1. El documento analiza el consumo de drogas en adolescentes infractores de la ley desde una perspectiva crítica del abordaje del problema en Chile. 2. Se describe la evolución del tratamiento de este tema en el país y los modelos de intervención, destacando la necesidad de un enfoque integral y comunitario que considere factores sociales, políticos y subjetivos. 3. Finalmente, se argumenta que la infracción y consumo deben entenderse como expresiones de procesos de exclusión social y vulnerabilidad que afectan a

1. Adolescentes Infractores, Consumo de Drogas y Psicología Comunitaria
Javier Schmidt E.
Resumen
El presente ensayo aborda la temática del consumo de drogas en adolescentes infractores de ley
desde una mirada crítica tanto de la forma de comprender el problema como en su abordaje en
nuestro país, en el contexto del primer año de implementación de la reforma penal juvenil que reduce
la imputabilidad penal a los 14 años. El problema de la infracción de ley se comprende como una
realidad que posee un fuerte componente social tanto en su generación como en su mantenimiento:
un sistema social altamente expulsivo y excluyente, políticas sociales que han fracaso en su intento
de dar respuestas que se han centrado en el control social y la patologización de la conducta delictiva
y de consumo de drogas. Es en este contexto – social, político, juridico y técnico – donde la
Psicología Comunitaria aparece como una disciplina que tiene todas las posibilidades de aportar
desde la integralidad de sus postulados, o de perpetuar esquemas tradicionales reproducción de las
desigualdades de poder, de valoración del saber experto y por lo tanto de exclusión.
Palabras Clave: Adolescencia, Consumo de Drogas, Psicología Comunitaria
1. Contextualización y delimitación del fenómeno analizado
Hasta hace unos pocos años, el abordaje del consumo de drogas de los adolescentes infractores de
ley era prácticamente nulo. Recién en el año 2002 Skopus realiza un estudio acerca de la magnitud
del consumo y factores asociados en población en estas características, encontrándose una
prevalencia del 70% de consumo de drogas ilícitas. En el año 2003 se inician las primeras
experiencias en Chile que buscan abordar el consumo de drogas con infractores de ley, las que
caracterizan por ser experiencias aisladas, particulares e insuficientes. En el año 2005 se constituye
una mesa técnico-política conformada por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes
(CONACE), el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Ministerio de Salud (MINSAL), espacio
que permite elaborar una norma técnica para a la atención de adolescentes infractores de ley que
constituye el soporte para la implementación de los futuros programas de tratamiento para esta
población. En el año 2005 se ejecutan programas de carácter piloto que permiten profundizar en el
diseño de planes de tratamiento ambulatorios y residenciales que buscaban apoyar la
implementación de la ley penal juvenil.
La Ley 20.084 entra en vigencia en junio de 2007, un año mas tarde de lo presupuestado. Dicha ley
establece dentro de sus penas posibles, la Sanción Accesoria a tratamiento por adicción a las drogas
que faculta a un juez de garantía o de tribunal oral a someter a un adolescente entre 14 y 18 años a
un proceso de tratamiento y rehabilitación, para lo cual el Conace en coordinación con el Ministerio de
Salud y Sename, diseñan un “programa especializado de tratamiento y rehabilitación para dicha
población para dar cumplimiento a la sanción accesoria que determine el juez y como un recurso para
aquellos jóvenes que voluntariamente deseen acceder a un tratamiento, tanto en sistemas privativos
como no privativos de libertad”. (Norma Técnica N°85, Minsal, 2006: ).
