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JULIO 2017
Jefatura de Gabinete de Ministros
UNA VIVIENDA
PARA CADA FAMILIA
CARTA
DE JEFATURA
DE GABINETE
En diciembre de 2015, el Gobierno nacional encontró que el 28% de las familias
argentinas tenían problemas de vivienda. Faltaban 1,6 millones de casas nuevas y
otros 2,2 millones de hogares necesitaban reformas urgentes.
Por eso el Gobierno lanzó el año pasado el Plan Nacional de Vivienda, un
programa integral que ofrece una solución para los distintos ingresos de cada tipo
de familia y proyecta un Estado cada vez menos enfocado en la construcción de
viviendas y más enfocado en facilitarles a las familias el acceso a la casa propia. Es
decir, pasar de un Estado Constructor a un Estado Facilitador.
Para las familias de clase media, el corazón del plan es recuperar el crédito
hipotecario a 30 años, algo que ya está ocurriendo. En julio se entregaron 5.085
millones de pesos en créditos con cuotas similares a un alquiler, buena parte de ellos
tomados en UVA, la unidad de cuenta que se ajusta por inflación.
Para las familias que no pueden llegar por sí mismas a una hipoteca, el Gobierno
renovó y amplió el plan ProCreAr, uno de cuyos requisitos pasó a ser que el ingreso
familiar sea inferior a cuatro salarios mínimos. El plan ya no se financia con los fondos
jubilatorios sino con los bancos públicos y privados que ofrecen los créditos y el
Gobierno subsidia el capital para la compra o construcción de la primera vivienda.
Para los casos más urgentes, el Gobierno mantiene una intensa actividad de
construcción de viviendas sociales (100.000 en los próximos tres años) e integración
urbana de villas y asentamientos. Desde junio de este año se están entregando
certificados de vivienda familiar a 800.000 familias que viven en más de 4.000
barrios populares de todo el país, con el objetivo final de integrarlas a la ciudad y,
eventualmente, entregarles títulos de propiedad.
El Gobierno considera que es la primera vez en la historia del país que existe una
política de vivienda integral, que incluye soluciones para cada tipo de familia, reserva
un papel para el sector privado y entiende que una casa es más valiosa y genera
verdadera inclusión social si está insertada en su comunidad y apoyada en el acceso
a los servicios públicos y un entorno urbano sustentable.
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
UNA VIVIENDA
PARA CADA FAMILIA
1. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ARGENTINA
.01
En diciembre de 2015 hacían falta en la Argentina 1,6 millones de
viviendas nuevas. Además, había otros 2,2 millones de hogares que
necesitaban refacciones, ampliaciones o mejor infraestructura. En total,
el problema alcanzaba al 28% de las familias u hogares del país y había
crecido aceleradamente en los años anteriores, según un estudio del
Ministerio del Interior. Comparado con 2001, el déficit cuantitativo de
viviendas se había casi duplicado y el déficit cualitativo (el de las casas
que necesitan reformas) había aumentado un 38%.
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
El empeoramiento de la situación no se debió a falta de dinero público.
En todos estos años hubo un abundante financiamiento del Estado a
proyectos de vivienda social, pero se otorgaron de modo ineficiente y,
en ocasiones, con criterios políticos discrecionales y clientelares. Se
invirtió mucho pero se invirtió mal, sin planificación ni transparencia,
lo que explica en parte la persistencia y ampliación de los déficits de
Fuente: INDEC y Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Déficit Habitacional
En miles de hogares
2.500
2.000
Miles
1.500
1.000
500
1981 1991 2001 2010 2016
0
795
1190
1490
890
1595
1250
1510
1600
2200
600
Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo
.02
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
vivienda. Ante la ausencia de crédito, las familias se procuraron como
pudieron la vivienda propia, en muchos casos deficitaria y sin acceso a
los servicios básicos.
El programa más ambicioso del gobierno anterior fue el Plan ProCreAr,
lanzado en 2012. Financiado por las generaciones futuras de argentinos
a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), de la ANSES,
daba créditos a tasas subsidiadas –y negativas, por debajo de la
inflación– a familias elegidas a través de un sorteo, no siempre las que
más lo necesitaban. Entre 2012 y 2015 se entregaron alrededor de
40.000 créditos por año, menos de la mitad de los anunciados en su
momento y solo un tercio del objetivo para viviendas nuevas, porque
cerca de la mitad fue a refacciones o ampliaciones. El programa sólo
prestaba para construir viviendas sobre lote propio, y no permitía
comprar viviendas nuevas o usadas. Ahora sí se puede.
Sería injusto, de todas maneras, achacarle sólo a la última década los
problemas crónicos de la vivienda en Argentina, que hasta diciembre de
2015 acumulaba varias décadas de frustraciones y contradicciones. La
historia de la política habitacional más o menos reciente ha sido un
péndulo entre los subsidios a la oferta (constructoras, provincias) y los
subsidios a la demanda (fomento al crédito, programas de ahorro), que
nunca lograron completar su objetivo. Dos resultados visibles de estos
fracasos son los barrios a medio terminar, o que nunca entregaron
títulos de propiedad, y el colapso de los créditos hipotecarios después de
cada crisis económica, como en 1975 o 2001.
.03
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
2. EL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
Una política de vivienda integral y de largo plazo es imprescindible para
darles a las familias argentinas la posibilidad de autonomía y cimientos
firmes sobre los cuales construir sus sueños de movilidad social. El
Gobierno tiene una visión multidimensional de la pobreza: para dejar
de ser pobre, una familia necesita no sólo mayores ingresos, sino
también una mejor calidad de vida y la posibilidad cierta de sentirse
ciudadanos plenos, con derecho a ocupar, si se lo proponen, el lugar que
deseen dentro de la sociedad.
Una política de vivienda exitosa ayuda a conseguir todos estos objetivos
y, además, como muestran diversos estudios, mejora la salud, la
educación y la integración social de las familias beneficiadas y genera
más comunidad en los barrios.
Las políticas habitacionales exitosas muestran que es imposible que el
Estado construya todas las viviendas que faltan. No hay presupuesto
suficiente para ello. Si lográramos incluir en el presupuesto 60.000
millones de pesos para construir viviendas (una cifra enorme,
equivalente al presupuesto entero de la Asignación Universal por Hijo
en 2017), sólo se podrían construir algo más de 50.000 casas, muchas
menos de las que hacen falta e incluso del déficit generado cada año por
el crecimiento de la población, de alrededor del 1% anual.
