El documento discute los desafíos del Estado peruano para regular la minería y la industria de hidrocarburos de manera que proteja el medio ambiente. A pesar de que el Estado creó organismos como el OSINERGMIN y el OEFA para supervisar estas industrias, todavía existen deficiencias que han llevado a conflictos sociales. El Estado debe buscar un equilibrio entre promover la inversión y proteger el bienestar público mediante reglas claras y estudios de impacto ambiental antes que comiencen las operaciones.

1. MINERÍA, HIDROCARBUROS Y EL ESTADO
El Perú es un país que posee una gran diversidad de recursos naturales, que a lo largo
de los años han sido del agrado para la industria extractiva. En los años 50, 60, 70 y 80
la explotación de minerales e hidrocarburos ha significado una devastación para el
medio ambiente donde se realizan estas actividades económicas, por ello el Estado
tomó la decisión de crear un organismo regulador que supervise, fiscalice y sancione a
aquellas empresas que no cumplan con la normativa y disposiciones en materia de
conservación y protección ambiental.
A pesar de la buena voluntad del Estado, aun se puede observar que existen
deficiencias en cuanto al control y supervisión de las actividades extractivas (minería,
hidrocarburos y otros), y en respuesta a estas deficiencias, la población inicia conflictos
sociales, para defender sus espacios, y sus derechos de convivencia en un ambiente
saludable, pues la experiencia, en muchos casos, les ha demostrado que este tipo de
actividades económicas en el futuro contaminan y deterioran su medio de vida,
afectando su salud y actividades a las que están acostumbrados, como la agricultura y
la ganadería.
Si bien es cierto, la necesidad de promover la inversión para recuperar el dinamismo de
la economía peruana, a través de las actividades económicas extractivas, es legítimo
también definir reglas claras para procurar el bienestar común, como fin supremo del
Estado. Por ello se debe buscar un equilibrio y antes de que las empresas inicien sus
operaciones, deben efectuarse los estudios correspondientes que cumplan con los
estándares internacionales establecidos para la mitigación del impacto ambiental.
A lo largo de los años, el OSINERGMIN como organismo regulador con funciones de
supervisión, regulación, fiscalización y sanción, normativa, solución de reclamos en
segunda instancia administrativa y solución de controversias, se ha visto envuelto en
confusiones respecto a sus competencias, debido a la creación del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio de Ambiente, que
se encarga de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental,
así como de la aplicación de los incentivos en los sectores de minería, energía,
pesquería e industria; pues este organismo surgió con la finalidad de absorber
paulatinamente las funciones del OSINERGMIN.
En la actualidad, estos dos organismos muestran duplicidad de funciones, por esta
razón muchas veces no se toma en serio la fiscalización y evaluación que debe
efectuarse antes del inicio de operaciones de las empresas explotadoras, por lo que aún
se observa la impunidad en cuanto a sanciones por contaminación ambiental.
En ese sentido, el Estado tiene el deber de modernizar y ordenar las instituciones para
hacer efectivos los procesos de seguimiento, fiscalización y evaluación que garantice el
correcto funcionamiento y se defienda el patrimonio ambiental.
Liz Yanet Palomino Sulca