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Tema 3. Legislación sobre Administración Electrónica2
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Programa del curso
Tema 1. Conceptos técnicos previos
Tema 2. Conceptos sobre Administración Electrónica
Tema 3. Legislación sobre Administración Electrónica
Tema 4. El certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y DNI Electrónico
Tema 5. Firma Electrónica
Tema 6. Tramitación Electrónica
Tema 7. Factura Electrónica
Tema 8. Cl@ve
Tema 9. APPS de Administración Electrónica
Tema 10. Seguridad y Administración Electrónica

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Índice
LEGISLACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA .............................................................. 4
1. LEYES Y NORMAS BÁSICAS SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ................................................... 5
1.1. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos............................................................................................................................................ 5
1.2. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. ......... 7
1.3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ............................................................................................................... 9
1.4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ........................... 11
1.5. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica ...................................................... 14
1.6. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público......................................................................... 17
1.7. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.............................................................. 18
1.8. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. .................................................. 19
2. LEGISLACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN ..................................... 20
3. OTRA NORMATIVA RELACIONADA.................................................................................................... 21
3.1. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones............................................. 21
3.2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. ........................................................................................................................................ 22
3.3. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
22
3.4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ...................................................................................... 24
3.5. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
25
3.6. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.......................................................................................................................................... 26
4. GUÍA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ........................ 28
5. CÓDIGO ELECTRÓNICO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ............................................................ 29

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Legislación sobre Administración Electrónica
Este tema es el dedicado a conocer la legislación sobre Administración Electrónica, se recogerá la
normativa específica sobre el tema y toda aquella que tenga relación directa o indirecta.
Hasta ahora la Administración Electrónica se legislaba aparte de las normas sobre procedimiento
administrativo en las Administraciones Públicas, aunque con el tiempo se han ido integrando, cómo no
podía ser de otra manera, ya que un procedimiento es igual se realizar con una tramitación presencial
o un tramitación online.
Pero esta forma de legislar ha cambiado de manera radical el día 1 de octubre de 2015, con la
aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Estas dos leyes lo que ha conseguido es “normalizar” la parte electrónica de las AAPP, ya que
han unificado el mundo offline con el mundo online. Además si tuviéramos que decir ¿qué mundo ha
ganado la batalla? La respuesta sería el mundo online, o quizás mejor. El Mundo Digital, ya que todo
pasa a ser digital con estas dos leyes que entran en vigor el 1 de octubre de 2016 (algunos aspectos
un año más tarde), pero ya “obligan” a digitalizar todos los procedimientos.
En el tema vamos a incluir la normativa actual y estas dos nuevas leyes.
A continuación incluimos dos vídeos (hacer clic en las imágenes para visualizarlos), el primero sobre
Administración Electrónica y el segundo sobre el Punto de Acceso General a las AAPP españolas,
antes conocido como 060:
Cuando se incluye una pantalla en el tema, se incluye el enlace a la web correspondiente, es
conveniente dedicar unos minutos a visitar la página y conocer el tipo de información que ofrece, ello
nos permitirá saber a qué web tenemos recurrir en cada caso.

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1. Leyes y normas básicas sobre Administración Electrónica
En este capítulo se recogen las leyes que más relación tienen con la Administración
Electrónica, de cada ley se incluye el Objeto y el Ámbito de Aplicación, así como la pantalla
del BOE con la ley consolidada y el enlace a la web con la ley.
La aprobación el 1 de octubre de 2015 de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 modifica
todo el panorama legislativo sobre Administración Electrónica, su entrada en vigor será el
1 de octubre de 2016.
En el Tema incluiremos la legislación actual y la aprobada el 1 de octubre de 2015.
Para tener una buena idea sobre Administración Electrónica es imprescindible la lectura
íntegra de todas las leyes de este capítulo.
1.1. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones
entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las
mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez
y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la