Por eso cualquier política de vivienda necesita, para ser exitosa, la
contribución de todos los actores de la sociedad, incluyendo al sector
privado. En la década anterior al cambio de gobierno el sector privado
tuvo un crecimiento importante, pero no siempre bien dirigido. Creció
mucho la oferta premium, que sirvió como negocio de nicho para
ahorrar en ladrillos, pero no hubo oferta de vivienda social o de
vivienda para los sectores medios, que necesitan financiación blanda
.04
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
para facilitar su acceso. Ausente el crédito para las familias de clase
media y de menores ingresos, sólo había dos tipos de clientes: los que
tenían acceso a dólares y el Estado.
Uno de los objetivos del Gobierno, por lo tanto, es orientar el desarrollo
de los proyectos nuevos para que haya más oferta para las familias. Una
manera de lograr esto son las reformas necesarias para volver a tener
un sistema de hipotecas que sea al mismo tiempo atractivo para las
familias y sostenible en el largo plazo, que estuvo ausente durante
décadas. Y otra manera de hacerlo es reformar y ampliar la política de
subsidios, para ayudar a dar el último paso a las familias que no
califican para el crédito bancario. En ambos caminos ya empezamos a
avanzar con éxito.
De un Estado constructor a un Estado facilitador
CANTIDAD DE CASAS
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
2015
ESTADO
CONSTRUCTOR
ESTADO
FACILITADOR
.05
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
El objetivo es ir pasando de un Estado Constructor a lo que el Gobierno
llama un Estado Facilitador, al mismo tiempo que aumenta
significativamente la cantidad de viviendas. Un Estado Constructor,
como el que tuvimos en los últimos años, concentra la mayoría de sus
esfuerzos en construir viviendas por sí mismo o en transferirles fondos
a las provincias para que construyan las suyas. Es deficitario, difícil de
controlar, caro y no tiene escala. Un Estado Facilitador, en cambio,
concentra sus esfuerzos en ayudar a las familias compradoras, darle
estabilidad y profundidad al mercado hipotecario y reservar la
construcción con fines sociales para los casos más urgentes. Y en
intervenir, especialmente, en la urbanización integral de barrios
populares: llevarles la infraestructura básica que necesitan, darles el
título de propiedad de su casas y proponerles préstamos para mejorar
sus viviendas.
+ 4 SMVM*
2 A 4
SMVM
0 A 2
SMVM
Una solución para cada necesidad
CRÉDITOS
EN UVA
CRÉDITOS EN UVA
+ Pro.Cre.Ar.
(en UVA)
VIVIENDA SOCIAL
*El SMVM es el Salario Mínimo, Vital y Móvil
.06
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
Con estos principios –ofrecerle a cada familia una solución acorde a sus
posibilidades– se lanzó el año pasado el Plan Nacional de Vivienda.
Creemos que es la primera vez que hay en el país una política de
vivienda con esta mirada integral sobre el tema.
3. EL REGRESO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
En las últimas décadas, la inflación, la incertidumbre económica y la
falta de estímulo hicieron casi desaparecer el mercado hipotecario. En
2015 prácticamente no hubo crédito hipotecario en la Argentina y en el
momento del cambio de gobierno, los créditos para vivienda equivalían
a sólo 0,4% de la economía y se encontraban en clara decadencia. En
países como Chile (19%), Costa Rica (15%) y Colombia (4%), el número
era varias veces superior.
Los altos niveles de inflación y la lógica de los créditos con cuotas fijas
hicieron que sólo las familias de mayores ingresos cumplieran los
requisitos para acceder a un préstamo. Como la primera y la última
cuota debían ser iguales, las cuotas iniciales tenían que ser
suficientemente altas para compensar la pérdida de valor durante los
años de duración del préstamo. Y, como la cuota de un crédito estándar
debe mantener una relación de entre 25% y 30% con el ingreso, los
ingresos necesarios al inicio se hicieron cada vez más altos.
Para enfrentar este problema, en abril de 2016 el Banco Central creó la
Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un sistema que representa un
cambio radical en el sistema financiero argentino y que tiene dos
grandes impactos inmediatos: por un lado, reduce sustancialmente el
monto de las cuotas (hasta asemejarlas a un alquiler) y, por ende,
amplía el universo de la población que puede acceder al sistema. Con el
.07
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
régimen anterior, sólo 2% de las familias tenían ingresos como para
pedir un crédito. Con la UVA puede hacerlo el 60%, según estimaciones
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El concepto central detrás de los créditos medidos en UVA es que las
cuotas y el capital se ajustan todos los meses por inflación. De esta
manera, la tasa de interés de un crédito en UVA se define como UVA
más, por ejemplo, 4,5% anual. Como los bancos ya no tienen que
calcular la pérdida de valor a futuro, porque la inflación está
Nota: La diferencia entre ambos conceptos son los
préstamos hipotecarios obtenidos por las empresas o
para refacciones y ampliaciones.
0,39%
0,77%
2016 2017
Evolución del crédito hipotecario
2000-2017
4,5%
4,0%
3,60%
4,11%
2,14%
2,44%
1,05% 1,12%
1,74%
1,70%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2004200220012000 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 20152010
Crédito Hipotecario %PBICrédito Hipotecario para Vivienva %PBI
Fuente: INDEC, BCRA
Ene F M F MA AM J J A S O N D Ene
6.000
5.000
4.000
3.500
2.000
1000
0
16 17
278
119
306
125
307
114
409
126
494
109
427
131
468
192
698
309
699
222
794
1.158
339
458
1.798
646
1.180 1.257
1.676 1.513
431 440
753
687
M
2.377
830
J
2.403
1.335
J
3.616
1.469
.08
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
contemplada en actualización del capital, pueden bajar la cuota inicial y
alargar los plazos. Los bancos públicos (y cada vez más los privados) ya
están ofreciendo créditos hipotecarios a 30 años, algo prácticamente
inédito en la historia crediticia argentina. Esquemas de crédito similares
a la UVA existen en Chile desde 1967, en Bolivia desde 2001 y en
Uruguay desde 2002.
