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EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO
EN EL PERU
DIAGNOSTICO
DOCUMENTO ELABORADO PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN
TECNICA AD - HOC, ENCARGADA DE ELABORAR EL NUEVO
ANTEPROYECTO DE LA LEY GENERAL DEL SECTOR SANEAMIENTO;
CONSTITUIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 094-2003-
VIVIENDA, DEL 24 DE ABRIL DEL 2003.
Perú Agosto 2003
EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO EN EL PERU
I CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA ESTRUCTURAL
DESCENTRALIZACIÓN
SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL SECTOR
SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE NIVEL LOCAL
TARIFAS Y SUBSIDIOS
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
II IIMPLEMENTACION DE LA REFORMA
INVERSIONES Y DESARROLLO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS EPS
COORDINACIÓN DE PARA APOYAR EL CAMBIO
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
III EVALUACIÓN DEL MODELO APLICADO
DESCENTRALIZACIÓN
SEPARACIÓN DE ROLES EN EL SECTOR
SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL NIVEL LOCAL
RETRANSFERENCIA DE ACCIONES.
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN
SISTEMA TARIFARIO Y SUBSIDIOS
PARTICIPACIÓN PRIVADA
SITUACION LABORAL
IV LA CONCERTACIÓN COMO MEDIO IDÓNEO PARA LA SOSTENIBILIDAD
V CONDICIONES PARA LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS.
EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO EN EL PERU
I CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA ESTRUCTURAL
El llamado sector saneamiento del país, que incluye los servicios públicos del agua potable y
desagüe, siguió durante la década anterior un proceso de cambio estructural, que por su
naturaleza y amplitud implicaba un nuevo y radical enfoque de cómo las cosas se venían
haciendo hace años en el Perú. De acuerdo con esta profunda reforma dejaría de prevalecer
criterios predominantemente ingenieriles y sociales para ceder su lugar una racionalidad
económica que estuvo ausente las últimas décadas. Los servicios de saneamiento,
considerados como excelentes negocios por su condición de monopolios naturales en el resto
del mundo bajo el influjo de las políticas neoliberales desde los años ochenta, se habrían a la
actividad privada. El Estado debía dejar de ser empresario, enfocarse a otras actividades más
propias de su nuevo rol y reducir su tamaño. A grandes rasgos las características de la
reforma en el sector saneamiento son las siguientes.
DESCENTRALIZACIÓN
Las empresas filiales y unidades operativas de la gran empresa matriz Servicio Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) fueron descentralizadas y transferidas a título gratuito
a las municipalidades provinciales (1). Las referidas empresas filiales, en realidad, no eran del
totalmente dependientes del gobierno central, puesto que incorporaban en su directorio a
representantes de las municipalidades en cuyo ámbito operaba la entidad prestadora. La
descentralización dio un paso más al disponerse en 1994 que las municipalidades provinciales
retransfieran parte de sus acciones a las municipalidades distritales, las que adquirieron el
derecho de integrar las juntas de accionistas y juntas empresariales; y, en el caso de las
empresas prestadoras de mayor tamaño, proponer directores, los mismos que acuerdo al
modelo vigente, son designados por el corto plazo de un año.
SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL SECTOR
La siguiente transformación, muy ligada a las corrientes en boga y desarrollada en colaboración
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) consistió en separar
las funciones que antes estaban integradas en SENAPA y la Comisión de Reajuste de Tarifas
de Agua Potable (CORTAPA). Se definió así los nuevos roles para cada una de las
instituciones del sector: la función rectora del sector, a cargo del entonces ministerio de la
presidencia; la función de regulación, incluyendo promoción del desarrollo de las entidades
prestadoras, fiscalización y sanción, solución de controversias y reclamos, y tarifas, a
desempeñar por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS); y,
finalmente, la prestación del servicio, de competencia de las municipalidades y las entidades
prestadoras. Para la financiación de los programas de inversión con recursos locales se dictó
facultando el uso del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Finalmente, no se puede dejar de
mencionar que el control de gestión de las entidades prestadoras, por tratarse de empresas
públicas, continuó bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de
sus oficinas de dirección de la Actividad Empresarial del Estado y control presupuestal. Esta
nueva institucionalidad implicó la liquidación de la anterior incluyendo a la empresa SERVICIO
NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SENAPA)
que en su momento de mayor desarrollo llegó a contar con una presencia nacional en el
medio urbano a través empresas filiales y unidades operativas, y CORTAPA.
SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE NIVEL LOCAL
Las funciones de las municipalidades debían estar claramente diferenciadas de las que
competen a las entidades prestadoras, debiendo las primeras otorgar a las segundas el
derecho de explotación, mediante la suscripción de contratos de explotación. Se estableció que
el tamaño mínimo de una entidad prestadora es el ámbito provincial, independientemente del
tamaño medido en número de conexiones domiciliarias. Se señaló, asimismo, como parte
esencial de la reforma, que las entidades prestadoras, de mayor tamaño (mas de 10,000
conexiones) debían ser organizadas como sociedades anónimas y las de menor tamaño, como
sociedades comerciales de responsabilidad limitada, para contar con diversas ventajas tales
como, el control de los resultados de la gestión, llevar contabilidad aparte de la municipalidad,
conocimiento de los costos; y, finalmente, para que las entidades prestadoras tengan una
administración profesional con una visión de largo plazo y ajena a los intereses de partido o
grupos. Se señaló incluso, que la administración municipal tenía que ser fortalecida para que
pueda encarar con éxito el desafío del profundo cambio estructural.
TARIFAS Y SUBSIDIOS
Paralelamente, de adoptó la estrategia de establecer tarifas reales, es decir los usuarios debían
pagar precios que cubran los costos operacionales del servicio así como los que demanden su
ampliación. Se dispuso así el abandono del subsidio generalizado y la protección
indiscriminada, que se evidencia cuando el Estado asume buena parte de los costos de
inversión, y en algunos casos, de operación de los sistemas.
