Presentación de Fundación Voces Católicas en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile.

1. Presentación de Voces Católicas en Jornada Temática sobre interrupción del embarazo en 3 causales, convocada
por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Mirar el proyecto de interrupción voluntaria del
embarazo a la luz de los principios de igualdad y
comunidad.
Señor Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados,
Honorables miembros de la Comisión,
Autoridades presentes y organizaciones participantes de esta audiencia extraordinaria.
1. Queremos comenzar agradeciendo esta invitación, esperando desde ya que este primer
encuentro abra las puertas a una futura invitación a sesión ordinaria de la comisión, donde
podamos transmitir nuestros puntos de vista como ciudadanos a todos los miembros de este equipo
legislativo.
Sabemos que este es un buen primer paso. Como única organización que acude aquí en
representación de la iglesia católica, sabemos que muchas veces está el prejuicio de que las
organizaciones religiosas buscan imponer sus convicciones al país. Lejos de eso, nosotros
ciudadanos buscamos proponer una mirada plural sobre el bien común, que le ofrezca a creyentes y
no creyentes un horizonte de justicia basado en los principios de igualdad y comunidad. De este
modo, lo que haremos será presentar una serie de puntos que pongan el proyecto de ley sobre
interrupción voluntaria del embarazo frente a estos dos principios –igualdad y comunidad- que
convocan a la mayor parte de los chilenos y sin duda a los miembros de esta comisión.
IGUALDAD
2. Lo humano no es un concepto sociológico ni ideológico. Es, más concretamente, una forma de
organización biológica: es una especie. Como bióloga puedo decirles que no hay organismo biológico
que en algún momento no pertenezca a una especie en particular, tampoco los organismos cambian
de especie a lo largo de su vida. Por eso la ciencia es categórica en reconocer que el desarrollo del
ser humano es un proceso continuo desde que el individuo existe como consecuencia de la
fecundación hasta que muera, sin importar si esto ocurre durante la gestación o en la ancianidad,
dentro o fuera del útero. No hay saltos desde el punto de vista biológico que permitan trazar una
diferencia objetiva entre antes y después de la implantación, entre antes y después del nacimiento, o
de cualquier otro momento de la vida.
Por eso, negar la condición de persona al embrión es afirmar que la dignidad humana admite
excepciones por consenso o por utilitarismo, lo que es completamente inaceptable y viola el
espíritu de todas las convenciones sobre derechos humanos. Chile debe seguir reafirmando su
compromiso con la dignidad humana independiente de las capacidades, género, edad o
condición de salud, como un valor INCONDICIONAL.