La aparición de la UVA, el proceso de desinflación y la salida del default
del Estado Nacional están generando una explosión del crédito
hipotecario como no se veía desde hace por lo menos 20 años. En julio
se entregaron créditos hipotecarios por 5.085 millones de pesos, diez
veces más que en el momento del cambio de gobierno. Casi tres de cada
Préstamos hipotecarios otorgados a las familias.
Millones de pesos
Nación + Pcia. + Ciudad Resto de bancos
Fuente: Banco Central
.09
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
cuatro de estos nuevos créditos están denominados en UVA. Esperamos
cerrar el 2017 con más de 50.000 préstamos otorgados.
El Ministerio de Finanzas está trabajando para expandir las fuentes de
financiamiento de largo plazo del sistema bancario para asegurar un
crecimiento sostenible. El objetivo para 2018 es llegar a los 100.000
nuevos préstamos (equivalente al 1% del PBI), duplicando el volumen
proyectado para 2017.
4. EL NUEVO PROCREAR
El nuevo diseño del Plan ProCreAr muestra cómo el impulso al mercado
hipotecario, complementado con la participación y el foco del Estado,
puede reforzar la ayuda a las familias que más lo necesitan. Las
diferencias principales entre el ProCreAr original, lanzado en 2012, y la
nueva versión, lanzada en 2016, son cuatro: 1) antes no había criterios
fijos sobre ingresos, ahora el plan está enfocado en las familias que
ganan entre dos y cuatro salarios mínimos por mes (actualmente, entre
17.700 pesos y 35.400 pesos), 2) antes se decidían por sorteo las familias
beneficiadas, ahora se estableció un sistema de puntaje, 3) antes se
subsidiaba la tasa, que era fija; ahora se subsidia el capital y la tasa está
en UVA, y 4) antes aportaban el financiamiento el Tesoro y el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de ANSES; ahora lo aportan el Tesoro (la
parte del subsidio) y los bancos, tanto públicos como privados (la parte
del crédito). De esta manera el sistema es sostenible y progresivo.
El principal cambio en el diseño del Plan ProCreAr, motor de la
transformación que estamos llevando a cabo en cuanto al rol del
Estado en la situación habitacional, es cómo seleccionar a los
beneficiarios. El piso en dos salarios mínimos y el techo en cuatro
funciona como primer umbral para asegurar que el crédito vaya a las
.10
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
familias que realmente lo necesitan, pero sin poner en riesgo su
situación financiera, en el marco de que en el Plan Nacional de
Vivienda existe una solución para cada familia.
El viejo sistema de sorteos, efectuados por Lotería Nacional, fue
reemplazado por un puntaje asignado a cada solicitante, realizado en
base a una selección de variables socioeconómicas como la cantidad de
hijos, la edad del titular del crédito, si hay algún integrante con
discapacidad en la familia o si recibe alguna prestación de la seguridad
social. Esto permite elegir mejor los destinatarios de los créditos,
empezando por quienes más los necesitan y evitar las arbitrariedades
del sistema de sorteos que en ocasiones beneficiaba a familias de
ingresos altos. Además, el nuevo diseño incluye una lógica regional para
la asignación de los subsidios con el objetivo de darle a la política de
vivienda una visión federal y de largo plazo y evitar el crecimiento
desordenado de las zonas urbanas.
En segundo lugar, ahora son los bancos, públicos y privados, quienes
dan el crédito hipotecario, y no el propio programa. Esto fomenta la
competencia y mejora las condiciones del sistema, algo que ya está
ocurriendo. Además, ya no se subsidia la tasa de interés del crédito sino
el capital. El subsidio anterior a la tasa de interés fija tenía los mismos
problemas que en el mercado hipotecario y era regresivo.
Según el nuevo sistema, el Estado subsidia hasta hasta 400.000 pesos del
capital y la familia debe aportar al menos el 10% del valor de la
propiedad. El resto se financia con el crédito. Por ejemplo, para una casa
que vale un millón de pesos, la familia debe reunir 100.000 pesos, el
Estado aporta hasta 400.000 pesos y el crédito con el banco se hace por
los 500.000 pesos restantes.
Finalmente, los nuevos créditos de ProCreAr se brindan en UVA, lo que
permite llevar el programa a familias con menores ingresos. De hecho,
.11
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
una parte importante del éxito reciente de la UVA (alrededor del 60%)
proviene de créditos originados a través de ProCreAr.
Este año, ProCreAr otorgará 26.000 créditos hipotecarios para compra o
construcción, 8.000 créditos para viviendas en desarrollos urbanísticos
en construcción en terrenos del Estado Nacional, 100.000 microcréditos
(de 20.000 pesos, para mejoras o conexión a servicios de gas y
esperamos pronto también para agua potable y cloacas) y 4.000 “lotes
con servicios”, terrenos con infraestructura básica provistos por el
Estado a precios accesibles, a los que se les agrega un crédito
hipotecario para construir su vivienda.
Es importante destacar el liderazgo de los bancos públicos en el
desarrollo de la UVA y ProCrear en este año y medio. El Banco Nación,
por ejemplo, se sumó a ProCreAr con 30.000 millones de pesos, lo que
permitirá aumentar significativamente los créditos disponibles y
mejorar sus condiciones, con tasas de interés de UVA más 3,5% anual
para quienes son clientes del banco. Esto permitirá, por ejemplo, que
para viviendas tasadas en 1 millón de pesos puedan pagarse cuotas
iniciales de 2.500 pesos por mes (para un crédito de 30 años).
Pro.Cre.Ar. I Pro.Cre.Ar. II (nuevo)
Subsidio Vía de tasa de interés Vía capital
Por sorteo
1 Familia Beneficiada >3 Familias Beneficiadas
Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de ANSES
y Tesoro Nacional
Tesoro Nacional
y Bancos Públicos
y Privados
Por puntaje según
variables objetivas
Asignación
Fuente de
financiamiento
Con 1.000.000 de pesos
de fondos públicos
.12
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
Para comprar o construir viviendas, en el último año fueron
seleccionadas más de 130.000 familias, que ya iniciaron el proceso.
Hasta el 21 de julio se habían escriturado 4.342 viviendas, con un valor
de compra promedio superior al millón de pesos, de los cuales el Estado
aportó un promedio de 313.000 pesos por vivienda, las familias
aportaron algo menos de 150.000 pesos y el resto lo otorgaron los
bancos en créditos hipotecarios. El plazo promedio es de 17 años y las
cuotas iniciales fueron de cerca de 4.500 pesos por mes, equivalentes al
20% del ingreso promedio de los beneficiarios. Hay otras 3.000
viviendas próximas a escriturar y 30.000 familias ya en el proceso de
trámite con los bancos.