Para lograr ese propósito, se creó un sistema tarifario de implementación gradual, siguiendo las
fases: preparación, mejoramiento y definitiva. De manera concomitante con los cambios
anotados que provocarían alzas en los ingresos de las entidades prestadoras, éstas debían
ser instituciones financieramente viables, cumpliendo con las condiciones de eficiencia y
calidad en sus prestaciones. El logro de esta posición permitiría que las entidades prestadoras
estuviesen en condiciones de recibir créditos del mercado de capitales con bajas tasas de
interés y a periodos de gracia razonables, para financiar la expansión de los sistemas y los
servicios.
Los sectores pobres, al no poder enfrentar altas tarifas, debían recibir apoyo del Estado a
través de programas sociales con recursos provenientes, entre otros, de los usuarios que
asumen el financiamiento total de los servicios.
Al final del proceso, las tarifas dejarían de valer en función del uso de agua (industrial,
comercial, residencial, estatal) para tener, como en Chile, un solo precio, salvo las tarifas
residenciales que podían tener un escalonamiento, con precios más altos en los rangos
superiores de consumo.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Cierra el círculo de elementos de la reforma del sector, el fomento de la participación del sector
privado, previéndose que éste se orientaría a aquellos espacios donde asegurase la
rentabilidad de sus capitales; y el Estado, en aquellas zonas de bajo nivel económico. La
eliminación de la exclusividad del Estado en las actividades del sector saneamiento y el libre
acceso de privados a esta actividad ya se había realizado un poco antes, en 1991, cuando se
dictó la ley marco y las normas especificas para la promoción de la inversión privada en cada
uno de los sectores económicos. La participación privada seleccionada fue la concesión de
los servicios, actuando como concedentes las municipalidades. Las entidades prestadoras,
podían asimismo, promover la participación privada de no tan largo aliento (contratos de
prestación de servicios, asociación en participación, concesión subsidiaria y otras modalidades
establecidas por la normatividad vigente).
II IIMPLEMENTACION DE LA REFORMA
INVERSIONES Y DESARROLLO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS EPS
Para llevar a concreción el nuevo rol de Estado, sus estrategias, políticas, principios y objetivos
debía realizarse un programa nacional inversiones y, asimismo, impulsar el cambio del sector
en los lugares de trabajo. La hora de la acción llegó cuando se puso en marcha los cambios y
de manera especial cuando en 1992 se creó el Proyecto Programa Nacional de Abastecimiento
de Agua Potable (PRONAP) para la ejecución, en el periodo 1995-2001 del Programa de
Asistencia al Sector Saneamiento Básico (PASSB) con un costo inicial, largamente superado
después, de US $ 200 millones de dólares (US $140 millones aportados por el BID). El PASSB
tuvo tres componentes: A) Fortalecimiento del sector de nivel central; B) mejoramiento
institucional y operativo de 36 entidades prestadoras; y, C) estudios de pre inversión y diseños
definitivos. Las inversiones totales, nunca antes realizadas en el sector ascendieron en
conjunto y considerando todas las fuentes a la extraordinaria cifra de US$ 2440 millones de
dólares.
COORDINACIÓN DE PARA APOYAR EL CAMBIO
La designación de un organismo rector (el ministerio de la presidencia); y, simultáneamente
otros, como la SUNASS, con amplias funciones de promoción del desarrollo de las entidades,
programas institucionales, programas de inversiones, tarifas, fiscalización y sanción; y el
PRONAP, para conducir el PASSB y el Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo de
las entidades prestadoras; generaron conflictos entre ellos, duplicidad de funciones y serios
obstáculos. Recién a fines del 2000 se ha creado la Dirección de Saneamiento, como órgano
rector; y, en el año 2001, se han redefinido las funciones de la SUNASS dictándose un nuevo
reglamento.
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Convenio de Operaciones suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el
PRONAP fue incumplido, no pudiéndose aplicar remuneraciones adecuadas contratar personal
calificado en número suficiente.
CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
La mayoría de convenios suscritos entre el PRONAP y las entidades prestadoras no se
cumplieron afectándose el desarrollo del programa de mejoramiento institucional y operativo, y
asimismo, el establecimiento de nuevos modelos de gestión y desarrollo empresarial.
III EVALUACIÓN DEL MODELO APLICADO
El marco legal no se aplicó en su totalidad y careció de un enfoque adecuado al desvincular
objetivos de la salud publica con la misión del sector y las entidades. La implementación de la
reforma presentó grandes problemas, generándose una severa crisis en el sector ( pero es
posible distinguir desempeños distintos en las EP) situación que llevó al gobierno y al Congreso
a dictar tres normas fundamentales:
A) La Ley 27045 en 1999 para la capitalización de las deudas de las entidades
prestadoras con el sector público principalmente con FONAVI
B) B) Una nueva Ley D.L.N° 908 para el sector en sustitución de la Ley General de
Servicios de Saneamiento de 1994
C) El Decreto de Urgencia N° 075 sometiendo a las entidades prestadoras a un
estado de excepción
El nuevo modelo sectorial, aplicado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial, pertenece a la plantilla matriz de éstas instituciones multilaterales de
aplicación en los diversos países. Se trata de condicionamientos, que no toman en cuenta la
realidad nacional, la participación ciudadana y laboral que el país recibe para poder acceder a
los créditos de dichos organismos.
Un error de partida de esta reforma es no haber definido con claridad los roles de las
instituciones del sector y de aquellas que actúan sobre el sector; y no haber relacionado
adecuadamente lo objetivos propuestos con los recursos humanos y los medios disponibles
para lograr los primeros.
