Plan municipal sobre discapacidad. seguridad.

José María Olayo olayo.blogspot.com
Plan
municipal sobre
discapacidad
Seguridad

Las administraciones locales, y más concretamente
los los ayuntamientos, son las que, de foma más
habitual, estám más cerca de los ciudadanos, lo
que les permite conocer de primera mano sus
necesidades e inquietudes vecinales, también,
como no dodía ser otra manera, la de los
vecinos que tinen alguna discapacidad.

Parte de los servicios que requieren las
personas con discapacidad son de competencia
directa de los ayuntamientos, aunque algunos
otros, sin ser competencia de estos, al ser la
administración más cercana, ayudan al ciudadano
con discapacidad a encauzar sus pretensiones
en la dirección más adecuada hacia la
administración competente en cada caso.

Para lograr que la atención a las personas
con discapacidad sea efectiva y eficiente,
los ayuntamientos y demás administraciones
locales deben conocer el mandato legal de
acometer ciertas actuaciones en materia
de discapacidad para estar en condiciones
de proponer medidas y políticas de
intervención que les permita vivir de la
forma más independiente y con los recursos
que en cada caso se precisen para tener las
mismas oportunidades que los demás vecinos
en el entorno en que viven y se desenvuelven.

El artículo 9.2. de la Constitución Española establece que “corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”.

El Real Patronato sobre Discapacidad ha presentado
el ‘Estudio para la elaboración de un modelo de
Plan Municipal sobre Discapacidad’, una guía
que tiene como objetivo instar a los ayuntamientos
españoles a que planifiquen y ejecuten políticas
orientadas a garantizar los derechos de las personas
con discapacidad en el ámbito local durante esta
legislatura (2019-2023).

Una iniciativa que ha surgido por la necesidad de que las administraciones
municipales que juegan un papel fundamental en el desarrollo de políticas
públicas eficaces que favorezcan y faciliten la plena inclusión de las personas
con discapacidad, tengan en cuenta sus necesidades y garanticen su acceso a
todos los ámbitos de la vida cotidiana, en igualdad de condiciones.
Los ayuntamientos son la puerta de entrada administrativa más cercana al
ciudadano y son quienes mejor conocen las demandas de sus colectivos
vecinales, además parte de los servicios que requieren las personas
con discapacidad son de competencia directa de los ayuntamientos.

Una guía necesaria y muy oportuna que ha sido elaborada por BF Consultores
y editada por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro
Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), en la que figuran
como autores Juan González-Badía Fraga y Elisa Jabato Martín.
Este trabajo presenta una realidad sociodemográfica de la población con
discapacidad en los municipios, realizandoun análisis de la legislación general
y sectorial sobre la materia, tanto a nivel estatal como autonómico, haciendo
referencia también a la legislación sobre régimen local.

El objetivo es crear un marco de actuación sobre el que
los ayuntamientos puedan definir estrategias, políticas
y acciones concretas que ayuden a mejorar el bienestar
y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Además, se realiza una propuesta orientativa para el diseño de un plan de
discapacidad de carácter local, en el que se establecen diferentes fases
y líneas de actuación:
- información, sensibilización y toma de conciencia;
- participación; urbanismo y vivienda;
- movilidad urbana; formación y empleo;
- protección social y servicios sociales; hacienda local;
- personal; contratación pública; seguridad; cultura,
- deporte, turismo y comercio;
así como las acciones específicas y los indicadores necesarios para la evaluación
de su cumplimiento.