El tratamiento o rehabilitación de personas con consumo abusivo o dependientes de drogas posee
una gran diversidad en cuanto a los modelos, enfoques y énfasis tanto para explicar como para
desarrollar estrategias de intervención terapéutica. De manera esquemática Hourmilougue (1998: 02-
03) identificar los siguientes modelos: Modelo Jurídico, donde el marco legal es el sustento

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fundamental de este abordaje, es decir, considera como eje la vigencia y aplicación de leyes para
impedir el uso de sustancias. Generalmente este modelo sitúa al "drogadicto" en el margen de la
delincuencia y en tal sentido se inspira en la ley para su tratamiento. Por su parte el Modelo Médico-
Sanitarista posee como sustento la salud-enfermedad y considera que la persona que consume
abusivamente sustancias y/o depende de ellas, lo hace porque padece de una enfermedad contraída
o genética. Esta enfermedad podría ser biológica y/o mental. ("enfermo", "toxicómano"). El Modelo
Psico-Cultural: visualiza la problemática desde el marco psicológico, considerando el
comportamiento del "drogodependiente" como una consecuencia de sus experiencias de vida en las
cuales incidieron fundamentalmente su entorno familiar y el contexto sociocultural. Finalmente, el
Modelo Social aborda la problemática considerando al "usador/abusador de drogas" como una
consecuencia o síntoma del funcionamiento de una determinada sociedad. La familia estaría implícita
en esa sociedad ya que es parte de la misma, y de la misma forma que el adicto puede ser el
emergente de una familia. La problemática en sí, lo sería de una sociedad.
A los modelos anteriormente señalados se le añade de manera transversal la discusión de enfrentar
el proceso terapéutico desde la mirada de la Abstinencia o de Reducción del Daño. Esta última se
posiciona según Marlatt (1997) como una alternativa de salud pública, frente a los modelos
“moralista/criminalista” y “de enfermedad” del consumo y adicción de drogas. La reducción del daño
reconoce la abstinencia como resultado ideal pero acepta las alternativas que reducen el daño, ha
surgido principalmente como un abordaje de “abajo –arriba” basado en la defensa del adicto y
promueve el acceso a servicios de bajo umbral como alternativa a los tradicionales enfoques de alta
exigencia.
En cuanto al abordaje terapéutico del consumo de drogas en adolescentes infractores de ley, Conace
(2007: 21-23), en sus Orientaciones Técnicas para el tratamiento del consumo problemático para esta
población, desarrolla una propuesta que recoge características particulares del perfil del consumo de
drogas en adolescentes infractores de ley, sus complejas problemáticas biopsicosociales, y la etapa del
ciclo vital en que se encuentra la persona, donde se manifiestan importantes cambios físicos,
cognitivos, emocionales, y sociales, los que cobran mayor relevancia en el contexto de vulnerabilidad
social y conflicto con la justicia.
Los principios orientadores del modelo de intervención suponen una integralidad de la atención referida
a concebir el proceso desde una mirada que recoja y busque comprender el conjunto de factores o
condiciones que impulsan el consumo de drogas. La atención personalizada se refiere a trabajar
terapéuticamente desde las necesidades y capacidades de cada sujeto, ayudándole a visualizar su
proceso de maduración personal y evaluar los avances alcanzados. La Flexibilidad de la atención
constituye un importante elemento, referido a ajustar el abordaje de la intervención a los requerimientos
del adolescente, su familia y otros equipos de salud o psicosociales intervinientes. Es indispensable en
cualquier nivel de intervención relacionado con el consumo de drogas con adolescentes, considerar las
características que surgen de su condición etaria y de ser personas en desarrollo cuya tarea evolutiva
central es la construcción de su identidad. En este sentido, es importante tener presente el significado
del delito como parte de la construcción de la identidad. Se busca promover el desarrollo y resiliencia,
enfatizando en las capacidades y potencialidades de la persona, más que en sus perturbaciones,
carencias o déficits. Por esto, las experiencias de logro serán consideradas como centrales en la
metodología de trabajo, las que buscan contribuir en la construcción de identidad valorada y
socialmente integrada y superar una baja autoestima. Se requiere por lo tanto de un modelo abierto a
los contextos o a lo comunitario para evitar los riesgos de patologizar la situación del adolescente, lo
que añadiría nuevos estigmas y desvalorizaciones. Esto va acompañado del desarrollo y/o generación
de estrategias de rearticulación y fortalecimiento de los vínculos entre los adolescentes con las
instituciones sociales básicas (familia, escuela) y otras redes sociales, con seguimientos y coordinación,
que potencien acciones sinérgicas y no contradictorias entre las diversas instituciones que suelen
intervenir en el proceso.