5. EL ESTADO CONSTRUCTOR
Más allá de su intención de avanzar hacia un Estado Facilitador, el
Gobierno reconoce que la construcción de viviendas sociales, enfocada
en las familias con ingresos inferior a los dos salarios mínimos, todavía
es necesaria para cubrir parte del déficit habitacional. Dentro de esta
idea se enmarca la línea Vivienda Nación, del Ministerio del Interior,
que promueve y financia la construcción de viviendas. El Estado
construirá 100.000 viviendas entre 2017 y 2019, uno de los niveles más
altos de las últimas décadas. Para elegir dónde hacerlo, se están
priorizando a las provincias del norte del país, dentro del marco del
Plan Belgrano. En estas diez provincias vive el 22% de la población pero
recibirán más del 40% de las viviendas iniciadas en este año.
Aun así, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda está tomando
diversas medidas para mejorar la transparencia y la justicia del proceso
.13
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
Construcción de vivienda social 2017
2.656
2.413
4.402
3.479
3.523
4.036
355
373
438
526
33
87
245
184
2.612
7.547
948
822
170
636
471
443
212
212
143
25
348
7.567
3.408
2.229
86
1.592
1.0425.021
800
4.658
2.629
1.775 12.133
2.015
2.812
952
810
Viviendas en construcción
Viviendas finalizadas
Total 86.207
Plan Belgrano 35.768
.14
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
de adjudicación de los hogares, que hasta hace no mucho tiempo se
hacía sin planificación ni información sobre sus beneficiarios o como
intercambio de favores políticos. Uno de los principales avances en este
sentido es la creación del Sistema de Gestión de Beneficiarios de
Vivienda (SIGEBE), que permite administrar la información sobre los
beneficiarios de los sucesivos planes de vivienda. En septiembre, este
sistema ya estará implementado en las 24 provincias.
El Estado Nacional participa, además, de varios programas para
mejorar e integrar la infraestructura y la generación de suelo urbano y
mejorar la planificación urbana. La Subsecretaría de Hábitat y
Desarrollo Humano, enfocada en mejorar los espacios públicos de las
comunidades más pobres, tenía en julio 312 proyectos en ejecución,
con más de 11.000 cuadras peatonales, 2.400 cuadras viales y 442
espacios públicos ejecutados.
Uno de los programas más ambiciosos de todo el Gobierno Nacional es
el Registro Nacional de Barrios Populares, que comenzó el año pasado
con un relevamiento de las villas y asentamientos de todo el país. A
pesar de ser un problema que crece desde hace por lo menos 40 años y
uno de los principales desafíos sociales de la Argentina, hasta ahora
ningún Gobierno se había tomado el trabajo de medir cuántos barrios
populares existen, cuántas familias viven en ellos, qué servicios tienen y
cuáles les faltan o a qué programas acceden. El relevamiento, del que
participaron miles de censistas de organizaciones como el Barrios de
Pie, la CTEP, la CCC, Cáritas y TECHO encontró que existen 4.100 villas o
asentamientos donde viven alrededor de 800.000 familias.
El primer paso del programa fue darles a estas familias un certificado
de vivienda familiar, a través de la ANSES, para usar frente a la AFIP, las
empresas de servicios públicos o incluso dentro de sus propias
comunidades: hasta ahora no tenían ninguna prueba escrita de que las
casas donde vivían fueran suyas. Los pasos siguientes incluyen la
.15
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
progresiva urbanización de estos barrios, su integración a la trama
urbana, el mejoramiento de su infraestructura y la construcción de
comunidad. Y eventualmente, a medida que se van cumpliendo ciertos
requisitos, entregarles a las familias el título de propiedad de las casas
donde viven hace, en algunos casos, varias décadas. Para estas familias,
la formalización y la urbanización es otro camino para llegar al sueño
de la casa propia.
6. CONCLUSIÓN
Estas tres patas –crédito hipotecario para la clase media, ProCreAr para
quienes necesitan una ayuda del Estado y vivienda social para los casos
más urgentes– son el tronco de un Plan Nacional de Vivienda que se
ramifica en distintos programas específicos a medidas que acercan cada
vez más a los detalles de ejecución. Uno de estos programas, por
ejemplo, es el de los Conjuntos Urbanos Integrados (CUI), que permitirán
planificar barrios nuevos con una asignación de viviendas tanto para el
constructor privado que provea el terreno como a beneficiarios de
ProCreAr y vivienda social, con el objetivo de promover la mixtura
social. Otra manera de conectar al Estado con el sector privado son las
Asociaciones Público-Privadas, en las que una organización (un
sindicato o un club, por ejemplo) pone a disposición un terreno, el
Estado participa con financiación y el sector privado con la ejecución.
No son los únicos programas que buscan el involucramiento del sector
privado. El Gobierno sabe que el desafío de reducir el déficit
habitacional necesita del esfuerzo de los desarrolladores y las
constructoras y de ofrecerles familias compradoras listas, con los
ingresos y el crédito suficientes, para acceder a sus proyectos
residenciales. Sabemos también que el sector privado, que ejecuta tres
de cada cuatro pesos que se invierten cada año en la construcción,
comparte el diagnóstico y la urgencia del Gobierno. Una de estas
CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
muestras de confianza fue la firma, en marzo de este año, del acuerdo
entre cámaras empresarias, dirigentes gremiales y el propio Gobierno
para reactivar la construcción. En el acuerdo, el sector privado se
comprometió a construir este año 100.000 viviendas, invertir 150.000
millones de pesos y generar alrededor de 100.000 puestos de trabajo.
La mención a los puestos de trabajo no es casual. Además de darles a las
familias un techo y un refugio, una política de vivienda exitosa debe
tener en cuenta que el sector de la construcción trabajando a pleno en
sus capacidades –actualmente emplea a 430.000 personas e
informalmente a otras 800.000– se puede convertir en un importante
promotor de empleo en todo el país.