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autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que
gestionen en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de
aplicación:
a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General
del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que
integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas
o dependientes de las mismas.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades
que desarrollen en régimen de derecho privado.
Artículo 3. Finalidades de la Ley.
Son fines de la presente Ley:
1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios
electrónicos.
2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al
procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras
que limiten dicho acceso.
3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos,
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los
derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección
de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas,
los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.
4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como
la mejora continuada en la consecución del interés general.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas,
incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las
tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de
sus funciones.
6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de
participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.
7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las
Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

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1.2. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito de la Administración General
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, en lo relativo a la
transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, identificación y
autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y documentos
electrónicos y copias.
2. Sus disposiciones son de aplicación:
a) A la actividad de la Administración General del Estado, así como de los organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las entidades referidas en el párrafo anterior.
c) A las relaciones entre los órganos y organismos a los que se refiere el párrafo a).
Artículo 2. Transmisiones de datos y documentos, incluidos certificados, entre órganos
y organismos de la Administración General del Estado con ocasión del ejercicio
reconocido por el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en
poder de las Administraciones Públicas establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de
22 de junio, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación del apartado
2.a) del artículo 1, de este real decreto, se seguirán las siguientes reglas:

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a) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos administrativos
el ejercicio del derecho, que podrá efectuarse por medios electrónicos.
En todo caso, los interesados serán informados expresamente de que el ejercicio del
derecho implica su consentimiento, en los términos establecidos por el artículo 6. 2b)
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que el órgano y organismo ante el que se
ejercita pueda recabar los datos o documentos respecto de los que se ejercita el
derecho de los órganos u organismos en que los mismos se encuentren.
El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada procedimiento
concreto, sin que el ejercicio del derecho ante un órgano u organismo implique un
consentimiento general referido a todos los procedimientos que aquel tramite en
relación con el interesado.
b) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los datos o documentos o
certificados necesarios, así como revocar su consentimiento para el acceso a datos de
carácter personal.
c) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, posee, en
cualquier tipo de soporte, los datos, documentos o certificados necesarios o tiene
acceso electrónico a los mismos, los incorporará al procedimiento administrativo
correspondiente sin más trámite. En todo caso, quedará constancia en los ficheros del
órgano u organismo cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el
órgano u organismo cesionario.
d) Cuando el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento no
tenga acceso a los datos, documentos o certificados necesarios, los pedirá al órgano
administrativo correspondiente. Si se tratara de un órgano administrativo incluido en el
ámbito de aplicación del artículo 1.2.a), deberá ceder por medios electrónicos los datos,
documentos y certificados que sean necesarios en el plazo máximo que establezca la
normativa específica, que no podrá exceder de diez días. Dicho plazo máximo será
igualmente aplicable si no está fijado en la normativa específica.
e) En caso de imposibilidad de obtener los datos, documentos o certificados necesarios
por el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, se
comunicará al interesado con indicación del motivo o causa, para que los aporte en el
plazo y con los efectos previstos en la normativa reguladora del procedimiento
correspondiente. En este caso, el interesado podrá formular queja conforme con lo
previsto en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite el derecho conservarán la
documentación acreditativa del efectivo ejercicio del derecho incorporándola al
expediente en que el mismo se ejerció.
Dicha documentación estará a disposición del órgano cedente y de las autoridades a las que
en su caso corresponda la supervisión y control de la legalidad de las cesiones producidas.

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2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad establecerán
las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos.
3. A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, para un eficaz ejercicio del
derecho reconocido en su artículo 6.2.b), la Administración General del Estado y sus
organismos públicos promoverán la celebración de acuerdos o Convenios con las restantes
Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En
dichos acuerdos o Convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan
al órgano u organismo cedente comprobar el efectivo ejercicio del derecho respecto de los
datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado.
1.3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas,
incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones
Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa
y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de
los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales
o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse
especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del

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concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación
e informes a recabar.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta
Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan
potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado,
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público
previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.
4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio
de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una
Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.
 DEROGA:
o Arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4117).
o Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1999-11499).
o Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-1993-20748).
o Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-1993-11253).
 DEROGA en la forma indicada:
o Determinados preceptos del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre
(Ref. BOE-A-2009-18358).
o Ley 11/2007, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2007-12352).
o Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-26318).
 MODIFICA:
o Arts. 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
(Ref. BOE-A-2011-15936).
o Art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).

