N20170607 al 13

1. 7 al 13 de junio de 2017
Contenido
IGLESIA ............................................................................................... 2
José María Rojo García (*): Los muertos no valen todos igual..........................2
SOCIEDAD Y POLÍTICA.....................................................................3
Jorge Bruce: Matar la esperanza ............................................................................3
Sandro Venturo: Cuando se dice lo que no dice una encuesta .........................4
Arturo Maldonado: Autoritarismo y elecciones..................................................5
Daniel Parodi Revoredo: Dictadores del futuro.................................................6
Gustavo Gorriti: La Nueva Etapa de Lava Jato…………………………………. 7
Juan de la Puente: Lava Jato, cómo perder la batalla.....................................9
Gustavo Guerra García: Aprovechemos la primavera anticorrupción ........10
La corrupción es el principal problema del país, según encuesta de INEI.11
Fernando Tuesta: La reforma se aleja .................................................................12
Hoy los partidos recibirán el financiamiento estatal .......................................13
Martín Tanaka: ¿Los tiempos están cambiando?...............................................14
Sinesio López: Una tenaza.................................................................................15
Eduardo Dargent: ¿Esto es todo, PPK?...........................................................16
MARISA GLAVE, ¿PRÓXIMA EXPULSADA?....................................................17
Nelson Manrique: Vientos de ruptura en la izquierda ....................................18
POBREZA Y DESARROLLO............................................................20
Luis Davelouis: ¿A cuánto el tarro? ......................................................................20
Carlos Monge: Grupo Gloria: Abusando de consumidores y productores .20
Carolina Trivelli: Alimentación para crecer ......................................................21
Santiago Pedraglio: ¿Y quién nos protege sin regulación? ..............................22
Disminuye la victimización y la percepción de inseguridad ..............................23
Los menores a las aulas. Día Mundial contra el Trabajo Infantil .....................24
VERDAD Y RECONCILIACIÓN.......................................................25
Iris Jave: La distancia que nos separa .................................................................26
En juicio a militares por violencia sexual maltratan a víctimas.........................27

2. IGLESIA
LaRepublica.pe, 8 de Junio de 2017 | LA PERIFERIA ES EL CENTRO
José María Rojo García (*): Los muertos no valen todos igual
Escribo con un pie en cada orilla del charco: uno en Perú, donde he pasado más
de la mitad de mi vida y el otro en España, donde nací y donde vivo desde hace
cuatro años…
Ayer mismo me decía una amiga peruana: “Hace tiempo que no oigo hablar nada
de las inundaciones de Perú…” “Amiga, eso hace mucho tiempo que dejó de ser
noticia en España, le dije, no importa si murieron muchos o pocos, ni si hay miles
sin casa donde poder cobijarse… Lo de Colombia duró un poco más –no mucho-
pues fueron más de 300 muertos en Mocoa, en una sola avalancha… Lo otro ¡ya
no es noticia, no vende!”.
Por desgracia así es. Y a uno le duele. Pero la cosa es más grave y lo vivo a
diario. Van algunos ejemplos recientes:
-Desde hace unos 15 días vienen sucediéndose muertes colectivas en la
República Centroafricana. Ahora les ha tocado a los musulmanes, asesinados a
sangre fría por los “antibalakas” (milicias cristianas). Y no son noticia aquí en
España estando de Obispo en Bangassou, capital de la zona, el comboniano
español monseñor Aguirre, quien se está jugando la vida a diario defendiendo a
los musulmanes, junto con el cardenal de Bangui, D. Nzapalainga, originario de
la zona. ¡No es noticia! Son negros africanos los que mueren enfrentados unos
contra otros. No importa si hay niños…
- Yihadistas asesinan a 28 cristianos coptos en un autobús en Egipto, al negarse
a abjurar de su fe. Salió en los telediarios dos días, ¡ya nadie lo menciona, son
africanos!
- Docenas de asiáticos y africanos, que tratan de llegar en “pateras” a las costas
europeas, mueren cada semana en el Mediterráneo. Más de 5,000 en el 2016
(14 por día de promedio). Y sigue aumentando: 1,200 había ya en los 3 primeros
meses del 2017. Son emigrantes y refugiados huyendo del hambre y de la
guerra. Salen en las noticias una o dos veces, no más.
-22 personas han muerto y otras 59 han resultado heridas en atentado al salir de
un concierto en Manchester, el lunes 22 de Mayo. Desde ese día no ha dejado
de ser titular. Ayer, día 28, aparecía aún en TVE con un amplio reportaje. El
atentado yihadista –contra niños, adolescentes y jóvenes especialmente- es
horrible, incalificable, por supuesto. Pero los muertos son blancos y europeos, la
noticia sigue vendiendo…
Basta con esos botones de muestra. Y hay que morderse la lengua pues si uno
dice que “a muchos más matan en otros lugares y no se dice nada”, lo miran
como raro y lo tildan de insensible, cuando menos. Pero es la pura y cruda
verdad: Los muertos no valen todos igual (tampoco los vivos, por supuesto).
Y los comunicadores lo sabemos muy bien: hay una escala por categorías,
donde cuenta la geografía, la raza, la coyuntura, etc. Y entonces se necesita
distinto número de muertos para que sean noticia o para que la noticia se
mantenga algún día más.

3. Y, volviendo al comentario de mi amiga, el Perú no está tan bajo como África
pero sí bastante abajo en el ranking: nuestros muertos no valen mucho, máxime
si son muertos del pueblo, del común. (Con perdón, tampoco valían mucho los
indígenas de la sierra y la selva asesinados o desaparecidos en la época del
terrorismo hasta que sucedió lo de Tarata…)
Sí, ya sé que poco pueden ustedes hacer desde ahí para cambiar el chip de los
europeos y su escala de valores. Tampoco yo mucho desde acá, pero debemos
tener otros criterios distintos ¡y no callarnos sin más!
Para los cristianos la dignidad de toda persona está por encima de cualquier
consideración, toda vida es sagrada y –por el mismo motivo- todo muerto merece
el mismo respeto y la misma consideración. Más aún, creemos los cristianos en
un Diosque no es imparcial, que optó y opta por el pobre, el humilde, el excluido,
el descartable o descartado… un Dios para el que “la vida de los pobres es
preciosa ante sus ojos” (Salmo 71).
(*) José Mª Rojo G. es sacerdote y teólogo; Superior General del Instituto
Español de Misiones Extranjeras
SOCIEDAD Y POLÍTICA
La República, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Jorge Bruce: Matar la esperanza
Los países, como las personas, requieren aferrarse a un sueño para salir
adelante. Así es como funciona la resiliencia: hay que soñar primero, luego
pensar en cómo cumplir esa promesa, esa esperanza. Eso hizo el actual
gobierno al plantear la meta de llegar a formar parte de la OCDE. Es una
altísima exigencia, pero también una fuente potencial de satisfacción de
necesidades básicas, logro de triunfos y fortalecimiento de una autoestima
magullada.
Próximos a cumplir un año de este régimen, forzoso es constatar que el
sueño se ha resquebrajado de manera tan alarmante como el bypass de
Castañeda, si es que no se ha desplomado ya, como el puente Solidaridad
cayendo al Rímac.
La liberación de Félix Moreno, por citar un caso reciente, es uno de esos
mazazos a la ilusión de llegar a ser algún día un país justo, confiable, eficiente.
La imagen pública de la corrupción airosa, arrogante y satisfecha como la
expresión del abogado Roy Gates al sacar a su patrocinado de la cárcel, es
demoledora. Más aún, ese dedo medio mostrado a la justicia, vino precedido por
la excarcelación de sus colegas, los gobernadores de Loreto y Ayacucho.
Así de destructiva del ánimo resulta la permanencia en el cargo del contralor
Alarcón. No sé si lo han advertido, pero la cantidad y calidad de irregularidades
que se le descubren -plagiar su tesis es la última conocida- y su permanencia
en el cargo gracias a la bancada de FP, constituyen reminiscencias de lo

4. que ocurría en los noventas. Piensen en el "Chino" Medrano o Blanca Nélida
Colán, esos funcionarios ad hoc.
Mientras tanto, nuestro presidente afirma que en Europa ven con gran optimismo
el futuro del Perú. Es entendible su intención de ser el motivador en jefe, pero
eso tiene algo de discurso de dirigente norcoreano, si me permiten la
hipérbole. Por un lado sufrimos la actitud vandálica del fujimorismo y sus
aliados apristas en el Congreso; su afán de censurar al ministro que destaca
tiene algo de paranoia estalinista. Por otro lado nos frustra la desesperante
sumisión de los tecnócratas del gobierno, obsesionados con el destrabe y
otras medidas empresariales. Estas son inservibles y contraproducentes si
no conectan con las necesidades acuciantes de las mayorías. En esas
condiciones, hablar de optimismo linda con la pérdida del sentido de
realidad.
Como ya lo venimos advirtiendo, tal situación entraña serios peligros. La
reciente encuesta de Pulso Perú, basada en el gráfico de Nolan sobre
posiciones políticas, indica que los autoritarios han pasado del 31.4% (2014)
al 45.8%. ¿Se imaginan adónde llegaremos en cuatro años?
No solo la esperanza está en la picota: en cola viene la democracia. La
corrupción, la matonería y la debilidad la están erosionando. Urge retornar
a la política y salir de estos banales forcejeos narcisistas, en donde lo que
menos cuenta es el biencomún. El bicentenario puede terminar en una pesadilla.
Perú.21, el sábado 10 de junio de mayo de 2017
Sandro Venturo: Cuando se dice lo que no dice una encuesta
Perú 21 publica por tercer año consecutivo la encuesta sobre segmentación
ideológica de los peruanos. La realiza Datum siguiendo la metodología creada
hace casi cinco décadas por el norteamericano David Nolan, quien se propuso
ir más allá de la división izquierda-derecha en los estudios de opinión pública.
Se realizan 20 preguntas que buscan la opinión del entrevistado sobre cuál cree
que debe ser la intervención del Estado en la realización de ciertas
libertades civiles y económicas. El enfoque tiene, entonces, una definición
relacional de la noción de ideología -no es por ejemplo antropológica- y proviene
de un enfoque abiertamente liberal.
Este año no encontré mucha discusión a pesar del grandilocuente titular en el
diario: "El pensamiento autoritario en el Perú aumenta a 45.8%". Aquí algunos
comentaristas -como Mariátegui, Ponce y Ghersi- fueron más allá sugiriendo
que estos resultados dan cuenta de la propensión fascista o dictatorial de
nuestra ciudadanía. Vayamos con calma, esas aseveraciones resultan
excesivas. Existen diversos estudios sociales que demuestran, desde hace
décadas, que nuestra cultura política le da un lugar predominante a cierto
papel del Estado cuando se trata de la promoción del desarrollo económico y
de la inclusión social y política (Parodi, Pásara, Murakami, Guadalupe, Vergara,
etc.). Y esta ha sido la base para regímenes diversos como los de Velasco y
Belaunde o Fujimori y Toledo.
Así que este resultado no es nuevo, sigue una tendencia que en periodos
de desaceleración o inestabilidad suele acentuarse aún más. Leer esta
encuesta en comparación con otros estudios nos previene de interpretaciones

