Problemas jurídicos del arbitraje CIADI

PROBLEMAS JURÍDICOS DEL ARBITRAJE ANTE EL CIADI
Sergio Arenas Benavides*
Resumen: Como se está haciendo costumbre en el derecho patrimonial en general, se
introducen nuevas formas de solución de controversias entre los diversos sujetos, entre
las cuales la que más destaca es el arbitraje. En este escenario, los conflictos entre
Estados e inversores tienen por escenario ejemplar y preferente el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en adelante el CIADI, que ha
marcado pauta no sólo como lugar de arbitraje de conflictos, sino también como el ente
que determina, en buena parte, el contenido sustancial del derecho internacional de
inversiones. En la actualidad, el sistema de arbitraje del CIADI se halla sometido
diversos a cuestionamientos que en gran medida responden a una concepción política
del rol estatal en cuanto al control económico y a las relaciones con los actores
económicos. A nuestro juicio resulta necesario recentrar la atención en los
instrumentos que permiten la competencia del arbitraje del CIADI, junto con la
posibilidad de conceptuar elementos que conforman la materia de la inversión
extranjera y la competencia en que se puede mover el juez arbitral, para sentar las
bases para una mejor solución a los conflictos.
Índice
I.- INTRODUCCIÓN. II.- PROBLEMAS JURÍDICOS RELEVANTES. 1. Requisitos para la competencia y
admisibilidad del arbitraje de inversiones en CIADI. 1.1. Fuente de la competencia y amplitud de
conocimiento del árbitro CIADI. 1.2. Competencia ratione personae. Nacionalidad como elemento definidor.
1.3. Competencia Ratione Materiae. Concepto de inversión. 1.4. Consentimiento como elemento central de la
competencia CIADI. 1.5. Competencia ratione temporae. Aplicación del CIADI según la vigencia del tratado
para el Estado mismo. 1.6. Constitucionalidad del arbitraje de inversiones. 2.- Procedimiento arbitral. 2.1.
Autonomía de la voluntad en la configuración del procedimiento. 2.2. Medidas cautelares. 2.3. Requisitos
para ser árbitros. Árbitros de emergencia. Sede del arbitraje. 2.4. Conducta del árbitro en el proceso. 2.5.
Opciones estratégicas de las partes. 2.5.1. Uso del “amicus curiae” como apoyo a la tesis de una parte.
2.5.2. Participación de la institucionalidad del Estado. III.- CONCLUSIÓN. IV.- BIBLIOGRAFÍA.
I.- Introducción
Hoy en día, con la globalización convertida prácticamente en un hecho, para
bien o para mal, las relaciones económico-jurídicas entre los Estados y los sujetos
enfrentan nuevos desafíos a la hora de solucionar aquellas diferencias que afectan
estos vínculos. Sobre todo, cuando se entrecruzan los intereses económicos de
aquellos dedicados a hacer actividades productivas y los de los Estados que alojan
estas relaciones y que, de una u otra manera, se benefician de esas inversiones (o a
* Abogado, U. de Chile. Mg. en Derecho, U. de Talca.

veces se sienten perjudicados). Como se está haciendo costumbre en el derecho
patrimonial en general, amén de la integración en éste del Derecho Comercial o
Mercantil, se introducen nuevas formas de solución de controversias entre los
diversos sujetos, entre las cuales la que más destaca es el arbitraje, esto es, la
heterocomposición por parte de un juez no estatal.
En este escenario, los conflictos entre Estados e inversores tienen por
escenario ejemplar y preferente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, en adelante el CIADI, que ha marcado pauta no sólo como
lugar de arbitraje de conflictos, sino también como el ente que determina, en buena
parte, el contenido sustancial del derecho internacional de inversiones. Sobre todo,
en tiempos en que existen enormes divergencias a nivel político que, de alguna u
otra manera, influyen en la aplicación jurídica de la institución en comento.
Es por esto que debemos analizar esos puntos que provocan fricción en lo
jurídico –y también en lo económico- a fin de hallar una posible respuesta para su
solución.
II.- Problemas jurídicos relevantes
Debemos agrupar los problemas en cuatro grupos: primero, en cuanto a la
entrada en el sistema, estudiando las y el tema del consentimiento como eje central
de la competencia del árbitro Ciadi. En segundo lugar, debemos analizar los
aspectos procesales, incluyendo aspectos como. Más tarde, vamos a tratar los
elementos sustantivos, en especial la libertad de normativa y sus límites de
aplicación, entendiendo la concurrencia de aspectos locales e internacionales, de
derecho positivo y de principios. Y finalmente, como es de esperar, veremos lo
que sucede tras el laudo arbitral y los problemas que presenta el hacer cumplir el
fallo sobre todo ante un Estado contumaz.