Un aspecto igualmente relevante, que debe considerarse es la concepción, formulación y
aplicación de los cambios en época de dictadura, desarrollándose sin tomar en cuenta la
necesidad de comunicación, consulta, negociación y concertación, con las municipalidades y
entidades prestadoras y de la sociedad civil.
A continuación se mencionan los aspectos de mayor crítica, sin dejar de reconocer que se
produjeron avances en diversos aspectos de los servicios, que mejoraron la calidad de los
mismos.
DESCENTRALIZACIÓN
La descentralización radical de las empresas sin un soporte técnico suficiente y capacitación, a
municipalidades carentes de planeamiento estratégico, en el campo del desarrollo urbano y los
servicios de saneamiento, dio como resultado el manejo del corto plazo y en grado deficiente.
Muchas municipalidades carecían de experiencia en el manejo de actividades empresariales,
limitándose su experiencia comercial a la dirección de mercados y camales; un servicio público
equiparable al de saneamiento, como el recojo y disposición de residuos sólidos, es
absolutamente ineficiente en la mayoría de ellas. ¿Era difícil pensar que lo mismo ocurriría con
el agua potable?
SEPARACIÓN DE ROLES EN EL SECTOR
Hasta tres entidades públicas, tomaron decisiones directas sobre la gestión de las entidades
prestadoras en cumplimiento de sus propias funciones, no articuladas en un solo enfoque
generando duplicidad de funciones y obstáculos. En efecto, PRONAP, SUNASS y el Ministerio
de Economía no sólo carecieron de una visión común de la reestructuración del sector sino que
en muchas oportunidades entraron en disputas y conflictos.
La función rectora, recaída en el ministerio de la presidencia a través del vice ministerio de
infraestructura, recién afines del 2000 o inicios del 2001 se plasmaría orgánicamente con la
creación de la Dirección General de Saneamiento, nueve años después de la liquidación de
SENAPA la entidad que cumplía las funciones de asistencia técnica a las municipalidades y las
entidades prestadoras después de que éstas últimas fueron descentralizadas. Ello implicó, por
la misma fecha, la redefinición de funciones de la SUNASS, centrándose exclusivamente en
funciones normativas; regulación (tarifas); supervisión fiscalización y sanción; y solución de
controversias y reclamos.
La fiscalización de las entidades prestadoras de parte de la SUNASS fue débil y complaciente,
ninguna entidad prestadora fue intervenida, aún cuando existieron razones para hacerlo con
más de una.
SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL NIVEL LOCAL
RETRANSFERENCIA DE ACCIONES.
La retransferencia de las acciones de las municipalidades provinciales a las
municipalidades distritales generó una presencia corporativa, no de profesionales
especialistas, de éstas en las juntas de accionistas y empresariales, representadas
generalmente por alcaldes. La empresa SEDAPAR S.A. pasó a tener 33 alcaldes miembros
de su junta de accionistas, tomando en la práctica decisiones de los otros órganos de la
sociedad. Al inicio, en diversos lugares, los regidores ocuparon los directorios de las
empresas, hasta su ulterior prohibición. En la actualidad muchos alcaldes son directores
de las entidades prestadoras, por ostentar el sólo cargo de alcalde, y sin estar preparados
para dirigirlas. Directorios, que por su duración anual y renovación a propuesta de los
numerosos concejos municipales, son incapaces de actuar y tomar medidas pensando en
el largo plazo.
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN
Hasta la fecha ninguna municipalidad provincial ha otorgado el derecho de explotación a
las entidades prestadoras públicas. Recientemente la municipalidad provincial de
Pacasmayo, cuyos servicios se han escindido de SEDALIB (La Libertad) ha otorgado el
derecho de explotación a NORDWASER SAC, una empresa mixta de propiedad
mayoritaria de ENVICON PERU SAC.
SISTEMA TARIFARIO Y SUBSIDIOS
El sistema tarifario no se implementó la totalidad de sus fases originándose atrasos tarifarios y
afectándose la viabilidad financiera de las entidades prestadoras. Por efecto de ello las
facturaciones de las empresas prestadoras se redujeron en términos de la moneda
nortamericana en 1.2% en SEDAPAL (perido1996-2000) y en 16% en el resto de empresas
prestadoras (periodo 1996-1999) a pesar que tuvieron crecimiento de sus clientes. El estudio
para establecer subsidios directos iniciando por un proyecto piloto tampoco fue aplicado.
Debido a lo anterior, las empresas se encuentran sobre endeudadas principalmente a raíz del
otorgamiento de créditos del FONAVI. Las empresas en conjunto deben al Estado por
préstamos de ésta entidad US $ 251 millones de dólares (deudas directas) y si agregamos la
imputación inconstitucional a las entidades prestadoras, de las obligaciones extinguidas a los
pobladores, la cifra se eleva a US $ 777 millones d dólares. Los pasivos de las entidades
prestadoras con instituciones públicas superan el 80% en algunos casos.
Los acreedores públicos coordinados han sometido a procedimientos de insolvencia a la EPS
GRAU S.A. y a EMFAPA TUMBES S.A. y se espera, sino se hizo ya, una reestructuración
patrimonial. Los recursos que generen éstas, conforme a la Ley vigente, aumentarán el Fondo
M IVIVIENDA.
PARTICIPACIÓN PRIVADA
Ninguna empresa pudo ser entregada en concesión. SEDAPAL logró varias asociarse con el
capital privado para el desarrollo de proyectos de nuevas fuentes de agua y mediante el uso
intensivo de contratación de servicios. EMFAPA TUMBES S.A. y EPS GRAU tienen aprobados
sus planes de privatización desde Lima La municipalidad provincial de Pacasmayo y sus
municipalidades distritales han formado una empresa mixta ENVICON PERU SAC siendo el
reparto de las acciones a razón de 51% para la empresa privada y 49% para el conjunto de las
municipalidades. La nueva entidad está operando sin autorización de la SUNASS.