5. arbitrarias o, peor aún, políticamente oportunistas. Otra forma de leer esta
segmentación ideológica de los peruanos pasa por preguntarse cuál es el
papel que los ciudadanos esperan del Papá Gobierno. Y este papel suele
ser, digamos, heterodoxo. Menciono a continuación un par de referencias.
En el Perú predominan expectativas de progreso que aún pasan por la
acción estatal. A pesar de que el crecimiento del mercado interno ha permitido
una disminución considerable de ciertas pobrezas; al mismo tiempo, la
precariedad de las nacientes clases medias y la insuficiente cobertura estatal
nos hacen sentir que se necesita mucho más que mayores libertades para salir
adelante. Consumir más es algo relativo. En segundo lugar, los ciudadanos
suelen demandar a los actores políticos mecanismos de reconocimiento y
apoyo para el emprendimiento individual o corporativista, cuando no informal
o libre de la fiscalización pública, valga la paradoja. De esta forma, lo que
llamamos pensamiento estatista tiende a ser, en realidad, pensamiento
instrumental o pensamiento pragmático.
En resumen, "estatista" o "autoritario" no significa necesariamente
"dictatorial", depende de las circunstancias. Vayamos entonces con cuidado
cuando leemos las encuestas, ya muchas veces nos hemos encontrado en
posición adelantada.
Perú.21, el domingo 11 de junio de mayo de 2017
Arturo Maldonado: Autoritarismo y elecciones
Hace unos días apareció la encuesta Pulso Perú de Datum, que muestra el
perfil ideológico de los peruanos usando la prueba de Nolan, que diferencia
grupos de acuerdo a sus respuestas en temas económicos, como los impuestos
y las pensiones, y en temas sociales, como el uso de drogas o la libertad de
expresión. Según esta medición, en los últimos años, las posiciones
centristas se han reducido considerablemente y ha aumentado
considerablemente el porcentaje de aquellos catalogados como
autoritarios, que pasó de 31% en 2014 a 46% en 2017.
El autoritarismo es un concepto de definición imprecisa. Es necesario
distinguir el autoritarismo ciudadano del de las élites.
Desde los individuos, el autoritarismo es un rasgo psicológico
caracterizado por la sumisión a la autoridad, es decir, el respeto y obediencia
a un líder que garantice el orden social; la agresión autoritaria, ya sea física o
psicológica a aquellos que desestabilicen el orden social; y el
convencionalismo, entendido como el respeto por las costumbres y tradiciones.
A nivel de las élites, el autoritarismo es una actitud que desvalora la
democracia liberal y sus instituciones. Líderes autoritarios son aquellos que
menosprecian el balance de poderes. Propuestas de "mano dura", que pasan
por encima de derechos individuales, son también reveladoras de líderes con
tendencias autoritarias.
La pregunta es entonces si las personas con rasgos autoritarios votan por líderes
autoritarios. En América Latina se encuentra que sí, pero la asociación es más
resaltante cuando el líder autoritario es de derecha.

6. Si trasladamos estos resultados a nuestro contexto, podríamos decir que una
persona con rasgos autoritarios tendría más probabilidades de preferir a una
lideresa como Keiko Fujimori que a uno como Antauro Humala.
La República, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Daniel Parodi Revoredo: Dictadores del futuro
Los historiadores tendemos a encontrarle causas a todo acontecimiento.
Por eso, sin darnos cuenta, consolidamos la cultura autoritaria del país
cuando formamos ciudadanos convencidos de que los golpes de Estado
se justifican en eventos previos y, por lo tanto, se justificarán también los
que pudiesen venir después. Sucede que olvidamos el factor humano, el
trabajo de inteligencia, entendido como conspiración para alcanzar el
poder, y el proyecto político autoritario. Estas son causas a las que no les
damos importancia y deberíamos referirlas al principio cuando explicamos una
transgresión del orden constitucional.
Un ejemplo es el golpe de Augusto Bernardino Leguía el 4 de julio de 1919.
¿El Perú vivía una crisis? sí, igual que el resto de América Latina por la baja en
la demanda de materia prima debido al fin de la Primera Guerra Mundial. ¿El
Perú había crecido socioeconómicamente durante la República Aristocrática y
debía emprender un programa progresivo de reformas estructurales? sin duda.
Ya en enero de 1919, el presidente José Pardo, ante la presión de la alianza
obrero-estudiantil, había consagrado la jornada laboral de ocho horas, y la lucha
organizada de los nuevos actores sociales estaba próxima a obligar al poder
oligárquico a abrirle el paso a la participación política de las masas.
Luego, ¿era necesario Leguía para implementar estas reformas?
Definitivamente no. De hecho, el Oncenio supuso la elección de un modelo de
modernización política y económica que resultó perjudicial para el Perú. El
ingreso desenfrenado de la inversión y el crédito norteamericanos
revolucionaron la infraestructura del Estado, como la anatomía de la ciudad
capital al punto que, caído Leguía en 1930, nos esperaba la bancarrota con una
deuda externa diez veces superior a la que nos dejaron los moderados
aristócratas en 1919. Esto para no hablar de la corrupción desenfrenada que la
abundancia de obras públicas y el boom inmobiliario multiplicaron hasta la
saciedad.
Respecto de la reforma política, el autocratismo de Leguía fue nefasto: durante
el Oncenio los principales líderes del civilismo fueron deportados o se
marcharon, los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltados por turbas
gobiernistas, la autonomía universitaria suspendida, los sindicatos desactivados,
Haya de la Torre y otros líderes estudiantiles conminados en El Frontón y
exiliados. Y así se truncó la transición de la República Aristocrática a otra
abierta a la participación de las masas. Los demás siguieron el pérfido
ejemplo de Augusto Bernardino: Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Velasco y
Fujimori.
Para comprender un golpe de Estado debemos identificar primero al
conciliábulo que lucubró la conspiración. Seguro la calle está difícil, la
situación económica inestable. Por eso se reúnen, para aprovechar las
circunstancias. Leguía fue audaz, jugó bien sus cartas, le bastó el apoyo de la

7. gendarmería y la creciente animadversión al civilismo para perpetrar el golpe,
luego se ganó a las masas obreras, a los estudiantes y hasta al campesinado,
validando la propiedadcomunal en 1920. El autoritarismo llegó poco después,
tan pronto se aseguró de que los civilistas ya no estuviesen en posición de
obstaculizar sus planes.
Pasa lo mismo con Alberto Fujimori. Nadie negará la dramática situación del
país en 1992, pero tampoco que dos estrategias trazadas en 1989 -creación del
GEIN y fortalecimiento de rondas campesinas- definieron la guerra interna.
Cuando Fujimori asumió el poder, la caída de Abimael era cuestión de
tiempo. En paralelo, Mario Vargas Llosa le ofreció al Perú un plan
económico similar pero mejor diseñado que el de Fujimori, sin necesidad
de destruir la democracia. Entonces el 5 de abril solo fue necesario en la
cabeza de quienes lo tramaron.
Cuidado con encontrarle tanta explicación a los golpes de Estado, no vaya a ser
que estemos formando a los dictadores del futuro.
Caretas Nº 2491, el jueves 8 de junio de mayo de 2017
Gustavo Gorriti: La Nueva Etapa de Lava Jato
Exportar la confesión sin la inmunidad representa, para los brasileños,
faltar al acuerdo que produjo la delación y socavar así todo el sistema
Se suponía que para Latinoamérica, el mes de junio iniciaba una etapa nueva
y decisiva en el caso Lava Jato: un torrente de secretos revelados que hasta
ahora no son torrenciales ni reveladores.
Un primer encuentro entre los fiscales argentinos y brasileños terminó en
desacuerdo sobre cómo manejar los términos de inmunidad que
acompañan las delaciones premiadas. El problema central -que
probablemente ocurra con otras fiscalías cuando se trate de acoplar
procedimientos legales diferentes- es el siguiente: una confesión que se
produjo a cambio de una cierta inmunidad en Brasil, ¿viaja a otro país
emparejada con esa inmunidad, o no?
Si una persona confesó en Brasil, con todos los recaudos legales, delitos
cometidos en Brasil y también otros perpetrados, digamos, en Perú, en Argentina
y en Panamá; y si esa persona (piensen en individuos tan diferentes como Jorge
Barata o João Santana) obtiene un conjunto de beneficios importantes, por la
calidad de la información proporcionada (según la evaluación de los fiscales
brasileños, posteriormente aprobada por los jueces), ¿qué sucede cuando esa
información sea transmitida a los países donde se cometieron los delitos?
Para las autoridades fiscales brasileñas, la respuesta es clara: si la confesión
se entrega a otra nación, para que sea usada en ella, debe haber una
aceptación previa del acuerdo de inmunidad hecho en Brasil. Y si no se
acepta eso, no se entrega la confesión.
Desde su perspectiva, tienen razón. En primer lugar, la confesión les llega a las
otras naciones casi como un regalo. Fue producto de investigaciones arduas,
capturas, registros, interrogatorios, prisiones preventivas que llevaron a las
capitulaciones de los delincuentes y sus delaciones (que ya se han vuelto
epidémicas en Brasil). Los premios, las escalas de inmunidad, fueron la
transacción que permitió revelaciones sin precedentes que, casi con seguridad,