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2. Reflexión Crítica
La problemática asociada a la infracción de ley en adolescentes es la expresión de una compleja
trama de factores sociales, culturales, económicos y personales que, en el transcurso de la
trayectoria de vida de estos adolescentes, se configuran para dar paso a experiencias de
vulnerabilidad social que, desde el nacimiento, marcan la existencia individual y social de estos niños
y jóvenes pertenecientes a sectores empobrecidos. La infracción de ley, el consumo de drogas, el
ejercicio de la violencia, entre otros rasgos, constituyen formas de interacción con el entorno que
señalan una forma de subsistir y habitar la marginalidad social y que son el resultado de aprendizajes
obtenidos a lo largo de la vida y que hablan de las profundas contradicciones que las instituciones
sociales que regulan la integración social, muestran en las últimas décadas, especialmente, en las
sociedades urbanas latinoamericanas.
En este contexto, las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes se complejizan por las
relaciones que se producen entre factores objetivos y subjetivos presentes en sus experiencias de
vida. Como señala De Gaulejac (2002) resulta habitual reconocer en el relato de los niños y jóvenes,
subjetividades en que se asumen como productores de aquello que los ha producido. Hay aquí un
proceso de interiorización que conduce al niño a convertirse “desde el interior” en eso que él ha
estado obligado a convertirse “desde el exterior”, y así adaptarse a las condiciones concretas de su
existencia. Lo que han hecho de él o ella se convierte en lo que él o ella ha hecho de sí mismo(a):
porque es un niño turbulento es que le expulsan de todas partes; porque no quiere hacer nada, es
que no logra tener éxito en la escuela. El efecto es la inversión de la relación causa-efecto que
caracteriza la historia y la realidad de estos niños y jóvenes. De esta forma, se asume la conducta
delictiva juvenil como responsabilidad no solo de quien ejerce dicha conducta, sino que de la
sociedad en su conjunto, por lo que el marco interpretativo del problema de estos adolescentes, se
puede plantear desde dos ámbitos o niveles de análisis interrelacionados: las condiciones sociales y
las condiciones subjetivas.
a) Condiciones de exclusión / expulsión social: La crisis de la llamada sociedad salarial ha
implicado el surgimiento e intensificación de nuevas formas de vulnerabilidad. El incremento de la
población no salarial y la crisis del Estado Social, han hecho emerger especialmente desde los años
noventa en adelante, un fenómeno de desafiliación y pobreza que se ha conocido como “nueva
cuestión social”. Diversos teóricos sociales, entre ellos, Robert Castel (1997), han desarrollado los
conceptos de Exclusión y Vulnerabilidad para dar cuenta de estos procesos, relevando el problema
de la cohesión social que es observada como una profunda grieta estructural de las sociedades
modernas contemporáneas. Estas transformaciones societales no hacen sino desestabilizar un orden
social ligado al progreso, a la inscripción de las personas en espacios de pertenencia y status (esto
es, la sujeción a la condición de Ciudadanía) que fundaban la cohesión social del Estado-Nación.
Duschatzky y Correa (2005) plantean que “estar alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo,
nombraba a un sujeto anclado en un lazo social y filiado a una genealogía cultural”; de este modo, las
actuales generaciones (especialmente, empobrecidas) no conectan sus trayectorias de vida “en
discursos que interpelen, nombren, convoquen a los sujetos, les asignen un lugar en la trama social y
los habiliten para la constitución de sus propios discursos”. Una de las principales expresiones de
este fenómeno, es la crisis de las instituciones que en el marco del Estado-Nación, estuvieron
convocadas a socializar e integrar socioculturalmente a los niños y jóvenes: familia y escuela (entre
las más significativas). La crisis consiste en una impotencia instituyente para moldear la subjetividad
de los niños y jóvenes a causa de la pérdida de la autoridad simbólica de la cual estas instituciones
eran portadoras. En este contexto de declive de las instituciones, “la expulsión social señala una
relación entre un estado de exclusión y lo que lo hizo posible; mientras el excluido es un producto, un
dato, un resultado de la imposibilidad de integración, el expulsado es el resultado de una operación
social, una producción, que tiene un carácter móvil” (Duschatzky & Correa, 2005: 59).