SITUACION LABORAL
Treinta por ciento (30%) de la población laboral de las EPS es contratada temporalmente, a
pesar que muchos tienen años de servicios. Como ya se adelantó, de no cambiarse la
costumbre reinante, debido a los cambios municipales se continuarán realizando como ahora
masivas contrataciones, expulsiones laborales y movimientos de personal, atentando contra la
eficiencia, y productividad.
Las remuneraciones son bajas y las condiciones de empleo no son satisfactorias
No se realizan diagnósticos de necesidades de capacitación y debido a ello no hay programas
de capacitación que den sustento y sostenibilidad a los procesos de cambio, con excepción de
SEDAPAL.
La negociación colectiva anual carece de autonomía, sujetándose a normas de los organismos
de control de gestión, directivas de general que no distinguen las particularidades de cada EPS
y, que por tal razón llegan a ser hasta contraproducentes.
No existen estructuras remunerativas, ni líneas de carrera. SEDAPAL ha aplicado una
estructura remunerativa que excluye a los trabajadores de las últimas categorías, donde se
concentra la mayor población laboral.
Durante la década de la dictadura Fujimorista se despidió trabajadores y obligó mediante la
coacción a renuncias masivas. Dirigentes y ex dirigentes sindicales fueron los primeros en sufrir
estas consecuencias.
No existe gestión y desarrollo de recursos humanos, las acciones de personal no se
fundamentan en instrumentos y medios idóneos y modernos, con excepción de SEDAPAL que
ha evidenciado mejoras.
Las leyes laborales y convenios colectivos no se respetan.
No existen mecanismos idóneos de comunicación y participación de los trabajadores en la
dirección, gestión y el cambio empresarial y sectorial.
IV LA CONCERTACIÓN COMO MEDIO IDÓNEO PARA LA SOSTENIBILIDAD
La situación es crítica para la mayoría de empresas, aunque la situación es dispareja. Existe un
pesimismo acerca de que el sector pueda cambiar. Se percibe la idea, acerca de quienes
dirigen el sector, de una esperanza casi total en que la única salida, para lograr la eficiencia
frente a la falta de recursos del Estado, es la participación privada. Esta, sin embargo, no es
todo, como lo declara hasta el propio Banco Mundial y reconoce que hay mucho que aprender
en este camino.
Hace falta comunicación coordinación, consulta y negociación, son las reglas de la democracia.
Durante el Fujimorismo se concertó con los organismos multilaterales y se impuso un modelo
que hoy queremos reformar. Sepamos bien leer la historia para no repetirla.
V CONDICIONES PARA LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS.
Concertar una estrategia y políticas con las entidades nacionales, para dar estabilidad y largo
aliento a los cambios. La concertación con los organismos multilaterales no es todo. ¿ Quienes
deben concertar? Las entidades públicas y de la sociedad civil. Recoger la propuesta de
FENTAP, Alianza Estratégica y ANEPSA para formar la Mesa de Dialogo y Concertación del
Sector Saneamiento.
Establecer una clara estrategia del sector vinculada a la salud de la población, ello exige partir
de un diagnóstico que relacione la falta de agua, saneamiento, tratamiento de las aguas
residuales, disposición de los residuos sólidos con la enfermedad y muerte.
Establecimiento de claros y efectivos mecanismos de participación ciudadana y laboral en el
agua potable y saneamiento.
Constitución de la Comisión Técnica establecida por el D.U. 075-2000 modificada en los
términos sugeridos por el proyecto de Ley N° 3539 para el apoyo y saneamiento de las
entidades prestadoras caso por caso.
Apoyo a las entidades prestadoras, con sujeción al cumplimiento de parte de las entidades
prestadoras y municipalidades de determinadas condicionalidades de carácter positivo.
Perfeccionamiento del marco legal e institucional y normativa conexa. Procesar todas las
propuestas que tienen que ver con el marco legal del sector.
Coordinación institucional y convenio de operaciones para apoyar la transformación del sector.
¿Quiénes deben coordinar? Las entidades del gobierno: Vice ministerio de saneamiento,
SUNASS, MEF (FONAFE, DNP) DIGESA, municipalidades entre otros.
Separación clara de funciones entre el municipio y la entidad prestadora mediante, entre otro,
la, suscripción de CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN. Garantizar el planeamiento estratégico,
la autonomía empresarial y la dirección de las entidades con criterios profesionales. Adopción
de modelos de gestión y desarrollo empresarial, incluyendo programas de capacitación de
recursos humanos e de instrumentos modernos de gestión y desarrollo de éstos. Los dirigentes
de las entidades deben ser responsables por los resultados de la organización en cuanto a
reconocimiento y retribución.
Tarifas que permitan la viabilidad financiera de las entidades prestadoras. Reformar la Ley para
que sea el directorio y no la junta la que apruebe las tarifas de las entidades prestadoras
municipales.
La promoción de la inversión privada en el sector pero debe tener límites y determinadas
restricciones. Puede darse sin inconvenientes en las áreas donde se concentra mas del 70%
de los requerimientos de inversión, como en ampliación de la cobertura, incremento del
recurso hídrico y tratamiento de las aguas residuales, evitando en todo caso que sucedan
impactos sociales y laborales negativos.
Una nueva visión del Estado con relación a la actividad empresarial para su modernización,
eficiencia y responsabilidad social.
(1) Vale la pena indicar que SEDAPAL S.A. fue la única empresa que no fue transferida a las
municipalidades de Lima y callao, “por no encontrase dentro una región creada” en la
fecha de la transferencia. Esta entidad, debido a esta peculiar situación, esta sujeta a
reglas distintas a las demás entidades prestadoras. Posee un estatuto que le permite el
desarrollo de actividades mas amplias que las tradicionales. Posee una junta de
accionistas de dos miembros y directorios designados por periodos de dos años. Tiene,
asimismo una situación especial en cuanto a la aprobación de sus tarifas. Actualmente
pertenece a la Actividad Empresarial del Estado, a diferencia de sus similares del resto del
país, que fueron excluidas en 1999 de dicha actividad. Su control de gestión está a cargo
de FONAFE, a diferencia del resto que dependen de la Dirección Nacional de Presupuesto
Público.