8. no se hubieran logrado en las otras naciones ni tampoco en el propio Brasil sin
esos métodos.
Exportar la confesión sin la inmunidad representa, para los brasileños, faltar al
acuerdo que produjo la delación y socavar así todo el sistema. No pueden
hacerlo y todo indica que no lo harán.
Hasta ahí hay una lógica articulada más o menos así: ¿Quieres el regalo de la
verdad de lo que sucedió en tu país, quién coimeó, por cuánto y para qué? En
realidad no es tan regalo, porque pagué un precio para obtenerlo: la inmunidad,
menos unos pequeños castigos, que administro yo; y tú tienes que respetar ese
precio entero si quieres esas vitales informaciones.
Para el país que recibe la información, la decisión debería ser fácil, pero no lo
es. De un lado está el problema de acoplar legalidades, que en ocasiones hace
que el acoplamiento de puercoespines parezca un problema comparativamente
menor.
Eso, como todas las cosas en las que intervienen abogados, tiene soluciones.
Menos mal, en este caso.
Pero hay problemas que no son formales. ¿Cuán capacitado estaba el
interrogador brasileño para preguntar sobre crímenes cometidos fuera de
su país? ¿Cuán interesado también? ¿Cuál fue el nivel de detalle o de
profundidad al que llegó? ¿Cómo pudo verificar la información que se le
dio? ¿Cómo pudo percatarse si en esos casos el delator fue sincero o,
aprovechando el desconocimiento del interrogador, dirigió él la delación
hacia donde quiso, protegiendo a unos y denunciando a otros; ocultando
de repente muchos delitos y también muchos sobornos?
En esas condiciones, ¿cómo se podrá interrogar en el país víctima
(digamos, el nuestro) a un delincuente que llega blindado por inmunidades
inapelables? Y si en el proceso se descubren nuevos casos, nuevos hechos
que requieran profundizar radicalmente lo que se investigó con superficialidad
en Brasil, ¿cómo hacerlo sin tener ninguna de las herramientas de presión
que con tanto éxito se usaron en ese país? ¿Permitir así que el delator, con
omisiones estudiadas y denuncias selectivas sea quien termine dirigiendo
la investigación?
Es un dilema que, hasta donde sé, tiene una solución posible aunque
complicada en la práctica y, seguramente, en los procedimientos legales: Firmar
los acuerdos de inmunidad a condición de que los fiscales brasileños
asuman el compromiso de llevar a cabo en Brasil investigaciones
complementarias de los casos que se desarrollen en otros países. Si
resulta, por ejemplo, que una delación abre nuevas investigaciones, que
requieren otras confesiones, con un grado mucho mayor de detalle, Brasil debe
comprometerse a que los nuevos interrogatorios se hagan bajo su sistema de
delación premiada que obliga por varios años al delator, a contestar con verdad
lo que le pregunte una autoridad legítimamente encargada de la investigación.
No responder, o responder falsamente, puede significar la pérdida de
beneficios para el delator. Y a eso, no creo que ninguno de ellos se
arriesgue.
¿Cómo poner eso en marcha de una forma rápida y eficaz? Conociendo a
nuestros fiscales, especialmente a quien tiene a cargo las relaciones
internacionales, veo difícil ningún resultado que no sea formalista y
farolero.

9. Sin embargo, asumo que de una u otra manera llegará información importante
en las próximas semanas. Si llega en secreto y se mantiene en secreto dentro
de la Fiscalía de la Nación, su eficacia será limitada y el peligro de
distorsión o manipulación, muy grande.
Si tenemos éxito en el periodismo investigativo de hacerla pública, habrá una
presión social mucho mayor para actuar con eficacia. Está claro, por cierto, que
la responsabilidad periodística se medirá en la consistencia, la corroboración y
la coherencia interna de las informaciones investigadas.
Y una de las primeras cosas que debemos tener claras ahora es el cambiante
escenario de la investigación Lava Jato.
No investigamos solo a Odebrecht sino a un conjunto de compañías,
brasileñas y peruanas, que han logrado mantenerse relativamente
sombreadas en este caso. Odebrecht es hasta ahora la única compañía que
ha confesado internacionalmente y ha entrado en un proceso de reforma
corporativa.
Las confesiones hechas hasta ahora son, estoy seguro, parciales,
limitadas a solo una parte de lo que hay que revelar. Pero hasta el momento
son las únicas que hay y merecen ser alentadas y, sí, premiadas en proporción
a su valor. El hecho, no solo contradictorio sino sospechoso, es que
Odebrecht es la compañía más castigada hasta ahora, mientras que otras,
igualmente culpables, guardan silencio y no les pasa nada.
Desde OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez hasta Graña y Montero, no
debemos perder por un momento de vista que la investigación Lava Jato las
involucra a todas y no solamente a Odebrecht. Y que en ese proceso, hay que
premiar a quien confiesa y presionar a quien no lo hace.
La República, el viernes 9 de junio de mayo de 2017
Juan de la Puente: Lava Jato, cómo perder la batalla
El Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que
colocan en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera
explosión del caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas
no parecen agotadas, pero sí entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos
hablan más de lo que combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo.
Una batalla sin muertos y heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros.
Un balance de estos seis meses no puede ignorar algunas
comprobaciones:
1) la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la
corrupción -dejando a salvo, claro está, su autonomía- aunque en esta
oportunidad la mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento
contrario a la cooperación;
2) el autobloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de procedimientos
como la extradición, la delación premiada brasileña o la colaboración eficaz
interna;
3) la normalización social de las denuncias que parecen haber sido asimiladas
por la sociedad y el sistema; y
4) la ausencia total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte
e impida retrocesos y dilaciones.

10. Los casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre
Odebrecht y la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana
suscribiera un inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde
entonces, la mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya
procesada en Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble
que el Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la
fiscalía anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía
de lavado de activos, reacia a ello.
La sentencia que ordena la libertad del gobernador del Callao, Félix
Moreno, es un cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos
funcionarios del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse
otros detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la
colaboración eficaz y relativiza los llamados "elementos de convicción", es
decir, los hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la
probabilidad de la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe
demoledor al Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que
pretendía fortalecer la lucha contra la corrupción de funcionarios, lavado de
activos y crimen organizado.
Las documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite.
Con creciente menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados
cuyos casos eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras
críticas contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el
principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas
falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes,
ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados,
pero para "normalizarlos".
Por el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un
movimiento anticorrupción como el que salió a las calles a la caída del
gobierno de Alberto Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y
partidaria y estaba dotada de una narrativa fuertemente renovadora de la
democracia. Ahora, se ha diluido el elemento político como resultado del
cuestionamiento de los partidos en relación con los casos denunciados, y se ha
minimizado la actividad social debido a la despolitización de la sociedad (mi
amigo Beto Adrianzén dice que es otra politización).
En cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos
y la ausencia de gente en las calles demandando se juzguen las denuncias. Sin
una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en
la calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la
corrupción: la impunidad.
Diario UNO, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Gustavo Guerra García: Aprovechemos la primavera anticorrupción
El gobierno no ha podido lograr que aumente la inversión privada y tampoco la
inversión pública. Como consecuencia, la inversión total sigue cayendo y a
ello se suman los efectos negativos de Lava Jato y del Niño Costero.

11. Como resultado de todo lo anterior, el empleo urbano en todo el país dejó de
crecer en las empresas formales con más de 50 trabajadores y, por ello, la
economía ya no puede absorber al empleo a la mayoría de los jóvenes.
La informalidad y el subempleo aumentan en contra de todos los
ofrecimientos del gobierno y se reduce progresivamente el nivel de
bienestar. La aprobación de PPK se ha reducido de 43% a 39% según IPSOS
y es previsible que la tendencia se mantenga, pues luego del buen desempeño
de varios ministros durante la emergencia, no hay más novedades que el
gobierno aporte para lograr otro "punto de inflexión".
Los problemas se agravarán debido a que la Fiscalía peruana recibirá la
información de las "delaciones premiadas" de cientos de ejecutivos de las
empresas brasileras involucradas en casos de corrupción. La gran variedad
de personas que serán afectadas generará una sensación de que todo el sistema
político está corrompido, lo que impactará negativamente sobre todos los
partidos y toda la institucionalidad, incluyendo al Poder Ejecutivo. Esto
generará, en el corto plazo, una mayor afectación negativa al ritmo económico,
lo que a su vez profundizará la crisis en el gobierno.
Considerando que el fujimorismo se ha trazado el objetivo de vacar al presidente,
es previsible ver pronto a los voceros de Fuerza Popular, pidiendo la renuncia de
los vice-presidentes para tratar de que Luz Salgado sea la presidenta de
transición que convoque a las elecciones adelantadas que KeikoFujimori anhela.
Pero, más allá de las intenciones de los líderes de Fuerza Popular, el shock de
las delaciones tendrá un lado muy positivo: los peruanos sabremos mucho
más de cómo se realizaron los actos de corrupción y la tolerancia social a
los corruptos tendrá que disminuir.
La sociedad peruana, frente a los destapes que se aproximan, debe madurar en
el dolor de conocer cómo se subordinaron los intereses generales a los grupos
particulares con un uso masivo y estructurado de sobornos de parte de grandes
empresas multinacionales que capturaron el sistema político e institucional.
La Fiscalía brasilera ha realizado una gran contribución al mundo al lograr que
los ejecutivos de las empresas corruptas puedan darnos la información que
necesitamos a cambio de reducir sus penas en el Brasil. Es cierto, que el costo
es que no se pueda juzgar de nuevo en el Perú a las personas que confiesan,
pero el valor de saber cómo operaba la corrupción relacionada a las grandes
obras es infinito. Pronto necesitaremos una Comisión de la Verdad de las
grandes obras ejecutadas por multinacionales brasileras desde Charcani V
y Chavimochic hasta las obras actuales pasando por la Interoceánica del Sur y
la Línea 1 del Metro. Hay que aprovechar la primavera anticorrupción y eso
significa revalorar la planificación, el control de las inversiones, revisar los
procedimientos de las APP y revalorar el Servicio Civil. Sí se puede.
La República, el martes 13 de junio de mayo de 2017
La corrupción es el principal problema del país, según encuesta de INEI
Durante cuatro años, colocaban en primer lugar a la delincuencia; sin embargo,
este año la corrupción ha desplazado a la pobreza, inseguridad ciudadana y
desempleo, según reveló el INEI

