Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Infraestructura peru
1. 1
El presente estudio ha sido elaborado por el Instituto Peruano de Economía por encargo de la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos
(ADEPSEP). El equipo de investigación estuvo compuesto por Jorge F. Chávez (Coordinador), Antonio Cusato Novelli, Carlos Celso Castañeda, y María Teresa
Savaresse. Derechos Reservados: Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP)
LA INFRAESTRUCTURA
QUE NECESITA EL PERÚ
Brecha de inversión en infraestructura
de servicios públicos1
Estudio elaborado por:
Por encargo de:
5. 11
RESUMEN EJECUTIVO
BRECHA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
• El presente estudio realiza una evaluación de la situación de los servicios públicos de los sectores transportes,
saneamiento, electricidad, gas natural y telecomunicaciones en el Perú, y actualiza el estimado de déficit de
inversión en infraestructura de estos sectores. Este indicador se denomina “brecha de inversión en servicios
públicos” y es calculado considerando un período de 10 años, como referencia.
• El concepto de “brecha de inversión” implica el reconocimiento de la falta de inversiones para llegar a cierta
meta o para cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura, ya sea por el uso de instalaciones en
condiciones subóptimas y/o la dificultad de satisfacer la demanda actual y futura. Este concepto es estático
debido a que no proviene de una programación de inversiones en el tiempo, sino que es un agregado del
total de inversiones que se requerirían realizar “hoy” para cumplir las metas establecidas. Por esta razón, el
monto global que se obtiene no puede ser considerado como el valor presente de estas inversiones.
• En relación con la metodología de cálculo, en el caso del sector transportes la estimación corresponde a los
requerimientos de inversión para atender la demanda de corto plazo y, a su vez, superar las deficiencias
existentes en materia de infraestructura. En el caso de los sectores saneamiento, energía y
telecomunicaciones, la brecha de inversión deja de lado la demanda de corto plazo para fijar metas más
ambiciosas, las cuales se definen en función de los niveles de cobertura de servicios públicos que existen en
Chile y/o Colombia1
. Para el caso del sector gas natural, un nuevo servicio público en el país, se consideró
las inversiones necesarias para la distribución del gas en Lima y los proyectos de los gasoductos regionales.
• Un aspecto importante que se debe mencionar es que se debe tener cuidado al comparar el nuevo monto
global con la cifra del estudio anterior de US$ 18,163 millones, por cuanto se han introducido nuevos
componentes al cálculo -tales como el gas natural como servicio público o algunos componentes de
inversión rural- y se ha cambiado la metodología en el caso del sector telecomunicaciones. Un estimado
comparable al del año 2001 arroja un valor de US$ 18,896 millones, aproximadamente US$ 700 millones
superior al registrado en el 2001. Cabe señalar que la mayor parte de las diferencias entre estas dos cifras
son producto del deterioro que ha registrado la infraestructura vial en los últimos años.
• El nuevo estimado de este déficit o brecha asciende a US$ 22,879 millones. El sector transportes es el que
presenta mayores necesidades, con una brecha igual a US$ 7,684 millones; le sigue en sector eléctrico con
US$ 5,523 millones, el sector telecomunicaciones con US$ 4,633 millones; el sector saneamiento con US$
4,619 millones; y, finalmente, gas natural con US$ 420 millones.
• La Tabla 0.1 presenta un detalle de cómo se componen estos US$ 22,879 millones de brecha de inversión
en infraestructura de servicios públicos.
1
Esto no pudo ser aplicado en el caso del sector transportes, por cuanto no se pueden calcular cifras de inversión considerando un solo indicador o un grupo
reducido de indicadores, como sí ocurre en los otros sectores (cobertura en saneamiento, cobertura y generación per cápita en electricidad y teledensidad
en telecomunicaciones).
6. 12
• Por otro lado, una desagregación de la brecha de inversión entre Lima Metropolitana y regiones muestra que
las necesidades de inversión están concentradas principalmente en las regiones, con una participación de
estas últimas de 73.3 por ciento. Mientras que en la capital, el sector saneamiento es el que muestra mayores
necesidades, a nivel regional las redes viales representan el componente más importante de la brecha.
7. 13
• Finalmente, se estimó el costo macroeconómico de mantener la brecha de inversión en infraestructura. Para
esto, se estimó que si en el año 2001, año para el cual se calculó el primer estudio, se hubiera “cerrado la
brecha”; en el año 2004 el ingreso por habitante del Perú en términos reales hubiera sido 4 por ciento mayor
al que efectivamente se dio. Esto sería producto de una tasa de crecimiento promedio por habitante 1.2
puntos porcentuales mayor, resultante del “cierre de la brecha”.
II SECTOR TRANSPORTES
• Para el sector transportes, el cálculo de la brecha se basó en los requerimientos de inversión para responder a la
demanda de corto plazo y, a su vez, superar las deficiencias existentes en materia de infraestructura. De esta
forma, la metodología de cálculo de la brecha de inversión en transportes se diferencia de los otros sectores, por
cuanto no toma como referencia el nivel actual de infraestructura de servicios que existe en Chile. Así, no es
factible tomar un conjunto de indicadores de los servicios de transporte y a partir de ello realizar las estimaciones.
PUERTOS
• Con respecto a las características de los sectores y su evolución reciente, los puertos son de vital importancia
para el comercio, pues a través de ellos se moviliza la mayoría del intercambio comercial del país (75 por
ciento aproximadamente). Desde esta perspectiva, la modernización de los terminales portuarios de uso
8. público tiene una especial importancia y resulta prioritaria, en particular si se considera que estos se
caracterizan por poseer facilidades técnicas de uso múltiple. Así, la especialización de los terminales en algún
tipo de carga (principalmente contenedores y granel sólido) exige tener un equipamiento e infraestructura
específica que faciliten el tráfico de carga y de naves de manera eficiente y competitiva. En particular, el
puerto del Callao, el principal puerto del país y uno de los más importantes de Sudamérica, es el que
presenta las mayores necesidades de inversión, especialmente dirigidas a hacer más eficiente el transporte
de contenedores. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de terminales, las inversiones deberían orientarse
hacia las especificaciones técnicas particulares que respondan a la especialización del terminal.
• La estimación de la brecha de inversión toma como base el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP).
Este recoge las necesidades de inversión en el sector con el fin de optimizar el comercio actual y satisfacer
la demanda futura en tres áreas: corto plazo (2005-2006) con inversiones entre US$ 306 y US$ 455 millones
para el puerto del Callao y los puertos regionales; mediano plazo (2007-2012) con inversiones entre US$ 672
y US$ 761 millones para el Callao, puertos regionales, terminales fluviales y otros. Sin embargo, las
estimaciones para los puertos regionales en el mediano plazo estarían sobreestimadas. Ante ello, la brecha
de inversión toma como punto de partida las estimaciones de corto plazo del PNDP y utiliza algunas
inversiones de mediano plazo del mismo plan, las cuales han sido identificadas y consideradas como
prioritarias y viables. De esta forma, se ha estimado que la brecha de inversión en puertos estaría entre US$
695 y US$ 873 millones, de los cuales, más del 80 por ciento corresponden al puerto del Callao.
• En el caso del terminal portuario de Matarani, único puerto concesionado, se tomó como base para
identificar las necesidades de inversión, los montos obligatorios mínimos estipulados en el contrato de
concesión. En este sentido, la brecha de inversión en este terminal está cerrada, ya que se invirtió 33% más
de lo necesario.
FERROCARRILES
• En el caso de los ferrocarriles, éste es un medio importante para el transporte de carga y pasajeros que tiene
ventajas en términos de menor congestión y contaminación en relación al transporte vehicular. En este sentido,
los esfuerzos por alcanzar una inversión que permita superar las condiciones deficientes de la infraestructura
deberían permitir que este medio de transporte se haga más competitivo, en especial en aquellos tramos que
tienen competencia por parte de las carreteras. Este aspecto se hace más relevante en un contexto en el que
se impulsa el desarrollo de una cadena logística de transporte y de transporte intermodal. En Perú, el ferrocarril
también cumple una función social, este es el caso del Ferrocarril Huancayo Huancavelica (FHH), que se
caracteriza fundamentalmente por atender las necesidades de transporte en el área de Junín y Huancavelica,
una de las más pobres del país, por lo que también se requiere mejorar el servicio de éste. En contraste, los
otros ferrocarriles son manejados por empresas privadas bajo criterios comerciales. Así, el Ferrocarril del Centro
(FCC) se dedica al transporte de carga, compitiendo directamente con los camiones que transitan por la
carretera central. Por su parte, el Ferrocarril del Sur Oriente (FCSO) está destinado primordialmente al transporte
turístico de pasajeros y en la práctica opera en un mercado monopólico para aquellos que visitan Machu Pichu.
Finalmente, el Ferrocarril Central del Sur (FCS) se dedica principalmente al transporte de carga y, similarmente
al caso del FCC, éste tiene la competencia de los camiones.
• Para el cálculo de la brecha de inversión, no se cuenta con información específica sobre los montos que
implican las necesidades de inversión para este sector. Esto porque no se tienen estudios específicos para el
FHH y, en el caso de los ferrocarriles concesionados, no se especificaron montos de inversión en los contratos
de concesión, sino metas de calidad. Por ello, en principio se utilizó como base un informe de evaluación de
la situación del FHH elaborado por Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), que describe las serias
deficiencias que éste posee. El cálculo de la brecha reportó un monto de entre US$ 16 y 18.8 millones para
este ferrocarril. Por otro lado, para los ferrocarriles concesionados se utilizaron los planes de inversión de las
propias concesionarias que están orientadas a alcanzar los estándares de calidad. Considerando las
inversiones totales realizadas, para FCC la brecha calculada fue de US$ 1 millón mientras que para las vías
del FCS y FCSO la brecha se puede considerar cerrada. De esta forma, la brecha de inversión en ferrocarriles
se encuentra entre US$ 17 y US$ 19.8 millones.
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9. REDES VIALES
• Las redes viales en el país tienen una extensión de 78,396 km, de las cuales apenas el 13 por ciento se
encuentra en estado asfaltado, 24 por ciento afirmado y el resto sin afirmar o en trocha. En general, el
estado de las redes peruanas es mayoritariamente regular y malo -con excepción de las vías asfaltadas- y en
los últimos años se ha dado un deterioro significativo de las partes asfaltadas, especialmente en las redes
nacional y departamental. Así, las inversiones requeridas deberían permitir superar esta situación a través de
la rehabilitación, el mantenimiento y las mejoras en el tipo de vía.