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  • 1. EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO EN EL PERU DIAGNOSTICO DOCUMENTO ELABORADO PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN TECNICA AD - HOC, ENCARGADA DE ELABORAR EL NUEVO ANTEPROYECTO DE LA LEY GENERAL DEL SECTOR SANEAMIENTO; CONSTITUIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 094-2003- VIVIENDA, DEL 24 DE ABRIL DEL 2003. Perú Agosto 2003
  • 2. EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO EN EL PERU I CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA ESTRUCTURAL DESCENTRALIZACIÓN SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL SECTOR SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE NIVEL LOCAL TARIFAS Y SUBSIDIOS PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO II IIMPLEMENTACION DE LA REFORMA INVERSIONES Y DESARROLLO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS EPS COORDINACIÓN DE PARA APOYAR EL CAMBIO COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA III EVALUACIÓN DEL MODELO APLICADO DESCENTRALIZACIÓN SEPARACIÓN DE ROLES EN EL SECTOR SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL NIVEL LOCAL RETRANSFERENCIA DE ACCIONES. CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN SISTEMA TARIFARIO Y SUBSIDIOS PARTICIPACIÓN PRIVADA SITUACION LABORAL IV LA CONCERTACIÓN COMO MEDIO IDÓNEO PARA LA SOSTENIBILIDAD V CONDICIONES PARA LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS.
  • 3. EL SECTOR SANEAMIENTO URBANO EN EL PERU I CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA ESTRUCTURAL El llamado sector saneamiento del país, que incluye los servicios públicos del agua potable y desagüe, siguió durante la década anterior un proceso de cambio estructural, que por su naturaleza y amplitud implicaba un nuevo y radical enfoque de cómo las cosas se venían haciendo hace años en el Perú. De acuerdo con esta profunda reforma dejaría de prevalecer criterios predominantemente ingenieriles y sociales para ceder su lugar una racionalidad económica que estuvo ausente las últimas décadas. Los servicios de saneamiento, considerados como excelentes negocios por su condición de monopolios naturales en el resto del mundo bajo el influjo de las políticas neoliberales desde los años ochenta, se habrían a la actividad privada. El Estado debía dejar de ser empresario, enfocarse a otras actividades más propias de su nuevo rol y reducir su tamaño. A grandes rasgos las características de la reforma en el sector saneamiento son las siguientes. DESCENTRALIZACIÓN Las empresas filiales y unidades operativas de la gran empresa matriz Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) fueron descentralizadas y transferidas a título gratuito a las municipalidades provinciales (1). Las referidas empresas filiales, en realidad, no eran del totalmente dependientes del gobierno central, puesto que incorporaban en su directorio a representantes de las municipalidades en cuyo ámbito operaba la entidad prestadora. La descentralización dio un paso más al disponerse en 1994 que las municipalidades provinciales retransfieran parte de sus acciones a las municipalidades distritales, las que adquirieron el derecho de integrar las juntas de accionistas y juntas empresariales; y, en el caso de las empresas prestadoras de mayor tamaño, proponer directores, los mismos que acuerdo al modelo vigente, son designados por el corto plazo de un año. SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL SECTOR La siguiente transformación, muy ligada a las corrientes en boga y desarrollada en colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) consistió en separar las funciones que antes estaban integradas en SENAPA y la Comisión de Reajuste de Tarifas de Agua Potable (CORTAPA). Se definió así los nuevos roles para cada una de las instituciones del sector: la función rectora del sector, a cargo del entonces ministerio de la presidencia; la función de regulación, incluyendo promoción del desarrollo de las entidades prestadoras, fiscalización y sanción, solución de controversias y reclamos, y tarifas, a desempeñar por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS); y, finalmente, la prestación del servicio, de competencia de las municipalidades y las entidades prestadoras. Para la financiación de los programas de inversión con recursos locales se dictó facultando el uso del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Finalmente, no se puede dejar de mencionar que el control de gestión de las entidades prestadoras, por tratarse de empresas públicas, continuó bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus oficinas de dirección de la Actividad Empresarial del Estado y control presupuestal. Esta nueva institucionalidad implicó la liquidación de la anterior incluyendo a la empresa SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SENAPA)
  • 4. que en su momento de mayor desarrollo llegó a contar con una presencia nacional en el medio urbano a través empresas filiales y unidades operativas, y CORTAPA. SEPARACIÓN DE FUNCIONES DE NIVEL LOCAL Las funciones de las municipalidades debían estar claramente diferenciadas de las que competen a las entidades prestadoras, debiendo las primeras otorgar a las segundas el derecho de explotación, mediante la suscripción de contratos de explotación. Se estableció que el tamaño mínimo de una entidad prestadora es el ámbito provincial, independientemente del tamaño medido en número de conexiones domiciliarias. Se señaló, asimismo, como parte esencial de la reforma, que las entidades prestadoras, de mayor tamaño (mas de 10,000 conexiones) debían ser organizadas como sociedades anónimas y las de menor tamaño, como sociedades comerciales de responsabilidad limitada, para contar con diversas ventajas tales como, el control de los resultados de la gestión, llevar contabilidad aparte de la municipalidad, conocimiento de los costos; y, finalmente, para que las entidades prestadoras tengan una administración profesional con una visión de largo plazo y ajena a los intereses de partido o grupos. Se señaló incluso, que la administración municipal tenía que ser fortalecida para que pueda encarar con éxito el desafío del profundo cambio estructural. TARIFAS Y SUBSIDIOS Paralelamente, de adoptó la estrategia de establecer tarifas reales, es decir los usuarios debían pagar precios que cubran los costos operacionales del servicio así como los que demanden su ampliación. Se dispuso así el abandono del subsidio generalizado y la protección indiscriminada, que se evidencia cuando el Estado asume buena parte de los costos de inversión, y en algunos casos, de operación de los sistemas. Para lograr ese propósito, se creó un sistema tarifario de implementación gradual, siguiendo las fases: preparación, mejoramiento y definitiva. De manera concomitante con los cambios anotados que provocarían alzas en los ingresos de las entidades prestadoras, éstas debían ser instituciones financieramente viables, cumpliendo con las condiciones de eficiencia y calidad en sus prestaciones. El logro de esta posición permitiría que las entidades prestadoras estuviesen en condiciones de recibir créditos del mercado de capitales con bajas tasas de interés y a periodos de gracia razonables, para financiar la expansión de los sistemas y los servicios. Los sectores pobres, al no poder enfrentar altas tarifas, debían recibir apoyo del Estado a través de programas sociales con recursos provenientes, entre otros, de los usuarios que asumen el financiamiento total de los servicios. Al final del proceso, las tarifas dejarían de valer en función del uso de agua (industrial, comercial, residencial, estatal) para tener, como en Chile, un solo precio, salvo las tarifas residenciales que podían tener un escalonamiento, con precios más altos en los rangos superiores de consumo. