Este documento discute los problemas estructurales del sistema educativo chileno, incluyendo baja calidad, baja pertinencia social y alta inequidad. Identifica los pilares de la crisis como las leyes constitucionales, el modelo de administración, y el sistema de financiamiento basado en subsidios a los estudiantes. Finalmente, plantea la necesidad de acción coordinada desde el mundo social educativo para proponer cambios que establezcan una educación pública de calidad para todos.