El trabajo está a disposición de los usuarios de forma gratuita y online en el
catálogo del CEDD y en la página web del Real Patronato sobre Discapacidad.
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/

“Este documento pretende ser un instrumento que
permita a las entidades locales coordinar los
esfuerzos y ajustar sus distintas actuaciones
en el ámbito de la discapacidad. Con este
objetivo, comienza presentando una aproximación
a la realidad sociodemográfica de la población
con discapacidad en los municipios para, a
continuación, realizar un análisis de la legislación
general y sectorial sobre discapacidad tanto a nivel
estatal como autonómico, haciendo referencia
también a la legislación sobre régimen local”.
Jesús Celada Pérez
Director General de Políticas de Discapacidad
Director del Real Patronato sobre Discapacidad

“Estoy seguro de que este documento será una
herramienta de gran utilidad y valor para los
nuevos gobiernos locales, que les ayudará tanto
a conocer cuál es su responsabilidad y qué exige
nuestro marco jurídico en este sentido, como a
enfrentarse a la tarea de elaborar y desarrollar
un plan de discapacidad en su municipio
en la próxima legislatura”.
Jesús Celada Pérez
Director General de Políticas de Discapacidad
Director del Real Patronato sobre Discapacidad

Análisis de la legislación estatal sobre discapacidad.
Seguridad.
Otra de las áreas de un ayuntamiento es la seguridad, aunque tradicionalmente
esta ha sido encomendada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto
Guardia Civil como Policía Nacional, y en el caso de País Vasco y Cataluña, a sus
respectivas policías autonómicas, Ertzaintza y Mossos de Esquadra; las policías
locales, aparte de la ordenación del tráfico, cada vez han ido asumiendo más
funciones de seguridad.

En este capítulo se abordan tres apartados:
- la intervención de la policía local en casos
de violencia de género y discapacidad,
- la vigilancia del cumplimiento de la reserva de
aparcamiento para personas con movilidad reducida,
- la función de protección civil.

El artículo 11 de la CDPD establece que los estados Partes adoptarán,
en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al
derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario
y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

A su vez, el artículo 16, establece que los Estados Partes adoptarán
todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las
personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 3 establece que
las campañas de información y sensibilización contra esta forma de
violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las
mismas de las personas con discapacidad.

Por su parte, el artículo 18 dice que se garantizará, a través de los medios
necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de
género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y
sobre los recursos existentes.
Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible
a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas
alternativos y aumentativos.

Para finalizar, el artículo 27 establece que cuando las víctimas de violencia
de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por
100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que
se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada
y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener
un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo
establecidos para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será
equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima
de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente
una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe
será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

Continúa diciendo que estas ayudas, financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las
Administraciones competentes en materia de servicios sociales.
En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su
importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses
de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que
conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en
grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan
las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 7 las
competencias municipales entre las que debemos destacar:
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos
de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico
rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación
de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan
vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan
de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o
excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación
de su conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su
posterior depósito cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro
para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados en las
zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para
la inmovilización en este mismo artículo.

El artículo 40 indica que queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones.
No obstante, los municipios, a través de ordenanza municipal, podrán regular
la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las aceras
y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los
peatones por ellas, atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan
llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas
que tengan alguna discapacidad.

Entre las infracciones graves del artículo 76 podemos encontrar la de
parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas
de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad,
túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar
peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o
constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
Por último, el artículo 105 establece la retirada y depósito del vehículo
cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso
de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.

En la disposición adicional sexta se expresa que el Gobierno velará por
el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa relativa a personas con
discapacidad y su inclusión social respecto a todos aquellos centros que,
en materia de seguridad vial, necesiten de autorización previa para
desarrollar su actividad, o cuya gestión sea competencia de la
Administración General del Estado.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
señala en su artículo 5, apartado 4, que los poderes públicos velarán
para que se adopten medidas específicas que garanticen que las
personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de
autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en
casos de emergencia y participen en los planes de protección civil.

La disposición adicional octava establece que las disposiciones de la
presente ley tendrán en cuenta lo establecido en la Ley 26/2011, de
1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,
se contemplan las medidas:
• Promover medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres
con discapacidad, que garanticen su pleno y libre ejercicio de derechos.
• Incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que intervienen
en la prevención y atención de situaciones de violencia contra las mujeres.

https://www.siis.net/documentos/ficha/546379.pdf

Plan municipal sobre discapacidad. seguridad.

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