• En principio, para el cálculo de la brecha de inversión se tomaron las inversiones estimadas de los proyectos
de concesión y del Plan Intermodal del Ministerio de Transportes, los cuales presentan requerimientos de
inversión del orden de US$ 2,288 millones y US$ 2,121 millones, respectivamente. Para el resto de vías, es
decir, aproximadamente dos tercios de la red vial nacional y la mayoría de las redes viales departamentales y
vecinales, se estimó las necesidades de inversión utilizando el mismo criterio del estudio anterior; es decir,
para poner en condiciones óptimas la actual red vial. Los resultados indican que para el resto de la red vial
nacional se tienen requerimientos por US$ 453 millones, para la red vial departamental, US$ 1,362 millones,
y para la red vial vecinal, US$ 555 millones. Considerando lo señalado, los resultados arrojaron una brecha
en redes viales de US$ 6,779 millones.
• En el caso de las vías concesionadas, para la carretera Arequipa - Matarani, considerando las inversiones
realizadas por el concesionario y que la meta de inversión estipulada en el contrato de concesión fue de US$
8.2 millones, se puede decir que la brecha de inversión para esta carretera se encuentra cerrada. En
contraste, para la carretera Ancón-Huacho-Pativilca de la Panamericana Norte aún se presentan necesidades
de inversión. Se tomó como base la inversión proyectada por la propia concesionaria hasta el 2007 (la cual
es mayor a la estipulada en el contrato de concesión), estimándose que las inversiones pendientes alcanzan
los US$ 50.22 millones.
AEROPUERTOS
• En el caso de los aeropuertos, éstos son el segundo medio de transporte más importante para el comercio
exterior. Los aeropuertos peruanos más importantes están administrados por CORPAC, a excepción del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Los aeropuertos de CORPAC representan poco más de la
tercera parte del tráfico de pasajeros total del país y poco más de la décima parte de la carga total de la red
aeroportuaria peruana, dejando con la mayoría de las operaciones al AIJCH. Así, los aeropuertos
administrados por CORPAC, fundamentalmente, alimentan el tráfico de pasajeros y carga desde y hacia el
AIJCH, además de generar tráfico propio. Adicionalmente, el AIJCH es la principal puerta internacional aérea
del Perú, puesto que no compite con ningún otro aeropuerto del país en el tránsito hacia el extranjero.
• En relación con la brecha de inversión, para los aeropuertos administrados por CORPAC se toma como
referencia dos fuentes principales, las inversiones estimadas por Proinversión para aquellas infraestructuras
que forman parte de los paquetes a dar en concesión y el plan maestro de inversiones elaborado por la
consultora de proyectos de construcción Currie & Brown Inc. En el caso del AIJCH, se toma como base el
plan de inversiones presentado por el concesionario en su propuesta técnica. En ambos casos, se consideran
aquellas inversiones que serían necesarias para satisfacer los requerimientos de infraestructura actuales. En
base a lo anterior, el cálculo realizado arrojó una brecha de inversión en los aeropuertos existentes
administrados por CORPAC de US$ 80.1 millones, mientras que para el AIJCH fue de US$ 62.9 millones.
IIISECTOR SANEAMIENTO
• En los últimos años la situación del sector no ha variado significativamente. Los distintos indicadores de
cobertura, calidad, eficiencia en la gestión y financieros continúan mostrando una situación preocupante. En
el área urbana, existen más de 3.5 millones de personas que no acceden a servicios de agua potable,
mientras que en las zonas rurales esta cifra alcanza los 3 millones. Sin embargo, el acceso real de la población
15
10. es mucho más limitado que lo que revelan las cifras de cobertura. Así, en el área urbana, casi una cuarta
parte de la población tiene agua menos de doce horas al día, mientras que en las comunidades rurales la
situación es más crítica. En estas últimas, no solo existen problemas de continuidad del servicio, sino que el
agua en la mayoría de ocasiones no es tratada.
• En relación con la brecha de inversión en saneamiento, las metas de cobertura en el caso del sector urbano
continúan siendo los niveles presentados por las empresas chilenas. Asimismo, a diferencia del estudio
anterior, se incluye una estimación de lo que serían los requerimientos para el área rural, cuyas metas de
cobertura son inferiores a las del sector urbano y están en línea con los planes del Viceministerio de
Construccion y Saneamiento (VMCS).
• Si bien la estimación hallada y la correspondiente al estudio anterior del IPE no son estrictamente
comparables (en esta oportunidad se utilizaron los Planes Maestros de las empresas del sector como fuente
principal y no estimados de inversión per cápita), la evolución de las coberturas de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas entre las empresas de Perú y Chile revela que, mientras las
diferencias en términos de agua potable y alcantarillado se mantienen, el porcentaje de tratamiento de aguas
servidas se ha incrementado sustancialmente más en Chile. Ello ha sido resultado de una inversión que está
realizando el sector privado chileno, la cual ha superado los US$ 500 millones entre el 2001 y el año 2003.
• El estimado de la brecha de inversión asciende a US$ 4,619 millones, de los cuales, aproximadamente la
mitad corresponde a Sedapal. Las EPS mayores presentan necesidades del orden de los US$ 939 millones,
mientras que el resto del sector urbano alcanza los US$ 872 millones.
• En el área rural se tiene un estimado grueso para lo que es infraestructura que alcanza los US$ 437 millones,
los cuales no incluyen lo que son inversiones necesarias en educación sanitaria y otros, que podrían llevar a
que esta cifra se duplique.
• En términos de servicios brindados a la población (agua, saneamiento y tratamiento de aguas servidas), la
mayor inversión corresponde a los servicios de agua potable, que representan aproximadamente el 50 por
ciento del total (US$ 2,233 millones), mientras que el caso de saneamiento representa casi un 40 por ciento
(US$ 1,780 millones) y la inversión en tratamiento de aguas servidas superaría el 10 por ciento del total de
la brecha (US$ 606 millones)2
.
IV SECTOR ELÉCTRICO
• Muchos países en desarrollo se encuentran en una etapa en que la demanda por electricidad se está
incrementando de manera rápida, requiriendo cada vez mayores inversiones. Se estima que entre 1999 y el
2020, los sistema eléctricos de muchas de las economías entren a una etapa de stress debido al descalce
entre la demanda y la oferta. Desafortunadamente, el Perú no ha sido ajeno a esta tendencia, a pesar de ser
el sector eléctrico uno de los que más avances ha registrado en la participación de la inversión privada.
• En el Perú, al año 2004, el 24 por ciento de la población nacional carece de acceso al servicio eléctrico, lo
que implica que alrededor de 6.5 millones de peruanos permanecen al margen del desarrollo y la
modernidad. En zonas rurales esta situación es particularmente grave puesto que únicamente el 32 por
ciento de la población en dichas áreas posee suministro eléctrico sin que esto implique necesariamente que
éste se produzca de manera continua.
• La estimación del déficit de infraestructura en el sector eléctrico considera tres componentes: la
infraestructura de generación, la infraestructura de transmisión y la expansión de la cobertura del acceso al
servicio. A diferencia de otros sectores, en el caso del sector eléctrico se mantiene casi en su totalidad la
metodología seguida en el estudio del 2001.
• Al realizar el cálculo mencionado, sobre la base de comparaciones con otros países, los cálculos que se
presentan en muchos casos se han abstraído de las posibilidades de expansión de la demanda.
16
2
El estimado de tratamiento de aguas servidas puede ser considerado como conservador puesto que, como ya se ha señalado, en Chile se han invertido
más de US$ 500 millones en los últimos años en este rubro. Sin embargo, cabe resaltar que el estimado de Sedapal (que representa casi el 60 por ciento
de las descargas de los sistemas a nivel nacional) corresponde a la reciente actualización del Plan Maestro de Sedapal (junio 2005), mientras que las cifras
del resto de EPS son considerablemente menores, por cuanto su nivel de tratamiento de aguas servicidas es superior al de la empresa de la capital (por
ejemplo, mientras Sedapal solo alcanzaba un nivel de tratamiento de 8.5% en el 2003, las EPS Mayores tenían un índice de 49.2%).
11. • Así, en el caso de la estimación de la inversión necesaria para expandir la infraestructura de generación, es
necesario iniciar el análisis enfatizando la relación positiva entre la producción y el consumo de energía
eléctrica de un país, y su nivel de ingreso. Se han realizado varias simulaciones considerando escenarios
alternativos para la producción per cápita objetivo, siendo el escenario base el que considera alcanzar el 50
por ciento de la producción per cápita de Chile del año 2004. De esta manera, las inversiones necesarias para
alcanzar una producción consistente con el objetivo mencionado es de US$ 3,979 millones. Cabe señalar
que, dada la disponibilidad del gas natural de Camisea como fuente alternativa para la generación de
energía eléctrica (cuya utilización requiere de menores inversiones), la expansión en capacidad instalada
considera como único proyecto hidroenergético la central de El Platanal.
• En el caso del subsector de transmisión, se consideró el Plan de Expansión de REP, en el que se estiman
requerimientos por US$ 228 millones, casi en línea con los estimados del Plan Nacional Referencial de
Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas. En dicho monto se considera la expansión normal del
sistema, así como la conexión de proyectos asociados a Camisea y la hidroeléctrica de El Platanal.
• El estimado de la inversión requerida para la expansión de la cobertura del servicio público de electricidad se
ha realizado considerando un objetivo para el coeficiente de cobertura de 98.2 por ciento3
. De esta manera,
con el fin de alcanzar la meta de cobertura, se requerían alrededor de US$ 1,316 millones, cifra que es
superior a la estimada el año 2001.
• Por último, es posible sobre la base de algunos supuestos calcular cuánto de esta inversión será necesaria
para alcanzar el objetivo de incrementar la cobertura del servicio público de electricidad a los niveles chilenos
observados el año 2004. Este ejercicio indica que más del 90 por ciento (US$ 1,205 millones) de este monto
debería ser asignado a provincias mientras que el resto debería destinarse al objetivo de que el departamento
de Lima alcance una cobertura de 100 por ciento en 4 años.
V GAS NATURAL
• El abastecimiento de gas natural mediante redes es toda una novedad como servicio público en el mercado
peruano, tanto a nivel residencial, como comercial e industrial. De este modo, en esta versión del estudio se
consideró en el cálculo un estimado de la inversión necesaria para expandir la cobertura del servicio de gas
natural en la capital (región en donde ya se está desarrollando el servicio), así como los requerimientos de
inversión asociados a los proyectos de los gasoductos regionales (Ayacucho, Cusco, Ica y Junín).
• La llegada del gas de Camisea a Lima Metropolitana, concretada en agosto del 2004, es un primer gran paso
hacia el desarrollo de este servicio y su posterior expansión a otras regiones del país. Así, de acuerdo a
estimados del actual concesionario, Cálidda, la inversión requerida -adicional a los aproximadamente US$ 70
millones ya invertidos- para continuar con la expansión de la red de distribución de gas natural en Lima
Metropolitana sería de alrededor de US$ 100 millones en los próximos 10 años.