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 CITA:
o Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2012-5730).
o Ley 47/2003, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21614).
1.4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 1. Objeto.
La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de
la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 2. Ámbito Subjetivo.
1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta
Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios
previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

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c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado,
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público
previstos en la letra a) del apartado 2.
Artículo 3. Principios generales.
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren
la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la
prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades
Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la
Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las
leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus
fines con personalidad jurídica única.
Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo
de una actividad.

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1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias,
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de
proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección
del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin
que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán
evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la
legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas
competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter
personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos,
actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
 DEROGA:
o Arts. 12 a 15 y disposición adicional 6 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-
A-2014-9467).
o Art. 6.1.f) y disposiciones adicional 3 y transitorias 2 y 4 del Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre (Ref. BOE-A-2009-18358).
o Arts. 44 a 46 y MODIFICA el art. 34,2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-
2002-25180).
o Ley 6/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-7878).
o Art. 110 de la Ley de Régimen local, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (Ref.BOE-A-1986-9865).
o Art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Ref. BOE-A-1985-5392).
o Arts. 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1955-10057).
 DEROGA en la forma indicada Ley 28/2006, de 18 de julio (Ref. BOE-A-2006-13011).
 MODIFICA:
o Disposición transitoria 21.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897).
o Disposición adicional 13 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-
15651).
o Y añade determinados preceptos a Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-
17887).
o Arts. 2 y 3 Ley 47/2003, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21614).
o Art. 10 y disposición adicional 16.1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y adicional 25
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20977).
o Arts. 166.1 y 167.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20254).
o Arts. 3.1, 34 ter, 34 quáter y 90.1.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-
13813).
o Arts. 4 a 13, 20 y el título V y AÑADE el título VI a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre
(Ref. BOE-A-1997-25336).
o Disposición adicional 6 y AÑADE la disposición transitoria 5 al Real Decreto-ley 12/1995,
de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-27964).
o Art. 8.Uno Ley 23/1982, de 16 de junio (Ref. BOE-A-1982-15230).

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1.5. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
1. Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de
certificación.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos ni las
relativas a los documentos en que unos y otros consten.
Artículo 2. Prestadores de servicios de certificación sujetos a la ley.
1. Esta ley se aplicará a los prestadores de servicios de certificación establecidos en España y
a los servicios de certificación que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado
ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.
2. Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica que expide
certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.
3. Se entenderá que un prestador de servicios de certificación está establecido en España
cuando su residencia o domicilio social se halle en territorio español, siempre que éstos
coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o
dirección.

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4. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en
territorio español cuando disponga en él, de forma continuada o habitual, de instalaciones o
lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad.
5. Se presumirá que un prestador de servicios de certificación está establecido en España
cuando dicho prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o
en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de
personalidad jurídica.
La mera utilización de medios tecnológicos situados en España para la prestación o el acceso
al servicio no implicará, por sí sola, el establecimiento del prestador en España.
Artículo 3. Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente.
1. La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros
o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y
detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de
manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante
puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.
5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible
de identificación y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la
naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse,
respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en
la normativa específica aplicable.
6. El documento electrónico será soporte de:
a) Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que
tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o
administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos
exigidos por la ley en cada caso.
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados
públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica.
c) Documentos privados.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el valor y la eficacia jurídica
que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte
aplicable.

