El documento resume la decisión del gobierno uruguayo de construir un puerto de aguas profundas en asociación con la empresa minera Aratirí. El gobierno determinó que la viabilidad del puerto dependerá de la carga del mineral extraído por Aratirí, dejando en segundo plano el estudio ambiental del proyecto minero. Esto dejaría a Uruguay a merced de las empresas mineras que buscan aprovechar la coyuntura del mercado de metales. Además, se cuestiona la falta de transparencia sobre los anteced

1. Puerto oceánico y megaminería en Uruguay
Miércoles 18 de Julio de 2012 15:25
Fuente: OCMAL
Víctor L. Bacchetta
Crónica de una mina anunciada
El gobierno uruguayo decidió asociarse con la empresa minera Aratirí para la
construcción de un puerto de aguas profundas en la cosa oceánica. Supeditar
la viabilidad del puerto a la carga del mineral extraido, deja en segundo plano el
estudio inconcluso sobre la viabilidad ambiental del proyecto Aratirí que podrá
imponer sus condiciones. Por esta vía, Uruguay quedará a merced de las
empresas extranjeras de megaminería a cielo abierto que buscan aprovechar la
actual coyuntura especulativa del mercado internacional de los metales.
El 14 de junio, el presidente José Mujica aprobó el informe de la Comisión
Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un
puerto de aguas profundas en la costa oceánica y ordenó por decreto al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dictar los actos para el
desarrollo del puerto a través de un contrato de participación público-privada
(PPP). Ese mismo día solicitamos el referido informe, basados en la Ley de
Acceso a la Información Pública, y el 13 de julio recibimos el resumen de sus
conclusiones.
A pesar de ser solo una síntesis de las conclusiones, el documento oficial
permite conocer aspectos sustanciales de la propuesta aprobada por el Poder
Ejecutivo y hacerse una idea de los fundamentos de tan trascendente decisión.
Trascendente porque los compromisos asumidos por el gobierno en ese acto
tienen graves implicaciones para el país y su futuro, aunque la habilitación del
puerto y su ejecución deben ser refrendadas por instancias de contralor y
legislativas que pueden llevar incluso a que el proyecto no prospere.

2. Definición presidencial
La introducción del informe de la Comisión Interministerial (CI) aclara que sus
cometidos no incluyeron la realización de un plan maestro del puerto de aguas
profundas y agrega que esto "exige estudios técnicos especializados y
multidisciplinarios, a partir de los estudios y análisis realizados". Dicho lo cual la
CI llegó a las siguientes conclusiones:
● Es necesario y conveniente contar con un Puerto de Aguas Profundas (PAP)
en la costa oceánica del país, valorando especialmente la viabilidad y
oportunidad para encarar esta obra en las actuales circunstancias;
● Se ha definido el lugar de implantación del PAP (en el balneario El Palenque)
con una única intervención en el departamento de Rocha, el carácter
multipropósito del mismo, y en forma preliminar, se han estimado los
requerimientos espaciales, terrestres y acuáticos;
● También de manera preliminar se han definido las obras básicas, (obras de
protección, escolleras, dragados y muelles de atraque), apoyados en los
estudios realizados por las distintas propuestas, antecedentes y conocimiento,
con el objetivo de realizar una estimación de las inversiones requeridas.
La versión es textual y los subrayados son nuestros, para destacar el carácter
preliminar de las definiciones del informe, que es reconocido por la CI. Pero el
fundamento de un puerto son las cargas a ser transbordadas en el mismo y
aquí es donde se comienza a revelar el trasfondo político esencial de la
definición presidencial. Dice el informe:
"Las cargas potenciales que pueden ser canalizadas con inmediatez fáctica
para el puerto de aguas profundas que se estudia, son las cargas provenientes
de la explotación minera y las provenientes de la explotación de cereales y
granos. A estas cargas se agregarían otras con el desarrollo futuro del puerto".
Y prosigue: "La necesidad de captar cargas que justifiquen la viabilidad
económica del PAP tiene su contraparte en buena medida en la industria
minera, que necesita disponer de una logística portuaria adecuada para su
desarrollo (...) La necesidad de contar con una terminal con profundidades del
orden de los 20m coloca a las iniciativas de producción minera en un lugar
protagónico en el proyecto de PAP. El emprendimiento de explotación minera
Aratirí se encuentra en esas condiciones"(sic).
El informe menciona las potenciales cargas líquidas (petróleo y gas lícuado)
que dependen de instituciones del estado uruguayo y las potenciales cargas
contenerizadas dependientes del sector privado, pero son desarrollos posibles
no colocados como determinantes.
En síntesis, la necesidad operacional y la viabilidad económica del puerto
propuesto por el presidente pasa por la explotación minera y el proyecto de
Aratirí. El financiamiento de esa obra que Mujica ha definido que, junto con la
regasificadora, "geopolíticamente será la decisión más importante que tome
este gobierno” se basa en la inversión prevista por la minera para la terminal
portuaria que llevaría el hierro hacia los mercados asiáticos.