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Cierra el círculo de elementos de la reforma del sector, el fomento de la participación del sector privado, previéndose que éste se orientaría a aquellos espacios donde asegurase la rentabilidad de sus capitales; y el Estado, en aquellas zonas de bajo nivel económico. La
  • 5. eliminación de la exclusividad del Estado en las actividades del sector saneamiento y el libre acceso de privados a esta actividad ya se había realizado un poco antes, en 1991, cuando se dictó la ley marco y las normas especificas para la promoción de la inversión privada en cada uno de los sectores económicos. La participación privada seleccionada fue la concesión de los servicios, actuando como concedentes las municipalidades. Las entidades prestadoras, podían asimismo, promover la participación privada de no tan largo aliento (contratos de prestación de servicios, asociación en participación, concesión subsidiaria y otras modalidades establecidas por la normatividad vigente). II IIMPLEMENTACION DE LA REFORMA INVERSIONES Y DESARROLLO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS EPS Para llevar a concreción el nuevo rol de Estado, sus estrategias, políticas, principios y objetivos debía realizarse un programa nacional inversiones y, asimismo, impulsar el cambio del sector en los lugares de trabajo. La hora de la acción llegó cuando se puso en marcha los cambios y de manera especial cuando en 1992 se creó el Proyecto Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable (PRONAP) para la ejecución, en el periodo 1995-2001 del Programa de Asistencia al Sector Saneamiento Básico (PASSB) con un costo inicial, largamente superado después, de US $ 200 millones de dólares (US $140 millones aportados por el BID). El PASSB tuvo tres componentes: A) Fortalecimiento del sector de nivel central; B) mejoramiento institucional y operativo de 36 entidades prestadoras; y, C) estudios de pre inversión y diseños definitivos. Las inversiones totales, nunca antes realizadas en el sector ascendieron en conjunto y considerando todas las fuentes a la extraordinaria cifra de US$ 2440 millones de dólares. COORDINACIÓN DE PARA APOYAR EL CAMBIO La designación de un organismo rector (el ministerio de la presidencia); y, simultáneamente otros, como la SUNASS, con amplias funciones de promoción del desarrollo de las entidades, programas institucionales, programas de inversiones, tarifas, fiscalización y sanción; y el PRONAP, para conducir el PASSB y el Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo de las entidades prestadoras; generaron conflictos entre ellos, duplicidad de funciones y serios obstáculos. Recién a fines del 2000 se ha creado la Dirección de Saneamiento, como órgano rector; y, en el año 2001, se han redefinido las funciones de la SUNASS dictándose un nuevo reglamento. COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA El Convenio de Operaciones suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el PRONAP fue incumplido, no pudiéndose aplicar remuneraciones adecuadas contratar personal calificado en número suficiente. CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA La mayoría de convenios suscritos entre el PRONAP y las entidades prestadoras no se cumplieron afectándose el desarrollo del programa de mejoramiento institucional y operativo, y asimismo, el establecimiento de nuevos modelos de gestión y desarrollo empresarial.
  • 6. III EVALUACIÓN DEL MODELO APLICADO El marco legal no se aplicó en su totalidad y careció de un enfoque adecuado al desvincular objetivos de la salud publica con la misión del sector y las entidades. La implementación de la reforma presentó grandes problemas, generándose una severa crisis en el sector ( pero es posible distinguir desempeños distintos en las EP) situación que llevó al gobierno y al Congreso a dictar tres normas fundamentales: A) La Ley 27045 en 1999 para la capitalización de las deudas de las entidades prestadoras con el sector público principalmente con FONAVI B) B) Una nueva Ley D.L.N° 908 para el sector en sustitución de la Ley General de Servicios de Saneamiento de 1994 C) El Decreto de Urgencia N° 075 sometiendo a las entidades prestadoras a un estado de excepción El nuevo modelo sectorial, aplicado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pertenece a la plantilla matriz de éstas instituciones multilaterales de aplicación en los diversos países. Se trata de condicionamientos, que no toman en cuenta la realidad nacional, la participación ciudadana y laboral que el país recibe para poder acceder a los créditos de dichos organismos. Un error de partida de esta reforma es no haber definido con claridad los roles de las instituciones del sector y de aquellas que actúan sobre el sector; y no haber relacionado adecuadamente lo objetivos propuestos con los recursos humanos y los medios disponibles para lograr los primeros. Un aspecto igualmente relevante, que debe considerarse es la concepción, formulación y aplicación de los cambios en época de dictadura, desarrollándose sin tomar en cuenta la necesidad de comunicación, consulta, negociación y concertación, con las municipalidades y entidades prestadoras y de la sociedad civil. A continuación se mencionan los aspectos de mayor crítica, sin dejar de reconocer que se produjeron avances en diversos aspectos de los servicios, que mejoraron la calidad de los mismos. DESCENTRALIZACIÓN La descentralización radical de las empresas sin un soporte técnico suficiente y capacitación, a municipalidades carentes de planeamiento estratégico, en el campo del desarrollo urbano y los servicios de saneamiento, dio como resultado el manejo del corto plazo y en grado deficiente. Muchas municipalidades carecían de experiencia en el manejo de actividades empresariales, limitándose su experiencia comercial a la dirección de mercados y camales; un servicio público equiparable al de saneamiento, como el recojo y disposición de residuos sólidos, es absolutamente ineficiente en la mayoría de ellas. ¿Era difícil pensar que lo mismo ocurriría con el agua potable?