12. El 48% de los peruanos que tienen más de 18 años cree que el principal
problema que afecta a nuestro país es la corrupción, pese a que durante 4
años se ubicó la delincuencia como el factor más preocupante del Perú, según
publicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Es probable que la gran cantidad de denuncias sobre corrupción hayan
ocasionado que la mayoría de peruanos mayores de edad se preocupen por este
tema por sobre otros. La segunda problemática que afecta al país es la
delincuencia (44.5%), seguida por la pobreza (19.8%) y, en cuarto lugar, la falta
de seguridad ciudadana (19,1%), según arrojó el estudio del módulo
Gobernabilidad, Democracia y Transparencia.
Luego, se ubican la falta de empleo (13,4%), la mala calidad de la educación
estatal (12,2%), falta de credibilidad y transparencia en el Gobierno (7,4%), bajos
sueldos/aumento de precios (6,8%), falta de cobertura/mala atención en salud
pública (5,9%), violencia en los hogares (5,4%) y falta de apoyo a la agricultura
(3,6%).
Otro dato importante es que el 2,9% de los jefes de hogar declaró que realizó
pagos extras en forma de regalos o propinas a funcionarios del Estado. Por su
parte, el 93,6% de los jefes de hogar dijo que ha realizado pagos extras al
momento de usar los servicios del Estado.
Mayor nivel de desconfianza
El Reniec encabeza la lista de las instituciones con mayor nivel de desconfianza,
obteniendo un 58,2%, mientras que la Iglesia Católica alcanzó un 51.2% El
Ministerio de Educación, obtuvo en 41,4% y, las Fuerzas Armadas un 32,7%
La radio y televisión consiguió un 28,8%, mientras que la Defensoría del Pueblo
un 24,5% y, la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE un 23,9%
Democracia
El 68,1% de la población considera que es preferible un gobierno democrático a
una dictadura. Algo que llama la atención es que el 14% aseguró que no les
importaba si era un gobierno democrático o autoritario y el 12,6% dijo preferir un
gobierno autoritario.
Discriminación
El 17,9% de los peruanos mayores de edad confesó haberse sentido alguna vez
discriminados o maltratados en los últimos cinco años. Los lugares en los que
han vivido esta desagradable experiencia son: establecimientos de salud (6,1%),
seguido de los centros de trabajo (4,5%), dependencia pública al solicitar un
servicio (4,1%) y, la comisaría o policía (4,0%).
El Comercio, el jueves 8 de junio de mayo de 2017
Fernando Tuesta: La reforma se aleja
profesor de la PUCP
Los conflictos en el interior de la bancada de Fuerza Popular tienen
consecuencias perjudiciales para la reforma electoral. Esta se colocó como parte
de la agenda pública antes de las elecciones del año pasado y, luego de ellas,
se incrementó la necesidad de llevarla a cabo de manera prioritaria.
El fujimorismo, al contar con la abrumadora mayoría de votos, asumió el reto en
un espacio donde se tenía la ventaja de que ninguna agrupación política tenía
una propuesta propia. El Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (GTRE), con

13. la congresista Patricia Donayre, de las filas fujimoristas y coordinadora,
presentó su informe a la Comisión de Constitución (CC) luego de nueve
meses de trabajo. Quizá esto no se esperaba, pues lo que se entregó fue,
en buena cuenta, un Código Electoral con 423 artículos. Lo que siempre
había ocurrido es que se aprobaban modificaciones de alguno de los
artículos de las 14 leyes sobre elecciones y partidos políticos. Ciertamente,
el GTRE tuvo que tomar como base el texto elaborado por los organismos
electorales durante los últimos años.
El primer tema de discordia fue el factor tiempo. Si el GTRE propuso un
cronograma para discutir el informe, la CC consideró que los plazos eran muy
cortos. En realidad, hay varios plazos. Uno efectivamente a fin de mes, por
cuanto todos los cargos en el Congreso, una costumbre nociva, se cambian en
julio de cada año. Los presidentes de comisiones e integrantes pueden seguir
los planes de sus antecesores. Aquí pertenecer a un mismo partido no garantiza
la continuidad. Un segundo plazo es el referente a las elecciones regionales y
municipales del 2018. Lo propio sería no superar la fecha de la convocatoria, que
sería en febrero del 2018, lo que permitiría aprobar cualquier reforma hasta
diciembre de este año.
Un segundo problema es el referido a qué documento se toma como base para
la reforma. El GTRE sostiene que debe ser su informe. La CC ha tomado la
decisión de que este sea uno más de los que se han presentado, desde
proyectos de diversas bancadas, pasando por el de los organismos electorales
y el presentado por el Ejecutivo. La ventaja del informe es que, al presentar
un código electoral, incluye todos los temas cuyos artículos están
sistematizados con la pretensión de ser una única fuente normativa. Una
discusión de artículos parciales puede llevar a más de lo mismo. Solo tiene
sentido esto último, si es parte integrante de un plan de reforma sustentado en
acuerdos políticos estables.
Pero, finalmente, el problema es político. Toda reforma debe tener como
base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte.
Fuerza Popular no sabía -esto se ve también en otras bancadas- qué hacer
y cómo llevar adelante este encargo de tanta importancia política. Los
opositores al informe del GTRE, de la misma bancada de Fuerza Popular, lo
hicieron con tanta agresividad y desdén que daban muestra de que no quieren
la reforma. Es probable que Keiko Fujimori y sus asesores piensen que
aprobando un código pueden encontrarse con efectos no deseados y prefieren
lo malo conocido. Pero no se dan cuenta de que, contra lo que se afirma, un
código electoral beneficia a las organizaciones mejor organizadas, entre ellas,
Fuerza Popular. Pocas veces el fujimorismo ha tenido una oportunidad de
aportar institucionalmente al país. La está perdiendo.
Perú.21, el viernes 9 de junio de mayo de 2017
Hoy los partidos recibirán el financiamiento estatal
Más de S/7 millones serán transferidos por la ONPEpor el periodo enero-junio
 Fuerza Popular es el partido que más dinero obtendrá del Estado
(S/2’258,927.02).
 Le siguen PpK, Frente Ampolio, Alianza para el Progreso, Alianza
Popular, Acción Popular.

14. Finalmente la subvención estatal a los partidos políticos es una realidad. Hoy las
agrupaciones representadas en el Congreso recibirán por primera vez el
financiamiento público directo, según confirmó la ON PE (Oficina Nacional de
Procesos Electorales) a Perú21.
La transferencia a las cuentas de los partidos debía hacerse desde enero de este
año; sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) demoró la
entrega de la suma total anual solicitada por la ON PE.
Con esta decisión, Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio,
Alianza para el Progreso del Perú (Alianza Para el Progreso, Restauración
Nacional y Somos Perú), Alianza Popular (Apra, PPC y Vamos Perú) y Acción
Popular recibirán el monto acumulado de enero a junio.
En el cuadro que acompaña la nota se observa la distribución de dinero a cada
partido. En total, recibirán S/7’406,749.30.
La unión electoral Alianza para el Progreso del Perú informó a la ON PE cómo
se distribuirá la suma mensual: 50% para Alianza Para el Progreso, 25% para
Somos Perú y 25% para Restauración Nacional.
La República, el domingo 11 de junio de mayo de 2017
Martín Tanaka: ¿Los tiempos están cambiando?
Desde 2001 manejábamos un esquema que gruesamente podría enunciarse así:
caído el fujimorismo, cambiamos en cuanto a institucionalización política
democrática, pero no en cuanto a la continuidad del modelo económico, a
diferencia de países vecinos que hicieron un "giro a la izquierda". En medio de
la debilidad de los partidos, la debilidad de las fuerzas de izquierda, la fortaleza
de los "poderes fácticos", el consenso relativo entre las élites y expertos más
influyentes, grandes áreas de decisión quedaron en manos de
independientes o tecnócratas. Esta influencia nos hizo perder en cuanto a
representación; el poder de esos personajes no surge de la deliberación
política, y muchas veces se implementaron políticas contrarias a las sostenidas
durante las campañas electorales, notoriamente con los gobiernos de García y
Humala. Pero al mismo tiempo, gracias a las "islas de eficiencia" es que el país
pudo crecer y reducir la pobreza en magnitudes importantes. Esta convivencia
entre partidos sin técnicos y técnicos sin partido hizo que el país siguiera una
orientación de centro, más inclinada hacia la izquierda con Toledo, luego mucho
más hacia la derecha con García, luego nuevamente más hacia la izquierda con
Humala.
En este marco, el discurso de izquierda reapareció primero de la mano de
Humala en 2006 y 2011, y el fujimorismo de la de Keiko Fujimori desde 2006,
cuando resultó la congresista con mayor votación. Pero la izquierda no logró
imponer su programa, y el fujimorismo funcionó tanto durante el gobierno de
García como del de Humala como garantía de estabilidad del legado
económico de los noventas. Con el gobierno actual, no se esperaba que las
cosas cambiaran demasiado; es más, dada la trayectoria del presidente, era
esperable más bien la profundización de una lógica tecnocrática, y cierta
impronta reformista: los técnicos finalmente tomaban directamente el
poder, sin intermediaciones partidarias.

