Para la comunidad internacional la autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Acertadamente se le añade el adjetivo libre, lo cual significa que no basta que un pueblo sometido al colonialismo, en el cual se reprime a los que luchan por la independencia y se menosprecia a través de la educación y la propaganda, el idioma y la cultura de ese pueblo, vote por opciones supuestamente descolonizadoras. Para que una votación al respecto pueda considerarse como un ejercicio del derecho a la libre determinación, el país antes tiene que ser libre.

2. Este folleto es parte del trabajo conjunto del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) y la Confederación de Trabajadores de la Edu-cación
de la República Argentina. En este marco buscamos difundir, reflexionar y debatir
sobre la situación colonial de Puerto Rico, país sometido a la subordinación política de los
Estados Unidos desde principios del siglo XX.
Para ello, consideramos que es necesario leer el rol de los Estados Unidos en Puerto
Rico en el marco de la geoestrategia imperialista, pues, es claro que la presencia colonial
tensiona permanentemente el objetivo de la integración latinoamericana. En ese mismo
marco entendemos la presencia colonial del Reino Unido en las Malvinas, archipiélago que
fue convertido en base de operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
En este sentido, el accionar de los Estados Unidos en la región consistió en intervenir,
limitar y condicionar la soberanía de los países en materia de política económica, exte-rior,
energética, etc. Algunas veces mediante la presión o extorsión, y otras mediante el
anexionismo o la intervención militar. Otra metodología incluye el espionaje, infiltración,
vigilancia, persecución y detención de los miembros de las de organizaciones políticas
puertorriqueñas. Algunas cifras pueden darnos una idea de ello: el gobierno de los Esta-dos
Unidos tiene en su territorio más de 350 presos políticos, cifra que, si sumamos a los
más de 150 presos en la Cárcel de Guantánamo, supera los 500. En esta larga lista debemos
mencionar el nombre del patriota boricua, Oscar López Rivera.
Desde CTERA comprendemos que la denuncia de las injusticias del imperialismo y la
pelea por la libertad de los luchadores populares, son dos caras de una misma moneda.
Porque así como es insostenible e injusto el colonialismo al que los Estados Unidos some-ten
al pueblo puertorriqueño, lo son la persecución y el confinamiento al que someten a
Para la comunidad internacional la auto-determinación
es el derecho de un pueblo
a decidir sus propias formas de gobierno,
perseguir su desarrollo económico, social y
cultural, estructurarse libremente, sin inje-rencias
externas y de acuerdo con el princi-pio
de igualdad. Acertadamente se le añade
el adjetivo libre, lo cual significa que no bas-ta
que un pueblo sometido al colonialismo,
en el cual se reprime a los que luchan por
la independencia y se menosprecia a través
de la educación y la propaganda, el idioma
y la cultura de ese pueblo, vote por opcio-nes
supuestamente descolonizadoras.
Para que una votación al respecto pueda
considerarse como un ejercicio del derecho
a la libre determinación, el país antes tiene
que ser libre.
Este derecho a la libre determinación de
los pueblos se ha recogido en varios de los
documentos más importantes del derecho
internacional, entre ellos la Carta de las Na-ciones
Unidas de 1945 y los Pactos Interna-cionales
de Derechos Humanos, así como
en numerosas resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La autode-terminación
tiene carácter inalienable y ge-nera
obligaciones para todos los Estados.
Oscar.
Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos de CTERA

3. El patriota puertorriqueño, Oscar López
Rivera, nació en San Sebastián, Puerto Rico,
el 6 de enero de 1943. Su familia se mudó a
Estados Unidos cuando Oscar
tenía 9 años. Fue reclutado en
el ejército y sirvió en la Gue-rra
de Vietnam. Le fue conce-dida
la Medalla de Bronce. Al
Oscar ha cumplido 33 años
como prisionero, siendo uno
de los presos políticos con
más años de prisión en los
salir del ejército, se dedicó
al trabajo comunitario para
mejorar las condiciones de
vida de sus compatriotas en
Chicago. Conoce de primera mano la opre-sión
Estados Unidos.
y la represión que sufre su patria bajo
el sistema colonial que padece, lo que lo lle-va
a unirse a una organización clandestina
que llevaba acciones de propaganda arma-da
en los Estados Unidos. Estas
organizaciones que luchan por
la liberación de países que no
han logrado la independencia,
son reconocidas como legítimas
en el Derecho Internacional ya
que combaten el colonialismo-que
es considerado un crimen
contra la humanidad. Oscar y
otros compañeros y compañeras
fueron arrestados y acusados
de conspiración sediciosa. Fue
condenado a 70 años de prisión,
una pena mayor que la estable-cida
para muchos asesinos y violadores. Al
presente Oscar ha cumplido 33 años como
prisionero en cárceles de Estados Unidos.