Por todos estos motivos el Gobierno considera que es la primera vez en
la historia del país que existe una política de vivienda integral y
sustentable, con soluciones para cada tipo de familia, un papel
delineado y reservado para el sector privado y con una mirada amplia,
que excede los límites de la propia casa y entiende el acceso a la
vivienda como parte de un proceso de construcción de ciudadanía,
integrada a una comunidad y apoyada en el acceso a los servicios
públicos y un entorno urbano sustentable.
.16

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Una vivienda para cada familia

  • 1. JULIO 2017 Jefatura de Gabinete de Ministros UNA VIVIENDA PARA CADA FAMILIA CARTA DE JEFATURA DE GABINETE
  • 2. En diciembre de 2015, el Gobierno nacional encontró que el 28% de las familias argentinas tenían problemas de vivienda. Faltaban 1,6 millones de casas nuevas y otros 2,2 millones de hogares necesitaban reformas urgentes. Por eso el Gobierno lanzó el año pasado el Plan Nacional de Vivienda, un programa integral que ofrece una solución para los distintos ingresos de cada tipo de familia y proyecta un Estado cada vez menos enfocado en la construcción de viviendas y más enfocado en facilitarles a las familias el acceso a la casa propia. Es decir, pasar de un Estado Constructor a un Estado Facilitador. Para las familias de clase media, el corazón del plan es recuperar el crédito hipotecario a 30 años, algo que ya está ocurriendo. En julio se entregaron 5.085 millones de pesos en créditos con cuotas similares a un alquiler, buena parte de ellos tomados en UVA, la unidad de cuenta que se ajusta por inflación. Para las familias que no pueden llegar por sí mismas a una hipoteca, el Gobierno renovó y amplió el plan ProCreAr, uno de cuyos requisitos pasó a ser que el ingreso familiar sea inferior a cuatro salarios mínimos. El plan ya no se financia con los fondos jubilatorios sino con los bancos públicos y privados que ofrecen los créditos y el Gobierno subsidia el capital para la compra o construcción de la primera vivienda. Para los casos más urgentes, el Gobierno mantiene una intensa actividad de construcción de viviendas sociales (100.000 en los próximos tres años) e integración urbana de villas y asentamientos. Desde junio de este año se están entregando certificados de vivienda familiar a 800.000 familias que viven en más de 4.000 barrios populares de todo el país, con el objetivo final de integrarlas a la ciudad y, eventualmente, entregarles títulos de propiedad. El Gobierno considera que es la primera vez en la historia del país que existe una política de vivienda integral, que incluye soluciones para cada tipo de familia, reserva un papel para el sector privado y entiende que una casa es más valiosa y genera verdadera inclusión social si está insertada en su comunidad y apoyada en el acceso a los servicios públicos y un entorno urbano sustentable. CARTA DE JEFATURA DE GABINETE UNA VIVIENDA PARA CADA FAMILIA
  • 3. 1. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ARGENTINA .01 En diciembre de 2015 hacían falta en la Argentina 1,6 millones de viviendas nuevas. Además, había otros 2,2 millones de hogares que necesitaban refacciones, ampliaciones o mejor infraestructura. En total, el problema alcanzaba al 28% de las familias u hogares del país y había crecido aceleradamente en los años anteriores, según un estudio del Ministerio del Interior. Comparado con 2001, el déficit cuantitativo de viviendas se había casi duplicado y el déficit cualitativo (el de las casas que necesitan reformas) había aumentado un 38%. CARTA DE JEFATURA DE GABINETE El empeoramiento de la situación no se debió a falta de dinero público. En todos estos años hubo un abundante financiamiento del Estado a proyectos de vivienda social, pero se otorgaron de modo ineficiente y, en ocasiones, con criterios políticos discrecionales y clientelares. Se invirtió mucho pero se invirtió mal, sin planificación ni transparencia, lo que explica en parte la persistencia y ampliación de los déficits de Fuente: INDEC y Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Déficit Habitacional En miles de hogares 2.500 2.000 Miles 1.500 1.000 500 1981 1991 2001 2010 2016 0 795 1190 1490 890 1595 1250 1510 1600 2200 600 Déficit Cuantitativo Déficit Cualitativo
  • 4. .02 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE vivienda. Ante la ausencia de crédito, las familias se procuraron como pudieron la vivienda propia, en muchos casos deficitaria y sin acceso a los servicios básicos. El programa más ambicioso del gobierno anterior fue el Plan ProCreAr, lanzado en 2012. Financiado por las generaciones futuras de argentinos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), de la ANSES, daba créditos a tasas subsidiadas –y negativas, por debajo de la inflación– a familias elegidas a través de un sorteo, no siempre las que más lo necesitaban. Entre 2012 y 2015 se entregaron alrededor de 40.000 créditos por año, menos de la mitad de los anunciados en su momento y solo un tercio del objetivo para viviendas nuevas, porque cerca de la mitad fue a refacciones o ampliaciones. El programa sólo prestaba para construir viviendas sobre lote propio, y no permitía comprar viviendas nuevas o usadas. Ahora sí se puede. Sería injusto, de todas maneras, achacarle sólo a la última década los problemas crónicos de la vivienda en Argentina, que hasta diciembre de 2015 acumulaba varias décadas de frustraciones y contradicciones. La historia de la política habitacional más o menos reciente ha sido un péndulo entre los subsidios a la oferta (constructoras, provincias) y los subsidios a la demanda (fomento al crédito, programas de ahorro), que nunca lograron completar su objetivo. Dos resultados visibles de estos fracasos son los barrios a medio terminar, o que nunca entregaron títulos de propiedad, y el colapso de los créditos hipotecarios después de cada crisis económica, como en 1975 o 2001.