3. Con nombre y apellido
Con esa definición esencial, que colocaría al Uruguay simplemente al servicio
de la minería a cielo abierto en gran escala para aprovechar la actual coyuntura
especulativa del mercado internacional de los metales, el informe y las
decisiones del gobierno se concentran en los pasos institucionales de ejecución
de la obra para asegurarse que la empresa contratante sea Aratirí y asegurarle
a la minera las condiciones de viabilidad de su proyecto.
"En el caso de la minería de gran porte, si el Estado siguiera un procedimiento
estándar para adjudicar una Concesión o un proyecto de PPP portuaria,
considerando la etapa actual del proceso en la que se encuentra, le llevaría un
plazo no menor a 15 a 20 meses. Este plazo podría llegar a ser muy largo para
Aratirí, lo que sumado a otras consideraciones, podría llevarlos a plantearse,
hipotéticamente, a desistir del proyecto en Uruguay", señala la CI.
Pero hay una manera de superar esta dificultad, según el informe: "la propia ley
de PPP establece que los estudios previos se definirán de acuerdo a las
características de los proyectos, por lo cual se puede reglamentar que los
estudios previos necesarios para comenzar el proceso por la ley de PPP son
los estudios ya realizados por la Comisión Interministerial". Es decir, los
estudios considerados "preliminares" por la propia CI.
Y agrega: "... en un contrato de PPP entre el MTOP y la CND, se puede incluir
que la CND pueda establecer acuerdos comerciales con usuarios, que
asegurando una determinada carga mínima para la operativa portuaria, puedan
negociar condiciones especiales de obras (...) Dentro de este régimen se
podría llevar adelante la negociación de realización de obras por Aratirí". Así,
con reglamentación y contrato a medida, quedaría todo resuelto.
Calculando los tiempos necesarios para que el Proyecto Valentines siga en pie,
el informe de la CI incluye además un cronograma que prevé en 5 (cinco)
meses la suscripción de un contrato de usuario del PAP con Aratirí. Esto
explica la ofensiva publicitaria desplegada por la empresa en los últimos días,
el aumento de la presión sobre los productores de Cerro Chato y Valentines
que se han resistido a la entrada de la minera en los campos y los anuncios de
la reanudación de las perforaciones exploratorias en aquella zona.
En resumidas cuentas, los procedimientos para la conformación institucional
del PAP se someten a la necesidad de asegurar la viabilidad del Proyecto
Valentines en los términos definidos por Aratirí. La aprobación de este informe,
el envío del proyecto de habilitación al Parlamento y el decreto de expropiación
de 458 predios en la zona de El Palenque, son decisiones que configuran un
Contrato de Inversión, al estilo del firmado entre el gobierno uruguayo y Montes
del Plata, ahora con la firma trasnacional Zamin Ferrous.
En este contexto, ¿cuál puede ser el papel que le queda por desempeñar a la
Dinama como organismo evaluador y fiscalizador de estos proyectos de alto
impacto ambiental? La clave puede desprenderse de las declaraciones del
arquitecto Francisco Beltrame, cuando ya había sido designado pero todavía