• Por otra parte, el proyecto para la construcción de gasoductos regionales hacia las regiones señaladas
anteriormente demandaría una inversión de alrededor de US$ 320 millones. Cabe señalar que además de
este proyecto, que ya está en cartera de Proinversión, para ser entregado en concesión antes del 2006, existe
también un proyecto de la construcción de una red de gasoductos, como parte del denominado “Anillo
Energético”, con el fin de exportar gas al norte de Chile. La realización de este proyecto (que todavía se
encuentra en etapas primarias) posibilitaría la llegada del gas de Camisea a las regiones de Arequipa,
Moquegua y Tacna.
VI TELECOMUNICACIONES
• El comportamiento del sector tanto en el país como a nivel mundial ha presentado modificaciones
importantes, debido a que las condiciones del mercado han variado. Los cambios en las necesidades y
17
3
Este es el nivel de cobertura, de acuerdo a informaciones de fuentes no oficiales, para el caso chileno. El último dato oficial es para el año 2002 y se basa
en el Censo Nacional de Vivienda de dicho año, con un nivel de 97.2 por ciento a nivel nacional. Cabe señalar que en el caso chileno, la cobertura se
calcula sobre la base del porcentaje de viviendas conectadas a la red, mientras que en el caso peruano, el coeficiente de electrificación se estima como el
porcentaje de la población cubierta.
12. exigencias de los usuarios han contribuido a promover la competencia entre las operadoras y a que estas se
encuentren en un constante proceso de innovación. Se ha hecho indispensable para las empresas buscar
alianzas estratégicas, optimizar los canales de distribución y el mismo uso de infraestructura, con el objetivo
de brindar servicios cada vez más eficientes. Asimismo, las compañías se han visto en la necesidad de diseñar
nuevos planes tarifarios y crear nuevas estrategias de precios, así como brindar la última tecnología, para
poder adecuarse a los requerimientos del mercado.
• Un aspecto importante a destacar es que en la mayoría de países de la región, incluido Perú, se ha venido
observando un estancamiento en la evolución de los indicadores de telefonía fija pero a su vez un
crecimiento en los servicios móviles, superando desde el 2001 a la telefonía fija. Este hecho se puede deber
a la mayor competencia entre las empresas móviles, a la mayor tecnología que ofrece este servicio y a la
diversificación de la oferta tomando en cuenta los niveles socioeconómicos de los clientes.
• El sector telecomunicaciones presenta un cambio importante en la definición de brecha de inversión. La
brecha del sector en el 2001 se determinó como la diferencia entre la inversión simulada para satisfacer la
demanda futura en un escenario pasivo y la inversión necesaria para alcanzar los niveles de teledensidad de
otros países de la región. Es decir, no representaba la inversión total que se debía de realizar en el futuro para
alcanzar el benchmark impuesto por otros países, sino la diferencia entre todo lo que se debía de invertir y
la inversión futura esperada. Por ello, con el fin de uniformizar los criterios empleados en el resto de sectores,
se define la brecha de inversión como el nivel total de inversión requerida para alcanzar las metas de
penetración establecidas, teniendo como referencia los niveles de penetración presentados en Chile y
Colombia en el año 2003 para los servicios de telefonía fija y móvil.
• Al igual que en el caso del sector eléctrico, se considera inviable alcanzar la cobertura actual de Chile y
Colombia (esto sí fue considerado en el estudio anterior). En este contexto, se ha planteado alcanzar el 60
por ciento y 61 por ciento de la penetración de telefonía fija en Chile y Colombia, respectivamente.
Asimismo, para el caso de la telefonía móvil la penetración sugerida representaría el 66 por ciento y el 223
por ciento de la presentada en el 2003 en Chile y Colombia, respectivamente. Habiendo establecido las
metas de penetración para ambos servicios analizados, la brecha de inversión en telecomunicaciones,
tomando en cuenta solo aspectos de ampliación de redes fija y móvil, alcanzaría los US$ 4,569 millones. A
este monto se le debe agregar los US$ 64.7 millones de inversión estimados para cubrir la demanda de la
red de telefonía rural.
• Finalmente, debido al importante cambio metodológico, se debe señalar que si se hubiera utilizado la misma
forma de calcular la brecha que en el estudio del 2001, la brecha de inversión en el sector habría caído
ligeramente de US$ 2,350 millones a US$ 2,147 millones.
18
13. 91
3. SECTOR SANEAMIENTO
3.1 Introducción
En los últimos años, la situación del sector no ha variado significativamente. Los distintos indicadores de
cobertura, calidad, eficiencia en la gestión y financieros continúan mostrando una situación preocupante. En
el área urbana, existen más de 3.5 millones de personas que no acceden a servicios de agua potable, mientras
que en las zonas rurales esta cifra alcanza los 3 millones. Sin embargo, el acceso real de la población es mucho
más limitado que lo que las cifras de cobertura revelan. Así, en el área urbana, casi una cuarta parte de la
población tiene agua menos de doce horas al día mientras que en las comunidades rurales la situación es aún
más crítica. En éstas, no solo existen problemas de continuidad del servicio sino que el agua en la mayoría de
ocasiones no es tratada.
El manejo operacional y financiero de las empresas de saneamiento es caótico, a tal punto que la mayoría de
empresas del sector están quebradas. Éstas son manejadas por los gobiernos locales, los cuales han
demostrado falta de capacidad para gestionar bien las empresas. Todo ello ha llevado a que no se tengan
recursos suficientes para realizar las inversiones en mantenimiento necesarias, con lo cual el deterioro de la
infraestructura es inevitable. Asimismo, se debe considerar que en los últimos años el nivel de las inversiones
en el sector, determinado en gran medida por la voluntad política del gobierno central, se ha reducido a una
tercera parte de lo que fue a fines de la década pasada, limitando así la expansión de la cobertura. Esta decisión
responde a la creciente preocupación de las autoridades por la sostenibilidad de los servicios, luego de la
experiencia de los noventa.
En este contexto, resulta positivo el inicio de la participación privada en el sector, con la concesión de la
empresa de agua y saneamiento de Tumbes. Asimismo, existen otros procesos de concesión en marcha, los
cuales, de concretarse, permitirán mejorar la gestión de los servicios del sector. Sin embargo, aún quedaría un
conjunto importante de empresas donde la participación del sector privado vía esquemas de concesión podría
no ser viable, en particular en el caso de las empresas más pequeñas. Así, se deberían de explorar fórmulas
alternativas con participación de la sociedad civil en la gestión de los servicios. Para ello, se podrían considerar
otras experiencias exitosas de empresas de los gobiernos locales, como por ejemplo las Cajas de Ahorro
Municipal. Como señalan Castillo y Ruiz (2004), existen importantes diferencias con relación a las empresas de
saneamiento, referidas a la composición del directorio (en su mayoría conformado por representantes de la
sociedad civil), los procedimientos para la designación y contratación de personal, así como la sujeción al
organismo regulador o fiscalizador (otras experiencias positivas se han presentado en campos como la salud,
a través de los Comités Locales de Administración de Salud, tambien manejados mayoritariamente por
representantes de la sociedad civil) .
3.2 Situación del sector desde una perspectiva comparada
En este acápite se analiza la situación general del sector sobre la base de un conjunto de indicadores con el
objeto de caracterizar el atraso relativo que presentan las empresas de saneamiento en el Perú respecto de las
de Chile. En términos generales se observa que mientras la situación entre las empresas chilenas es
relativamente homogénea, existen grandes diferencias entre la empresa de la capital peruana y las de
provincias, donde a pesar que la primera muestra una mejor posición aún se encuentra muy rezagada respecto
de la empresa de Santiago de Chile.
En particular, se presentan indicadores de cobertura (agua potable, alcantarillado154
, tratamiento de aguas
servidas), otro grupo de indicadores relacionado con la calidad de los servicios (continuidad y calidad del agua),
otro que mide la eficiencia en la gestión de las empresas (producción per cápita, producción no facturada, nivel
154
En las zonas rurales no existe sistema de alcantarillado, sino letrinas de excretas en general. Sin embargo, para facilitar la lectura del termino en este
documento, alcantarillado incluye sistemas de disposición de excretas, como las letrinas.
14. de micromedición, conexiones inactivas, personal de la empresa) y finalmente se tiene un conjunto de indicadores
financieros (morosidad, margen operativo y nivel de endeudamiento). Asimismo, cabe agregar que en el caso de
los indicadores de cobertura y calidad, el ámbito de análisis para el caso peruano fue ampliado para incluir a las
pequeñas localidades urbanas que no están bajo el ámbito de las empresas del sector y a las zonas rurales.
3.2.1 Ámbito de atención y cobertura
De la población total del país, aproximadamente el 70 por ciento está ubicado en áreas urbanas, mientras que
el 30 por ciento restante en áreas rurales155
(ver Tabla 3.1). Poco mas del 90 por ciento de la población urbana
es atendida por 54 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), las cuales son reguladas por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)156
. De estas últimas, 44 son empresas
municipales y únicamente Sedapal, la empresa de la capital, se encuentra bajo la responsabilidad del Gobierno
Central. Mientras que Sedapal tiene bajo su ámbito al 29 por ciento de la población total del país, el resto de
EPS tienen bajo su responsabilidad al 33 por ciento.
Por otro lado, el 10 por ciento restante de la población urbana corresponde a 490 pequeñas localidades cuya
población se encuentra entre 2 y 30 mil habitantes, las cuales no son atendidas por ninguna EPS157
y cuyos
servicios son prestados por municipios locales y juntas administradoras158
. Finalmente, un 29 por ciento de la
población nacional se encuentra en el medio rural, el cual agrupa a todas aquellas localidades con menos de
2 mil habitantes. En este caso, la prestación de los servicios se realiza por acción comunal, a través de las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), asociaciones de servicios y comités.
92
155
Un centro poblado rural es aquel que tiene menos de 100 viviendas reunidas contiguamente, o, en el caso de tener más de 100 viviendas, éstas no forman
bloques urbanos, sino se encuentran dispersas. Por el contrario, los centros poblados urbanos tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas
contiguamente. En el caso del sector saneamiento, se define centros poblados rurales como aquellos que tienen hasta 2 mil habitantes.
156
Hasta el año 2004, solo 45 EPS eran reguladas por SUNASS. En relación con las 9 EPS que estaban bajo el ámbito del regulador, una empresa correspondía
a un municipio provincial (Huancayo), la cual optó por no integrarse al ámbito regulado, y las 8 empresas restantes correspondían a municipios distritales,
las cuales optaron por no integrarse a ninguna EPS del ámbito regulado (o no lo consiguieron) y de esta forma adoptaron otras unidades de gestión
(prestación directa por municipios, por empresas municipales, juntas administradoras de agua, entre otros).
