Grant Thornton alerta de que solo el 9% de las compañías tiene un plan de ‘compliance’ penal completo

1. Pymes a la intemperie en caso de imputación
Alejandro José Ceballos Peña

2. Alejandro José Ceballos Peña
Las empresas no se dan por aludidas. A pesar del ruido
generado por procesos judiciales como los que salpican al
BBVA, Abengoa o FCC, el miedo a una imputación o a una
condena no cala en la gran mayoría de compañías en España,
cuyos sistemas de prevención de delitos, o bien brillan por su
ausencia, o bien se muestran insuficientes o meramente
cosméticos.

3. Alejandro José Ceballos Peña
Cinco años después de que el Código
Penal regulara los denominados
programas de compliance (o
cumplimiento), solo el 9% de las empresas
lo han desarrollado de forma integral. Así
lo revela una encuesta elaborada por Grant
Thornton a 400 altos directivos del país. El
informe alerta de “importantes carencias”
en estos instrumentos, ideados para
involucrar a las organizaciones en la lucha
contra la criminalidad de origen
corporativo. Y señala que únicamente una
de cada cuatro organizaciones cuenta con
un presupuesto específico destinado a
ellos.

4. Alejandro José Ceballos Peña
“Esta materia aún no es una prioridad para
muchos directivos”, reflexiona Ignacio
Ripol, director de compliance de Grant
Thornton, que detecta “falta de conciencia
en los órganos de administración”. Los
datos avalan esta percepción. Solo el 15%
de los consultados ve probable o muy
probable que su compañía se vea afectada
por la conducta ilícita de un empleado.
Cuatro de cada diez manifiestan no ser
conscientes de que carecer de un programa
de cumplimiento puede acarrear
responsabilidades a los administradores.
Y, aunque mayoría (el 80%) admite que
una denuncia tendría un impacto alto o
muy alto en la reputación de la empresa, a
la hora de la verdad, preocupa más sufrir
una sanción administrativa que verse
envuelto en un proceso penal.

5. Alejandro José Ceballos Peña
Un contraste que se explica por tres
razones. En primer lugar, porque que
muchas de las compañías de mayor
tamaño actúan en sectores regulados
(finanzas, energía, seguros, etcétera), en los
que las exigencias en materia de
cumplimiento son anteriores a la reforma
del Código Penal. En segundo término,
porque las normativas anticorrupción de
Estados Unidos y el Reino Unido (la
Foreign Corrupt Practices Act y la Bribery
Act) imponen a las multinacionales que
adopten controles en todos los países en
los que operan o tienen filiales. Y,
finalmente, porque las medidas de
prevención de delitos se han vuelto una
exigencia de accionistas e inversores para
asegurarse la buena gestión de los consejos
de administración.

6. REFERENCIAS:
Alejandro José Ceballos Peña
https://elpais.com/economia/2020/02/06
/actualidad/1581006602_221357.html