4. no había asumido como nuevo ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente: "Adecuar los tiempos del ministerio a los tiempos que
demandan quienes esperan el producto de sus políticas"(sic).
Aratirí presentó el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el 13 de
octubre de 2011, y la Dinama dijo que le llevaría 18 meses el análisis. Este
plazo se vio ampliado por falta de respuestas de la empresa a requerimientos
adicionales de información. Con el nuevo PAP, Aratirí tendría que reformular su
mineroducto y su terminal portuaria. ¿Cómo encajan en 5 meses los más de 10
meses que restan para el análisis de la Dinama, más la puesta de manifiesto
del EIA y la audiencia pública que prevé la ley para aprobar el proyecto?
Es una misión imposible. La decisión de atar la viabilidad del puerto de aguas
profundas a la firma de un contrato de carga con Aratirí, dejó en segundo plano
el análisis de la viabilidad ambiental del proyecto minero cuya ejecución, al ser
considerada imprescindible para la construcción del PAP, habilita a la empresa
a imponer sus condiciones.
¿Quién es el socio?
Con esta decisión del Poder Ejecutivo no solo se subvierten los mecanismos
previstos por la legislación para ejecutar proyectos y crear asociaciones
público-privadas para gestionarlos con seriedad y eficiencia. Se ignoran la
consulta a la ciudadanía y a comunidades afectadas por proyectos cuya
magnitud y sus impactos trastocan sus medios habituales de vida y modifican
significativamente y a largo plazo el modelo de desarrollo del país.
En este marco, también quedan al margen los acuerdos de la Comisión
Multipartidaria que analizó las políticas para la Minería de Gran Porte. La
decisión de privilegiar la asociación con Aratirí para viabilizar el PAP hecha por
tierra la intención de aquellos que admitían el proyecto si se elevaban las
exigencias ambientales. Igual suerte corren los que creían haber logrado
acuerdos para imponer mayores exigencias económicas a la minera.
Y en este proceso sobrevuela una pregunta que es natural hacer en cualquier
negociación, más cuando se trata de proyectos de desarrollo del país. Es una
pregunta planteada ante tantos elementos confusos: ¿quién es Aratirí? ¿cuáles
son sus antecedentes reales y su experiencia en los proyectos propuestos? En
suma, ¿quién sería el nuevo socio del gobierno uruguayo en estas obras de
gran envergadura? Desde hace tiempo circula un informe de un estudio jurídico
uruguayo que responde así a esas preguntas:
"Aratirí es Zamin, una empresa que se dice es propiedad de un magnate indio
con antecedentes turbios en China y que no se sabe siquiera si es quien dice
ser, o que representaría intereses de un personaje que controla la producción
de acero de todo el mundo. Esa empresa Zamin se introduce en un proyecto en
Brasil, manifiesta su voluntad de desarrollarlo, y termina vendiéndolo a un
grupo internacional con un pasado y presente más turbio aún, y que tras una
fachada de seriedad y gran volumen es investigado y acusado por impulsar sus

5. negocios en base a servicios de lavado de dinero, privatizaciones fraudulentas
y entrega de sus asociados de antaño a la boca de peces mayores".
"¿Saben las autoridades uruguayas con quiénes pueden estar lidiando?", se
pregunta este informe. Es obvio que deben saberlo: hay denuncias realizadas
por legisladores uruguayos y un proceso abierto por una fiscal. Si no lo
supieran, evidenciarían su incompetencia para manejar las responsabilidades
asumidas y para las que fueron elegidas. ¿Cuál fue el origen de la relación
entre Zamin Ferrous y algunos gobernantes en el primer gobierno del Frente
Amplio? Tal vez esta sea otra de las revelaciones sorprendentes que se
reserva el ex-presidente Tabaré Vázquez para nuestro futuro o el de nuestros
hijos o nietos.
De habilitarse el puerto de aguas profundas bajo tales condiciones, la
consecuencia será la instalación en el país de una serie de proyectos
especulativos de minería metalífera a cielo abierto en gran escala. Atrás de
Aratirí (Zamin Ferrous) vienen San Gregorio (Orosur Mining Co.) y otras
empresas extranjeras camufladas con nombres diversos y más de tres millones
y medio de hectáreas pedidos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que
será el inicio de un saqueo depredador como nunca hemos conocido los
uruguayos.