2. 3. En ese mismo sentido, es importantísimo seguir afirmando que todos los seres humanos
debemos reconocernos iguales en dignidad, y por lo tanto merecedores del mismo respeto y
cuidado. Esto no solamente está consagrado en nuestra constitución, sino también en la
introducción de este mismo proyecto de ley, cuando se afirma que las vidas y libertades del hijo y la
madre son dos bienes jurídicos inconmensurables y por lo tanto no es posible afirmar la
preeminencia definitiva de un bien por sobre el otro. Esto implica que la ley debe siempre custodiar
el bien de ambos y se entiende que entonces esta propuesta de 3 causales de interrupción
voluntaria lo que hace es plantear 3 hipótesis de escenarios donde supuestamente no sería posible
cuidar de ambos y procedería dar preferencia a la voluntad de la madre. Esas 3 hipótesis son, por
supuesto, independientes una de otra y no hay razón por la cual deban decidirse o votarse como un
solo cuerpo legal. Cada punto debería ser juzgada y votado en su mérito. Pero más aún, cada una de
las hipótesis es por sí misma un desafío para la política pública mucho más amplio que lo está
aquí en discusión. No es posible entender que se traten como 3 explicaciones para permitir el
aborto, en vez de como 3 proyectos de ley independientes, cada uno de ellos orientado a amparar a
i) las madres con embarazos que representan riesgo para su salud, ii) a los hijos con
malformaciones congénitas graves y iii) a las mujeres que han sido víctima de embarazo forzado.
Creemos importantísimo separar este proyecto o solicitar que sea retirado para ingresar 3
proyectos orientados a las 3 problemáticas y no a un dispositivo médico de cuestionado
impacto que no está orientado a solucionarlos.
4. Aunque nuestras leyes protegen la vida desde antes de nacer (la constitución en el articulo 19 “la
ley protege la vida del que esta por nacer”, y la ley 20.120 en su articulo primero “Artículo 1°.- Esta
ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción…”
promulgada el 2006 por la Presidenta Bachelet, en su primer gobierno), en la práctica, durante la
gestación estamos completamente desprotegidos y vulnerables, porque no hay leyes que
garanticen mínimos derechos de cuidado para el hijo en gestación. Si bien muchas políticas públicas
como Chile Crece Contigo tienen al hijo como beneficiario desde el primer control prenatal, su salud
no está cubierta por el sistema público ni por las aseguradoras privadas. Las enfermedades
durante el embarazo y los tratamientos disponibles in utero no cuentan con cobertura alguna y son
de completo cargo de la madre, siendo accesibles sólo para quienes puedan pagar de su bolsillo. No
garantizar cuidados fetales a los chilenos antes de nacer no es un problema teórico, está
produciendo una brutal injusticia cuyos principales afectados son los más pobres. Es necesario
proteger de manera efectiva al embrión en gestación, no porque sus derechos se
superpongan a los de su madre, sino porque hoy carece de toda protección efectiva, y esto no
sólo es una injusticia para esa persona, sino también para su madre y familia.
COMUNIDAD
5. Respecto de la importancia de la comunidad, hay que comenzar diciendo con fuerza que una de
las formas más graves de injusticia contra nosotras las mujeres es que se considere al embarazo y la
maternidad como un asunto privado. Si bien responde a una iniciativa de la esfera íntima de cada
pareja y familia, el embarazo es un asunto público; es un acto de solidaridad que refleja una
generosa vocación social, pues se está formando un individuo para la comunidad. El Estado debe
hacerse cargo de su responsabilidad con el devenir de esos chilenos en gestación,
garantizándoles salud de calidad y condiciones óptimas de desarrollo desde antes de nacer y
durante toda la infancia, sobre todo cuando las madres no cuentan con los recursos para procurarlo.
También porque justamente es esta incertidumbre material la que constituye el mayor factor
de riesgo asociado a abortos clandestinos. Si esta comisión tiene verdadero interés en disminuir
el aborto clandestino, tendrá que mostrarlo promoviendo iniciativas que pongan fin a la situación de
abandono y precariedad en que están las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas más

3. vulnerables. Porque este proyecto de despenalización que ha sido propuesto justamente para hacer
frente a esas cifras, probablemente no tenga el menor efecto sobre esa durísima
realidad. Nuestra invitación es a no sucumbir al proyecto individualista, y promover políticas
de cuidado materno-fetal que reconozcan el embarazo como un bien social que debe contar
con financiamiento público. Todo el gasto social futuro que el Estado realice en la vida de una
persona (ya sea en seguridad, educación, salud) es totalmente inútil si no se la han asegurado
primero las condiciones básicas de dignidad prenatal.
6. Respecto al trasfondo de este proyecto y su importancia para la comunidad, hay que decir que los
tres problemas que aborda son tremendamente relevantes. En efecto, las enfermedades
maternas asociadas al embarazo son de la primera importancia. Dado que el país ha trabajado
eficazmente en disminuir la mortalidad materna incluso antes de los años 60 es que se ha logrado
disminuir esta cifra a niveles de país desarrollado (con presupuesto de país en vías de desarrollo).
No hemos necesitado ley de aborto para tal efecto, y el cambio de legislación del año 1989 así lo
muestra, puesto que no ha tenido efecto sobre esta cifra. Los trabajos científicos sobre la materia,
muestran que las políticas públicas que siguen disminuyendo la mortalidad materna son el acceso
equitativo a salud de calidad y médicos especialistas, así como a servicios sanitarios y a educación
de calidad. Estos siguen siendo grandes desafíos para el país.
Lo mismo ocurre con la difícil situación que enfrentan los hijos con condiciones que les
impedirán vivir después del nacimiento, y por supuesto sus madres y padres. Los desafíos en
acompañamiento psicológico, cuidados paliativos perinatales, son aun enormes. Un proyecto de ley
como el propuesto, en el que el aborto es la única alternativa para una madre que sufre el
devastador diagnostico de la enfermedad de su hijo, es absolutamente inhumano e insuficiente.
Por otra parte, el desafío tecnológico del diagnóstico prenatal no es un tema menor, si se considera
que este proyecto pone la vida de una persona en juego, basado en la capacidad técnica de
determinar alteraciones incompatibles con la vida extrauterina. No es aceptable ser ambiguos en
este aspecto, considerando que muchas veces los diagnósticos carecen de la exactitud deseable, y
que los cambios propios del desarrollo fetal y la individualidad de las personas no permite
distinguir entre patologías que causaran la muerte durante el nacimiento, días, meses e incluso años
después.
Algo similar ocurre en materia de prevención de delitos sexuales, donde la atención a víctimas
de abuso reiterado y el estatuto legal de los hijos cuyas madres han sido embarazadas de manera no
consentida y violenta aun son desafíos que el Estado debe afrontar; en nuestro país, la violencia
contra la mujer va en aumento, y así lo demuestran los 19 casos de femicidio que han ocurrido
durante el año en curso. Y cuánto más si consideramos en estas cifras a aquellas mujeres –niñas,
jóvenes y adultas- que están siendo abusadas de forma reiterada por personas de su círculo cercano.
No es posible que la prioridad sea eliminar al hijo en gestación, que también se constituye como
víctima de esta agresión, es necesario promover mejoras al sistema de persecución del delito, que
asegure el bienestar de esas mujeres en el futuro inmediato. Como ya se ha discutido ampliamente,
el acceso al aborto no borrará en las víctimas la huella de la violación. Al contrario, la evidencia
señala que las numerosas secuelas físicas y sicológicas serán asumidas -y muchas veces cargadas de
por vida- por las mujeres solas.
Como ven, los desafíos legislativos, médicos y también académicos son mayúsculos.
¡Cómo es posible que nuestro país en pleno siglo XXI responda esos desafíos priorizando una
decisión individual de las madres!

