Este documento discute la justicia ambiental y propone varias recomendaciones para fortalecerla. Aboga por definir claramente los delitos ambientales en la ley y ampliar el acceso a la justicia para organizaciones y ciudadanos. También recomienda darle un papel más activo a los fiscales en este tema y garantizar la fuerza probatoria de informes e investigaciones ambientales. Finalmente, propone crear asociaciones de fiscales ambientales y una federación latinoamericana para compartir información y capacitarse sobre la valoración económica del da