1. Requisitos para la competencia y admisibilidad del arbitraje de inversiones en
CIADI.
1.1. Fuente de la competencia y amplitud de conocimiento del árbitro Ciadi
El CIADI, como lo señala su normativa (art. 25 Convenio de Washington),
tiene por objeto la resolución de aquellas controversias de orden jurídico entre
Estados e inversores extranjeros, relativas a inversiones económicas que éstos
realizan en aquellos. Esto nos determina los elementos que permiten a los árbitros
de este centro conocer y fallar los casos sometidos a su jurisdicción.
Uno de los problemas reside en que la competencia del CIADI puede
provenir de la proliferación de tratados, acuerdos, y contratos, que otorgan
competencia a este organismo. Esto es importante por cuanto será el tratado

invocado el que determine, en un primer término, el derecho sustantivo aplicable
al caso. En todo caso, los árbitros del Ciadi han fallado, como se señala en Duke vs.
Ecuador, que en cuanto a la competencia, la centralidad está en el consentimiento
por escrito de las partes, y si se verifica en varios instrumentos, esto no es sino una
alternatividad del mismo. En cuanto a la amplitud del conocimiento del árbitro, se
señala en ČSOB vs. Eslovaquia que, independiente del instrumento invocado, el
tribunal debe conocer todo aquello que sea necesario para resolver la disputa sobre
la cual tiene jurisdicción y competencia, con el límite de que, esencialmente, la
jurisdicción arbitral está basada en el consentimiento de las partes1
.
1.2. Competencia ratione personae. Nacionalidad como elemento definidor
Otro tema complejo a tratar es el de la nacionalidad de los inversores, tanto
porque puede determinar si una empresa es o no extranjera para efectos de saber si
el árbitro CIADI es o no competente, como para entender el concepto de
“protección diplomática” que se suspende durante el procedimiento arbitral.
Como se desprende del Convenio, los partes deben ser un Estado miembro e
inversores que deben ser de nacionalidad distinta a la contraparte, conforme al art.
25.2 del instrumento antes mencionado, que debe estar presente al momento de
producirse el consentimiento, sin necesidad de saberse la historia anterior.
En torno a esto, hay que distinguir entre las personas naturales y jurídicas.
Respecto de las primeras, las reglas suelen ser más claras, al ser aplicables acá los
conceptos clásicos de ius solis o ius sanguinis, y prohibiéndose el abuso de la doble
nacionalidad para el caso de querer los nacionales burlar la jurisdicción interna2
.
Otra cosa pasa con las personas jurídicas, ya que los criterios de atribución de la
nacionalidad suelen ser más ambiguos, y presentan problemas en cuanto al control
de las mismas por parte de otras personas, nacionales o jurídicas, que pueden
poseer una nacionalidad diversa. En esto, han sido varios los casos en que se ha
solicitado aplicar la doctrina del “alter ego” (o lo que se llama “levantamiento del
velo”) para objetar la competencia del árbitro de CIADI, ante lo cual se ha fallado
que la normativa del CIADI debe interpretarse para ampliar la competencia del
órgano, mas no para restringirla.
Así lo han resuelto, entre otros, los casos Siemens vs. Argentina y CMS vs.
Argentina, en que la institución declaró habilitados a inversores extranjeros que
manejaban empresas nacionales. La doctrina ha criticado esta amplitud, señalando
que debería restringirse este estudio sólo para los casos en que se advierta que el
control mayoritario es de nacionales, sobre todo se ha constituido de mala fe para
1 Pérez Pacheco (2012), p. 332.
2 Álvarez Ávila (2002), p. 214.

aprovechar las ventajas del sistema3
.