15. Sin embargo, muchas cosas parecen estar cambiando. Primero, el núcleo
central del consenso tecnocrático, referido al manejo macroeconómico,
está en cuestión por primera vez. Al ministro Thorne se le critica tanto
decisiones referidas al manejo del gasto y de la inversión pública, de la
recaudación, de la promoción de la inversión privada. Y el fujimorismo, antes
garante de la estabilidad económica, ahora juega con la posibilidad de una
censura del ministro por temas que no lo ameritan.
Segundo, del reformismo tecnocrático no parece quedar demasiado. Con
la censura del ministro Saavedra, la renuncia de Gisella Orjeda en Concytec, el
sector educación se muestra ahora mucho más cauto; en el sector salud, esa
cautela parece tornarse en conservadurismo, a juzgar por el cese de Edmundo
Beteta en la jefatura del Seguro Integral de Salud. En el Ministerio de la
Producción el Plan de Diversificación Productiva está abandonado.
¿En qué frentes se avanza? En general, parece haber un desplazamiento
de un manejo tecnocrático a uno más empresarial (el énfasis en el
destrabe). El único sector donde se avanza es Interior, pero también está en
riesgo. Además, la imagen de la eficiencia tecnocrática perdió brillo después
de los escándalos de Odebrecht, los problemas de Chinchero y otros.
Tercero, con el desgaste del gobierno está dándose una suerte de vaciamiento
del centro político, ya advertido por Juan Carlos Tafur. El fujimorismo muta en
populista; el conservadurismo se activa y busca formas de representación
más directas; el izquierdismo más radical se fortalece también como
opción. Y no se ve todavía quién y cómo intentará ocupar ese espacio.
La República, el jueves 8 de junio de mayo de 2017
Sinesio López: Una tenaza
Lo que se temía está llegando más rápido de lo que se esperaba: Todos los
órganos de control en manos de la mayoría naranja y todo el tinglado
sometido a los caprichos de una dictadora: KF. La mayoría fujimorista y los
organismos de control del Estado se vienen organizando como una tenazalista
para cortarle la cabeza al Ejecutivo y PPK, como Luis XVI, no se ha enterado
de que la guillotina se aproxima.
Desde hace varios años, el Apra y el fujimorismo, si no controlan, influyen
decisivamente en la Fiscalía y en la Judicatura para blindar a sus respectivos
jefes (KF y AG). En esta tarea tienen el espaldarazo de los medios
concentrados que pretenden extender el blindaje a los empresarios corruptos.
Ahora el Contralor, elegido por el humalismo, se somete a las órdenes del
fujimorismo para trabar al gobierno de PPK.
Constituyen un misterio las razones por las cuales los humalistas eligieron
Contralor al señor Alarcón, quien, en administraciones anteriores, había
formado parte del estado mayor de la Contraloría (integrado por fujimoristas
y apristas) que se dedicaba a encubrir la corrupción de los gobiernos de
turno y disfrazaban su actividad examinando a los gobiernos locales.
¿Cuáles de los grandes actos de corrupción de esos gobiernos descubrió
la Contraloría? Ninguno. Ahora se ensaña (con razón) con una adenda,
pero fue incapaz de ver varias adendas corruptas de los gobiernos
anteriores.

16. El Contralor es uno de los pocos funcionarios que más ganan en el Estado.
Su sueldo es casi tres veces más que el del Presidente de la República. Sólo el
Presidente del BCR gana como él, pero entre ellos existe una abismal diferencia
técnica, intelectual y moral. El Contralor debiera ser un profesional muy calificado
(con estudios en las mejores universidades peruanas y extranjeras) y una
persona con una moral intachable. Ahora el Contralor está desnudo. Casi nadie
lo quiere: ni el gobierno, ni los medios, ni la mayoría de los partidos, ni los
fiscales, ni la gente. ¿Lo quiere el fujimorismo? Es un peso muerto al que va a
dejar caer más temprano que tarde. Su defensa lo desgasta. Puede nombrar otro
que, teniendo su corazoncito naranja, sepa mantener al menos las formas.
El círculo se cerrará cuando el fujimorismo controle el Tribunal
Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura. El TC se
encarga de velar por la constitucionalidad de las leyes y al fujimorismo le interesa
tenerlo en sus manos porque esa institución tiene la llave de varias cárceles así
como el candado de la cárcel en la que están los congresistas fujimoristas como
rehenes de KF. Supongo que a la lideresa naranja le gustaría, además,
nombrar a sus fiscales y jueces favoritos a través del CNM.
Todo esto plantea varios problemas de fondo que es necesario discutir,
pero ahora por razones de espacio aludo sólo a dos: los límites políticos y
constitucionales de la mayoría parlamentaria en una democracia de regla
de mayoría y la legitimidad de una persona (que perdió las elecciones),
pero que está gobernando a través de una mayoría parlamentaria a la que
trata como rehén y de organismos de control estatal puestos a su servicio.
La República, el sábado 10 de junio de mayo de 2017
Eduardo Dargent: ¿Esto es todo, PPK?
Pasado el verano de huaicos, se va diluyendo la imagen de cercanía y empatía
del gobierno con la población lograda en esos meses. Se ha vuelto a las
dinámicas que caracterizaron el primer semestre del presidente Kuczynski. Es
difícil saber, tras casi un año de gobierno , cuáles serán los temas en que PPK
invertirá su capital político, cuáles quiere que sean sus legados. Un mensaje
que parecía más claro el 28 de julio se ha diluido en el ejercicio del poder.
La pregunta que queda es si este será su estilo hasta el 2021 o si habrá
sorpresas que mostrar.
Si es lo primero, son malas noticias para un país ya acostumbrado a gobiernos
que pasan sin construir plataformas de reforma. Difícil sorprenderse que un
gobierno de PPK, tan noventero en muchos sentidos, no hiciera suyas políticas
de diversificación productiva y no se entusiasme con programas sociales. Pero
algunas agendas de reforma debían tener y saber transmitirlas. Para eso se
gobierna.
De haber autocrítica al interior del gobierno. Una primera conclusión de este
año debería ser que la agenda del destrabe y la simplificación
administrativa, la marca política por la que se apostó, no entusiasmó. Nadie
discute que hay en estas reformas temas muy importantes y positivos para el
ciudadano. Pero el tema dista mucho de marcar políticamente la cancha, de
proponer un rumbo de conducción de un país e involucrar a los
ciudadanos. En momentos, además, en que mantener la aprobación

17. presidencial era clave para tener tranquila a una oposición mayoritaria. La
parte del destrabe en infraestructura, para colmo, ha venido con costos
colaterales y ha reforzado la imagen de cercanía empresarial, una de las
principales debilidades del gobierno y riesgo de acusación permanente.
Hoy cuesta responder cuáles son las reformas por las que se juega el
gobierno. La más urgente, la policial, parece en manos solo del sector. Sus
logros y avances no son parte de un discurso concertado y explotado
políticamente por el Presidente. Ahora, además, está amenazada por el
Congreso, donde el fujimorismo (para variar) es el vocero de quienes resisten
los cambios. Sin una estrategia que involucre a todo el gobierno, el proceso
puede paralizarse.
¿Y qué más? Algunas reformas del anterior gobierno que se mantienen, a mi
juicio esenciales para el desarrollo institucional, han perdido relevancia en la
agenda pública (servicio civil, por ejemplo). Y las nuevas, como el intento de
ordenar el SIS, al parecer duran poco. Hay temas interesantes en algunos
sectores, pero alejados de la discusión pública y por ello, frágiles. Ministros de
mejor evaluación y con capacidad de comunicación no son aprovechados para
construir una narrativa de gobierno que entusiasme. Resumiendo, más inercia
que cambio.
Por supuesto, no es solo un tema de voluntad. La amplia mayoría fujimorista
no ha sido solo obstruccionista en varios temas. Además, al carecer de una
agenda de reforma, ni siquiera sirve para presionar al gobierno en esa
dirección o para fiscalizar constructivamente los procesos en curso.
También hay un problema que hace más difícil construir agendas de cambio:
una televisión abierta que concentra su interés político en denuncias y
peleas. El que no haya política en la televisión no es solo consecuencia del
desinterés de la población; es también causa. ¿Usted ha visto a un ministro o
ministra hablar por más de quince minutos sobre su sector en televisión abierta,
como pasa a veces en el cable? Pero no es excusa, esa era la cancha en que
se jugaba.
Mantener este estilo no necesariamente llevará a la caída del gobierno. El peligro
del fujimorismo matón en el Congreso es una realidad, pero es también probable
que la dinámica gobierno-oposición observada este primer año se mantenga. De
continuar este rumbo, sin embargo, tendremos otro pésimo resultado: un
tránsito intrascendente por el gobierno, uno más. Y sin un horizonte claro
de reformas que permita mostrar a la población algunos logros compartidos, se
incrementa la insatisfacción, aumenta la distancia entre élites políticas y
ciudadanía, y se vuelven más atractivos los demagogos.
Diario Exitosa, el martes 13 de junio de mayo de 2017
MARISA GLAVE, ¿PRÓXIMA EXPULSADA?
 Humberto Morales remece más el Frente Amplio e insulta a Glave y afirma
que se ha ganado a pulso
su retiro de la bancada.
 La tilda de "chismosa y "mentirosa", porque cuestionó la elección del
Tribunal Disciplinario de su agrupación.
 Parlamentaria responde que seguirá alzando la voz para luchar contra la
prepotencia.