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b) Condiciones subjetivas: La trayectoria de vida de los niños, niñas y jóvenes de sectores
altamente vulnerables, precisamente se inscribe en una dinámica de alta conflictividad y desafiliación
con los dispositivos institucionales que tienen la responsabilidad de habilitar la ciudadanía de las
personas y de proteger los derechos y el desarrollo integral de estos niños. Desde este marco, la
situación de infracción de ley, el consumo de drogas, las conductas de violencia, entre otras
situaciones, son el resultado de una operación social compleja, macro y microsocial, que genera
contextos para el aprendizaje de códigos de interacción con el entorno (y que muchas veces están
reñidos con códigos de moral social), de despliegue de estrategias y mecanismos de sobrevivencia
para construir un espacio propio legítimo y reconocible, que configuran formas subjetivas de habitar la
exclusión. Esto significa que, aún a pesar de la impotencia instituyente que caracteriza a las
instituciones modernas para modular la subjetividad, los niños y jóvenes construyen su identidad en
espacios y experiencias de conflicto con ellas y al margen de las mismas. La base de este supuesto,
es que entendemos que el niño y el joven son, aún en contextos de extrema marginalidad, un Sujeto,
indistintamente de lo que la norma social defina como patrón de identidad (que, dicho sea de paso,
también se encuentra altamente vulnerada).
La implementación de los programas de tratamiento para adolescentes infractores de ley no deben
poseer solo un carácter clínico-terapéutico, sino que constituyen programas con un fuerte
componente de reinserción social, trabajo en red, intervención psicosocial, comunitaria y familiar. Este
proceso de intervención posee un contexto político, jurídico y cultural particular: se trata de una
intervención terapéutica, en un contexto jurídico como dispositivo de control social, disciplinamiento y
judicialización del consumo de drogas; un contexto político referido al tema de la seguridad
ciudadana y el “combate a la delincuencia”; y un contexto sociocultural referido a una población
específica, con códigos y pautas culturales determinadas como lo son los adolescentes con consumo
de drogas y compromiso delictivo. Esto permite destacar la relevancia del aporte de la Psicología
Comunitaria al ser esta una rama de la Psicología que integra los factores sociales y comunitarios con
miras a dotar de poder a las personas con el objeto de lograr cambios en su ambiente inmediato,
elementos que están estrechamente ligados al éxito de un proceso terapéutico de este tipo.
En este sentido, el rol Psicología Comunitaria permite incluir explicaciones y responsabilidades en el
proceso terapéutico que van más allá de las explicaciones centradas solo en las características
personales y familiares de los adolescentes. Como se analiza anteriormente, hay una sociedad
expulsiva y excluyente, que desde esta mirada no puede ser excluida del proceso terapéutico
(paradójicamente). Esta mirada se transforma en un desafío a la hora de implementar estrategias
terapéuticas que sean coherentes con ella, y que sean validadas desde la institucionalidad técnico-
política que supervisa y vela por el cumplimiento de normas técnicas y convenciones que valoran lo
clínico, lo médico, lo individual, como centro de la intervención.
3. Conclusiones
La judicialización de los problemas sociales es una de las lógicas que se encuentran tras la
implementación de la ley penal juvenil y los centros de tratamiento para infractores de ley; una mirada
que busca desligar a la institucionalidad pública, las políticas sociales de infancia y el sistema
económico chileno de la responsabilidad que les corresponde en los fenómenos sociales de la
conducta delictiva juvenil y el consumo de drogas. La experiencia cercana y profunda habla
claramente de que los adolescentes preferirían no delinquir. El estudiar, “ser alguien en la vida” o
“que no te apunten con el dedo” no son solo frases de los adolescentes, son vivencias, sentimientos y
sueños genuinos de un sector de nosotros mismos – la sociedad chilena – que espera sentirse parte
de algo que miran desde la vereda de al frente. En ese sentido, el delinquir los acerca (y aleja
paradójicamente) de esos sueños, el consumo los anestesia y les entrega un momento de placer.
