1. 27 DE AGOSTO DEL 2013
FERNANDO VIVAS
Y si no son doce, sino más
Jaime Antezana es un tipo extraño, pero yo lo presumo honrado y acertado. Si provoca cierta aprehensión es
porque cultiva un halo de misterio que se suma al que ya le viene por oficio: detective del narcotráfico
financiado por Dios sabe qué entelequia de cooperación gringa o internacional y por empresas que le piden el
mapa de las drogas en las zonas calientes donde plantan sus inversiones.
Si se le pregunta por su „background‟, responde generalidades evasivas, algo así como “hay entre diez o doce
narcocongresistas”, sin dar santo y seña. No necesita aclararte –te lo dice con gestos nerviosos– que su tema
de interés lo obliga a la reserva para evitar demandas.
Antezana es de los que te dicen no me busques, yo te busco; no me llames, yo te llamo. En su caso, la
prudencia y la paranoia van de la mano. Si dejó que su nombre de DNI, Apolinario Jesús, entre en desuso en
beneficio de Jaime, ello huele a típico mecanismo de defensa paranoide. Enfrentado a la difusión de su ficha
de Reniec (venganza de los fujimoristas a quienes acusó de tener la mayor proporción de „narcootorongos‟) ,
dijo que en el colegio era un chancón y lo fastidiaban con los chistes de Jaimito sabe todo.
De acuerdo con su relato, Jaime habría vencido al „bullying‟ contra los sabelotodos, reclamó su nombre como
trofeo, y hoy sirve al país cumpliendo un rol importante en la lucha contra el narcotráfico, por lo menos, con
más visibilidad y energía que Carmen Masías, jefa de Devida.
¿Por qué, entonces, arriesgó su credibilidad con una denuncia tremendista e imprecisa? Quiero pensar que la
angurria y la impaciencia lo volvieron imprudente. Jugó temerariamente con los términos y, en lugar de
señalar indicios que ameriten pesquisas, esgrimió un término que pide pruebas concluyentes. Pero ya aclaró
la voz después de desafinar y ha hecho bien en remitirse a la procuradora antidrogas, Sonia Medina.
„Narcocongresista‟ es un término de contundencia periodística mas no judicial. Se entendería que uno habla
de gente orgánica y funcional a las mafias del TID (tráfico ilícito de drogas) y ello solo se podría establecer
tras muchos cuidados y precisiones. Basta decir que hay legisladores que presentan indicios dignos de
investigarse, pues podrían comprometerlos, en distintos grados de culpa o negligencia, con el TID y el lavado
de activos fruto del TID. De esos padres de la patria, fácil hay entre diez o doce y quizá más.
Copio un recuento de investigados e investigables –no acusados– hecho por “Sin medias tintas”: Leonardo
Inga (AP) fue detenido e investigado por TID en Yurimaguas, luego absuelto; María Magdalena López
(fujimorista) es investigada por un desbalance patrimonial no necesariamente ligado al TID; Walter Acha,
oficialista, ex cocalero, tiene un perfil que recuerda a Nancy Obregón; Rofilio Neyra, fujimorista, fue ligado al
TID en un cable de Wiki-leaks; Elías Rodríguez, aprista, recibió para su campaña un aporte de la familia
Sánchez Paredes. Agrego un par: Carlos Tubino, fujimorista, tuvo que despedir a su asesor Javier León
Mancisidor tras descubrirse que este era del entorno del „Lunarejo‟, según investigación de El Comercio; y
Kenji Fujimori, dijo estar sorprendido por el hallazgo de droga en un almacén del que era dueño junto a su
correligionario Miguel Ramírez Huamán. Sumemos a los presuntos congresistas de la minería ilegal.
En lugar de arremeter contra Antezana, que se pongan una mano en el pecho y reclamen, ellos mismos, ser
investigados por el Ministerio Público y por sus pares.