18. Los problemas al interior del Frente Amplio no cesan. Humberto Morales,
legislador de dicha bancada, insultó a su colega Marisa Glave por cuestionar la
legalidad del reglamento del partido y adelantó que será la próxima expulsada,
tras la salida del congresista Richard Arce.
Morales defendió la legalidad del estatuto puesto que, según dijo, contó con el
quórum necesario, al ser debatido en la interna y contar con la participación de
la facción de Nuevo Perú, al cual pertenece Glave.
En esa línea, expresó que "(Glave) también se ha ganado a pulso la expulsión",
pero será "el partido quien defina su situación".
La discusión surgió a partir de la expulsión de Arce, decisión tomada por el
tribunal disciplinario de la agrupación de izquierda y que Glave calificó de
prepotente.
Glave dijo que su colega de bancada, María Elena Foronda, no estuvo presente
para dar el voto dirimente necesario para lograr la mayoría simple del Frente
Amplio necesaria (11 votos) para la expulsión de Arce.
El cruce de declaraciones se encendió cuando Morales dijo que Glave "puede
decir lo que quiera. A mí me enseñó mi madre: las mujeres después de ser
chismosas, son mentirosas".
"Respondonas, chismosas, mentirosas. Así tratan a las mujeres que levantamos
la voz y cuestionamos la prepotencia. Seguiremos haciéndolo", replicó la
congresista.
En otro tuit, la legisladora argumentó sus cuestionamientos a la elección del
tribunal disciplinario, señalando que no estuvo presente María Elena Foronda
para dar el voto dirimente necesario para lograr la mayoría simple del Frente
Amplio (11 votos).
Luego, a través de un comunicado, Morales pidió disculpas "a todas las mujeres"
sin mencionar a Glave.
Marco Arana: "Terribles e inaceptables"
A través del Twitter, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, difundió las
disculpas públicas de Morales y calificó sus declaraciones como "terribles e
inaceptables". Señal de lo mucho que hay que seguir trabajando por una
sociedad y una cultura más igualitaria, antisexista y sin discriminaciones",
escribió también el ex sacerdote.
La República, el martes 13 de junio de mayo de 2017
Nelson Manrique: Vientos de ruptura en la izquierda
Aparentemente la ruptura del Frente Amplio es inevitable por sus
contradicciones internas. En realidad las contradicciones no debieran sorprender
a nadie. Como su nombre lo dice, el FA fue concebido como una agrupación
integrada por organizaciones políticas y militantes independientes. Es normal
que haya diferencias entre sus integrantes, que estas se reconozcan y que
exista mecanismos aprobados por consenso para solucionarlas.
Allí comenzaron los problemas. Tierra y Libertad, la organización de Marco
Arana, que había aportado la inscripción legal para participar en las elecciones,
se negó a abrir el padrón del Frente Amplio para que pudieran inscribirse
todos los activistas que trabajaron para sacar adelante el proyecto. Esto

19. convertía al FA en una organización de propiedad de TyL, excluyendo a
todos los demás. En un ambiente cada vez más enrarecido, el Movimiento
Nuevo Perú, cuya líder más visible es Verónica Mendoza, decidió buscar su
propia inscripción electoral.
Es normal que un frente político funcione con dos o más organizaciones con
inscripción propia: el Frente Amplio de Uruguay tiene cinco. Pero se hizo
evidente un manejo de TyL que tenía como objetivo apropiarse de todo lo
logrado por millones de peruanos que trabajaron arduamente por el FA,
logrando una bancada de 20 parlamentarios, la segunda en importancia, solo
superada por el fujimorismo. Los militantes de TyL, que inicialmente invitaban a
los de MNP a buscar su propia inscripción, los acusaron de "deslealtad" cuando
comenzaron a buscar firmas. Así, la bancada se dividió en dos grupos: 11
parlamentarios que se alineaban con TyL y 9 con Nuevo Perú. Arana fue
nombrado vocero de la bancada.
Militantes de TyL alegan que sus votos lograron esta representación
parlamentaria, lo cual es absurdo: su líder, Marco Arana obtuvo en Cajamarca -
la región donde mayor respaldo tiene- 8,500 votos, muy por debajo de los
candidatos de la agrupación de Gregorio Santos, cuyos 5 primeros candidatos
obtuvieron 20 mil votos y más cada uno. Arana llegó a parlamentario
imponiéndose por 53 votos de diferencia sobre otro militante de su propia
organización, que aún sigue alegando que le robaron la elección en mesa.
Mientras tanto, Verónica Mendoza obtuvo cerca de 3 millones de votos. Sobran
comentarios.
Así llegamos a la crisis presente. En octubre del año pasado los congresistas
integrantes de MNP propusieron que se definiera por consenso reglas de
convivencia y se aprobara un reglamento interno que garantizara el
funcionamiento democrático de la bancada. Con TyL acordaron que se crearía
un grupo de trabajo para elaborar un reglamento de consenso y aprobaron
el acuerdo de que solo podría expulsarse o suspenderse a un miembro de la
bancada con el voto de 3/4 partes de los integrantes: 15 votos. Así que se aprobó
la ley impulsada por el fujimorismo contra la creación de nuevas bancadas en el
Congreso, Arana se desentendió del acuerdo y procedió a imponer sus
decisiones unilateralmente, a pesar de que la condición de vocero no lo convierte
en líder de la bancada.
Cuando Oracio Pacori abandonó TyL y se pasó al MNP los dos bloques
pasaron a tener 10 integrantes cada uno y TyL perdió la mayoría. Intenta
ahora recuperarla expulsando a un parlamentario de MNP, Richard Arce, y
para eso Marco Arana y su grupo de congresistas han aprobado unilateralmente
un reglamento interno de la bancada, que no cuenta con la mayoría de la mitad
más uno requerido por el reglamento del Congreso. Ahora negocia el respaldo
de la bancada fujimorista para imponer este reglamento ilegal. Existen
antecedentes: un acuerdo de Arana con los fujimoristas, cuestionado por el MNP,
logró que estos pusieran a Jorge Castro, un parlamentario de su grupo, como
vicepresidente de la comisión Lava Jato a cambio del voto que le entregó al
fujimorista Víctor Albrecht la presidencia de la comisión. Meses después Albrecht
se vio obligado a renunciar, por estar involucrado en el escándalo que la
comisión que presidía precisamente debía investigar.
Los conflictos hasta aquí son políticos. Pero se trasgrede una barrera ética
infranqueable cuando se monta una innoble campaña de ataques a los
adversarios que ha llegado hasta la inaceptable barbaridad de que una

20. trabajadora sexual simpatizante de Arana acuse a Marisa Glave de "prostituta"
en las redes sociales, siendo entusiastamente respaldada por activistas del
mismo grupo. Marco Arana haría bien en ejercer docencia política poniendo
orden en sus filas. Marisa Glave en mi opinión personal es la mejor congresista
de este Congreso y asumo el insulto contra ella como personal. Admiro el coraje
de Marisa, su honradez, su capacidad política y su coherencia personal. No está
de más recordar que es la congresista más votada de la izquierda.
POBREZA Y DESARROLLO
Perú.21, el jueves 8 de junio de mayo de 2017
Luis Davelouis: ¿A cuánto el tarro?
El Grupo Gloria, como muchas otras empresas grandes en el Perú, tiene una
clara posición de dominio. Su tamaño e influencia les confiere privilegios
negados para cualquier otra empresa de menor "calado". Es decir, no se me
ocurre que el Estado peruano le entregue tierras con riego asegurado gracias a
subsidios al dueño del Pollos Hilton, por ejemplo. Pero a Odebrecht sí, a Gloria
sí. Como quien tira la piedra y esconde la mano (y se pone a la moda), pienso:
Olmos ;-).
Esto pasa porque el mercado tiene serias limitaciones en nuestro país y con
el cuento de que se las arregla mejor solo, la calidad, autonomía, alcance y
efectividad de la regulación y de los organismos reguladores son insuficientes. Y
entonces tienes empresas que son demasiado grandes como para
sancionar adecuadamente sin generar un problema social o, peor, empresas
frente a las cuales tenemos un Estado Grafiti.
Si Gloria cotizara en la bolsa de Nueva York, el día de la noticia de Pura Vida en
Panamá seguramente el precio de su acción se hubiera desplomado junto al
valor de la empresa. Su costo de endeudamiento se hubiera disparado, le
hubieran clavado un class action en EE.UU. y le costaría un mundanal de plata
solucionar el "malentendido". Pero no en el Perú: aquí los bancos le seguirán
prestando plata a la misma tasa mientras mantenga gordos sus estados de
cuenta vendiendo lo que sea que venda como sea que quiera llamarlo.
Los defensores del mercado libérrimo deberían recordar que estos casos
no son ni pocos ni rebuscados sino más bien muchísimos y cotidianos. Y
deberían recordar, también, que cuando dicen que los actores del mercado
delinquen porque la regulación es deficiente; están diciendo que si te violan es
por haberte puesto minifalda en vez de pantalón.
Diario UNO, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Carlos Monge: Grupo Gloria: Abusando de consumidores y productores

21. En Cajamarca están 7 de los 20 distritos de mayor pobreza y Cajamarca es la
tercera región más pobre del país. La mayor parte de su población es rural, se
dedica a las actividades agropecuarias y a servicios asociados al campo, y tiene
menos de 5 has.
Además, Cajamarca es una de las cuatro regiones con menor presencia del
Estado, presentando algunos de los peores indicadores de educación y salud del
país. De hecho, cerca de la mitad de sus productores agropecuarios apenas
tiene educación primaria o ni siquiera ha accedido a la escuela.
¿Y qué tiene todo esto que ver con el Grupo Gloria, hoy en el centro del
debate público por engañar a los consumidores sobre el real contenido de su
producto Pura Vida? Pues mucho.
Resulta que más de la mitad de esos empobrecidos y poco educados
pequeños productores agropecuarios cajamarquinos cría ganado vacuno
para la venta de leche. Y resulta que dos grandes empresas (Nestle y
Gloria) compran el 75% de esa leche. Es decir, una parte importante de la
pobreza de Cajamarca tiene que ver con el control oligopólico de dos
grandes grupos económicos sobre el negocio de la leche.
Estamos entonces frente a una empresa -Gloria- que no solamente engaña a
sus consumidores sobre el contenido de sus productos, sino que también paga
poquísimo a los productores que la abastecen. Es decir, estamos frente a
un modelo de acumulación oligopólica que empobrece a los pequeños
productores y estafa a los consumidores.
La respuesta no puede limitarse a sancionar a Gloria y los funcionarios que
dejaron pasar este engaño, ni a fortalecer a las instituciones encargadas de
impedirlos. La respuesta tiene que incluir el cuestionamiento a este control
oligopólico del mercado y el fortalecimiento organizativo y empresarial de
los pequeños productores para que puedan negociar mejores términos en
esta relación, o explorar el mercado por su propia cuenta.
¿Hará esto un PPK siempre amigo de las grandes empresas? ¿Hará esto una
Keiko beneficiaria de los aportes financieros del Grupo Gloria? No parece. Es
tarea pendiente para otro gobierno, nuevo y diferente.
Perú.21, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Carolina Trivelli: Alimentación para crecer
Los debates sobre el consumo de leche y sus sustitutos han puesto en evidencia
que comemos sin saber lo que comemos, y que damos a nuestros niños
alimentos sin saber bien por qué. La figurita de las etiquetas vale más que la
explicación en letra chiquita en la comida industrializada.
Pero no es tema solo de etiquetas. Nos alimentamos mal. No es que falten
alimentos, es que comemos sin evaluar las consecuencias (en la salud).
Sea por desconocimiento o por sesgos producto de la publicidad,
comodidad, moda, etc.
La evidencia de que estamos mal es contundente. La anemia en niños
menores de 3 años no baja (43%, según Endes 2016), a pesar de que casi el
30% de niños consume suplemento de hierro. El sobrepeso y la obesidad en
la población adulta es preocupante. Hoy, según Endes 2016, 1 de cada 3