1.3. Competencia Ratione Materiae. Concepto de inversión
Otro tema que puede llevar a discusión doctrinaria y en el arbitraje mismo
es la noción de inversión, que es la base de la jurisdicción de los árbitros Ciadi,
toda vez que el Convenio, para favorecer una interpretación amplia por parte del
ente resolutor y no complicar más los casos ventilados ante el arbitraje CIADI,
evitó dar un concepto, propugnando una liberalización del mismo basado en la
autonomía de la voluntad4
. En todo caso, existe consenso en la doctrina de que
deben cumplirse algunos requisitos esenciales, tales como: la contribución de
dinero o bienes por parte del inversor; un ánimo de permanencia temporal mínimo
para desarrollar la inversión; cierto grado de riesgo; y la idea de contribuir a la
economía del país5
. Esta amplitud conceptual del término puede habilitar a los
árbitros a resolver controversias que vayan más allá de lo meramente mercantil o
económico, como políticas públicas o derechos fundamentales6
, cosa que toma
relevancia cuando vemos casos como el de Philip Morris vs. Uruguay, por ejemplo.
La práctica actual de los Estados es incluir expresamente en los acuerdos de
inversión, tratados, o legislación local, cuáles son las actividades que se
considerarán como “inversión” para estos efectos. En Chile, por ejemplo, la
práctica totalidad de estos instrumentos contienen una definición concreta del
término, así como la mayoría de los tratados de libre comercio que ha celebrado7
.
La jurisprudencia del CIADI se ha inclinado por una interpretación
balanceada, que involucra, para cada caso a resolver, un concepto que combina la
visión internacional con las concepciones de los países e inversores en disputa,
reconociendo en todo caso la preferencia por el concepto que pueda dar el
respectivo tratado o acuerdo de inversión8
. Así se ah resulto, por ejemplo, en El
Paso vs. Argentina. En otros casos ha sido más flexible, como en Fedax vs
Venezuela, donde se asimiló a inversión la compra de bonos de deuda, aunque ello
va más en la línea de ampliar la competencia de Ciadi que en variar sobre el
concepto. La jurisdicción puede existir aún con respecto a las inversiones que no
son directas, siempre y cuando la diferencia surja directamente de dicha
transacción9
.
Como señala la Convención de Washington, el Estado para efectos de las
3 Véase Mereminskaya (2005), pp. 160-162.
4 Gelerstein y Portales, 2012, p. 9.
5 Véase Grabowski (2014).
6 Veáse Bas (2017).
7 Gelerstein y Portales (2012) p. 8.
8 Sim (2014) p. 4.
9 Pérez (2012), p. 321.

causas arbitrales ante el Ciadi, puede no sólo tratarse el Fisco (o su equivalente)
sino también sus órganos o las divisiones territoriales que lo configuran. Esto
representa una extensión o ligazón con el Derecho Administrativo, puesto que el
arbitraje de inversiones no se considera sólo como un instrumento relativo a la
inversión extranjera directa, sino también permite, al menos en el plano de los
órganos relacionados con la actividad económica, considerar que tal instituto
permite la revisión de la actividad administrativa del Estado sede y, en especial, la
regulación del servicio público10
.
Como se dijo antes, el conflicto debe ser de carácter jurídico. Se entendió
que las diferencias jurídicas requerían de la existencia de un derecho o una
obligación jurídica, ya que el primer proyecto aclaraba que una controversia
jurídica implicaba una disputa sobre un derecho o una obligación, o un hecho
pertinente para la determinación de un derecho o de una obligación de orden
legal.11
1.4. Consentimiento como elemento central de la competencia Ciadi
Una vez determinada la competencia en base a la calidad de los litigantes y
la materia litigada, es el acto del Consentimiento que permite la actuación del
árbitro Ciadi. Dado el carácter consensual y convencional del arbitraje, la sola
membresía del Estado en la Convención de Washington es insuficiente para que el
arbitraje opere, si no existe el consentimiento entre el inversor y el Estado,
conforme señala tanto el Preámbulo12
como el art. 25 como fuente definitiva de la
competencia CIADI.
Una regla clara es que el consentimiento debe constar por escrito en el
respectivo instrumento o legislación para que tenga efecto. No hay obligación de
comunicar el consentimiento, pero en el momento de acudir al arbitraje ante el
Ciadi será necesario presentar prueba de su existencia13
. La duda aparece si ese
consentimiento, por parte del estado, debe ser expreso o tácito, lo cual ha generado
no pocas dificultades a los árbitros. La práctica actual, no obstante, es la de incluir
cláusulas arbitrales en los acuerdos o tratados, incluso en las legislaciones
nacionales, lo que la doctrina califica como una verdadera “oferta” de
consentimiento al inversor, que se perfecciona por la aceptación posterior del
inversor extranjero14
.