157
Existen 154 pequeñas localidades que sí se encuentran bajo el ámbito de alguna EPS y, por lo tanto, son atendidas por éstas.
158
Son aquellas que administran los servicios en las áreas rurales.
15. En términos de la cobertura de los servicios, más de 800 mil personas en Lima no tenían una conexión
domiciliaria en el año 2003, en el resto del sector urbano el número superaba los 2.8 millones, y en las zonas
rurales se tenían aproximadamente 3 millones de habitantes. Así, en el Perú aún hay más de 6.7 millones de
personas sin acceso a un servicio seguro y confiable de agua potable, mientras que las cifras en alcantarillado
y/o saneamiento son aún más críticas, alcanzando los 11.3 millones a nivel nacional. Este importante déficit
tiene efectos importantes sobre la salud de la población, al facilitar la transmisión de enfermedades
relacionadas con el agua, ya sea por la falta de aseo personal -limitado por la carencia del servicio de agua- o
por la contaminación ambiental -relacionada a la falta de servicios de saneamiento- (ver Recuadro 3.1).
93
Recuadro 3.1. Agua, alcantarillado y salud
El acceso adecuado a servicios de agua y alcantarillado seguros y eficientes permite una reducción de la morbilidad y
mortalidad asociada a las enfermedades transmitidas por el agua, siempre que venga acompañado de mejores prácticas
de aseo personal. Esto último es particularmente importante, ya que si bien la expansión del servicio de agua permite
una mayor disponibilidad de agua, es más difícil cambiar los hábitos y prácticas personales, los cuales son los que
finalmente evitan la transmisión de enfermedades. En contraposición, las inversiones físicas en saneamiento son más
efectivas, puesto que impiden que las heces se acumulen y queden expuestas en espacios públicos (Bosch et al. 1999).
Uno de los aspectos más estudiados ha sido el impacto de las intervenciones para mejorar el acceso a servicios de agua
y alcantarillado y las enfermedades diarreicas. Fewtrell y Colford (2004), en una revisión de la literatura, encuentran
que sí existe un efecto positivo de las intervenciones de expansión de los servicios de agua sobre las enfermedades
diarreicas en países desarrollados, en particular en los casos donde existan conexiones de agua dentro del domicilio y
a su vez las familias dejen de almacenar el agua (esto ocurre cuando el servicio no es continuo). De esta manera, existe
una compleja relación entre los servicios de agua y alcantarillado, la higiene personal y las enfermedades diarreicas: se
requieren cantidades mínimas de agua para poder adoptar hábitos de higiene que eviten las vías de contagio, pero
no necesariamente la disponibilidad de los servicios llevan a un cambio en los patrones de comportamiento de las
personas. Por ello, al observar la Figura 3.1, no resulta sorprendente que exista una alta correlación a nivel regional
entre la carencia de acceso al servicio de agua y la tasa de prevalencia de la diarrea en niños menores de 5 años.
16. Recuadro 3.1. Agua, alcantarillado y salud (continuación)
Por otro lado, en un reciente documento de la Organización Mundial de la Salud, Howard y Bartram (2003) estiman
las necesidades básicas de agua para un hogar y las relacionan con el nivel de accesibilidad del servicio (medido en
distancia y tiempo para acceder al recurso) y el efecto sobre la salud del hogar. Considerando lo señalado por los
autores y los estimados de tiempo para acceder a una fuente de agua, provenientes de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES), en el año 2000 un 11.9 por ciento de las viviendas a nivel nacional presentaban un
acceso básico al servicio, lo cual implicaba un riesgo alto para la salud, mientras que un 4.4 por ciento de las
viviendas básicamente no tenían acceso al servicio, por lo que el riesgo de salud de dichas familias podría ser
caracterizado como alto (ver Tabla 3.2). En realidad, dichas cifras podrían estar subestimando la población que está
expuesta a serios riesgos de salud, puesto que la continuidad del servicio en el país es aún muy deficiente, como
se verá más adelante.
94
17. Si se realiza una comparación de los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado entre el Perú y Chile
se encuentra que las mayores diferencias corresponden a los servicios ubicados en el ámbito urbano (ver Tabla
3.3). Así, mientras que la cobertura de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas alcanza el 81 y 70
por ciento en el caso peruano, Chile presenta niveles de cobertura que llegan al 100 y 95 por ciento
respectivamente. Sin embargo, la variabilidad existente detrás de estos promedios es un problema aún mayor.
En el caso chileno, todas las empresas presentan una cobertura de agua potable superior al 99 por ciento
mientras que en el Perú la empresa con mayor cobertura alcanza el 99 por ciento y la empresa con menor
cobertura el 29 por ciento.
95
Así, las diferencias existentes entre las coberturas de agua potable de las EPS se pueden observar en la Figura
3.2. En este caso se han agregado las poblaciones totales bajo el ámbito de las EPS clasificando a estas últimas
según tres categorías: si la EPS tiene una cobertura de agua superior al 85 por ciento, si es superior al 70 por
ciento y menor o igual al 85 por ciento, y si es igual o menor al 70 por ciento. De esta forma, existen 18 EPS
a nivel nacional que atienden al 71 por ciento de la población, cuyas coberturas son superiores al 85 por ciento.
Sin embargo, si se excluye a Sedapal del cálculo, sólo el 44 por ciento de la población fuera de la capital es
atendido por EPS’s que tienen una cobertura de agua potable superior al 85 por ciento.
18. 96
De la misma forma, en el caso de alcantarillado la variabilidad de las tasas de cobertura de las empresas
peruanas es mucho más elevada que en el caso chileno. En Chile, todas las empresas con excepción de una,
COOPAGUA, que atiende al 0.03 por ciento de la población urbana de Chile, presentan una cobertura de
servicios de alcantarillado superior al 85 por ciento. En el caso peruano, las tasas de cobertura varían entre 28
y 95 por ciento. Considerando el mismo ejercicio realizado para la cobertura de agua potable (ver Figura 3.3),
el 67 por ciento de la población que vive en provincias es atendido por EPS que presentan una cobertura de
19. alcantarillado igual o inferior al 70 por ciento mientras que este porcentaje alcanza el 35 por ciento si se
considera a toda la población urbana. Así, nuevamente se puede observar que Sedapal afecta fuertemente el
promedio nacional y que la situación en provincias es claramente mucho más crítica.
Otro punto por abordar en el caso urbano, es analizar los avances o retrocesos de las empresas del sector (en
este caso se consideró solo a las EPS reguladas por SUNASS) respecto de la situación de las empresas de Chile
a lo largo de los últimos años. Si se observa las coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas de Perú y Chile para los años 2001 y 2003, es claro que mientras la brecha en términos de
cobertura para los servicios de agua potable y alcantarillado se ha mantenido, la diferencia en términos de
tratamiento de aguas servidas159
se ha acrecentado considerablemente (ver Figuras 3.4 a 3.6). Así, mientras el
Perú solo incrementó la cobertura de tratamiento de aguas servidas en 3.6 puntos porcentuales, Chile lo hizo
en 26.6 puntos. Como se explicará más adelante, este incremento en el tratamiento de aguas servidas en Chile
se ha dado gracias al inicio de la participación privada en el sector, con una inversión aproximada de US$ 530
millones entre el 2001 y el 2003 en este rubro.
97
159
Este es un factor importante para la protección de la salud pública y del medio ambiente. En el año 2003, los sistemas de alcantarillado correspondientes
a las EPS peruanas recolectaron 951 millones de m3, de los cuales el 55 por ciento correspondía a Sedapal. Solo un 22.9 por ciento de este volumen recibe
algún tipo de tratamiento previo a su descarga (existen tratamientos biológicos, fisicoquímicos y otros, como es el caso de los emisorios submarinos que
corresponden a un tipo de disposición).
20. Finalmente, en relación con los servicios a nivel rural, el Perú presenta un nivel de cobertura de agua potable
ligeramente inferior a Chile, estando ambos alrededor del 65 por ciento. Sin embargo, cabe señalar que si se
considera que la población rural en Perú es proporcionalmente mucho mayor a la de Chile, 29 por ciento de
la población total en el primer caso y sólo 13 en el segundo, es claro que el problema en el Perú es de mayor
magnitud. En el caso de alcantarillado las diferencias sí son más marcadas, presentando el Perú una cobertura
de 30 por ciento en comparación con el 51 por ciento que se tiene en el caso chileno. Asimismo, como señala
Calderón (2004), el alcance de los servicios de agua y alcantarillado rural debe medirse no sólo en términos de
la cobertura, sino que es de vital importancia analizar la sostenibilidad de los mismos puesto que en muchos
casos éstos presentan una crítica situación que haría que el verdadero acceso a estos servicios sea más bajo
que lo que las cifras oficiales revelan (ver Recuadro 3.2).
98
Recuadro 3.2. Sostenibilidad de los servicios e infraestructura en zonas rurales
El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) realizó encuestas en julio del año 2001 a 70
comunidades rurales de siete departamentos de la costa, sierra y selva (PRONASAR 2003). Así, se definió como
sostenibles los sistemas que: (i) presentaban condiciones aceptables en términos del estado de los servicios,
considerando la continuidad, cobertura y calidad de los mismos; (ii) la administración estaba a cargo de una junta
responsable y capaz; (iii) los usuarios manifestaban satisfacción por los servicios brindados y apoyaban a la directiva;
y (iv) las familias pagaban una cuota por los servicios. Los resultados indicaban que el 28.8 por ciento de las
comunidades evaluadas contaban con servicios sostenibles, un 56.1 por ciento tenían sistemas en proceso de
deterioro leve (ciertas deficiencias en el estado de los servicios y en la gestión, operación y mantenimiento), un 12.1
por ciento condiciones de deterioro grave (sistemas que dejarían de funcionar antes de terminar la vida útil de su
diseño) y un 3 por ciento eran sistemas que eran caracterizados como “colapsados”. Estos resultados están en línea
con los presentados por el Programa de Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial en el año 2000, donde se
analizaron 104 sistemas de agua rural, concluyendo que un 31.7 por ciento eran sostenibles, un 66.4 por ciento
estaban en proceso de deterioro (leve o grave) y un 1.9 por ciento estaban colapsados.
21. Recuadro 3.2. Sostenibilidad de los servicios e infraestructura en zonas rurales (continuación)
Asimismo, en el estudio se determinó que la infraestructura existente de agua potable presentaba buenas condiciones
en un 36 por ciento de los sistemas, condiciones regulares en un 47 por ciento de los casos, malas condiciones en
un 9 por ciento y, finalmente, un 8 por ciento de los sistemas simplemente no se encontraban operativos (ver Figura
3.7). Sin embargo, como señala el estudio del PRONASAR (2003), “tomando en cuenta los aspectos de cobertura,
calidad de agua y continuidad del servicio, el servicio real proporcionado es muy inferior a lo que sugiere el estado de
la infraestructura. Para ilustrar esta aseveración: el 36 por ciento de los sistemas tiene infraestructura calificada en
buen estado, pero cuando los demás factores (cobertura, calidad de agua y continuidad) son tomados en cuenta, sólo
el 12 por ciento de las comunidades goza de un servicio de agua calificado como “bueno”.