Cabe preguntarse por la responsabilidad de estas políticas y programas en el mantenimiento de estos
procesos de exclusión y expulsión social, donde los psicólogos “comunitarios” estamos presentes. La
valoración de estrategias que buscan solo responsabilizar a los adolescentes de los delitos y

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conductas transgresoras con escasa consideración de aquellos elementos que posibiliten su
integración social en diferentes esferas de la vida, como educación, salud, trabajo, vivienda entre
otros, atentan contra los principios mismos de la institucionalidad. En psicologizar y patologizar la
conducta delictiva, buscando explicaciones individuales y familiares principalmente, se traducen en
acciones terapéuticas que escasamente permiten abordar integralmente este problema social.
Esto se potencia con el desfase y tensión, como plantea Alfaro (2007), entre el plano disciplinar de la
Psicología Comunitaria desde el cual se ha delimitado e identificado académicamente este quehacer
profesional, y el plano de las estrategias y directrices que organizan los programas de intervención
enmarcados institucional y técnicamente en las políticas sociales vigentes. La ausencia y falta de una
mirada de conjunto e integrada respecto de estas prácticas, que recoja, ordene y analice la escasa,
pero existente evidencia y datos sobre el estado de situación de estas formas nuevas de desempeño
profesional de los psicólogos en el marco de los programas sociales, como lo plantean Zambrano y
Alfaro (2006, en Alfaro y Otros, 2007). Un factor obstaculizador del desarrollo de la especialidad, y
que limita la efectividad e impacto de las intervenciones, lo constituye la ausencia de una
comprensión acabada de los procesos implicados en la articulación y elaboración metodológica del
quehacer que realizan los profesionales frente a las demandas técnicas formuladas desde las
orientaciones programáticas de estas políticas. Saavedra (2000, en Alfaro y Otros, 2007) señala que
la definición que los interventores psicólogos realizan de su ejercicio profesional ponen el foco
principal en las demandas provenientes desde el Estado y las instituciones, por sobre las demandas
provenientes desde los destinatarios. La utilización de lógicas interventivas lejanas del foco
participativo y centrado en la comunidad (sellos característicos de la Ps. Comunitaria) van dando
cuenta de una lógica centrada más en el saber “experto”.
Esto posibilita peligrosamente que la Psicología Comunitaria – los Psicólogos Comunitarios – se
establezcan una vez mas como dispositivos de control social y reproduciendo lógicas desequilibradas
de poder, enfatizando nuestro saber experto y utilizando nuestros instrumentos para explicar los actos
delictivos juveniles como conductas personales y aisladas del contexto, y el consumo de drogas como
enfermedad.
Recordar las palabras de Ignacio Martín Baró, dichas en una entrevista realizada por nuestra
compatriota Elizabeth Lira a meses de morir asesinado en 1989, se presentan como un llamado de
atención al respecto:
“Creo que nuestros conocimientos, nuestra preparación, nuestras técnicas constituyen un
poder en la medida que te involucras en unidades organizadas mas amplias, con todo lo que
eso supone de desgaste por tener que interactuar, de rebajarte de los ideales a las realidades,
en la medida que eso hacemos nuestro conocimiento empieza a constituir un poder útil.”
Bibliografía
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Castell, R. (1997) Las Metamorfosis de la Cuestión Social Ed. Paidós, 1º Edición. Buenos
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Hourmilougue, M. (1998). Uso indebido de Drogas, Enfoques del problema.
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Ministerio de Salud de Chile (2006). Norma Técnica N°85 “Tratamiento integral de
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