10 Hernández González (2016), pp. 196-199.
11 Gelerstein y Portales (2012), pp. 26-27.
12 “Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del
Estado Contratante, no se reputara que constituye una obligación de someter ninguna diferencia
determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado”
13 Jara Burotto, 2016, p. 46.
14 Pérez Pacheco (2013), p. 60.

No obstante, a juzgar por la lectura del Preámbulo, por fallos como “Santa
Elena S.A. vs. Costa Rica”, y el hecho de que no puedan concurrir inversores de
países no miembros del Convenio de Washington, pudiera uno concluir, a
contrario sensu, de que el consentimiento es un acto más bien unilateral estatal en
cuanto al efecto procesal de hacer competente al árbitro del CIADI para conocer y
fallar, o al menos, el Estado tiene un mayor poder para facilitar o dificultar este
acceso15
.
En todo caso, la existencia del consentimiento entre Estado e inversor
adquiere un carácter irrevocable, que no puede ser obviado aún si luego
aparecieren cuestiones que afectaren la competencia del Ciadi, operando como una
prórroga tácita16
. De este consentimiento, además de la pérdida de protección
diplomática a que pudiera beneficiarse el inversor extranjero, se deriva la renuncia
del Estado a valerse de su jurisdicción interna para el caso17
.
Sólo para graficar la cuestión: conforme al art. 36 la solicitud de arbitraje se
tramita primero ante el Secretario General de Ciadi, quien luego de revisar los
aspectos formales de la presentación informa por escrito a la contraparte, para
efectos de dar por iniciado el proceso.
1.5. Competencia ratione temporae. Aplicación del CIADI según la vigencia del
tratado para el Estado mismo.
Otro problema a identificar en el arbitraje de inversiones es la llamada
“competencia temporal”, o sea desde y hasta cuándo es competente el CIADI para
conocer de una disputa respecto de un Estado miembro. El Artículo 68.2 del
Convenio señala que un Estado es contratante a los 30 días siguientes desde el
depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del texto
convencional. Por otra parte, respecto de la denuncia del art. 71 del Convenio,
dando un plazo de seis meses para que ésta se haga efectiva y se pierda la
jurisdicción o competencia del Ciadi respecto del estado mismo. Entonces, los
problemas que surgen aquí son, primero, la retroactividad de aplicación, y luego,
la ultraactividad tras la denuncia del mismo.
En cuanto al primero, la regla general es que sólo sea competente para los
casos cuyo ley, tratado o acuerdo es posterior a esos 30 días; sin embargo se ha
fallado que la ratificación posterior del convenio de Washington por los países
tiene efecto retroactivo para el caso de aquellos acuerdos o tratados que
contemplen la concurrencia a esa instancia. Así por ejemplo, en Holiday Inns vs.
Marruecos, si bien los dos países no signaron el Convenio de Washington al
15 Soler (2005), p. 169; Pérez (2013), p. 61.
16 Kundmuller y Rubio (2006), p. 87.
17 Rioseco, citado en Gelerstein y Portales (2012), p. 25.

momento de realizarse el acuerdo de inversión respectivo, una vez conocidas las
fechas de las posteriores ratificaciones del texto convencional por parte de ambos
Estados, declaró que por la ratificación el efecto de darle competencia al Ciadi se
extendía para negocios surgidos con anterioridad18
.
La ultraactividad del Convenio, en realidad una vacancia, que se produce en
el espacio entre el anuncio de la denuncia y el momento que efectivamente se da
por producida, se puede interpretar como una manera de disuadir a los Estados de
retirarse o como una manera de proteger a los inversores extranjeros ante el
cambio de circunstancias19
, resultará un problema a la hora de la ejecución del fallo
que sea favorable a los inversores dada la no pertenencia del Estado al Convenio.
Ello, aunque la doctrina lo trata poco y nada, puede relacionarse con el retorno de
la protección diplomática de parte del Estado, el que tiene algunas herramientas,
como demandar al estado incumplidor ante la OMC o incluso al Tribunal de La
Haya, por ejemplo20
.