22. adultos tiene sobrepeso y 18% obesidad. Solo 11% consume las frutas y
verduras recomendadas.
Las consecuencias las pagamos todos. El sistema de salud enfrenta enormes
retos para atender las enfermedades derivadas de la mala alimentación, y los
niños mal alimentados crecerán y serán una generación con más restricciones
para desarrollarse.
Esto exige una política de alimentación efectiva. Es posible lograrlo. La
desnutrición crónica infantil cayó de 28% a 13% en 10 años porque
acordamos como país un plan de calidad, efectivo, articulado, y que
sostuvimos en el tiempo. Urge lograr lo mismo con un plan mayor a favor
de una alimentación saludable. La industria, las modas y la publicidad deberán
sumarse a ello.
Perú.21, el viernes 9 de junio de mayo de 2017
Santiago Pedraglio: ¿Y quién nos protege sin regulación?
En días recientes se han visto serias anomalías que perjudican al ciudadano
como consumidor, productor y, finalmente, como persona. Desde Panamá llegó
la noticia de que Gloria se verá obligada a cambiar el etiquetado de Pura Vida,
porque la vaca allí impresa genera confusión sobre su contenido. Hecha la
denuncia, recién los organismos reguladores en el Perú levantaron su voz.
A los pocos días, la directora de Certificaciones y Autorizaciones de Digesa
reconoció que esta entidad modificó equivocadamente, en 2015, la
denominación del contenido del referido producto de "lácteo" a "leche" (¡!).
En otro ámbito, Samuel Gleiser anuncia que "a la industria textil la puedes
declarar muerta desde ahora". Gleiser hace planteos concretos sobre la trágica
situación de un sector productivo clave y de alta absorción de mano de obra: "La
primera medida tiene que ser el control del negocio ilegal, porque (…) lo que a
EE.UU. los chinos le venden a US$6 dólares, al Perú le venden a US$0.60" (La
República, 8.6.17). ¿Y los reguladores?
Paralelamente, no cesa de haber muertos y heridos en las carreteras y calles.
¿Alguien se acuerda de la política de Tolerancia Cero? ¿En qué quedó? Porque,
según informa el Ministerio del Interior, entre 2011 y 2015, es decir, en solo cinco
años, murieron más de 15 mil personas en accidentes. ¿Y el Ministerio de
Transportes? ¿Y los órganos reguladores? ¿Y el brutal déficit de infraestructura
vial?
A todo esto hay que sumarle una denuncia de Héctor Plate, presidente del
Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, que afecta también a los
consumidores: "Pese a que el precio del gas licuado de petróleo bajó en 23%
en lo que va del año, el del balón de gas se elevó en 0.7 por ciento" (RPP,
8.6.2017). ¿Y el organismo regulador? Viendo -y viviendo- el constante atropello
anticonsumidor y anticiudadano, ¿alguien puede extrañarse del alto porcentaje
de peruanos (Datum: 45.8%) que exigen una mayor y mejor presencia del
Estado?
Perú.21, el sábado 10 de junio de mayo de 2017

23. Disminuye la victimización y la percepción de inseguridad
 Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, revelan un ligero
avance en materia de seguridad.
 Sin embargo, especialistas consideran que aún hay mucho por trabajar,
sobre todo a nivel de comisarías y de la reforma policial.
Por César Martínez Azanza
Si solo tomamos en cuenta los resultados del último informe de seguridad
ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), veremos que
hay una ligera disminución de la percepción de inseguridad y de la victimización.
Claro, eso es lo objetivo, lo frío, lo que dicen los números, porque gran parte de
la ciudadanía, así como diversos especialistas, tienen otra opinión.
El estudio, también, ha dado cuenta de otra realidad: que los delincuentes actúan
con mayor violencia, con ferocidad y hasta son capaces de matar por un celular.
Esto se refleja en que el 10.4% de ciudadanos mayores de 15 años que fueron
víctimas de algún delito -entre noviembre 2016-abril 2017- afirmó que los
hampones portaban armas de fuego. En un anterior periodo (noviembre 2015-
abril 2016), el resultado de la encuesta -al respecto- fue 7.4%.
El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Gino Costa consideró que las
cifras de percepción de inseguridad aún son altas y que se encuentran lejos de
los objetivos que se plantearon durante la campaña presidencial. Pero cree que
en estos diez meses se ha hecho bastante.
Costa resaltó que el Ministerio del Interior -a cargo de Carlos Basombrío- ha
trabajado bien en la inteligencia, en la desarticulación de grandes bandas -
gracias a los megaoperativos- y en la implementación del programa Barrio
Seguro.
Sin embargo, señaló que aún hay mucho por hacer. Una de las tareas
pendientes, afirmó, es incrementar el patrullaje en las calles, que son el
escenario de los delitos (los más recurrentes y que generan más inseguridad).
Por su parte, Arturo Huaytalla, especialista en temas de seguridad del Instituto
de Defensa Legal (IDL), recalcó que en este periodo se ha avanzado mucho en
comparación con gestiones anteriores, sobre todo en la persecución del delito y
en "darle vuelta a la inseguridad" (que la delincuencia se sienta insegura).
No obstante, señaló que el tema pendiente es la reforma policial, que empezó
con el pase a retiro de oficiales. "La ciudadanía tiene que tener una Policía más
cerca, que resuelva sus problemas cotidianos, que capture delincuentes de su
zona y que le haga caso cuando va a hacer una denuncia", sostuvo.
Otro asunto en el que, desde su punto de vista, se ha retrocedido, es el retorno
de los agentes al cuidado de determinadas instituciones privadas.
Indicó que la reducción de la percepción de inseguridad se encuentra dentro del
margen de error y que el índice de victimización viene disminuyendo desde hace
años. "No me atrevería a decir que es un logro de esta gestión", manifestó.
Huaytalla refirió, también, que la criminalidad es cada vez más violenta, lo que
se refleja en el aumento de los homicidios, sobre todo por la presencia de la
extorsión y el sicariato.
Por su parte, el ex director de la Policía Nacional, general PNP (r) Luis Montoya,
sostuvo que esta gestión tiene poco que mostrar. Criticó la baja de policías,
indicó que el terrorismo está avanzando, que la guerra contra el narcotráfico se
está perdiendo, que los delincuentes caminan solos por las calles -sin nadie que

24. se les enfrente- y que muchas de las políticas que se aplican vienen de gestiones
anteriores.
Por último, Leonardo Caparrós, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del
Interior, dijo que la percepción de inseguridad no ha variado pero que hubo una
baja en la victimización.
Resaltó que un reto por cumplir es lo que ha denominado "la revolución de las
comisarías". Esto implica más presencia policial en las calles.
ANÁLISIS
Ricardo Valdés, viceministro del Interior:"Crece la confianza en la PNP"
Estamos trabajando en muchas líneas en paralelo. Estamos apoyando
internamente a la Policía, estamos generando herramientas para prevenir el
delito, hemos fortalecido las comisarías. Nosotros encontramos 38 mil agentes
en las comisarías, ahora tenemos 44 mil. En julio vamos a sacar seis mil policías
más para fortalecer la seguridad. Venimos realizando megaoperativos,
fortalecimos el sistema de recompensas, iniciamos Barrio Seguro.
Todo esto está llevando a que la curva (de victimización y de percepción de
inseguridad) esté disminuyendo. No consideramos que el incremento de
denuncias sea malo. Eso quiere decir que la confianza en la PNP está creciendo.
Queremos incrementar las denuncias, porque son importantes para elaborar el
mapa del delito.
Es difícil bajar la percepción de inseguridad porque intervienen varios factores.
Si vemos la TV, ojeamos los periódicos o si algún familiar ha sido víctima de un
delito, todo eso contribuye. La difusión de las imágenes que captan las cámaras
de seguridad hace que el público se sienta vulnerable.
El Comercio, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
Los menores a las aulas. Día Mundial contra el Trabajo Infantil
 Cerca de 2 millones de niños y adolescentes trabajan en el Perú, la
mayoría en Huancavelica, Cajamarca y Cusco.
 Desde el 2012 unos 2.700 menores dejaron de laborar en las calles
gracias al MIMP.
 El Mintra inició la implementación de la Estrategia Nacional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Por Lourdes Fernández Calvo
Vendiendo golosinas en medio de los autos, haciendo de cobradores en las
combis, trabajando en ladrilleras y reciclando la basura. Estas son algunas de
las actividades económicas (la mayoría peligrosas) que realiza el 26,1% de los
niños y adolescentes del país (1’974.400).
De ellos, el 52% labora en el área rural, mientras que el 16% lo hace en el área
urbana, según el último estudio que midió esta realidad en el 2015 (la Segunda
Encuesta Nacional Especializada en Trabajo Infantil del INEI).
"Los niños en el Perú trabajan más en actividades agrícolas, en las huertas de
la familia, y lo hacen con el consentimiento de los padres", asegura Edgardo
Balbín, representante del Ministerio de Trabajo (Mintra). Esta situación, refiere,
se registra con mayor frecuencia en Huancavelica, Cajamarca y Cusco.
Sin estudios

