gente del gobierno que se benefició de ese período de
transición del Neoliberalismo que empezó en el año 85 donde Yacimientos perdió el control de las
operaciones y aparecieron gentes que se hicieron conceder- también tipo capitalización- donde no
invirtieron nada y que como son ilegales se podrían recuperar.

4. El cuarto grupo, dos empresas privadas que hicieron negocios entre ellas pero sus inversiones
eran bajísimas, sus reservas igual, también se podrían nacionalizar a un costo bajísimo. En
resumen se podría haber nacionalizado toda la industria petrolera en base a los resultados de las
auditorias.
¿Se pudieron haber hecho cambios con todo esta información?
Esta información podía haber cambiado la vida del país, no lo hicieron y entonces hemos caído,
otra vez en manos de las transnacionales que son las que manejan el sistema. Han firmado
contratos en octubre de 2006, y ¿qué han hecho hasta ahora? No han hecho nada, no han
invertido, apenas han perforado 4 pozos el año pasado, entonces están atrasando el progreso del
país y el gobierno no hace nada.
¿Qué opinión le merece el anunció de un juicio civil contra el suspendido contralor Osvaldo
Gutiérrez arguyendo ausencia de resultados en las auditorias que se iniciaron en su gestión?
A la Contraloría le dieron después el cometido de realizar las auditorias pero no tenía gente, y
contrataron a una sola empresa para hacer una auditoria como la que hicieron con las empresas.
No pudieron hacer nada y fue un fracaso.
Conclusión
Las auditorias que se hizo y estaba en la cabeza del ingeniero Enrique Mariaca era para poder
nacionalizar los hidrocarburo y empresas para así manejar mejor las reservas, pero fue en vano
estas auditoria ya que las mismas no se han ejecutado por el gobierno, es por la cual las
transnacionales siguen operando en el país por ahora sin pagar algunos deudas por los
incumplimientos de las normas que fueron vulnerados, así que las auditoria fue un fracaso porque
no se hizo respecto a las auditorias hechas.