La ley de factoring permitirá que las micro y pequeñas empresas obtengan liquidez inmediata al vender sus facturas pendientes de cobro a instituciones financieras. Sin embargo, solo un pequeño grupo de mypes se beneficiará, ya que los bancos solo comprarán facturas de mypes que venden a grandes clientes como el Estado o cadenas minoristas. De las más de 3 millones de mypes en el país, muy pocas venden a estos grandes clientes. Además, la promulgación de la ley cerca de las elecciones parece tener más

1. El Ejecutivo promulgó la conocida ley de ´factoring´ que permitirá que las micro y pequeñas empresas
(Mype) puedan obtener liquidez inmediata –y así no esperar entre 90 y 180 días para poder cobrar- con el
uso de sus facturas pendientes de pago, sin embargo, diferentes instituciones que agrupan a la Mype en
el país si bien felicitan la medida advierten que los beneficiados con la dicha norma será apenas un
minúsculo grupo del total microempresas que existen el país.
El “factoring” es un contrato mediante el cual una empresa vende sus facturas por cobrar a una entidad
financiera para obtener capital de trabajo. Si bien la medida es buena como mecanismo de financiamiento
serán pocas las Mypes favorecidas, dice el presidente del Instituto Latinoamericano de Desarrollo
Empresarial (Ilade). Ello –explica- porque la ley de ´factoring´ deja en manos de las instituciones
financieras la decisión de compra de las facturas comerciales a las Mype, pero como son pocas las
microempresas que pueden vender sus productos al Estado o grandes cadenas comerciales (deudores
confiables), sólo es un minúsculo grupo quien se beneficiará.
Los bancos sólo comprarán las facturas de aquellas mypes que han vendido sus productos al Estado a
los retail, pues solo así se asegura (la entidad financiera) que va recuperar la inversión realizada. Las
instituciones bancarias no van a comprar las facturas cuando la institución o persona que va cobrar es
Juan Pérez. Esta posible discriminación en la elección de las compras de las facturas será una traba.
De las más de 3 millones 200 mil microempresas que existen el país las que venden al Estado o los
grandes retail –como Saga o Ripley- son poquísimas. Por ejemplo, en Lima existe 1 millón de mypes, de
ese total de empresas apenas 10 mil logran vender sus productos al Estado. El panorama en el interior
del país es similar, asegura el director de Ilade.
Incluso el propio ministro de Producción, Jorge Villasante, reconoce el poco impacto de la ley de ´factoring
´. Así estimó ayer en la conferencia de promulgación de la norma, que las mypes beneficiadas serán 778
mil a nivel nacional de las más de 3 millones 200 mil. Sin embargo, el ministro señaló que existe otro
sector potencial de 600 mil mypes que ahora están en el Régimen Unico Simplificado (RUS) y que
podrían usar las facturas comerciales, pero antes necesitan cambiarse de régimen tributario, al del
Impuesto a la Renta o al Especial de Renta.
Con tinte político
En opinión de Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Perú –(Compymep), la promulgación de la ley de ´factoring´ a puertas de culminar
el presente gobierno es con “más tinte político mirando a las futuras elecciones presidenciales, que con la
intención ayudar realmente a las microempresas”.
Si el gobierno hubiera tenido la sincera intención de ayudar a la mype en el país no hubiera esperado
tanto tiempo para promulgar la ley. El presidente García dijo en su último discurso del 28 de julio que en
los próximos días promulgaría la ley de factoring pero pasaron varios meses y a finales de año recién lo
promulgan. No hay intención todo es un cálculo electoral.
Fernández como Lastra coinciden que las mypes en el país están siendo dejadas de lado por el gobierno,
pues no reciben la ayuda adecuada. Por ello demanda, entre otras cosas un plan nacional estratégico de
apoyo a la mype, y también a las medianas para reducir la informalidad en el sector , crear un banco
exclusivo de apoyo a la mype entre otros puntos.
Conociendo la ley factoring
La norma que fue promulgada por el propio presidente Alan García en Palacio de Gobierno, promueve el
acceso al financiamiento a los proveedores de bienes y servicios, a través de la comercialización de
facturas comerciales y recibos por honorarios. Mediante este mecanismo la factura comercial podrá
circular como un título valor y las Mype no tendrán que esperar los 90 o 180 días que puede pedir una
empresa, que adquiere bienes o servicios, para cancelar.
A través de la Ley, se otorga a las facturas comerciales y recibos por honorarios, que se originan en las
transacciones de venta y bienes o prestación de servicios, determinadas características que permitan su
negociabilidad.
Para tal efecto, dispone incorporar a los comprobantes de pago denominados facturas comerciales y
recibos por honorarios una tercera copia, para su transferencia a terceros o su cobro ejecutivo, que se
denomina Factura Negociable.
El presidente García pidió al ministro de Producción la inmediata reglamentación de la ley factoring, “que
no sea una ley cuyo reglamento demore, porque quisiera ver en marcha este sistema, y si tuviera algún
tropiezo, hacer las correcciones necesarias para beneficiar la capacidad productiva, la generación de
empleo de nuestra pequeña, mediana y microempresa”, dijo.