Por otro lado, en el caso de los servicios de alcantarillado en las zonas rurales, la situación de la infraestructura era
más crítica. Por un lado, sólo un 20 por ciento de las comunidades disponían de un sistema de alcantarillado, y de
éstos, un 61.3 por ciento estaban en regular estado y un 30.9 por ciento en mal estado. Además, los sistemas de
alcantarillado se encontrarían subutilizados en casi todos los casos, puesto que un gran número de viviendas no
cuenta con conexión. La razón más citada que explicaría esta falta de conexión sería el costo (US$ 200 por vivienda
aproximadamente). El 80 por ciento restante de comunidades tenían como sistemas de disposición de excretas sólo
letrinas, las cuales presentaban una situación tan crítica como en el caso de los servicios de agua: sólo un 24.5 por
ciento estaban en buen estado, un 35.9 por ciento se encontraban en regular estado, un 28.3 por ciento en mal
estado y un 11.3 por ciento en estado muy malo.
Fuente: PRONASAR (2003).
99
3.2.2 Gestión de los servicios
(i) Indicadores de calidad
En principio, la continuidad del suministro de agua potable es un indicador básico de la calidad del servicio
brindado. En este sentido, la falta de continuidad no solamente constituye un problema por las incomodidades
generadas para el usuario (por ejemplo tener que almacenar el agua) sino básicamente aumenta la
probabilidad de contaminación del agua, tanto en las redes de distribución como en el caso que el agua sea
almacenada. En los últimos tres años el número de horas promedio de servicio en zonas urbanas ha
aumentado, pasando de 19.3 horas en el 2001 a 21.3 horas en el 2003, donde gran parte de este aumento
es explicado por la mejora en el servicio Sedapal. Sin embargo, este desempeño favorable de la empresa de la
capital se vio interrumpido en el año 2004, puesto que la sequía160
obligó a una severa restricción del servicio,
tal como se aprecia en la Figura 3.9. Fuera de la capital la situación es crítica, puesto que más del 40 por ciento
de la población accede a un servicio cuya continuidad es menor a 12 horas (ver Figura 3.10).
Si se comparan los resultados en la continuidad del servicio de las zonas urbanas en el Perú respecto de Chile,
las diferencias son abismales. El suministro en Chile alcanza las 24 horas al día en promedio, y sólo se ve
afectado por situaciones de fuerza mayor. La Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile elabora
anualmente un indicador de continuidad del servicio, el cual se encuentra en un rango que varía entre -9 y 1,
indicando el primer valor una situación donde todos los clientes se vieron afectados por cortes no programados
durante todo el periodo de evaluación (es decir, no se entregó el servicio), mientras que el valor de 1 indica
que no hubo ningún corte de suministro. De esta forma, al año 2003 todas las empresas del sector, con
excepción de dos, alcanzaron un valor superior a 0.99 mientras que las dos empresas que estuvieron debajo
del promedio presentaron índices con un valor de 0.975 y 0.983.
160
Según la Memoria Anual de Sedapal 2004, la escasez de lluvias en la sierra central llegó a un nivel de almacenamiento al final de la temporada de lluvias
correspondiente al año 2004 que representaba un 61 por ciento de lo registrado en el año anterior.
23. Por otro lado, fuera del ámbito de las EPS, la situación de la continuidad del agua en las pequeñas localidades
(entre 2 y 30 mil habitantes) y en las comunidades rurales (menos de 2 mil habitantes) es más preocupante.
En relación con las primeras, el Banco Mundial (2004) señala que en una muestra de 21 pequeñas localidades
se encontró que en un 43 por ciento de los casos la población recibía un servicio de agua continuo, en un 10
por ciento de las localidades el servicio se prestaba entre 12 y 24 horas, en un 14 por ciento la continuidad se
encontraba entre las 6 y 12 horas, mientras que un 33 por ciento de las localidades recibían un servicio durante
menos de 6 horas (ver Figura 3.11).
101
En el caso de las comunidades rurales, el estudio de PRONASAR (2003) revela que de las 70 comunidades
analizadas, un 54.5 por ciento de los sistemas presentaban problemas de continuidad del servicio (ver Figura
3.12). Este porcentaje era aún mayor en el caso del estudio del PAS del año 2000, llegado al 79 por ciento de
los casos. Como señala el estudio, si bien los manantiales de los sistemas estudiados presentaban un caudal
suficiente de agua, la diferencia de éste con la falta de continuidad del servicio radicaba básicamente en el
“estado de la infraestructura y su inadecuada operación y mantenimiento, el mismo que se ve agravado por
la instalación de conexiones domiciliarias sin ningún control por parte de los usuarios, en un número mayor al
proyectado en los diseños, así como a los altos niveles de desperdicio de agua en los domicilios”.
Además de la continuidad, otro indicador de la calidad del servicio de particular relevancia es el referido a la
calidad misma del agua, debido a que afecta directamente a la salud pública por la existencia de enfermedades
causadas por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable161
. Así, para las áreas
urbanas la SUNASS considera dos indicadores de la calidad del agua potable: la presencia de cloro residual en
las redes de distribución y la turbiedad del agua potable distribuida. Ambos indicadores muestran resultados
positivos puesto que el porcentaje de muestras que resultaron satisfactorias fue de 98 por ciento en el caso de
la presencia de cloro residual y 96 por ciento en el caso de turbiedad del agua162
(ver Figura 3.13).
161
El último reglamento de la “Calidad del Agua para Consumo Humano” de DIGESA corresponde al año 2005. En éste, los estándares de calidad no son
tan exigentes como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ejemplo, en el caso del arsénico, la OMS recomienda un valor
de 0.01 mg/litro, mientras que la norma peruana establece un límite mayor, de 0.05 mg/litro.
162
La SUNASS establece que el 80 por ciento de las muestras tomadas en la red de distribución deben tener una concentración de cloro residual superior a
0.5 mg/litro y el otro 20 por ciento restante de muestras debe contener como mínimo 0.3 mg/litro. En relación con la turbiedad, se ha establecido que su
nivel no debe superar las 5 UNT.
24. Sin embargo, llama la atención el caso de Sedapal debido a que en el 2003 aumentó considerablemente el
número de muestras que no cumplían con los estándares fijados, de manera que sólo el 79 por ciento de las
mismas terminaron siendo calificadas como satisfactorias (ver Figura 3.14)163
. Esta situación dista mucho de la
correspondiente a la empresa de Santiago de Chile, Aguas Andinas, la cual cumplió de manera satisfactoria con
todas las muestras que se hicieron relacionadas a la turbiedad del agua, además de cumplir también con las
pruebas de desinfección (presencia de cloro residual) y otras de carácter bacteriológico (presencia de coliformes)
y químico. Asimismo, las diferencias en la calidad del agua entre las empresas chilenas es mínima, por ejemplo el
porcentaje de muestras satisfactorias relacionadas con la presencia de cloro residual fluctuaba entre 99.2 y 100.0
por ciento, a diferencia del caso peruano, donde las EPS pequeñas cumplen con los estándares establecidos
respecto de la presencia del cloro residual en un porcentaje menor que las empresas de mayor tamaño.
102
163
La Memoria Anual de Sedapal del 2004 no muestra este indicador y solo presenta el indicador de presencia de cloro residual en las redes, el cual se mantuvo
en 100 por ciento.
25. Si bien en las zonas urbanas que se mantienen reguladas por SUNASS se cumplen con los estándares mínimos
para garantizar la calidad del agua sumistrada, lo mismo no ocurre en las pequeñas localidades y zonas rurales.
En el caso de las pequeñas localidades, de 24 localidades analizadas sólo el 46 por ciento de ellas desinfectaba
el agua en forma permanente, mientras que el 33 por ciento lo hacía en forma no permanente y en un 21 por
ciento de los casos nunca se desinfectaba el agua. Más aun, sorprende la falta de capacitación del personal
que brinda los servicios, puesto que en el 17 por ciento de los casos, estos últimos señalaron que no sabían
que desinfectando el agua se evita la transmisión de enfermedades (Banco Mundial 2004).
La situación de la calidad de agua en las zonas rurales también muestra un panorama desalentador. Un estudio
de PRONASAR (2003) en 70 comunidades revela que si bien un 39.4 por ciento de los sistemas de agua tenían
equipos de cloración, sólo en el 9.1 por ciento de los casos se presentaron niveles detectables de cloro residual
mientras que únicamente el 7.6 por ciento sí tenía niveles de cloro residual considerados como ideales para
evitar la re-contaminación del agua. A pesar de estos bajos niveles, el estudio califica el nivel de seguridad de
la calidad del agua, más allá de si ésta fue clorada o no. Así, se califica a un sistema como aceptable si es que
la fuente de agua es subterránea y tiene un sistema hermético, aun cuando no se esté clorando el agua.
Considerando lo señalado, se identificó que el 81.8 por ciento de los sistemas presentaba un nivel aceptable,
mientras que en un 10.6 por ciento de los casos el nivel de seguridad de la calidad del agua era inaceptable164
.
(ii) Indicadores de eficiencia
Un primer indicador de eficiencia de los servicios es la producción per cápita de agua, es decir, el volumen de
agua que se suministra a cada habitante servido. Según la SUNASS (2004), los parámetros bajo los cuales han
sido diseñados los sistemas de agua en las zonas urbanas para satisfacer de manera eficiente la demanda de
un determinado número de clientes señalan que el rango comprendido entre 180 y 250 litros por cada
habitante servido al día puede ser considerado como razonable. A partir de lo señalado, en el año 2003 sólo
trece EPS tenían una producción per cápita dentro de este rango mientras que 17 empresas producían más de
300 litros por habitante al día y dos producían menos de 180 litros. Entre éstas resaltan las EPS Sierra Central
S.A., Emsapa Calca y Emaq, las cuales presentaban una producción per cápita de 651, 630 y 615 litros por
cada habitante servido al día respectivamente, y una continuidad del servicio que sólo alcanzaba 15, 15 y 14
horas al día.