1.6. Constitucionalidad del arbitraje de inversiones
Esto es una cuestión más política que jurídica, a juzgar por las razones que
tuvieron países como Bolivia, Venezuela o Ecuador para retirarse del pacto. Los
detractores concluyen que el actual escenario favorecería en demasía a los
inversionistas extranjeros, por estar pensado justamente en su protección, aun
cuando –en teoría- los Estados pudieran también demandar a los inversores21
. Esta
inclinación pro-inversor se puede justificar en la debilidad que tiene un sujeto
privado que debe enfrentarse al poder soberano que tienen los Estados para
modificar su legislación, lo que ha quedado claro en fallos como el célebre “Philip
Morris vs. Uruguay”, en que se reconoció que, aún en presencia de tratados o
acuerdos de inversión, los gobiernos tienen siempre el poder de promulgar nuevas
normas, aún si son en avance de la práctica internacional, siempre que cuenten con
una base racional y no sean discriminatorias. Por otro lado, debe considerarse que
el sistema tiene un interés lógico en sostenerse, lo cual se haría imposible si los
Estados perciben que forman parte de un sistema en que siempre llevan todas las
de perder22
.
Sin embargo, conviene hacer un acápite respecto de la situación en Chile,
que no ha sido muy estudiada. Un fundamento constitucional para aceptar la
competencia del Ciadi y sus tribunales arbitrales puede hallarse en el inciso
18 v. Pérez (2014), p. 329.
19 En algunos tratados, para mayor seguridad, se establecen plazos más largos de ultraactividad.
Véase Bas (2015), p. 245.
20 Gelerstein y Portales (2012), p. 30.
21 Echaide (2017), pp. 373-378.
22 De Urioste (2015), pp. 165-166.

segundo del art. 5, que reconoce fuerza normativa a los tratados internacionales
vigentes ratificados por Chile, entre los cuales se halla, obviamente, el Convenio de
Washington (y los tratados de libre comercio que apelan a la competencia del
Ciadi). Otro puede hallarse en el art. 19 Nº 21, sobre la libertad para desarrollar
actividades económicas lícitas sin embargo, parece haber alguna contradicción con
el Nº 22 del mismo artículo, que asegura la no discriminación arbitraria del Estado
en materia económica, lo cual a simple vista pareciera no cumplirse en cuanto se
favorecería al inversor extranjero en perjuicio del nacional. Pero, como ha señalado
la doctrina constitucional reiteradamente, la norma constitucional permite la
discriminación, positiva o negativa, cuando existe una justificación razonable que
haga posible la diferenciación23
, y esto puede interpretarse en favor del trato más
favorable a las inversiones extranjeras en la necesidad económica que ha tenido el
país para atraer inversores frente a la escasez de emprendedores nacionales24
.
En todo caso, se advierte por parte de la doctrina que existe el riesgo de que
los organismos controladores, como el Tribunal Constitucional, puedan restringir
la aplicación del Convenio de Washington en cuanto a las garantías procesales y
sobre todo a la ejecución de los fallos del Ciadi u otros tribunales arbitrales
extranjeros. Esto, al comparar el caso del fallo sobre el Tribunal Penal
Internacional, y el temor de que esto pueda repetirse, ahora con la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad25
. En todo caso, esto podría revertirse, a
nuestro juicio, si podemos contemplar los tratados de inversión o los acuerdos de
libre comercio con otros países como parte del bloque de constitucionalidad del
art. 5 inc. 2º de nuestra carta.
2. Procedimiento arbitral.
2.1. Autonomía de la voluntad en la configuración del procedimiento.
Desde el ángulo procesal, debemos considerar que el concepto "arbitraje"
nos lleva a pensar en una regulación más laxa respecto de la regulación procesal
del mismo, amén de la autonomía de la voluntad como principio general en estas
materias. En este sentido, las Reglas de Arbitraje del Ciadi pueden ser
consideradas un estatuto optativo, como un piso mínimo o un “soft law” aplicable
a falta de acuerdo expreso de las partes.
Asimismo, hoy se observa una tendencia contractual en la que
23 Cea (2012), p. 138.
24 Mayorga y Montt (1989), pp. 72-73.
25 Pazó y Yubero (2007), p. 144.

prácticamente todos los modelos recomiendan una fase de negociación previa al
sometimiento del litigio a un arbitraje, para facilitar una solución amistosa entre las
partes26
. No obstante, esto crea un problema con la garantía del acceso directo a la
justicia, arbitral o institucional, que es una de las bases del debido proceso según
los tratados internacionales, que se han convertido en parte del Ius Cogens del
Derecho Internacional27
.
En cuanto a la opción del uso de normas procesales internas en el arbitraje
CIADI (del Estado demandado o de un tercero) o sólo remitirse a normas
internacionales, es una opción más política que jurídica. Los únicos límites o
parámetros mínimos a cumplir son el principio de buena fe, el respeto a la
legalidad internacional y al debido proceso o “due process”28
.