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8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba
documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la
que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a
comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido,
que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de
certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación
de firma electrónica.
La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el
documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones
obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida
con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos
que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la
impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle,
además, una multa de 120 a 600 euros.
Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado
los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2
del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma
electrónica reconocida en relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de
presentarse en forma electrónica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se utilice
conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en
cuenta lo estipulado entre ellas.
11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.
Artículo 4. Empleo de la firma electrónica en el ámbito de las Administraciones públicas.
1. Esta ley se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las Administraciones públicas,
sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las
relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los particulares.
Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada
procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica
en los procedimientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas
electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se
entiende por fecha electrónica el conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio
para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos
a los que están asociados.
2. Las condiciones adicionales a las que se refiere el apartado anterior sólo podrán hacer
referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate y deberán garantizar
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no
deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciudadano cuando
intervengan distintas Administraciones públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo.
3. Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma
electrónica ante la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades
dependientes o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de
Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del Consejo Superior de
Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.
4. La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información
clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional se regirá por su normativa específica.
1.6. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público
Constituye el objeto de la presente Ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro
contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las Administraciones
públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.

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1. Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las
relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley tendrán la consideración de Administraciones Públicas
los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.
1.7. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad
establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y determinar la política de
seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos a los que se refiere la
citada ley.
2. El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las
Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados
en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

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Artículo 2. Definiciones y estándares.
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y términos
han de ser entendidos en el sentido indicado en el Glosario de Términos incluido en el anexo IV.
El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
Están excluidos del ámbito de aplicación indicado en el párrafo anterior los sistemas que tratan
información clasificada regulada por Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales y normas
de desarrollo.
1.8. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Interoperabilidad
establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de
seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las
aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para
asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos,
informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la
discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras, expresiones y términos
se entenderán en el sentido indicado en el Glosario de Términos incluido en el anexo.
1. El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán sobre
cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios
electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
2. Legislación sobre Administración Electrónica de Castilla y León
A Continuación ofrecemos una relación de la normativa de Castilla y León sobre Administración
Electrónica que se debe revisar:
 Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
 Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de
Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
 Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León.
 Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.
 Orden ADM/2272/2009, de 16 de noviembre, por la que se establece la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
 Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los
procedimientos administrativos.
 Acuerdo 29/2009, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
de Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León 2009-2011.

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3. Otra normativa relacionada
En este capítulo se van a recoger algunos de los principales términos que se utiliza en la
Administración Electrónica y su explicación. Se incluirán referencias a sitios webs sobre cada uno
de los términos que nos permitirán hacernos una idea más completa sobre los mismos.
A lo largo de los próximos temas se irán desarrollando los diferentes términos explicados.
En el tema encontrarás webs que debes visitar y vídeos que debes visualizar para una mejor
compresión de los conceptos expuestos.
3.1. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Los servicios de Administración Electrónica se prestan a través de comunicaciones electrónicas que
están reguladas por la Ley 9/2014.
Objeto y ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la
explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos
asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
2. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los servicios de comunicación audiovisual, los contenidos
audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de
comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.ª de la Constitución.
Asimismo, se excluyen del ámbito de esta Ley los servicios que suministren contenidos transmitidos
mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que consistan en el
ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Información,
regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales
a través de redes de comunicaciones electrónicas.
Pantalla y enlace

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3.2. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
La Administración Electrónica permite disponer de forma digital de la información lo que facilita de
manera notable su difusión pública y por ello mejorar la transparencia de todo tipo de actividad pública,
lo que queda recogido en la Ley 19/2013.
Objeto de la Ley
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar
el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen
gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su
incumplimiento.
Pantalla y enlace
3.3. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público.
La Administración Electrónica permite disponer de forma digital de la información lo que facilita de
manera notable su difusión pública y por ello mejorar la transparencia de todo tipo de actividad pública,
lo que queda recogido en la Ley 19/2013.
Objeto
La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de
los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público.
La aplicación de esta ley se hará sin perjuicio del régimen aplicable al derecho de acceso a los
documentos y a las especialidades previstas en su normativa reguladora.