Junto con el indicador de producción de agua, se pueden analizar otros tres indicadores íntimamente
relacionados con éste: (i) el porcentaje del agua no facturada, (ii) el nivel de micromedición, y (iii) el número
de conexiones activas en relación con las conexiones inactivas. El primer indicador refleja el volumen de agua
que se deja de facturar respecto del volumen producido. Si bien se puede considerar aceptable que exista un
porcentaje de agua que no es facturada -dado que los sistemas de distribución tienen miles de kilómetros de
tuberías y las roturas que se producen causan pérdidas de agua-, altos niveles de pérdidas reflejan el hecho de
que no se está midiendo adecuadamente el consumo de agua -indicador de micromedición- o que existe un
elevado uso clandestino del servicio de agua potable -un número alto de conexiones inactivas estaría reflejando
esta situación.
En relación con el primer indicador, se puede considerar como razonable un nivel de agua no facturada que
alcance el 25 por ciento de producción (SUNASS 2004). Tomando como referencia esta cifra y el nivel
alcanzado de agua no facturada en el caso de las empresas en Chile, que ascendía a 32.1 por ciento en el año
2003, es claro que el nivel de pérdidas promedio de 45.5 por ciento que presentan las EPS peruanas es
excesivo. Si se considera el caso de Sedapal, se tiene que la proporción de agua no facturada es muy superior
a la registrada por la empresa Aguas Andinas, de Santiago de Chile, con una diferencia de más de 10 puntos
porcentuales entre los indicadores de ambas empresas (ver Figura 3.15). Esta brecha se mantendría en el 2004
103
164
Adicionalmente, el 7.6 por ciento restante correspondía a los sistemas con niveles de cloro residual óptimos.
26. puesto que Sedapal habría presentado un nivel de agua no facturada de 38 por ciento (Sedapal 2005). En el
caso de las EPS grandes la situación aun es más crítica que en Lima. Así, con excepción de la EPS Tacna, el resto
de empresas grandes presenta niveles superiores al promedio nacional, resaltando los casos de la EPS
Sedaloreto y la EPS Grau, con pérdidas estimadas en 62 y 63 por ciento respectivamente.
Como se ha señalado, estos altos niveles de agua no facturada responden en parte a los problemas de
micromedición existentes; es decir, la facturación de la empresas no guarda relación necesariamente con los
consumos de agua efectivos, ya sea porque no existen medidores (bajos niveles de micromedición) o porque
los ya existentes se encuentran en mal estado. A nivel nacional, al año 2003 el 53.9 por ciento de las
conexiones de agua potable eran facturadas por diferencia de lectura. Sin embargo, este promedio se ve
fuertemente afectado por Sedapal, que posee el 59.9 por ciento de los medidores operativos a nivel nacional.
Así, si se excluye a la empresa de la capital del cálculo, el nivel de micromedición alcanzó sólo un 39.4 por
ciento.
104
Si bien Sedapal presenta un nivel de micromedición muy superior al promedio del resto del país, con 71.6 por
ciento, nuevamente la empresa de la capital se encuentra muy rezagada en relación con la empresa de
Santiago de Chile, Aguas Andinas, la cual presentaba un nivel de 95.1 por ciento en el año 2003. Las
diferencias son más notorias en el caso del resto de empresas puesto que como se señaló, las EPS peruanas
presentan un nivel de micromedición de solo 39.4 por ciento mientras que las empresas chilenas fuera de la
capital alcanzaban un nivel de 98.1 por ciento (ver Figura 3.16). Asimismo, otro factor que claramente
diferencia a las EPS peruanas de las empresas chilenas es que estas últimas presentan una variabilidad mínima
del indicador de micromedición puesto que todas las empresas tienen niveles superiores a 94 por ciento. Por
el contrario, la heterogeneidad en los niveles de micromedición de las empresas peruanas es muy amplia,
fluctuando entre 0 y 91.4 por ciento.
Un tercer indicador relacionado con los anteriores es el ratio de conexiones inactivas en relación con las
conexiones totales. Así, un 21.5 por ciento de las conexiones de agua potable a nivel nacional se encontraban
inactivas en el año 2003, reflejando un alto nivel de usuarios o que bien ya no poseen el servicio o que tienen
27. conexiones clandestinas. Entre las EPS grandes y medianas, resaltan los altos niveles de conexiones inactivas
de dos empresas importantes del norte del país, EPS Grau y Emfapatumbes, las cuales alcanzan ratios de 62.4
y 56.8 por ciento respectivamente.
Finalmente, el último indicador de eficiencia que será descrito es el relacionado con el personal de la empresa.
Así, los organismos reguladores de Perú y Chile consideran los ratios número de trabajadores por cada mil
conexiones y facturación del agua potable producido por número de trabajadores, como indicadores del grado
de utilización del recurso humano o de la productividad de cada trabajador empleado. Si se considera el primer
ratio, es decir el número de trabajadores por cada mil conexiones, se tiene que la mayoría de las EPS presentan
valores comprendidos entre 2.1 y 4.0, siendo el caso más crítico el de las EPS mayores y medianas, con
promedios que bordean los 4 trabajadores por cada mil conexiones.
Si bien Sedapal presenta el ratio de trabajadores por cada mil conexiones más bajo, éste es todavía muy alto
si se lo compara con la empresa de Santiago de Chile. Así, al año 2003 Aguas Andinas tenía un ratio de 1.1
trabajadores por cada mil conexiones, que es casi la mitad que el ratio de 2.0 trabajadores por cada mil
conexiones que presentaba Sedapal. Cabe resaltar que el ratio de la empresa de Lima registró un fuerte
incremento en el año 2002 -en el 2001 era de sólo 1.6- como resultado del aumento del número de
trabajadores contratados de la empresa165
(ver Figura 3.17). Finalmente, la mayor eficiencia en el uso de los
recursos humanos por parte de la empresa de la capital chilena también puede ser analizada a través del
indicador de agua facturada entre el número total de empleados. Como se observa en la Figura 3.18, este
indicador señala que la productividad de un trabajador de la empresa Aguas Andinas casi duplica la
productividad de un trabajador de Sedapal, en línea con los resultados correspondientes al primer indicador
descrito.
105
165
En la actualización del Plan Maestro de Sedapal (2005), se indica que este aumento fue resultado de la implementación de la ley Nº 27626 - Ley de
Intermediación Laboral.
28. 3.2.3 Indicadores financieros
La situación financiera de las EPS es caótica, a tal punto que las propias autoridades han reconocido que las
empresas del sector están financieramente quebradas166
. En principio, existe un problema de eficiencia de las
empresas para efectuar la cobranza de los importes facturados, puesto que el promedio de morosidad (medido
a través de cuentas por cobrar) es equivalente a 6 meses de facturación. Así, la situación es particularmente
grave en algunas empresas, como la EPS Selva Central, Emfapa Tumbes y Emapau, que presentan niveles de
morosidad equivalentes a 78, 36 y 20 meses de facturación promedio respectivamente. Como señala el
Viceministro de Construcción y Saneamiento (2005), en estas circunstancias es casi imposible operar y
mantener la infraestructura, así como enfrentar las deudas que tienen dichas empresas.
Por otro lado, otro indicador que refleja la pobre situación financiera de las empresas del sector es el margen
operativo como proporción de los ingresos operativos totales. Si bien el promedio del sector alcanza un 33 por
ciento, éste se ve afectado al alza por el margen operativo de Sedapal, el cual fue de 41 por ciento en el 2003.
De esta manera, si excluimos a la empresa de la capital del promedio, éste desciende a solamente 17 por
ciento. Asimismo, 3 EPS presentan un margen operativo negativo, lo que denota que sus ingresos no alcanzan
ni siquiera para pagar los costos relacionados con las operaciones de la empresa, mientras que 8 EPS presentan
un margen mínimo menor al 5 por ciento (ver Tabla 3.4). Estos pobres resultados se presentan a pesar de que
la tarifa promedio cobrada por las empresas del sector se ha recuperado luego de una importante caída en el
2001167
, pasando de S/. 1.31 por m3
en dicho año a S/. 1.42 por m3
en el 2003.
106
166
DNS: “Realidad Nacional y Perspectivas del Sector”, Taller del 11 de mayo del 2004. En Castillo y Ruiz (2004).
167
Según un estudio elaborado por Geoffrey Cannock con información al año 2001, la tarifa media cubría ligeramente el costo operativo medio pero no el
costo total medio de los servicios.
29. Si se analiza la situación de las empresas chilenas, nuevamente se tiene un panorama completamente opuesto
al de Perú. En el caso de Aguas Andinas, su margen operativo sobrepasaba el 60 por ciento, es decir, 20 puntos
porcentuales más que en el caso de Sedapal, lo que representa en términos de ingresos de esta última empresa
aproximadamente US$ 40 millones anuales o casi 5 veces la utilidad que registró en el 2003. Para el resto de
las empresas del sector, las diferencias son aún mayores. Mientras en el caso peruano el margen operativo
alcanzó el 17 por ciento de los ingresos operativos, este ratio bordeaba el 60 por ciento en el caso de las
empresas de Chile.
Finalmente, si se considera la relación entre la deuda de largo plazo y el margen operativo se tiene que en
promedio las empresas peruanas del sector tendrían que comprometer durante más de 6 años el íntegro de
su margen operativo para hacer frente a sus obligaciones (asumiendo que no presentan deudas de corto
plazo). Nuevamente, las diferencias entre Sedapal y el resto de EPS son importantes, puesto que este indicador
supera los 4 años en el caso de la empresa de la capital y los 16 años a nivel de las demás empresas.
3.3 Inversiones en el sector saneamiento
3.3.1 Evolución reciente: 2001-2003
Durante los últimos años se ha registrado una importante contracción de la inversión en el sector saneamiento,
en línea con la caída de la inversión pública en términos agregados. Así, entre los años 2001 y 2003 se han
invertido en promedio US$ 94 millones anuales; es decir, la tercera parte de lo que se invirtió anualmente
durante el quinquenio 1996-2000 (ver Figura 3.19). Esta situación responde a las restricciones fiscales
existentes, a la crítica situación financiera por la que atraviesan las EPS y a la priorización del gasto hacia otros
sectores, como salud y educación, por parte del Estado. Asimismo, refleja una política de inversión más
cautelosa hacia las zonas rurales y las pequeñas localidades luego de los importantes errores que se cometieron
durante la década pasada en materia de promoción, participación comunitaria y adecuación de los niveles de
servicio y diseño, situación que llevó a la falta de sostenibilidad de los servicios.