En 1999, el Presidente Clinton concedió
libertad condicionada a varios de los com-pañeros
de Oscar, prisioneros
políticos y de guerra. A Oscar
López Rivera le ofrecieron su
excarcelación en 10 años, pero
rechazó la oferta en solidaridad
con dos compañeros a quienes
no le ofrecieron liberarlos. Des-de
entonces han transcurrido
15 años y sus dos compañeros
fueron excarcelados hace ya varios años.
Oscar es el puertorriqueño que más tiempo
ha pasado en prisión por luchar por la libe-ración
de su patria. El reclamo por la liber-tad
de Oscar López Rivera ha contado con el
apoyo de amplios sectores ci-viles,
políticos y religiosos del
pueblo, dentro de Puerto Rico
y en la diáspora. Internacional-mente
también crece el clamor
por su excarcelación, inclu-yendo
a ganadores del Premio
Nobel de la Paz. Personajes de
las artes y los deportes también
expresaron su apoyo y solida-ridad
con Oscar, son los casos
de la banda Calle 13, el rape-ro
Tego Calderón, el boxeador
boricua Miguel Angel Coto y el
boxeador argentino Sergio “Maravilla” Mar-tínez.
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René
González, son los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en EE.UU. desde sep-tiembre
de 1998, con largos meses en confinamiento solitario. Fueron detenidos por obte-ner
información sobre las organizaciones terroristas que aún operan en Miami; se los juzgó
en un proceso arbitrario con jurados tendenciosos y se los condenó sin pruebas directas
ni circunstanciales que los incrimine como espías. Rene y Fernando regresaron a Cuba en
2013 y 2014, respectivamente. Pero aún tres hermanos antiterroristas cubanos continúan en
prisión, se les sigue negando la condición de presos políticos y demoran en responder los
Habeas Corpus, como el que Gerardo presentó en el 2010.

4. Por años, el gobierno estadounidense
presentó a Puerto Rico como un ejemplo
de desarrollo económico y de progreso.
Asimismo, mediante presiones y su poder
económico, quiso engañar a la comunidad
internacional, cuando en 1954, en la Organi-zación
de las Naciones Unidas, logró que se
sacara a la isla borincana de la lista de paí-ses
bajo un régimen colonial. Hoy, la cruda
realidad ha pulverizado ambos mitos.
La economía de puerto Rico se encuen-tra
en una clara ban-carrota
imposible de
reflotar bajo las condi-ciones
opresivas de la
dominación colonial.
El desempleo real re-basa
el 25 por ciento,
El 20 por ciento más rico de la población
posee el 55,3 por ciento de los ingresos, mien-tras
que el 20 por ciento más pobre es dueño
de apenas el 1,7 por ciento.
mientras que, de toda
la población en condiciones de trabajar la
tasa de participación es apenas del 40 por
ciento, su nivel mas bajo desde que se lleva
registro de la misma. En tales condiciones,
crece como la espuma el trabajo informal y
la economía subterránea. Mientras tanto, las
políticas neoliberales de la actual adminis-tración
colonial han propiciado un proceso
acelerado de empobrecimiento de los tra-bajadores,
precarizando sus condiciones la-borales
y derogando derechos adquiridos.
El cuadro es dramático. En Puerto Rico,
el trabajo comienza a ser una actividad en
peligro de extinción. Nada mas favorable
resulta la quiebra del sistema económico
como excelente caldo de cultivo para el
crecimiento de las actividades delictivas y
particularmente para el “florecimiento” del
narcotráfico. Cifras recientes destacan como
la “economía”, vinculada al trasiego de los
carteles de la droga representa el 10% de
la economía formal. Las propias estadísti-cas
de la Policía de Puerto Rico revelan la
existencia de al menos 1600 lugares (puntos
de drogas, como se les conoce en la jerga
puertorriqueña), que son centros ilegales
de venta de drogas. Lo que equivale a re-gistrar
que, en todo el
territorio boricua, hay
más “puntos de dro-gas”
que escuelas.
Lo anterior se agra-va
con la enorme des-igualdad
social. El 20
por ciento más rico de
la población posee el 55,3 por ciento de los
ingresos, mientras que el 20 por ciento más
pobre es dueño de apenas el 1,7 por cien-to.