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Ámbito subjetivo de aplicación.
Se entiende por Administraciones y organismos del sector público a efectos de esta ley:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Entidades que integran la Administración local.
b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos autónomos, las Agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público
que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de
cualquiera de las Administraciones públicas:
1.º Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general
que no tengan carácter industrial o mercantil.
2.º Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las
Administraciones públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle
sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de
dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros de los que más de la mitad sean
nombrados por las Administraciones públicas y otras entidades de derecho público.
e) Los Consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6, apartado
5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
g) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades mencionados en las
letras anteriores.
Pantalla y enlace

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3.4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Esta Ley regula el Procedimiento Administrativo, queda derogada a partir del 1 de octubre de 2016, por
la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Objeto de la Ley
La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo
común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.
Ámbito de aplicación
1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de
cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración
Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades
administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.
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3.5. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Objeto.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos
por los sectores público y privado.
Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:
a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de
un establecimiento del responsable del tratamiento.
b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de
aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.
c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea
y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios
se utilicen únicamente con fines de tránsito.
2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley
Orgánica no será de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente
personales o domésticas.
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero
comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a
la Agencia de Protección de Datos.
3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta
Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la legislación
estatal o autonómica sobre la función estadística pública.
c) Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes
personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas
Armadas.
d) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y rebeldes.
e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia.

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Pantalla y enlace
3.6. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Objeto
1. El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal.
2. Asimismo, el capítulo III del título IX de este reglamento desarrolla las disposiciones relativas al
ejercicio por la Agencia Española de Protección de Datos de la potestad sancionadora, en aplicación
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el título VII de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en el título VIII
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Ámbito objetivo de aplicación
1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos
por los sectores público y privado.
2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los
ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en
aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados,
así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

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3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su
calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de
aplicación de la protección de datos de carácter personal.
4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No obstante, las
personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables
de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito,
aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de
los datos.
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4. Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado
La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado proporciona un marco de
criterios, recomendaciones y buenas prácticas a tener en cuenta por sus Departamentos y organismos
al crear, generar contenidos o evolucionar los sitios y portales web, las sedes electrónicas o los sitios
relacionados con las nuevas tecnologías web2.0 (blogs, cuentas o perfiles de redes sociales a los que
accede bajo los nombres oficiales de los Departamentos u organismos de la AGE).
Al hacer clic en la imagen se accede a la versión completa PDF de la Guía.
Introducción
Fascículo 0(Abre en nueva ventana) (2013-02-14)
Parte 1: Requisitos antes de tener el sitio web
Fascículo 1: Aspectos generales(Abre en nueva
ventana) (2013-02-14)
Fascículo 2: Imagen institucional(Abre en nueva
ventana) (2014-06-16)
Fascículo 3: Documentos electrónicos y
Ofimáticos(Abre en nueva ventana) (2014-10-31)
Fascículo 4: Multilingüismo(Abre en nueva
ventana) (2014-06-07)
Fascículo 5: Accesibilidad(Abre en nueva ventana)
(2013-02-25)
Fascículo 6: Seguridad(Abre en nueva ventana)
(2013-06-20)
Parte 2: Contenidos del sitio web
Fascículo 7: Aspectos de comunicación(Abre en
nueva ventana) (2013-08-18)
Fascículo 8: Tecnología web 2.0(Abre en nueva
ventana) (2013-02-25)
Parte 3: Mejora continua del sitio web
Fascículo 9: Mejora y mantenimiento(Abre en
nueva ventana) (2013-02-26)
Parte 4: Anexos
Fascículo 10: Perfiles(Abre en nueva ventana)
(2013-02-27)
Fascículo 11: Normativa(Abre en nueva ventana)
(2013-03-01)
Fascículo 12: Equipo de trabajo(Abre en nueva ventana)
(2013-04-17)

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5. Código Electrónico de Administración Electrónica
El Boletín Oficial de Estado ofrece en formato PDF y en formato ePUB la posibilidad de descargar un
extraordinario Código Electrónico de Administración Electrónica (siempre actualizado), que resulta
imprescindible. Se recomienda su descarga y almacenamiento en la carpeta de documentos creada
para el curso. Para acceder a su descarga hacer clic en la imagen:

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