107
30. Por el contrario, en Chile durante los últimos años se ha registrado un incremento de la inversión en el sector,
en particular en las áreas urbanas, principalmente como resultado del inicio de la participación privada en la
provisión de servicios de saneamiento urbanos (ver Figura 3.20). Así, la inversión anual ha pasado de US$ 170
millones en el 2000, año a partir del cual el proceso de privatizaciones comenzó a tomar fuerza, a casi US$
300 millones en el 2003 (ver Figura 3.21). Más de la mitad de las inversiones realizadas durante dicho periodo
han servido para mejorar la cobertura de tratamiento de aguas servidas168
. Ésta pasó de 22.6 por ciento en
1999, paradójicamente casi la misma cobertura que hoy presentan las empresas del sector en el Perú, a 66.0
por ciento en el 2003. En este sentido, es importante resaltar que el inicio de la participación privada en la
provisión de este servicio no respondió a la necesidad de ampliar la cobertura de agua potable o alcantarillado,
la cual alcanzaba en 1995 el 98 por ciento y 89 por ciento respectivamente, sino a la contaminación derivada
del vertimiento de las aguas residuales al ambiente sin previo tratamiento.
108
168
A través de la construcción de plantas de tratamiento o de emisores submarinos.
31. En relación con la participación privada en el sector, Fischer y Serra (2003) agregan que además de la
contaminación otra motivación importante que impulsó el proceso fue la decisión del Estado de retirarse de
las actividades productivas. Como ejemplo de otras alternativas que se podían tomar, señalan que la empresa
estatal ESSAN optó por la licitación para la construcción de una planta de desalinización y otra de tratamiento
de aguas servidas, en vez de la privatización o concesión. Sin embargo, los autores reconocen que los
problemas eran realmente serios en varias empresas estatales, en particular las de las ciudades del Norte. En
estos casos, se encontró que los niveles de arsénico en el agua eran superiores a las recomendaciones de la
OMS, además era necesario aumentar la presión en algunos sectores, así como mejorar el tema de la
continuidad del agua.
109
Finalmente, cabe agregar que en el corto plazo, entre los años 2004 y 2009, se estimaba que la inversión en
las zonas urbanas en Chile alcanzaría los US$ 1,000 millones. Asimismo, aproximadamente un 40 por ciento
se destinaría al tratamiento de aguas servidas, de manera que la cobertura del mismo se elevaría de 66 por
ciento en el 2003, a 97.5 por ciento en el 2009 (SISS 2004). En relación con las metas de cobertura de largo
plazo, se espera que en el 2014 se alcance una cobertura de 99.1 por ciento.
3.3.2 Perspectivas de inversión en el mediano plazo y el inicio de la participación privada
Como se ha señalado, la inversión en el sector saneamiento ha bordeado los US$ 100 millones anuales entre
el 2001 y el 2003, registrando una importante caída respecto de la inversión efectuada durante el segundo
quinquenio de la década de los noventa. Sin embargo, el gobierno espera que esta situación se revierta y se
alcancen niveles que superen los US$ 300 millones anuales. En particular, se tiene como meta invertir US$
1,308 millones en el sector entre los años 2005 y 2008, cifra que incluye préstamos de la cooperación
internacional, así como recursos propios (ver Tabla 3.5). Del total, más de la mitad de las inversiones para el
periodo corresponderían a SEDAPAL (US$ 657 millones), cuyo financiamiento provendría de préstamos y
recursos propios. Sin embargo, estas cifras parecerían ser demasiado optimistas debido a que los propios
funcionarios de la institución señalan que sólo se tendrían recursos asegurados por casi US$ 240 millones hasta
el 2007 (Agua 2005).
32. Por otro lado, se debe resaltar que uno de los pilares de la política nacional del sector, esgrimida en el Plan
Nacional del Subsector Saneamiento, es promover la participación del sector privado en las empresas de
saneamiento. Así, serían las propias empresas las que escogerían la forma de asociarse con el sector privado
(procesos de concesión, empresa mixta, contratos de gestión por resultados, entre otros). A la fecha, dos EPS
ya han optado por la participación del sector privado, mientras que otras cuatro han expresado su interés en
iniciar procesos similares (ver Tabla 3.6).
Las EPS que ya han iniciado procesos de concesión con el objeto de mejorar sus servicios son las empresas de
Tumbes y Piura, ya habiéndose otorgado la buena pro en el caso de la primera al momento de la finalización
de esta publicación169
. Así, la empresa de Tumbes arrastra pérdidas operativas por US$ 2 millones para el
quinquenio 1999-2003, hecho que se explica por las bajas tarifas, los altos costos de explotación y por el alto
porcentaje de agua no facturada, el cual bordea las dos terceras partes del agua producida. Se espera una
inversión inicial para los primeros cinco años de US$ 31.4 millones, lo cual permitiría incrementar en el corto
plazo la cobertura de agua potable de 84 a 95 por ciento, la cobertura de alcantarillado de 40 a 70 por ciento,
el número de horas de servicio de 7 a 24 horas, así como alcanzar una cobertura de 100 por ciento en el
tratamiento de aguas servidas.
110
169
El consorcio formado por la empresa argentina Latinaguas y la peruana Concyssa ganó la buena pro del proceso de concesión del sistema de agua potable
y alcantarillado de Tumbes.
33. En el caso de la empresa de servicios de Piura (EPS Grau) también se presenta una situación crítica. No sólo la
empresa está quebrada financieramente sino que los indicadores del servicio y de la gestión se han deteriorado
rápidamente en los últimos años. No obstante que la tarifa media por metro cúbico de agua se incrementó
entre 1996 y el año 2001, pasando de S/. 1.45 a S/. 1.73, y que la inversión ejecutada en el periodo alcanzó
los US$ 90 millones. la cobertura de agua potable cayó en un punto porcentual y, sobretodo, la continuidad
del servicio de agua pasó de 18 a sólo 10 horas al día. Asimismo, la infraestructura se deterioró
considerablemente puesto que las roturas en la red de agua pasaron de 33 a 299 por cada 100 km al año,
también entre los años 1996 y 2001170
. A través de la concesión de la empresa se esperan alcanzar los mismos
indicadores en términos de cobertura que la empresa de Tumbes, resultante de un compromiso de inversión
estimado en US$ 138 millones para los primeros 5 años.
3.4 Estimación de la brecha de inversión
3.4.1 Estimaciones previas
Junto con el estimado de las necesidades de inversión realizado por el IPE en el año 2001, el cual alcanzó los
US$ 4,153 millones para el caso de las zonas urbanas, existen otras estimaciones similares más recientes. Así,
111
170
Sin embargo, se debe señalar que un elemento adicional que acentuó el deterioro de la infraestructura, además de la mala gestión de la empresa, fue el
Fenómeno del Niño que se presentó a fines de la década pasada (1997-1998). Se estima que a nivel nacional 200 sistemas de agua fueron afectados (156
mil habitantes), lo que llevó a un incremento de las enfermedades diarreicas agudas de 3,200 por ciento.
34. la SUNASS estima que los requerimientos para las zonas urbanas ascienden a US$ 3,776 millones, es decir,
aproximadamente US$ 350 millones menos que el estimado previo. Para ello, se utilizaron los Planes Maestros
de un conjunto de EPS, los cuales reflejan de mejor manera las necesidades de inversión de las empresas que
los estimados de inversión per cápita utilizados por el IPE171
. Sin embargo, la diferencia no sólo radica en este
último aspecto sino que se debe considerar que el estimado de la SUNASS es menor, por cuanto las metas de
cobertura planteadas son menores172
. A pesar de ello, parece claro que las necesidades de inversión para el
sector urbano bordearían los US$ 4 mil millones.
Por otro lado, el VMCS ha estimado que los requerimientos de inversión para cumplir con las Metas del Milenio173
,
en este caso tanto para las zonas urbanas como rurales, ascienden a US$ 4,063 millones. La estimación se realizó
a partir de los mismos estimados de inversión per cápita utilizados por el IPE174
. Sin embargo, se debe señalar que
a diferencia de este último, el estimado del VMCS abarca el nivel nacional y, consecuentemente, supone metas de
cobertura a nivel urbano que son considerablemente inferiores a las de los dos estudios anteriores175
.
3.4.2 Ámbito y metodología para el cálculo de la brecha
En principio, el cálculo de la brecha de inversión continuará teniendo como benchmark las coberturas de agua
y alcantarillado que presenta Chile en el caso de las zonas rurales. Asimismo, la estimación presentará dos
grandes modificaciones respecto de la realizada en el año 2001: (i) se utilizarán los Planes Maestros de las EPS
y (ii) el ámbito de estudio será ampliado para incluir un componente rural.
Antes de describir en mayor detalle la metodología, es importante remarcar algunas limitaciones y supuestos que
están detrás del cálculo de la brecha de inversión. En relación con las áreas urbanas, no se cuenta con Planes
Maestros actualizados. En todos los casos, con la excepción de Sedapal, los Planes Maestros de las EPS son
antiguos (1999-2000), por lo que se ha debido extrapolar los estimados para obtener las necesidades de inversión
actuales. En el caso de las áreas rurales, se plantea la utilización de una única tecnología para proveer los servicios
de agua y saneamiento. Si bien este es un supuesto claramente restrictivo, se debe remarcar que existe una gran
variedad de tecnologías que deben ser adaptadas al entorno ambiental, social y económico de cada localidad.
Por otro lado, los estimados de inversión de alcantarillado en las zonas rurales no incluyen elementos
“blandos”; es decir, las actividades de promoción, educación en higiene, organización comunitaria, entre
otros176
. Así, a diferencia del caso de las mejoras en el suministro de agua, la demanda asociada al mayor
acceso a servicios de alcantarillado es usualmente menor por lo que las inversiones en estos elementos
“blandos” son necesarias y además pueden llegar a representar niveles de inversión similares a los destinados
a la infraestructura177
. A pesar de esto, la inclusión de estos elementos escapa al ámbito del presente estudio
(necesidades de inversión en infraestructura).
112
171
Sunass consideró en la estimación 22 Planes Maestros. A partir de ello, se extrapoló los requerimientos de inversión en agua potable y saneamiento para
el resto de las EPS restantes y luego para toda la población urbana.
172
Mientras el IPE planteaba alcanzar en 10 años una cobertura de agua potable y alcantarillado de 99 y 94 por ciento respectivamente, la SUNASS estimaba
estos indicadores llegarían al 95 y 89 por ciento respectivamente.
173
En el año 2001, las metas de desarrollo contenidas en la Declaración del Milenio - Cumbre del Milenio celebrada por las Naciones Unidas en 2000- fueron
designadas como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Los ODMs sintetizan las metas cuantitativas y los objetivos del monitoreo del desarrollo
humano que deben ser alcanzados entre 1990 y 2015. Hay ocho ODMs, los cuales están asociados a 18 metas y 48 indicadores de tipo cuantitativo: ODM
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; ODM 2: Lograr la educación primaria universal; ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de
la mujer; ODM 4: Reducir la mortalidad infantil; ODM 5: Mejorar la salud materna; ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; ODM
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
174
Estos estimados per cápita fueron calculados por la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
175
Se plantea alcanzar una cobertura de agua en zonas urbanas de 88 por ciento y de alcantarillado de 87 por ciento.