  • 5. .03 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE 2. EL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA Una política de vivienda integral y de largo plazo es imprescindible para darles a las familias argentinas la posibilidad de autonomía y cimientos firmes sobre los cuales construir sus sueños de movilidad social. El Gobierno tiene una visión multidimensional de la pobreza: para dejar de ser pobre, una familia necesita no sólo mayores ingresos, sino también una mejor calidad de vida y la posibilidad cierta de sentirse ciudadanos plenos, con derecho a ocupar, si se lo proponen, el lugar que deseen dentro de la sociedad. Una política de vivienda exitosa ayuda a conseguir todos estos objetivos y, además, como muestran diversos estudios, mejora la salud, la educación y la integración social de las familias beneficiadas y genera más comunidad en los barrios. Las políticas habitacionales exitosas muestran que es imposible que el Estado construya todas las viviendas que faltan. No hay presupuesto suficiente para ello. Si lográramos incluir en el presupuesto 60.000 millones de pesos para construir viviendas (una cifra enorme, equivalente al presupuesto entero de la Asignación Universal por Hijo en 2017), sólo se podrían construir algo más de 50.000 casas, muchas menos de las que hacen falta e incluso del déficit generado cada año por el crecimiento de la población, de alrededor del 1% anual. Por eso cualquier política de vivienda necesita, para ser exitosa, la contribución de todos los actores de la sociedad, incluyendo al sector privado. En la década anterior al cambio de gobierno el sector privado tuvo un crecimiento importante, pero no siempre bien dirigido. Creció mucho la oferta premium, que sirvió como negocio de nicho para ahorrar en ladrillos, pero no hubo oferta de vivienda social o de vivienda para los sectores medios, que necesitan financiación blanda
  • 6. .04 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE para facilitar su acceso. Ausente el crédito para las familias de clase media y de menores ingresos, sólo había dos tipos de clientes: los que tenían acceso a dólares y el Estado. Uno de los objetivos del Gobierno, por lo tanto, es orientar el desarrollo de los proyectos nuevos para que haya más oferta para las familias. Una manera de lograr esto son las reformas necesarias para volver a tener un sistema de hipotecas que sea al mismo tiempo atractivo para las familias y sostenible en el largo plazo, que estuvo ausente durante décadas. Y otra manera de hacerlo es reformar y ampliar la política de subsidios, para ayudar a dar el último paso a las familias que no califican para el crédito bancario. En ambos caminos ya empezamos a avanzar con éxito. De un Estado constructor a un Estado facilitador CANTIDAD DE CASAS PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2015 ESTADO CONSTRUCTOR ESTADO FACILITADOR
  • 7. .05 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE El objetivo es ir pasando de un Estado Constructor a lo que el Gobierno llama un Estado Facilitador, al mismo tiempo que aumenta significativamente la cantidad de viviendas. Un Estado Constructor, como el que tuvimos en los últimos años, concentra la mayoría de sus esfuerzos en construir viviendas por sí mismo o en transferirles fondos a las provincias para que construyan las suyas. Es deficitario, difícil de controlar, caro y no tiene escala. Un Estado Facilitador, en cambio, concentra sus esfuerzos en ayudar a las familias compradoras, darle estabilidad y profundidad al mercado hipotecario y reservar la construcción con fines sociales para los casos más urgentes. Y en intervenir, especialmente, en la urbanización integral de barrios populares: llevarles la infraestructura básica que necesitan, darles el título de propiedad de su casas y proponerles préstamos para mejorar sus viviendas. + 4 SMVM* 2 A 4 SMVM 0 A 2 SMVM Una solución para cada necesidad CRÉDITOS EN UVA CRÉDITOS EN UVA + Pro.Cre.Ar. (en UVA) VIVIENDA SOCIAL *El SMVM es el Salario Mínimo, Vital y Móvil
  • 8. .06 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE Con estos principios –ofrecerle a cada familia una solución acorde a sus posibilidades– se lanzó el año pasado el Plan Nacional de Vivienda. Creemos que es la primera vez que hay en el país una política de vivienda con esta mirada integral sobre el tema. 3. EL REGRESO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO En las últimas décadas, la inflación, la incertidumbre económica y la falta de estímulo hicieron casi desaparecer el mercado hipotecario. En 2015 prácticamente no hubo crédito hipotecario en la Argentina y en el momento del cambio de gobierno, los créditos para vivienda equivalían a sólo 0,4% de la economía y se encontraban en clara decadencia. En países como Chile (19%), Costa Rica (15%) y Colombia (4%), el número era varias veces superior. Los altos niveles de inflación y la lógica de los créditos con cuotas fijas hicieron que sólo las familias de mayores ingresos cumplieran los requisitos para acceder a un préstamo. Como la primera y la última cuota debían ser iguales, las cuotas iniciales tenían que ser suficientemente altas para compensar la pérdida de valor durante los años de duración del préstamo. Y, como la cuota de un crédito estándar debe mantener una relación de entre 25% y 30% con el ingreso, los ingresos necesarios al inicio se hicieron cada vez más altos. Para enfrentar este problema, en abril de 2016 el Banco Central creó la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un sistema que representa un cambio radical en el sistema financiero argentino y que tiene dos grandes impactos inmediatos: por un lado, reduce sustancialmente el monto de las cuotas (hasta asemejarlas a un alquiler) y, por ende, amplía el universo de la población que puede acceder al sistema. Con el
  • 9. .07 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE régimen anterior, sólo 2% de las familias tenían ingresos como para pedir un crédito. Con la UVA puede hacerlo el 60%, según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El concepto central detrás de los créditos medidos en UVA es que las cuotas y el capital se ajustan todos los meses por inflación. De esta manera, la tasa de interés de un crédito en UVA se define como UVA más, por ejemplo, 4,5% anual. Como los bancos ya no tienen que calcular la pérdida de valor a futuro, porque la inflación está Nota: La diferencia entre ambos conceptos son los préstamos hipotecarios obtenidos por las empresas o para refacciones y ampliaciones. 0,39% 0,77% 2016 2017 Evolución del crédito hipotecario 2000-2017 4,5% 4,0% 3,60% 4,11% 2,14% 2,44% 1,05% 1,12% 1,74% 1,70% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2004200220012000 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 20152010 Crédito Hipotecario %PBICrédito Hipotecario para Vivienva %PBI Fuente: INDEC, BCRA
