El gobierno de Santos mantiene una política dual ante la paz. Mientras mantiene una retórica de paz, una Mesa de Diálogos en la habana con las FARC y un proceso exploratorio con el ELN, se fortalece para un futuro escenario de guerra.

1. Retórica de Paz y Preparativos de Guerra
Daniel Vásquez .Revista Insurrección N° 473 - ELN-- Abril 2015
El gobierno de Santos mantiene una política dual ante la paz.
Mientras mantiene una retórica de paz, una Mesa de Diálogos
en la habana con las FARC y un proceso exploratorio con el
ELN, se fortalece para un futuro escenario de guerra.
Crece inversión bélica
Preparándose para la paz y el pos-conflicto, el gobierno ha comprado
16 helicópteros (incluida la modernización de los Arpía IV) y
modernizado 24 más, 60 vehículos mecanizados, 32 Tanques LAVIII y
8 lanchas Hovercraft. Ha fabricado otro modelo de patrullera
oceánica, modernizado submarinos, adquirió sistemas de vuelo no
tripulados (drones), modernizó el sistema de defensa aérea, e
incrementó el número de policías en el país.
Modernizó el componente operacional, con la creación de la Fuerza de
Tarea de Armas Combinadas Mediana (FUTAM) como base de la
brigada, que será la primera en su clase y, según el propio ejército,
se enmarca en la transformación doctrinaria y funcional de las
Fuerzas Militares de Colombia, de cara al "post conflicto". A la vez,
tiene planificado crear nuevos cuerpos del ESMAD, para lidiar con el
descontento social y la protesta.

2. En congruencia con estos hechos, el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, ha declarado que si se firma la paz con la insurgencia, la
inversión en defensa aumentará. Consecuentemente, el gasto para la
defensa en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2015-2018 - el periodo del post conflicto - es superior al del PND
anterior (2010-2014).
En resumen, y en las propias palabras del ministro de defensa Juan
Carlos Pinzón, el principio regidor de la modernización de las FF AA es
“cortar la grasa pero no el músculo.”
“La guerra es la paz”
Para el Estado colombiano, los procesos de paz siempre han sido una
extensión de la guerra, un dispositivo contra-insurgente, cuyo
propósito esencial es la neutralización, pacificación y desmovilización
de la insurgencia. Lo que no ha logrado en el campo de batalla -el
exterminio de la insurgencia- el Estado espera lograrlo en la mesa de
negociaciones. Por ello su concepto reiterado de “la paz como victoria
sobre la guerrilla”.
En Colombia la guerra siempre ha sido un proyecto estratégico de
acumulación de riqueza y control socio-territorial. Como botón de
muestra, está el despojo de más 8 millones de hectáreas mediante el
desplazamiento de más de 5 millones de campesinos, que no se
hubiera logrado por otro medio que no fuera la violencia. Por ello
investigadores, como el economista Héctor Mondragón, afirman que
en Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra; sino que hay
guerra para que haya desplazamiento.
La necesidad de abrir los territorios estratégicos -precisamente en
tiempos de crisis económica- para el capital extranjero minero-
energético y el agronegocio transnacional, implica que la guerrilla
ceda su control sobre dichos territorios, para que el Estado pueda
ofertar “seguridad inversionista” al capital transnacional. Es una pieza
central en el rompecabezas de la modernización capitalista, que
promueve la oligarquía colombiana y es ésta la motivación central del
Estado para aventurarse en un proceso de paz con la guerrilla.

3. Un PND para la guerra
No es casual que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el
Ministerio de Defensa juegue un papel en varios de los rubros
estratégicos, como en la infraestructura vial, hidrocarburos, energía
eléctrica y minería. Es decir, el modelo de desarrollo económico,
contempla la participación protagónica de los militares durante el
periodo contemplado como post conflicto.
Esto explica, en gran medida, por qué en el proceso de paz, el Estado
colombiano ha vetado toda discusión sobre la doctrina militar y el
futuro de las fuerzas armadas, mientras que insiste en el desarme y
desmovilización de las FARC y el ELN. La fuerza pública de medio
millón de efectivos es un engrane sine qua non de un proyecto de
guerra, acumulación y control socio-territorial, que debe persistir con
o sin guerrilla. De hecho, el actual Plan Nacional de Desarrollo se
impone independientemente de cualquier proceso de paz, ignorando
prácticamente todos los acuerdos logrados en la mesa de diálogo con
las FARC, especialmente en lo que tiene que ver con tierras y
desarrollo rural.
Por ejemplo, el ofrecimiento de los baldíos al gran agronegocio
extranjero (proyecto de Ley 133) a través de la conformación de
Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), entra en
abierta contradicción con la defensa de la pequeña propiedad
campesina, que es el principio que sustenta el primer punto de
acuerdo de la Mesa de la Habana.
Textualmente, el documento del PND pregona que: “El Plan Nacional
de Desarrollo es el producto de la convicción del gobierno de llevar a
cabo las reformas necesarias para consolidar la paz y abrir la puerta
de la modernidad para el país. Las reformas se deben hacer, con o
sin acuerdo en La Habana.”
El rostro del enemigo interno
Ahora bien, el modelo de crecimiento económico extractivista
(sustentado en commodities y bienes primarios) implica la
acumulación por despojo, y por tanto, mayor presión sobre los
territorios y las comunidades. Naturalmente, las comunidades

4. intensificarán sus procesos de movilización y resistencia en defensa
de sus territorios y la naturaleza, como ha sido el caso de la lucha por
los páramos, los humedales y la lucha por la Liberación de la Madre
Tierra que valientemente adelantan de los indígenas del Cauca.
Como consecuencia, las fuerzas militares, en un ejercicio de diseño
de escenarios, prevé como el más probable, un futuro donde el
“sistema rival” -la insurgencia- negocie la paz, centre sus esfuerzos a
crear movimientos políticos y sociales y que, por lo tanto, debe
adaptar sus dispositivos militares para enfrentar la nueva cara del
sistema rival.
Esto quiere decir que aun sin la existencia de una insurgencia
armada, el Estado colombiano mantendrá la doctrina militar de
seguridad nacional, basada en el concepto de que: el opositor político
y social se sigue considerando un “enemigo interno”, que obligará a
las fuerzas militares a modificar la táctica -la conformación de nuevos
escuadrones del ESMAD- manteniendo una lógica de tratamiento
militar al contradictor social y político.
En conclusión, la demora en el desarrollo de las mesas de diálogo con
las FARC y el ELN, se debe a la dualidad de la oligarquía colombiana
que opta por mantener una lógica de guerra, aun en tiempos de un
posible postconflicto. El escenario futuro – aun con una insurgencia
volcada a la política sin armas – sigue siendo la guerra. El Estado
quiere mantener vigente su opción preferencial por la política y la
economía con armas.