Diálogo Latinoamericano de Ciudades del Futuro

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DECLARACIÓN DE BOGOTÁ
CONSIDERACIONES
Considerando que desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y las
siguientes Conferencias de Naciones Unidas y sus agencias, se viene dando un
proceso creciente de reconocimiento de los Gobiernos Locales como socios
estratégicos para el cumplimiento de las Agendas Globales en los temas urbanos, de
desarrollo sostenible, superación de la pobreza, cambio climático, seguridad y
resiliencia, entre otros.
Considerando que las autoridades locales juegan un rol clave en la definición e
implementación de esta nueva Agenda Mundial de Desarrollo, que sea útil para guiar las
políticas urbanas, sociales, económicas, ambientales y culturales de las próximas
décadas, que respondan a las necesidades de sus habitantes, al desarrollo sostenible y
a los retos que implica la definición de las agendas políticas que enmarcarán el proceso
de desarrollo hasta el 2030.
Reconociendo que en este proceso de definición y articulación, el V Congreso de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU - a realizarse en Bogotá, será un
escenario de primer nivel para que los gobiernos locales del mundo y en particular, de
la región latinoamericana, acuerden contenidos y acciones para incidir en la definición
de la nueva Agenda de Ciudades y Regiones del Siglo XXI que refleje los valores
comunes que une a sus miembros y socios en el camino hacia Hábitat III y en la
definición del rol que compete a las ciudades en la consecusión de los objetivos de la
Agenda Post 2015.
Reconociendo que la 3ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III) de 2016 será un importante escenario para la definición
de una nueva Agenda Urbana Mundial y de un proceso de articulación de compromisos
para abogar por el derecho a la ciudad y los derechos humanos en este marco.
Considerando que este proceso de definición debe incorporar los aportes y propuestas
de las diferentes redes internacionales de ciudades (Mercociudades, Redcisur,
Metrópolis, Flacma, etc.) organismos intergubernamentales, la academia, las ONG, el
sector privado y de la sociedad civil frente a los grandes temas que hoy día enfrentan
las ciudades, las cuales deben plasmarse en la construcción de una Plataforma Global
Urbana que incida en Hábitat III.
Reconociendo que en esta ruta de discusiones y definiciones se requiere de la
participación conjunta y articulada de los Gobiernos Locales de la región con los actores
antes señalados, para incidir y aportar en los distintos espacios internacionales en que
se discuten dichas propuestas: Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Nueva York 2015); las Prep-com de Naciones Unidas hacia Hábitat III (Ecuador 2016)
en la cual se definirá la agenda urbana; el Task Force del CGLU y los eventos y
reuniones de sus diferentes Comisiones y Áreas de Trabajo; y la presencia en los
distintos escenarios en que se discuten las Agendas Temáticas Globales: la
Conferencia de Addis Abeba (Etiopia) sobre Financiación del Desarrollo; la Conferencia

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Anual sobre el Clima (COP 21 en París), y otras tantas Conferencias en los temas de
Seguridad, Resiliencia, Inclusión Social, Autonomía y Descentralización, etc;).
Reconociendo que la definición de la nueva Agenda Urbana Internacional y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS - destacan el papel de las ciudades para
promover y materializar un desarrollo urbano sostenible con justicia social y
participación ciudadana con lo cual se requiere aumentar su capacidad para la gestión
democrática y de planificación urbanas.
Considerando la importancia de repensar las formas como se están construyendo y
habitando las ciudades y de avanzar en el desarrollo de nuevas visiones y modelos de
de urbanización para hacer de las ciudades espacios incluyentes, democráticos,
sustentables y seguros.
Considerando que se requiere promover la discusión y elaboración de propuestas de
contenido relacionadas con el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la
ciudadanía, la función social de la ciudad y la propiedad, la gestión y producción
democrática de la misma y el hábitat, la gestión sostenible y responsable de los bienes
comunes, la equidad económica, y cultural en el usufructo de los bienes comunes y
públicos de las ciudades, y la agenda pública y el papel del sector privado.
Considerando que el Derecho a la Ciudad es un derecho individual y colectivo de
todos/as los/as habitantes, donde se considera el territorio de las ciudades y su entorno
como espacios de ejercicio y cumplimiento de estos derechos como forma de asegurar
la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los
recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Que en
el marco de la actual urbanización del planeta, el concepto del derecho a la ciudad nos
obliga a repensar la ciudad, su función respecto al conjunto de los/as habitantes y su
relación con el ejercicio de los derechos colectivos de la ciudadanía y el mundo rural.
Considerando que muchos de los temas que proponen los Organismos Internacionales
Intergubernamentales y los Gobiernos Nacionales, también son de competencia y
responsabilidad de los Gobiernos Locales, tales como la equidad, la cohesión social, el
cambio climático y la resiliencia de las ciudades, la seguridad y la convivencia, la
autonomía y la gobernanza local, el financiamiento del desarrollo, la vivienda y los
asentamientos humanos.
Considerando que durante los últimos 19 años, el partenariado entre autoridades
locales y ONU – HÁBITAT se ha visto ampliado y fortalecido, pero todavía no ha
alcanzado su pleno potencial y por lo mismo, los gobiernos locales tenemos la
esperanza que Hábitat III debe representar la oportunidad de evaluar esta alianza y
realizar un salto cualitativo en las relaciones entre los mismos, reconociéndonos un
estatus especial y proporcionándonos un papel más directo y mayores
responsabilidades dentro de los órganos de gobierno de ONU- HÁBITAT.
Que para el 2050 se requieren ciudades, para todas y todos, basadas en la justicia
social y espacial, libres de fronteras visibles e invisibles, donde se garantice el buen vivir
colectivo.