  • 10. Ene F M F MA AM J J A S O N D Ene 6.000 5.000 4.000 3.500 2.000 1000 0 16 17 278 119 306 125 307 114 409 126 494 109 427 131 468 192 698 309 699 222 794 1.158 339 458 1.798 646 1.180 1.257 1.676 1.513 431 440 753 687 M 2.377 830 J 2.403 1.335 J 3.616 1.469 .08 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE contemplada en actualización del capital, pueden bajar la cuota inicial y alargar los plazos. Los bancos públicos (y cada vez más los privados) ya están ofreciendo créditos hipotecarios a 30 años, algo prácticamente inédito en la historia crediticia argentina. Esquemas de crédito similares a la UVA existen en Chile desde 1967, en Bolivia desde 2001 y en Uruguay desde 2002. La aparición de la UVA, el proceso de desinflación y la salida del default del Estado Nacional están generando una explosión del crédito hipotecario como no se veía desde hace por lo menos 20 años. En julio se entregaron créditos hipotecarios por 5.085 millones de pesos, diez veces más que en el momento del cambio de gobierno. Casi tres de cada Préstamos hipotecarios otorgados a las familias. Millones de pesos Nación + Pcia. + Ciudad Resto de bancos Fuente: Banco Central
  • 11. .09 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE cuatro de estos nuevos créditos están denominados en UVA. Esperamos cerrar el 2017 con más de 50.000 préstamos otorgados. El Ministerio de Finanzas está trabajando para expandir las fuentes de financiamiento de largo plazo del sistema bancario para asegurar un crecimiento sostenible. El objetivo para 2018 es llegar a los 100.000 nuevos préstamos (equivalente al 1% del PBI), duplicando el volumen proyectado para 2017. 4. EL NUEVO PROCREAR El nuevo diseño del Plan ProCreAr muestra cómo el impulso al mercado hipotecario, complementado con la participación y el foco del Estado, puede reforzar la ayuda a las familias que más lo necesitan. Las diferencias principales entre el ProCreAr original, lanzado en 2012, y la nueva versión, lanzada en 2016, son cuatro: 1) antes no había criterios fijos sobre ingresos, ahora el plan está enfocado en las familias que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos por mes (actualmente, entre 17.700 pesos y 35.400 pesos), 2) antes se decidían por sorteo las familias beneficiadas, ahora se estableció un sistema de puntaje, 3) antes se subsidiaba la tasa, que era fija; ahora se subsidia el capital y la tasa está en UVA, y 4) antes aportaban el financiamiento el Tesoro y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES; ahora lo aportan el Tesoro (la parte del subsidio) y los bancos, tanto públicos como privados (la parte del crédito). De esta manera el sistema es sostenible y progresivo. El principal cambio en el diseño del Plan ProCreAr, motor de la transformación que estamos llevando a cabo en cuanto al rol del Estado en la situación habitacional, es cómo seleccionar a los beneficiarios. El piso en dos salarios mínimos y el techo en cuatro funciona como primer umbral para asegurar que el crédito vaya a las
  • 12. .10 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE familias que realmente lo necesitan, pero sin poner en riesgo su situación financiera, en el marco de que en el Plan Nacional de Vivienda existe una solución para cada familia. El viejo sistema de sorteos, efectuados por Lotería Nacional, fue reemplazado por un puntaje asignado a cada solicitante, realizado en base a una selección de variables socioeconómicas como la cantidad de hijos, la edad del titular del crédito, si hay algún integrante con discapacidad en la familia o si recibe alguna prestación de la seguridad social. Esto permite elegir mejor los destinatarios de los créditos, empezando por quienes más los necesitan y evitar las arbitrariedades del sistema de sorteos que en ocasiones beneficiaba a familias de ingresos altos. Además, el nuevo diseño incluye una lógica regional para la asignación de los subsidios con el objetivo de darle a la política de vivienda una visión federal y de largo plazo y evitar el crecimiento desordenado de las zonas urbanas. En segundo lugar, ahora son los bancos, públicos y privados, quienes dan el crédito hipotecario, y no el propio programa. Esto fomenta la competencia y mejora las condiciones del sistema, algo que ya está ocurriendo. Además, ya no se subsidia la tasa de interés del crédito sino el capital. El subsidio anterior a la tasa de interés fija tenía los mismos problemas que en el mercado hipotecario y era regresivo. Según el nuevo sistema, el Estado subsidia hasta hasta 400.000 pesos del capital y la familia debe aportar al menos el 10% del valor de la propiedad. El resto se financia con el crédito. Por ejemplo, para una casa que vale un millón de pesos, la familia debe reunir 100.000 pesos, el Estado aporta hasta 400.000 pesos y el crédito con el banco se hace por los 500.000 pesos restantes. Finalmente, los nuevos créditos de ProCreAr se brindan en UVA, lo que permite llevar el programa a familias con menores ingresos. De hecho,
  • 13. .11 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE una parte importante del éxito reciente de la UVA (alrededor del 60%) proviene de créditos originados a través de ProCreAr. Este año, ProCreAr otorgará 26.000 créditos hipotecarios para compra o construcción, 8.000 créditos para viviendas en desarrollos urbanísticos en construcción en terrenos del Estado Nacional, 100.000 microcréditos (de 20.000 pesos, para mejoras o conexión a servicios de gas y esperamos pronto también para agua potable y cloacas) y 4.000 “lotes con servicios”, terrenos con infraestructura básica provistos por el Estado a precios accesibles, a los que se les agrega un crédito hipotecario para construir su vivienda. Es importante destacar el liderazgo de los bancos públicos en el desarrollo de la UVA y ProCrear en este año y medio. El Banco Nación, por ejemplo, se sumó a ProCreAr con 30.000 millones de pesos, lo que permitirá aumentar significativamente los créditos disponibles y mejorar sus condiciones, con tasas de interés de UVA más 3,5% anual para quienes son clientes del banco. Esto permitirá, por ejemplo, que para viviendas tasadas en 1 millón de pesos puedan pagarse cuotas iniciales de 2.500 pesos por mes (para un crédito de 30 años). Pro.Cre.Ar. I Pro.Cre.Ar. II (nuevo) Subsidio Vía de tasa de interés Vía capital Por sorteo 1 Familia Beneficiada >3 Familias Beneficiadas Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y Tesoro Nacional Tesoro Nacional y Bancos Públicos y Privados Por puntaje según variables objetivas Asignación Fuente de financiamiento Con 1.000.000 de pesos de fondos públicos