El ingreso anual del 20 por ciento más
pobre de los puertorriqueños es de 2.455
dólares, mientras que el ingreso promedio
del 20 por ciento más rico es de $ 78.679. Se
estima, además, que en 2014 la economía no
crecerá por sexto año consecutivo.
Ante una realidad tan desesperante, se-gún
los datos recientes del Censo de Pobla-ción,
300 mil puertorriqueños se han visto
obligados a emigrar desde el año 2000,
siendo Puerto Rico uno de los pocos países
en el mundo donde se ha experimentado
una reducción absoluta de su población.

5. Desde que el imperio del Norte invadió
Puerto Rico en 1898, desplazando al Impe-rio
Español, construyó en la isla bases mi-litares.
Y los luchadores por la independen-cia
desplegaron grandes esfuerzos contra
la presencia militar extranjera que consoli-daba
la ocupación. Mu-chas
de esa luchas his-tóricas
trascendieron al
mundo y permitieron a
otros pueblos entender
el papel que Washing-ton
asignaba a Puerto
Rico en sus proyectos
imperiales de interven-ción
Las 12 bases e instalaciones militares
del Pentágono en una isla cuya superficie
es de 9.104 kilómetros cuadrados con
una población de 3.725.789 habitantes,
demuestra la importancia geoestratégica
militar y domina-ción
del continente.
Pero, hacia fines del siglo XX, una serie
de cambios en la doctrina, la estrategia mi-litar
y los planes concretos de los EE.UU. en
la región –y en particular el acuerdo entre
los gobiernos de Estados
Unidos y Colombia que
permitía al Pentágono
(1) el uso generalizado
de bases e instalaciones
militares colombianas-modificó
en parte el inte-rés
de Washington por la
utilización del territorio
puertorriqueño con fines
militares. Y hubo también
modificaciones en la es-tructura
de las fuerzas
emplazadas en la isla.
En 2003 se produjo
el cierre de la conocida
base naval de Roosevelt
Roads, así como el Area
de Tiro y el Area de Ma-niobras
de la Flota del
Atlántico en Vieques; varios comandos de
operaciones del Comando Sur fueron trasla-dados
a Estados de la Costa Este estadouni-dense.
Estos y otros cambios, por cierto “al-teraron
la importancia militar estratégica
hasta entonces adjudicada a Puerto Rico. Sin
embargo, lo anterior no significa la pérdida
de importancia militar de Puerto Rico en los
planes de dominación geopolítica de Esta-dos
Unidos en la región” (2).
Dicha afirmación, que surge del análisis
de estudiosos puertorriqueños, se ve confir-mada
en los hechos, es
decir por la presencia
activa de por lo menos
12 bases e instalaciones
militares del Pentágono
en una isla cuya super-ficie
es de 9.104 kilóme-tros
cuadrados con una
población de 3.725.789
habitantes, según el
Censo Federal del año
2010.
Tales emplazamientos comprenden ba-ses
de operaciones, radares, sistemas de
control aéreo y submarino, centros de in-vestigación
militar, se-des
de organismos de
seguridad e inteligencia,
centros de comunicacio-nes,
cuarteles para alojar
a miles de efectivos, etc.
Los cuales se encuen-tran
localizados en Lajas,
Aguada, Borinquén, Isa-bela,
Sabana Seca, Fuerte
Buchanan, El Yunque, Na-guabo,
Roosevelt Roads,
Isla Piñero, Vieques y Sa-linas,
entre otros, y abar-can
prácticamente toda
la extensión de la isla,
sus costas y el mar que la
circunda.
Más información so-bre
dichas instalaciones
puede encontrase en el trabajo antes citado
y también en el libro de Telma Luzzani “Te-rritorios
vigilados” (3).
de Puerto Rico.

6. Al fundarse la Organización de las Nacio-nes
Unidas (ONU), tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial, 750 millones de personas
-casi una tercera parte de la población del
mundo- vivía en territorios sujetos al colo-nialismo.
Quince años después y en el marco de
un notable proceso histórico en el que 80
antiguas colonias obtienen su independen-cia,
la ONU aprueba, el 14 de diciembre
de 1960, la Resolución 1514 (XV), conocida
como la Carta Magna de la Descolonización.
Y establece además un Comité Especial de
Descolonización el cual se reúne anualmen-te
para evaluar la situación de los territorios
que todavía padecen la dominación colo-nial.
