31 la corrupción de la casta académica española producto de una universidad pública medieval
1. LA CORRUPCIÓNDE LA CASTA ACADÉMICA ESPAÑOLA PRODUCTO DE UNA
UNIVERSIDAD PÚBLICA MEDIEVAL
La autonomía universitaria occidental tiene su principal origen en la Universidad de Bolonia a mediados del Siglo XI, a
donde se dirigieron estudiantes de distintas partes de Europa para contratar los servicios de los profesores según
acuerdo particular del salario entre estudiante y profesor. Sin embargo, los estudiantes no boloñeses carecían de
derechos sufriendo abusos en los precios de su alojamiento y alimentación, sin que la Comuna o gobierno de la
ciudad les protegiesen, llegando a confiscarles los bienes para saldar las deudas de los compatriotas. Ante esta
situación la única salida que tenían los estudiantes era mudarse de ciudad llevándose a los profesores a quienes les
pagaban sus salarios. Para evitar la salida de los estudiantes y profesores, la Comuna le ofrece a estos últimos
salarios fijos, por lo que los estudiantes deciden asociarse y pedir amparo y reconocimiento ante la autoridad superior
que por aquel entonces era el Emperador Federico Barbarroja, el cual les brindó su protección y por lo tanto
reconociéndoles su autonomía.
Hoy en día, la autonomía universitaria se entiende como la independencia total ante la injerencia del poder político,
decidiendo las universidades sus propios estatutos y programas de estudio. Al igual que los estudiantes de Boloña
del Siglo XI, son estos los que pagan los salarios de los profesores vía impuestos y coste de matrícula; pero es que
además de los estudiantes, es el pueblo en general el que con sus impuestos corre con los costes de creación y
mantenimiento de las infraestructuras que hacen posible la existencia de dicha universidad. Por lo tanto, en
democracia, las universidades públicas, como todo, son propiedad del pueblo libre y soberano. En representación de
la sociedad, son los estudiantes los patronos que tienen el deber/obligación de velar por la protección de dicho
patrimonio, evitando cualquier injerencia de castas y/o mafias político-mercantiles.
En democracia, una universidad pública equivale a un estado académico, libre y democrático dentro de otro estado o
nación mayor; por lo tanto, al igual que en cualquier estado democrático, es el estudiantado quien soberanamente y
de acuerdo con su libertad de conciencia elige y/o controla directamente a los miembros docentes que las componen.
Es el estudiantado quien elige a sus rectores, decanos y todos los cargos necesarios, para posteriormente mediante
votación designarlos como sus legítimos representantes y/o responsables. En las democracias legítimas los centros
académicos desde primaria hasta las Universidades yacen en recintos o campus vallados, de tal forma que toda
fuerza pública civil o militar tiene terminantemente prohibido su acceso a los mismos. Cualquier representante político
desde el presidente de gobierno, de comunidad (o gobernador), candidato,……, antes tiene que pedir permiso para
su acceso o uso de las instalaciones.
En las democracias los funcionarios sean académicos o no, nunca tienen garantizados sus empleos de por vida, eso
es una perversión del sentido común propio de las dictaduras o tiranías que no es necesario explicar; basta una falta
cometida y correspondiente queja fundada para que el funcionario pierda su empleo de por vida. Esto es algo que
hemos visto en innumerables ocasiones en la literatura, películas y series televisivas, al igual que sucede con las
empresas de capital privado de cualquier país. Esta probablemente sea la principal causa del grado de corrupción al
que hemos llegado, al ser lo que ha permitido a la llamada casta política tener el control de todas las instituciones
oficiales del estado, y eso equivale a tener el férreo control del resto de las instituciones no oficiales, razón por
la que la sociedad define como régimen al estado político actual.
Las universidades públicas ejercen un servicio público, y difícilmente puede considerarse de servicio público a una
institución que funciona como un gran lobby empresarial corporativo, el cual está al servicio de sus propios intereses
y/o miembros que lo componen; y todo esto a costa del sudor de la sociedad (vía impuestos) para acaparar todas las
iniciativas de proyectos y empleos, dejándole a sus estudiantes y resto de la sociedad las migajas, cuando no el paro
y la emigración. En el mundo de las auténticas democracias occidentales existe una célebre anécdota de
cómo el inventor del semáforo no pudo patentar su invento por ser funcionario. En la España de las castas
políticas, cualquier funcionario por el simple hecho de serlo, puede acceder a financiación y privilegios de todo tipo
para llevar a cabo su proyectos de negocio, empresarial o de innovación.
En las universidades públicas españolas, cualquier funcionario académico que quiera llevar a cabo cualquier
proyecto tiene derecho a financiación y medios necesarios a coste cero, a cambio de compartir el 50% de los
beneficios con la empresa universidad.
En las universidades españolas en manos de la casta política, el personal docente e investigador (PDI) y el
personal de administración y servicios (PAS) acaparan el 66,6% del poder o votos.
Recordando que las universidades españolas son las instituciones más politizadas, al igual que hicieron los
estudiantes y profesores de Boloña hace 1.000 años, es deber obligatorio de los actuales estudiantes y docentes
honestos el acabar con esta mofa a las democracias legítimas que nos avergüenza ante el mundo, limpiando a
nuestras universidades públicas de estas castas medievales de miserables depredadores sociales por la falta de
escrúpulos de la que hacen gala.
Miguel Cabral Martín