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ACORDAMOS
Avanzar de manera conjunta en los procesos y escenarios internacionales de incidencia
hacia la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la COP21 de París 2015, el
V Congreso del CGLU y Hábitat III y en la definición de las agendas políticas de
desarrollo hacia el 2030, a través de la elaboración y discusión colectiva de propuestas
que se enmarquen en la construcción de una Plataforma Temática Multiactoral sobre la
Agenda Urbana Internacional.
Avanzar por la integración y articulación de las ciudades de América Latina a través del
fortalecimiento de su interlocución en estos escenarios globales y en la coordinación de
las redes internacionales de ciudades con presencia en la región, a través de la
conformación de una Red de Redes Latinoamericana y de coordinación con otras redes
de ciudades a nivel mundial.
Fomentar las iniciativas de nuestros gobiernos locales y redes de ciudades para incidir
de manera proactiva en la definición de la Agenda Mundial del Desarrollo, en la Agenda
Urbana Global y en la “localización” tanto de los ODS como del cumplimiento de los
objetivos, metas e indicadores de las anteriores agendas. En este marco,
propugnaremos por que el objetivo de desarrollo sostenible número 11, denominado
objetivo urbano, centrado en las ciudades y los asentamientos humanos quede
finalmente entre los ODS aprobados por la ONU en septiembre de 2015.
Avanzar hacia un cambio estructural en la forma en que se concibe el desarrollo urbano
sostenible en un marco de promoción de nuevos modelos de gobernanza, la creación
de nuevos patrones de producción y consumo; de regulación y defensa de los bienes
comunes (agua, aire, suelo, espacio público y servicios); de inclusión social y de
fortalecimiento de la democracia local y fortalecimiento de lo público; a través de la
promoción y reconocimiento del Derecho a la Ciudad como marco general del derecho
colectivo que tiene inmerso todos los demás derechos fundamentales.
Proponer ante los gobiernos nacionales nuevas normativas urbanas a la luz de las
metas del desarrollo sostenible para la gestión del suelo en general, formulando e
implementando iniciativas de desarrollo urbano que regulen la expansión de las
ciudades, el uso del suelo y del espacio público, liderando proyectos legislativos que
respondan a las necesidades de crecimiento de cada ciudad con énfasis en la
disminución de los impactos ambientales y la inclusión socio – espacial de la
ciudadanía.
Abogar por el reconocimiento de las ciudades y redes de ciudades como actores
fundamentales de la gobernanza mundial. En este sentido, propenderemos por
fortalecer nuestro trabajo en red, el intercambio de visiones y conceptos sobre políticas
públicas y la sistematización de experiencias locales relevantes que aporten a la
construcción de la Agenda del Desarrollo Global y al Agenda Urbana Internacional.
Abogar de forma urgente por el derecho a la ciudad como un enfoque necesario para
construir este mundo urbano de forma incluyente, justa, solidaria, democrática y
sostenible

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Instar a ONU-Hábitat a que garantice una participación efectiva de los gobiernos locales
y de sus asociaciones junto con la sociedad civil en la preparación, organización y
realización de la Cumbre de Hábitat III, a la vez, que se les reconozca el carácter de
sujetos y actores de primer orden en la nueva gobernanza local, regional y mundial.
Llamar a la convergencia de esfuerzos entre estados, gobiernos locales, sectores
académicos, movimientos populares urbanos y ciudadanos, para lograr los objetivos
propuestos en esta Declaración.
Contribuir a la construcción de ciudades con un enfoque de derechos, incluyentes,
habitables, justos, democráticos, sustentables y disfrutables; contribuir a impulsar
procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de
ciudadanía activa y responsable;
Propender por la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria
que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores
populares.