En el caso de
Puerto Rico, ya en
1953 Estados Unidos
había maniobrado
ante la ONU preten-diendo
demostrar
El pueblo portorriqueño como resultado del
status de subordinación política de su paìs,
se encuentra privado del derecho de tomar
decisiones soberanas para atender los graves
problemas económicos y sociales de la isla.
que no se trataba de
una colonia pues en
1952, al aprobarse
su constitución como Estados Libre Aso-ciado
(ELA) habría ejercido su derecho a
la autodeterminación. Esto era y es falso,
pues sigue siendo el Congreso de los Es-tados
Unidos, y no el pueblo puertorrique-ño,
quien tiene el poder de decidir sobre
aspectos fundamentales relacionados con
la soberanía del país como la justicia, la de-fensa
nacional, la moneda, las fronteras, las
elecciones, las migraciones y otros. Como
resultado de la maniobra la ONU había reti-rado
el nombre de Puerto Rico de la lista de
pueblos sujetos al dominio de otro país. Sin
embargo desde 1973 y como resultado del
trabajo internacional del movimiento inde-pendentista,
el Comité de Descolonización
asume el caso de Puerto Rico.
La Resolución 1514 fija los criterios para
eliminar el colonialismo, en base al “respe-to
de los principios de la igualdad de dere-chos
y de la libre determinación de todos
los pueblos, y de asegurar el respeto uni-versal
de los derechos humanos y las liber-tades
fundamentales para todos sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión”. A la vez “proclama solemne-mente
la necesidad de poner fin, rápida e
incondicionalmente al colonialismo en to-das
sus formas y manifestaciones” y agrega
además: para que “los pueblos dependien-tes
puedan ejercer pacífica y libremente su
derecho a la independencia completa, de-berá
cesar toda acción armada o toda me-dida
represiva de cualquier índole dirigida
contra ellos, y deberá respetarse la integri-dad
de su territorio nacional.”
Como se ve, la Resolución no deja dudas
en cuanto a su propó-sito
que es acabar con
la opresión colonial. Y
aunque hoy las tres
potencias coloniales
subsistentes (Estados
Unidos, Gran Bretaña
y Francia) pretendan
desconocerlo, tales
recomendaciones se
aplican claramente a Puerto Rico, y tam-bién
a nuestras Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, así como a la Guayana
Francesa y otras posesiones coloniales en la
región y en el mundo.
Es importante registrar que, en sus sesio-nes
del año en curso, el Comité de Desco-lonización
adoptó, el 23 de junio, una nueva
resolución ratificando el derecho de Puerto
Rico a la libre autodeterminación e inde-pendencia.
Se trata del trigésimo tercer do-cumento
aprobado en esa instancia por el
caso de Puerto Rico, donde se ratifica, ade-más
el carácter latinoamericano y caribeño
de un país cuyo pueblo, como resultado de
su actual status de subordinación política,
se encuentra privado del derecho de tomar
decisiones soberanas para atender sus ne-cesidades
y desafíos, entre ellos los graves
problemas económicos y sociales de la isla.

7. En nuestro continente, con el respaldo
del derecho internacional y en el marco
del actual proceso de integración regional,
existen condiciones más favorables para
derrotar definitivamente al colonialismo.
Las decisiones de los países del ALBA, de
la UNASUR y la CELAC fortalecen esas po-sibilidades.
En la primera cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), celebrada el 27 y 28 de enero de
2013, en Santiago de Chile, se aprobó por
primera vez una Declaración que contiene
un pronunciamiento sobre Puerto Rico, des-tacando
“el carácter latinoamericano y ca-ribeño
de Puerto Rico” y tomando nota “de
las resoluciones sobre Puerto Rico adopta-das
por el Comité especial de Descoloniza-ción
de las Naciones Unidas”, la Declaración
considera que se trata de “un asunto de in-terés
del CELAC” . En correspondencia con
tal interés en la segunda cumbre de Jefes y
Jefas de Estado de la CELAC, celebrada re-cientemente
en la Habana, Cuba, es invitada
y participa una nutrida representación del
independentismo de Puerto Rico.
Vivimos pues un momento especial para
desplegar una amplia campaña en solidari-dad
con el pueblo puertorriqueño, así como
para afirmar nuestra soberanía en Malvinas
y denunciar la militarización del Atlántico
Sur, todo ello apuntando al objetivo de po-ner
fin al colonialismo en nuestro continen-te.
Septiembre de 2014, Buenos Aires, Argentina.
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argen-tina
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos
NOTAS
(1) Ministerio de Defensa de los Estados Unidos.
(2) Alejandro Torres Rivera, “Las bases militares estadounidenses en Puerto Rico”, artí-culo
en la Web
(3) Telma Luzzani, “Territorios vigilados”, Editorial Random House Mondadori, Buenos
Aires, 2012.