  • 14. .12 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE Para comprar o construir viviendas, en el último año fueron seleccionadas más de 130.000 familias, que ya iniciaron el proceso. Hasta el 21 de julio se habían escriturado 4.342 viviendas, con un valor de compra promedio superior al millón de pesos, de los cuales el Estado aportó un promedio de 313.000 pesos por vivienda, las familias aportaron algo menos de 150.000 pesos y el resto lo otorgaron los bancos en créditos hipotecarios. El plazo promedio es de 17 años y las cuotas iniciales fueron de cerca de 4.500 pesos por mes, equivalentes al 20% del ingreso promedio de los beneficiarios. Hay otras 3.000 viviendas próximas a escriturar y 30.000 familias ya en el proceso de trámite con los bancos. 5. EL ESTADO CONSTRUCTOR Más allá de su intención de avanzar hacia un Estado Facilitador, el Gobierno reconoce que la construcción de viviendas sociales, enfocada en las familias con ingresos inferior a los dos salarios mínimos, todavía es necesaria para cubrir parte del déficit habitacional. Dentro de esta idea se enmarca la línea Vivienda Nación, del Ministerio del Interior, que promueve y financia la construcción de viviendas. El Estado construirá 100.000 viviendas entre 2017 y 2019, uno de los niveles más altos de las últimas décadas. Para elegir dónde hacerlo, se están priorizando a las provincias del norte del país, dentro del marco del Plan Belgrano. En estas diez provincias vive el 22% de la población pero recibirán más del 40% de las viviendas iniciadas en este año. Aun así, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda está tomando diversas medidas para mejorar la transparencia y la justicia del proceso
  • 15. .13 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE Construcción de vivienda social 2017 2.656 2.413 4.402 3.479 3.523 4.036 355 373 438 526 33 87 245 184 2.612 7.547 948 822 170 636 471 443 212 212 143 25 348 7.567 3.408 2.229 86 1.592 1.0425.021 800 4.658 2.629 1.775 12.133 2.015 2.812 952 810 Viviendas en construcción Viviendas finalizadas Total 86.207 Plan Belgrano 35.768
  • 16. .14 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE de adjudicación de los hogares, que hasta hace no mucho tiempo se hacía sin planificación ni información sobre sus beneficiarios o como intercambio de favores políticos. Uno de los principales avances en este sentido es la creación del Sistema de Gestión de Beneficiarios de Vivienda (SIGEBE), que permite administrar la información sobre los beneficiarios de los sucesivos planes de vivienda. En septiembre, este sistema ya estará implementado en las 24 provincias. El Estado Nacional participa, además, de varios programas para mejorar e integrar la infraestructura y la generación de suelo urbano y mejorar la planificación urbana. La Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, enfocada en mejorar los espacios públicos de las comunidades más pobres, tenía en julio 312 proyectos en ejecución, con más de 11.000 cuadras peatonales, 2.400 cuadras viales y 442 espacios públicos ejecutados. Uno de los programas más ambiciosos de todo el Gobierno Nacional es el Registro Nacional de Barrios Populares, que comenzó el año pasado con un relevamiento de las villas y asentamientos de todo el país. A pesar de ser un problema que crece desde hace por lo menos 40 años y uno de los principales desafíos sociales de la Argentina, hasta ahora ningún Gobierno se había tomado el trabajo de medir cuántos barrios populares existen, cuántas familias viven en ellos, qué servicios tienen y cuáles les faltan o a qué programas acceden. El relevamiento, del que participaron miles de censistas de organizaciones como el Barrios de Pie, la CTEP, la CCC, Cáritas y TECHO encontró que existen 4.100 villas o asentamientos donde viven alrededor de 800.000 familias. El primer paso del programa fue darles a estas familias un certificado de vivienda familiar, a través de la ANSES, para usar frente a la AFIP, las empresas de servicios públicos o incluso dentro de sus propias comunidades: hasta ahora no tenían ninguna prueba escrita de que las casas donde vivían fueran suyas. Los pasos siguientes incluyen la
  • 17. .15 CARTA DE JEFATURA DE GABINETE progresiva urbanización de estos barrios, su integración a la trama urbana, el mejoramiento de su infraestructura y la construcción de comunidad. Y eventualmente, a medida que se van cumpliendo ciertos requisitos, entregarles a las familias el título de propiedad de las casas donde viven hace, en algunos casos, varias décadas. Para estas familias, la formalización y la urbanización es otro camino para llegar al sueño de la casa propia. 6. CONCLUSIÓN Estas tres patas –crédito hipotecario para la clase media, ProCreAr para quienes necesitan una ayuda del Estado y vivienda social para los casos más urgentes– son el tronco de un Plan Nacional de Vivienda que se ramifica en distintos programas específicos a medidas que acercan cada vez más a los detalles de ejecución. Uno de estos programas, por ejemplo, es el de los Conjuntos Urbanos Integrados (CUI), que permitirán planificar barrios nuevos con una asignación de viviendas tanto para el constructor privado que provea el terreno como a beneficiarios de ProCreAr y vivienda social, con el objetivo de promover la mixtura social. Otra manera de conectar al Estado con el sector privado son las Asociaciones Público-Privadas, en las que una organización (un sindicato o un club, por ejemplo) pone a disposición un terreno, el Estado participa con financiación y el sector privado con la ejecución. No son los únicos programas que buscan el involucramiento del sector privado. El Gobierno sabe que el desafío de reducir el déficit habitacional necesita del esfuerzo de los desarrolladores y las constructoras y de ofrecerles familias compradoras listas, con los ingresos y el crédito suficientes, para acceder a sus proyectos residenciales. Sabemos también que el sector privado, que ejecuta tres de cada cuatro pesos que se invierten cada año en la construcción, comparte el diagnóstico y la urgencia del Gobierno. Una de estas
  • 18. CARTA DE JEFATURA DE GABINETE muestras de confianza fue la firma, en marzo de este año, del acuerdo entre cámaras empresarias, dirigentes gremiales y el propio Gobierno para reactivar la construcción. En el acuerdo, el sector privado se comprometió a construir este año 100.000 viviendas, invertir 150.000 millones de pesos y generar alrededor de 100.000 puestos de trabajo. La mención a los puestos de trabajo no es casual. Además de darles a las familias un techo y un refugio, una política de vivienda exitosa debe tener en cuenta que el sector de la construcción trabajando a pleno en sus capacidades –actualmente emplea a 430.000 personas e informalmente a otras 800.000– se puede convertir en un importante promotor de empleo en todo el país. Por todos estos motivos el Gobierno considera que es la primera vez en la historia del país que existe una política de vivienda integral y sustentable, con soluciones para cada tipo de familia, un papel delineado y reservado para el sector privado y con una mirada amplia, que excede los límites de la propia casa y entiende el acceso a la vivienda como parte de un proceso de construcción de ciudadanía, integrada a una comunidad y apoyada en el acceso a los servicios públicos y un entorno urbano sustentable. .16