  • 7. SEPARACIÓN DE ROLES EN EL SECTOR Hasta tres entidades públicas, tomaron decisiones directas sobre la gestión de las entidades prestadoras en cumplimiento de sus propias funciones, no articuladas en un solo enfoque generando duplicidad de funciones y obstáculos. En efecto, PRONAP, SUNASS y el Ministerio de Economía no sólo carecieron de una visión común de la reestructuración del sector sino que en muchas oportunidades entraron en disputas y conflictos. La función rectora, recaída en el ministerio de la presidencia a través del vice ministerio de infraestructura, recién afines del 2000 o inicios del 2001 se plasmaría orgánicamente con la creación de la Dirección General de Saneamiento, nueve años después de la liquidación de SENAPA la entidad que cumplía las funciones de asistencia técnica a las municipalidades y las entidades prestadoras después de que éstas últimas fueron descentralizadas. Ello implicó, por la misma fecha, la redefinición de funciones de la SUNASS, centrándose exclusivamente en funciones normativas; regulación (tarifas); supervisión fiscalización y sanción; y solución de controversias y reclamos. La fiscalización de las entidades prestadoras de parte de la SUNASS fue débil y complaciente, ninguna entidad prestadora fue intervenida, aún cuando existieron razones para hacerlo con más de una. SEPARACIÓN DE FUNCIONES EN EL NIVEL LOCAL RETRANSFERENCIA DE ACCIONES. La retransferencia de las acciones de las municipalidades provinciales a las municipalidades distritales generó una presencia corporativa, no de profesionales especialistas, de éstas en las juntas de accionistas y empresariales, representadas generalmente por alcaldes. La empresa SEDAPAR S.A. pasó a tener 33 alcaldes miembros de su junta de accionistas, tomando en la práctica decisiones de los otros órganos de la sociedad. Al inicio, en diversos lugares, los regidores ocuparon los directorios de las empresas, hasta su ulterior prohibición. En la actualidad muchos alcaldes son directores de las entidades prestadoras, por ostentar el sólo cargo de alcalde, y sin estar preparados para dirigirlas. Directorios, que por su duración anual y renovación a propuesta de los numerosos concejos municipales, son incapaces de actuar y tomar medidas pensando en el largo plazo. CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN Hasta la fecha ninguna municipalidad provincial ha otorgado el derecho de explotación a las entidades prestadoras públicas. Recientemente la municipalidad provincial de Pacasmayo, cuyos servicios se han escindido de SEDALIB (La Libertad) ha otorgado el derecho de explotación a NORDWASER SAC, una empresa mixta de propiedad mayoritaria de ENVICON PERU SAC.
  • 8. SISTEMA TARIFARIO Y SUBSIDIOS El sistema tarifario no se implementó la totalidad de sus fases originándose atrasos tarifarios y afectándose la viabilidad financiera de las entidades prestadoras. Por efecto de ello las facturaciones de las empresas prestadoras se redujeron en términos de la moneda nortamericana en 1.2% en SEDAPAL (perido1996-2000) y en 16% en el resto de empresas prestadoras (periodo 1996-1999) a pesar que tuvieron crecimiento de sus clientes. El estudio para establecer subsidios directos iniciando por un proyecto piloto tampoco fue aplicado. Debido a lo anterior, las empresas se encuentran sobre endeudadas principalmente a raíz del otorgamiento de créditos del FONAVI. Las empresas en conjunto deben al Estado por préstamos de ésta entidad US $ 251 millones de dólares (deudas directas) y si agregamos la imputación inconstitucional a las entidades prestadoras, de las obligaciones extinguidas a los pobladores, la cifra se eleva a US $ 777 millones d dólares. Los pasivos de las entidades prestadoras con instituciones públicas superan el 80% en algunos casos. Los acreedores públicos coordinados han sometido a procedimientos de insolvencia a la EPS GRAU S.A. y a EMFAPA TUMBES S.A. y se espera, sino se hizo ya, una reestructuración patrimonial. Los recursos que generen éstas, conforme a la Ley vigente, aumentarán el Fondo M IVIVIENDA. PARTICIPACIÓN PRIVADA Ninguna empresa pudo ser entregada en concesión. SEDAPAL logró varias asociarse con el capital privado para el desarrollo de proyectos de nuevas fuentes de agua y mediante el uso intensivo de contratación de servicios. EMFAPA TUMBES S.A. y EPS GRAU tienen aprobados sus planes de privatización desde Lima La municipalidad provincial de Pacasmayo y sus municipalidades distritales han formado una empresa mixta ENVICON PERU SAC siendo el reparto de las acciones a razón de 51% para la empresa privada y 49% para el conjunto de las municipalidades. La nueva entidad está operando sin autorización de la SUNASS. SITUACION LABORAL Treinta por ciento (30%) de la población laboral de las EPS es contratada temporalmente, a pesar que muchos tienen años de servicios. Como ya se adelantó, de no cambiarse la costumbre reinante, debido a los cambios municipales se continuarán realizando como ahora masivas contrataciones, expulsiones laborales y movimientos de personal, atentando contra la eficiencia, y productividad. Las remuneraciones son bajas y las condiciones de empleo no son satisfactorias No se realizan diagnósticos de necesidades de capacitación y debido a ello no hay programas de capacitación que den sustento y sostenibilidad a los procesos de cambio, con excepción de SEDAPAL.