25. Además de exponerse a peligros, los menores de edad se ven afectados por las
largas horas de trabajo (14 a la semana) y no dedican el tiempo necesario a los
estudios. Muchos de ellos repiten el año escolar o abandonan el colegio. "En
Huánuco encontramos casos en que los niños trabajaban muy temprano antes
de asistir al colegio", precisa Balbín.
Para Elizabeth Galdo, directora de la Fundación Telefónica, la deserción escolar
es la consecuencia más preocupante que desencadena el trabajo infantil.
Según un estudio realizado por la fundación en el 2015, un adulto promedio con
instrucción primaria recibe un sueldo de S/600; y uno que termina secundaria,
una remuneración de S/1.131. "La educación es la principal herramienta para
combatir el trabajo infantil", señala. En esa línea, la fundación ha brindado
talleres educativos a 45 mil niños en situación vulnerable en todo el país y ha
realizado campañas de sensibilización a los padres de familia sobre la
explotación infantil.
¿Y el Estado?
Hoy que se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil cabe preguntarse
cuál ha sido el trabajo del Estado. En el 2012, el Mintra inició la implementación
de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
al 2021. El ministerio puso en ejecución el proyecto Semilla en Huancavelica,
Junín y Cerro de Pasco. En su primera etapa, precisa Balbín, se benefició a seis
mil niños que se dedicaban a trabajar. "Mejoramos la producción de sus familias
en las zonas rurales para que tengan mejores ingresos económicos y los niños
no tengan que trabajar", indica.
Además, dice, se les da talleres de aceleración educativa para que los menores
no se retrasen en el colegio. La segunda etapa del proyecto, en la que se
evaluarán los resultados obtenidos en esas tres regiones, ya está en marcha y
servirá para elaborar políticas públicas contra el trabajo infantil.
Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), aseguran que
se ha priorizado el rescate de los menores que trabajan en las calles a través del
programa Yachay.
Según el director de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP, Javier Ruiz-
Eldredge Vargas, en el 2016 se atendió a 7.228 menores de edad, unos 1.400
niños más que en el 2015. Gracias a los talleres de labores técnicas y charlas de
sensibilización, unos 5.667 redujeron sus jornadas laborales. Según el
funcionario, desde el inicio del programa en el 2012, 2.696 menores dejaron las
calles. "Lo ideal es que ningún niño trabaje, pero estamos avanzando", comenta
el funcionario.
Dato
1’274.100 niños realizaron trabajos peligrosos. De estos, 71.800 (5,6%)
desarrollaron trabajos forzosos, según la encuesta del INEI del 2015.
VERDAD Y RECONCILIACIÓN
El Comercio, el jueves 8 de junio de mayo de 2017

26. Iris Jave: La distancia que nos separa
docente e investigadora de la PUCP
La muerte de cuatro soldados en la playa Marbella mientras realizaban una
práctica militar el viernes pasado coloca en la agenda pública la necesidad de
revisar la formación que se viene impartiendo en los institutos armados donde,
al parecer, existe un mundo paralelo a la sociedad en que vivimos. La muerte
absurda y lamentable de Miguel Ángel, Percy, Bryan y Edison, quienes perdieron
la vida ahogados durante una salida militar, produce indignación y demanda
justicia para sancionar a los responsables. Pero ¿por qué ocurren estos hechos?
¿Qué razones, normas o prácticas concurren entre militares que permiten
prácticas inhumanas para demostrar su fortaleza?
Existe una cultura privada -y casi endogámica- en las FuerzasArmadas que
genera una serie de prácticas sociales, normas de convivencia y actitudes ante
la vida. Esto abarca desde una cultura jerárquica que impone orden y disciplina
para la convivencia social (y que en el pasado reciente toleró o permitió
violaciones a los derechos humanos y un trato discriminatorio hacia las víctimas)
hasta una cultura machista que configura un tipo de militar, hombre, con una
fortaleza extraordinaria que debe probarse siempre ante los demás (ciudadanos
comunes y corrientes que no están ‘preparados’ para tremendo desafío).
La cultura educativa de los institutos armados exacerba el machismo entre
jóvenes que apenas han definido sus identidades en el mundo familiar y que
rápidamente pasan a ser cobijados por una formación que privilegia la disciplina
y el autoritarismo por sobre los principios básicos de convivencia social y
ciudadana. Es en los cuarteles militares donde estas prácticas ‘privadas’ aún
tienen lugar y en ocasiones llegan al maltrato físico o psicológico.
En el 2016, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo denunció el caso de Norio
Jesús Huani Paima, quien sufrió maltrato físico durante el desarrollo de sus
actividades en la Base Naval de Iquitos, donde cumplía el servicio militar
voluntario. Estos hechos extremos inoculan un sentido de mayor distancia
entre la sociedad y los militares, como si se tratara de mundos lejanos cuando
en realidad son instituciones estatales cuya función también pasa por generar
sentidos de pertenencia a un mismo espacio en el que todos somos ciudadanos.
El ministro de Defensa ha señalado la necesidad de investigar y sancionar a los
responsables de la muerte de los jóvenes soldados en Marbella y de permitir la
investigación de la fiscalía. Esto ya es un avance en una institución que antes se
consideró tutelar en términos políticos, y hoy pretende mantenerse en una esfera
privada que impide una relación cercana y transparente con el resto de la
sociedad.
El Perú es uno de los pocos países en América Latina que aún mantienen
complejos de vivienda y colegios destinados solo a militares y sus familias.
Justamente desde la educación, el espacio básico de formación de ciudadanía,
sería más conveniente construir relaciones entre civiles y militares de manera
equitativa y buscando reconocimiento en ambos sectores, sin necesidad de
marcar distancias ni jerarquías. La muerte de estos cuatro jóvenes soldados
debe servir para llamar la atención sobre la necesidad de repensar la formación
que se viene impartiendo en los institutos armados no solo como un espacio
militar sino humano y cívico.
"Nuestros muchachos tienen que ser entrenados, exigidos, pero cuidados", ha
dicho el ministro de Defensa. Nuestros muchachos en las Fuerzas Armadas

27. merecen recibir una mejor formación en los institutos armados. Una formación
basada en valores cívicos que les permita ejercer la ciudadanía como
estudiantes y como soldados, conociendo sus derechos y valorando su condición
de personas y de ciudadanos por sobre todo.
La República, el lunes 12 de junio de mayo de 2017
En juicio a militares por violencia sexual maltratan a víctimas
 El registro único de víctimas tiene inscritas a 4,657 mujeres violentadas
en años de lucha contrasubversiva.
 Solo 22 casos están en investigación, entre ellos Manta y Vilca.
Por Elizabeth Prado
Nueve mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca que
fueron víctimas de violación sexual durante los años del conflicto armado han
decidido denunciar a los militares que cometieron este hecho infame hace más
de 30 años. Sin embargo, el trato que están recibiendo del colegiado B
reconstituido de la Sala Penal Nacional ha sido cuestionado y pondría en duda
el conocimiento que tienen los magistrados sobre los estándares internacionales
de derechos humanos.
Víctimas dos veces
En Huancayo, donde se les tomó sus declaraciones, una de las víctimas relató
que dos soldados llegaron a su choza ubicada en la falda de un cerro donde
cuidaba a sus animales. Uno de ellos se quedó afuera. El que entró estaba
armado, y uniformado. Este la violó. Ella contó que gritaba, pero no había nadie
en ese paraje.
Cuando culminó su relato la presidenta del tribunal le preguntó hasta qué hora
se quedó el militar que la violó. La víctima respondió que estuvo toda la noche.
Fue entonces que la magistrada le preguntó por qué no había escapado y por
qué permitió que el militar haya permanecido toda la noche con ella.
Este hecho fue corroborado por el abogado Juan José Quispe, quien patrocina
a seis de las nueve denunciantes.
"Estas preguntas revelan un desconocimiento sobre el contexto en que
sucedieron los hechos, ya que en esos años de lucha antisubversiva los militares
tenían autoridad sobre las comunidades y nadie se atrevía a objetar sus actos.
Este tipo de preguntas terminan por angustiarlas y revictimizarlas", señaló el
asesor legal de IDL.
El tribunal también ha decidido llevar el proceso en estricta reserva, lo cual
favorecería a los victimarios. Además está incumpliendo una disposiciónque dio
para que las víctimas tengan apoyo psicológico durante todo el proceso judicial.
"Asimismo, se está vulnerando el derecho a declarar de manera libre cuando
admite que las víctimas declaren en presencia de sus transgresores, lo cual las
limita y hace que revivan lo que les ocurrió", advierte el abogado.
Más casos, más silencios
El registro nacional de víctimas tiene inscritas hasta abril último a 4,657 víctimas
de violación sexual. De este número, solo 22 casos están en investigación fiscal
o proceso judicial. Los demás se desconocen, como es el caso de unas mujeres
del Poblado Menor de Quinrapa, en la provincia ayacuchana de Huanta, quienes

28. fueron violadas en el cuartel de Castropampa cuando estuvieron detenidas en
1988.
Isabel Rodríguez Chipana contó que eran parte de un grupo de 18 personas,
entre hombres y mujeres. A ellas las separaron de los hombres y las vejaron.
Después de cinco días las liberaron.
Sin embargo, la mayoría no lo cuenta y hasta niegan haber sido víctimas de
agresión sexual. Lo hacen por vergüenza y por la marginación de que son objeto
en sus propias comunidades.
Jesús Gálvez Ruiz, uno de los detenidos que fue torturado aquella vez, explica
este silencio: "La mujer violada no puede contar porque el esposo no va aceptar
lo que le ha pasado. No va entender que fue un hecho forzado y procede a
culparla. Cuando se entera que su pareja fue violada, él la abandona, se va",
dice sobre el estigma que ellas llevan.
Hay que evitar que ellas pasen a ser víctimas de un proceso
Sobre el tratamiento judicial que se debe dar a estos casos, la abogada penalista
Rosa Mavila señaló que se requiere tener en cuenta el contexto en que ocurrió
el delito sexual y sobre esa base hacer un interrogatorio cuidadoso para evitar
que estas mujeres pasen a ser víctimas de un proceso.
"En victimología sabemos que hay la victimización primaria, la conducta
agresiva; la secundaria, la de los operadores de justicia; y la terciaria, que es la
presión social. En este caso la victimización secundaria proviene de la no
comprensión del contexto en que ocurrió el delito sexual, y se da por hecho la
tesis del consentimiento de la víctima.
"Creo que la judicatura debe mantener el cuidado, la diligencia debida y la
experticia victimológica que el caso requiere", sostuvo Mavila.