4. Estos problemas requieren atención de la comunidad, tratamiento detallado e inversión pública que
comprometa todos los actores sociales, con la salud materna, el bienestar del hijo y con la
prevención de toda forma de abuso. No es aceptable que la comunidad les responda: “Esos
problemas están ocurriendo en territorio de la mujer, así que, que decida ella (sola) si quiere seguir
con el hijo y sus dificultades, o eliminarlo”.
Es de la mayor importancia dejar atrás las agendas personales, no sea que por perseguir una
reivindicación supuestamente a favor de la mujer, se le termine sometiendo a una mayor
violencia y un más absoluto desamparo.
La comunidad debe dar soluciones colectivas, enfrentar el desafío con toda su complejidad,
que el Estado no sea un dispositivo para reivindicar un individualismo territorial, sino para
garantizar a todos los miembros de la comunidad el respeto a su dignidad y la mayor justicia.
CIERRE
7. Aunque cuando uno escucha el testimonio del Dr. Becker que ha circulado en las redes sociales
estos días, y muchos otros sobre cómo este tipo de legislaciones incrementaron el aborto en otros
países… o cuando uno se da cuenta de que en EE.UU. corporaciones como Planned Parenthood
facturan cerca de 200 millones de dólares al año solamente por concepto de abortos, y que ese tipo
de corporaciones financian varias ONG que defienden este proyecto aquí y en los medios de
comunicación, naturalmente emergen suspicacias respecto a las agendas que están en juego; a pesar
de eso, con la mejor de la buena fe, nosotros creemos que la actual legislación tal como está
siendo aplicada resulta insuficiente para proteger a las mujeres embarazadas, a sus hijos, y para
evitar situaciones de violencia obstétrica. Animamos a esta comisión a que impulse mejoras que
permitan a la legislación cumplir con su objetivo actual de proteger a las mujeres del abuso de
poder y del peligro de morir por complicaciones del embarazo. Si así lo hiciera Chile ya cumpliría
todos sus compromisos con la comunidad internacional, y estaría en el grupo de los 66 países cuya
única causal de interrupción del embarazo es un alto riesgo para la vida de las madres —digo
interrupción del embarazo y no aborto, porque el objetivo no es ejercer una acción directa contra el
hijo, sino proteger a la madre, porque cualquier daño que ella sufra los afectará a ambos. La
normativa debería además ofrecer garantías de salud al hijo, para que incluso en las
circunstancias en que la interrupción del embarazo sea inevitable, no se pierda de vista el
respeto y cuidado que su condición humana merece y se le den apropiadas condiciones de
cuidado.
Nos ponemos a disposición de los señores legisladores para todas las preguntas y futuras instancias
de diálogo, y esperamos con franqueza que su prioridad sea responder a los numerosos problemas
de fondo con políticas públicas que aseguren igualdad y comunidad como valores centrales de
los que depende la justicia.
Dra. Alejandra Pérez
Doctor en Fisiología,
Bióloga del Desarrollo y Reproducción.
Dr. Oscar Lazo
Doctor en Fisiología,
Neurobiólogo.

5. Fundación Voces Católicas, Chile.
Lunes 8 de Junio, 2015.