  • 9. La negociación colectiva anual carece de autonomía, sujetándose a normas de los organismos de control de gestión, directivas de general que no distinguen las particularidades de cada EPS y, que por tal razón llegan a ser hasta contraproducentes. No existen estructuras remunerativas, ni líneas de carrera. SEDAPAL ha aplicado una estructura remunerativa que excluye a los trabajadores de las últimas categorías, donde se concentra la mayor población laboral. Durante la década de la dictadura Fujimorista se despidió trabajadores y obligó mediante la coacción a renuncias masivas. Dirigentes y ex dirigentes sindicales fueron los primeros en sufrir estas consecuencias. No existe gestión y desarrollo de recursos humanos, las acciones de personal no se fundamentan en instrumentos y medios idóneos y modernos, con excepción de SEDAPAL que ha evidenciado mejoras. Las leyes laborales y convenios colectivos no se respetan. No existen mecanismos idóneos de comunicación y participación de los trabajadores en la dirección, gestión y el cambio empresarial y sectorial. IV LA CONCERTACIÓN COMO MEDIO IDÓNEO PARA LA SOSTENIBILIDAD La situación es crítica para la mayoría de empresas, aunque la situación es dispareja. Existe un pesimismo acerca de que el sector pueda cambiar. Se percibe la idea, acerca de quienes dirigen el sector, de una esperanza casi total en que la única salida, para lograr la eficiencia frente a la falta de recursos del Estado, es la participación privada. Esta, sin embargo, no es todo, como lo declara hasta el propio Banco Mundial y reconoce que hay mucho que aprender en este camino. Hace falta comunicación coordinación, consulta y negociación, son las reglas de la democracia. Durante el Fujimorismo se concertó con los organismos multilaterales y se impuso un modelo que hoy queremos reformar. Sepamos bien leer la historia para no repetirla. V CONDICIONES PARA LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS. Concertar una estrategia y políticas con las entidades nacionales, para dar estabilidad y largo aliento a los cambios. La concertación con los organismos multilaterales no es todo. ¿ Quienes deben concertar? Las entidades públicas y de la sociedad civil. Recoger la propuesta de FENTAP, Alianza Estratégica y ANEPSA para formar la Mesa de Dialogo y Concertación del Sector Saneamiento. Establecer una clara estrategia del sector vinculada a la salud de la población, ello exige partir de un diagnóstico que relacione la falta de agua, saneamiento, tratamiento de las aguas residuales, disposición de los residuos sólidos con la enfermedad y muerte. Establecimiento de claros y efectivos mecanismos de participación ciudadana y laboral en el agua potable y saneamiento.
  • 10. Constitución de la Comisión Técnica establecida por el D.U. 075-2000 modificada en los términos sugeridos por el proyecto de Ley N° 3539 para el apoyo y saneamiento de las entidades prestadoras caso por caso. Apoyo a las entidades prestadoras, con sujeción al cumplimiento de parte de las entidades prestadoras y municipalidades de determinadas condicionalidades de carácter positivo. Perfeccionamiento del marco legal e institucional y normativa conexa. Procesar todas las propuestas que tienen que ver con el marco legal del sector. Coordinación institucional y convenio de operaciones para apoyar la transformación del sector. ¿Quiénes deben coordinar? Las entidades del gobierno: Vice ministerio de saneamiento, SUNASS, MEF (FONAFE, DNP) DIGESA, municipalidades entre otros. Separación clara de funciones entre el municipio y la entidad prestadora mediante, entre otro, la, suscripción de CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN. Garantizar el planeamiento estratégico, la autonomía empresarial y la dirección de las entidades con criterios profesionales. Adopción de modelos de gestión y desarrollo empresarial, incluyendo programas de capacitación de recursos humanos e de instrumentos modernos de gestión y desarrollo de éstos. Los dirigentes de las entidades deben ser responsables por los resultados de la organización en cuanto a reconocimiento y retribución. Tarifas que permitan la viabilidad financiera de las entidades prestadoras. Reformar la Ley para que sea el directorio y no la junta la que apruebe las tarifas de las entidades prestadoras municipales. La promoción de la inversión privada en el sector pero debe tener límites y determinadas restricciones. Puede darse sin inconvenientes en las áreas donde se concentra mas del 70% de los requerimientos de inversión, como en ampliación de la cobertura, incremento del recurso hídrico y tratamiento de las aguas residuales, evitando en todo caso que sucedan impactos sociales y laborales negativos. Una nueva visión del Estado con relación a la actividad empresarial para su modernización, eficiencia y responsabilidad social. (1) Vale la pena indicar que SEDAPAL S.A. fue la única empresa que no fue transferida a las municipalidades de Lima y callao, “por no encontrase dentro una región creada” en la fecha de la transferencia. Esta entidad, debido a esta peculiar situación, esta sujeta a reglas distintas a las demás entidades prestadoras. Posee un estatuto que le permite el desarrollo de actividades mas amplias que las tradicionales. Posee una junta de accionistas de dos miembros y directorios designados por periodos de dos años. Tiene, asimismo una situación especial en cuanto a la aprobación de sus tarifas. Actualmente pertenece a la Actividad Empresarial del Estado, a diferencia de sus similares del resto del país, que fueron excluidas en 1999 de dicha actividad. Su control de gestión está a cargo de FONAFE, a diferencia del resto que dependen de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.