176
Esta es una crítica de Edwards, Davids y Bellido (2004) a los estimados del Plan Nacional del Subsector Saneamiento, los cuales han sido tomados para la
presente investigación.
177
Edwards, Davids y Bellido (2004) señalan que una ONG tiene estimados de costos per cápita para letrinas en zonas rurales (incluidos todos los componentes “blandos”
y de capacitación) de US$ 44, que es el doble del estimado del VMCS (US$ 22). Sin embargo, también agregan que sí existen excepciones en el caso de algunos
proyectos rurales incluidos en el cálculo pero que los miembros del personal del VMCS estiman que estos gastos corresponden al 4% de las inversiones en saneamiento.
35. Finalmente, en el caso de las áreas urbanas, existe un componente de demanda que podría no justificar una
inversión en sistemas convencionales de agua y desagüe con metas de cobertura tan ambiciosas como las de
Chile, que en el primer caso llegan al 99 por ciento. Así, no se cuenta con estudios de demanda que permitan
identificar el umbral de la población a partir del cual no sería viable acceder a sistemas convencionales en el
corto y mediano plazo, ya sea por razones económicas o topográficas.
3.4.2.1 Metodología
Como se ha señalado, en el caso del sector urbano se dejarán de lado los estimados de inversión per cápita
calculados por el MEF utilizados en el estudio anterior para hacer uso de los Planes Maestros de las EPS, de
reciente acceso público. Se ha trabajado sobre la base de 20 Planes Maestros, los cuales cubren el 79 por ciento
de la población urbana que se encuentra bajo el ámbito de las EPS. Como se ha señalado, los planes reflejan
de una mejor manera las necesidades de inversión, por cuanto detrás de éstos existe un riguroso proceso de
identificación de las carencias de cada localidad así como de los proyectos específicos que son necesarios para
abordar cada uno de los problemas presentados.
Cada uno de los proyectos planteados en los Planes Maestros se activa en un año distinto en función del
crecimiento de la población que accede a servicios, ya sea porque existe un crecimiento vegetativo de la misma
o porque se plantean aumentos en la cobertura. Así, se han considerado en el cálculo todos los proyectos que
son necesarios para que al año 2014 se alcance un nivel determinado de población que accede a servicios.
Adicionalmente, dado que las metas planteadas originalmente por los Planes Maestros son menores a las de
la presente investigación, para el cálculo de la brecha se han incluido proyectos que se tenía pensado realizar
después del año 2014. En los casos donde las metas de cobertura ya hayan sido alcanzadas, solamente se
considera la inversión para mantener los niveles de cobertura actual, considerando el crecimiento vegetativo
de la población. Finalmente, dada la antigüedad de los planes, se han excluido proyectos asociados a las
inversiones efectuadas desde la elaboración de los planes. El único plan que se encuentra al día, es el de la
Actualización del Plan Maestro de Sedapal (Sedapal 2005).
En el caso del resto de las EPS y de la población urbana que no se encuentra bajo el ámbito de estas, se
calcularon costos de inversión por nuevo habitante con acceso a servicios. Se han considerado costos per cápita
de inversión en agua potable y alcantarillado para tres tipos de empresas según el tamaño de la población
atendida: (i) un cálculo para las EPS mayores, (ii) uno para las EPS con población entre 200 y 100 mil habitantes,
y (iii) un último estimado para empresas cuya población sea menor de 100 mil habitantes. Como podría
esperarse, los costos de inversión por habitante se reducen a medida que el tamaño de la empresa es menor,
medido a través de la población atendida, permitiendo obtener una estimación más precisa178
. Los estimados
se presentan en el Anexo 3.1.
Si bien los Planes Maestros de las EPS plantean la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado
convencionales, se podría considerar la posibilidad de aplicación de tecnologías alternativas de agua y
alcantarillado, como los sistemas condominiales de agua y alcantarillado. El modelo condominial permite
reducir los costos de inversión y mantenimiento mientras que maximiza los beneficios de los servicios, en
particular en el caso de las familias pobres (ver Recuadro 3.3). Así, como se señala más adelante, el acceso de
las familias pobres en el Perú a sistemas convencionales de agua y saneamiento se ve limitado tanto por
razones económicas como por cuestiones de demanda179
. En el Perú este sistema ha sido utilizado
113
178
Por ejemplo, el estimado de la Sunass no considera este aspecto y, a partir de todos los planes maestros, calcula un estimado de inversión per cápita que
utiliza para hallar las inversiones necesarias correspondientes a las EPS sin planes, las cuales son ciudades pequeñas en la mayoría de casos. El problema
de dicha estimación radica en que al incluir a Sedapal en el cálculo, los costos se elevan sustancialmente, siendo no representativos para el caso de las EPS
faltantes.
179
Por ejemplo, Yepes y Ringskog (2002) señalan que los pueblos jóvenes no conectados consumen un nivel de agua del orden de 30 lhd. El sistema de
alcantarillado sanitario convencional podría ser instalado cuando la demanda haya llegado a un nivel que por lo general se encuentra por encima de 100 lhd.
36. recientemente en proyectos piloto mientras que en otros países como Bolivia ya se han aprobado normas
técnicas que permitirían su utilización a gran escala.
114
Recuadro 3.3: Sistemas condominiales de agua y alcantarillado
El modelo condominial consiste en tender los ramales de agua y alcantarillado a lo largo de las aceras y al interior
de los lotes, en lugar de hacerlo en medio de la calle, como ocurre en los sistemas convencionales de agua y
alcantarillado. Como se aprecia en la Figura 3.22, en vez de tender una conexión de cada casa a la red pública (si
ésta pasa en medio de la calle), el sistema condominial implica que un grupo de viviendas cuenten con una sola
conexión a la red pública (que es el mismo ramal que pasa por los lotes de todas las casas).
El modelo permite un ahorro en la inversión que fluctúa entre el 20 y 40 por ciento respecto de los sistemas
convencionales, y ha sido aplicado con éxito en la ciudad de Parauapebas (Brasil), a partir de 1996; en la ciudad de
La Paz (Bolivia), a partir de 1999; y en el caso del Perú se construyeron sistemas de este tipo entre las décadas de
los 50 y 70 en viviendas de complejos azucareros al norte del Perú (Neder y Lampoglia 2003). Recientemente, el
sistema ha sido implementado en la capital, en particular en el distrito de Comas, favoreciendo a más de mil
personas en dos asentamientos humanos (Agua 2004).
Los costos de inversión son menores en los sistemas condominiales por tres razones: (i) menor demanda por
tuberías para atender a un grupo de viviendas, porque no se tiende una conexión desde la red pública hasta cada
casa, (ii) se utilizan tuberías de menor diámetro, porque en los ramales condominiales, de la misma manera que en
los primeros tramos de la red pública, se tiene un caudal de descarga menor, y (iii) las tuberías son colocadas a
menor profundidad porque no hay necesidad de protegerlas del peso de los vehículos que transitan en medio de
la calle (sistema convencional).
37. Recuadro 3.3: Sistemas condominiales de agua y alcantarillado (continuación)
Finalmente, es interesante describir la experiencia de la ciudad de El Alto, en Bolivia (PAS 2002). Además de la
reducción de los costos de las conexiones de agua y alcantarillado, que bordearon el 40 por ciento (ver Figura 3.23),
la participación de la comunidad en la construcción de los sistemas condominiales permite incrementar la
proporción de familias que se conecta a la red de alcantarillado, la cual ascendió a 75 por ciento en el caso de los
vecindarios que adoptaron este sistema, en comparación con un 66 por ciento en un vecindario similar pero que
no participó del proyecto.
Asimismo, el estudio del PAS resalta la importancia de la educación de la población, señalando que “las familias
que recibieron educación sanitaria y ambiental tenían el doble de probabilidad de instalar un baño en sus viviendas,
frente a aquellas familias que no recibieron capacitación: 70 y 35 por ciento respectivamente. Asimismo, dichas
familias incrementaron su consumo en un 30 por ciento como consecuencia de actividades relacionadas con la
higiene”.
Fuente: PAS (2002).
115
En el caso de tratamiento de aguas servidas, se utilizaron los estimados de inversión de los Planes Maestros a
los cuales se tuvo acceso. Así, considerando el nivel de aguas servidas del año 2003, las EPS analizadas
realizaron descargas que alcanzaron un 82 por ciento del total de aguas servidas recolectadas por el sistema
de alcantarillado. En relación con las EPS faltantes, se estimó el costo de inversión promedio de una planta de
tratamiento cuya capacidad es de un litro por segundo y, a partir de ello, se calcularon las necesidades de
inversión correspondientes.
En el ámbito rural, se consideraron los estimados de inversión per cápita utilizados por el Viceministro de
Construcción y saneamiento en el Plan Nacional del Subsector Saneamiento, los cuales corresponden a
sistemas de agua con conexiones, piletas públicas, letrinas, y a la rehabilitación de los sistemas existentes. De
esta forma, se han vuelto a estimar las necesidades de inversión en rehabilitación planteadas por el VMCS, para
lo cual se considera la situación de la infraestructura descrita en el estudio del PRONASAR (2003).
3.4.2.2 Metas de cobertura
Al igual que en el caso del estudio anterior, las empresas proveedoras de servicios de agua potable y
saneamiento de Chile constituyen un benchmark para el cálculo de la brecha, en particular en el caso de las
zonas urbanas. De esta forma, los estimados de inversión para los siguientes diez años serán calculados
considerando que se desea alcanzar los niveles actuales de cobertura de agua potable y alcantarillado de Chile,
según el tamaño de la empresa180
. Respecto del tratamiento de aguas servidas en las zonas urbanas, se plantea
alcanzar una cobertura de 99 por ciento, en línea con el crecimiento esperado de la cobertura en Chile y con
la meta de cobertura correspondiente al Plan Nacional del Subsector Saneamiento del VMCS. En el caso de las
pequeñas localidades y zonas rurales, debido a que no existen diferencias muy marcadas respecto de Chile, se
plantea como meta alcanzar una cobertura de 82 por ciento en el caso de agua y de 80 por ciento en el caso
de alcantarillado181
. Al igual que lo planteado por el VMCS, no se incluyeron estimados de inversión en estos
ámbitos para el caso de tratamiento de aguas servidas.
180
Las metas de Sedapal corresponden a las de la empresa Aguas Andinas (Santiago de Chile), mientras que en el resto de EPS, tanto mayores como medianas
y menores, se consideró como benchmark los niveles de las EPS medianas de Chile, las cuales presentan estándares ligeramente inferiores a los de las
empresas pequeñas.
181
La meta de cobertura de agua es la correspondiente al Plan Nacional del Subsector Saneamiento. Sin embargo, en el caso de saneamiento se ha propuesto
una meta mayor a la del plan (58 por ciento), en línea con la meta de agua.