Un tema de orden procesal que puede traer consecuencias insospechadas es
el caso de rebeldía del Estado demandado en esta clase de procesos, a propósito de
las recientes denuncias del Convenio de Washington y lo dispuesto en el art. 45.1
del Convenio. La normativa no se inclina en cuanto a los efectos a una solución en
particular, ni aceptación ni negación tácita, pero la doctrina señala que por esto se
reconoce que la rebeldía puede generar efectos procesales29
, esto por cuanto
pudiera el tribunal, en base a lo dispuesto en el art. 25 del tratado, a cumplir sus
funciones incluso si una de las partes no participa pues, como se ha observado “es
bastante frecuente que una de las partes tenga escaso interés en cooperar y agilizar
las actuaciones. En consecuencia, las disposiciones brindan al arbitraje comercial
internacional la eficacia necesaria, dentro de los límites que imponen los requisitos
fundamentales de justicia procesal. En todo caso, sólo si se han hecho las
notificaciones debidas, las actuaciones arbitrales podrán continuar en ausencia de
una de las partes30
.
2.2. Medidas cautelares.
La Convención de Washington en su art. 47 señala la posibilidad de pedir al
árbitro alguna medida cautelar destinada a proteger el interés plausible sobre todo
del inversor, aunque no tiene una regla expresa en cuanto al tipo de medida que
puede ordenarse, lo que debe determinarse en base a la naturaleza del conflicto y a
las pretensiones que se están ventilando en el juicio arbitral. Para la aplicación de
esta norma, existen dos principios que autorizan a poder pedir y dictar medidas de
protección del interés plausible del inversor en juicio, uno es la buena fe, entendida
como mantenimiento del statu quo jurídico y económico por parte del Estado
26 Requena Casanova (2012), pp. 4-5.
27 v. Schreuer (2013), p. 641.
28 Zappalá (2012), p. 127.
29 Chaparro (2014), pp. 196-197.
30 Beconi (2016), p. 224.

demandado, y la necesidad de no agravar la disputa ya iniciada31
. En este sentido,
aplican los principios generales de fundamento plausible del derecho invocado
(fumus bonus iuris) y de peligro de pérdida en la extensión temporal del juicio
(periculum in mora)32
.
2.3. Requisitos para ser árbitros. Árbitros de emergencia. Sede del arbitraje
Si bien el Ciadi maneja una lista de árbitros (art. 12 y siguientes), las partes
pueden nombrar a las personas que quieran, y sólo recurrir a la lista cuando
existan desacuerdos en la nominación (art. 40.1). Pueden nombrar uno o más
árbitros, pero si es un arbitraje plural la mayoría de los árbitros no pueden ser
nacionales de los estados involucrados, a menos que las partes hayan acordado
previamente otra cosa (art. 39). El Ciadi, al momento de recibir la notificación de,
debe recibir también el nombre e información esencial del árbitro designado, para
que sea notificado y éste decida. Si el susodicho no acepta, informa a la parte
nombradora para que designe otro nombre. Si pasados 90 días no se logra armar el
tribunal, se puede pedir al Presidente del Consejo de Ciadi que los designe de la
lista ya mencionada (art. 38). Ni el Convenio ni las Reglas de Arbitraje señalan
requisitos técnicos muy estrictos, tan sólo tener reconocida experiencia en Derecho
o Economía, amplia consideración moral y ser garantía de imparcialidad (art. 14.1).
En cuanto a la sede del arbitraje, los arts. 62-63 de la Convención y 13.3 de
las Reglas de Arbitraje permiten a las partes escoger el lugar de una serie de
alternativas que pueden ser la misma sede del Ciadi (Nueva York), la Corte
Permanente de Arbitraje (La Haya), u otros lugares aprobados por el Centro. De
todos modos, primero hay que estar a lo que se diga en el respectivo instrumento
que regula la inversión específica materia del conflicto33
.
2.4. Conducta del árbitro en el proceso.
Como vimos, la autonomía de la voluntad ejerce gran influencia a la hora de
determinar el contenido procesal del arbitraje. Sin embargo, esta flexibilidad que
informa el aspecto procedimental corre el riesgo de convertirse en imprecisión y
con ello en falta de garantías de debido proceso.
Se advierte en la jurisprudencia de casos latinoamericanos la falta de
definición en ciertas reglas que pudieran aclarar, al menos para cada caso
particular, la extensión de éstas en la labor del arbitraje, como deberes de
revelación de los árbitros, actuación de las partes en el proceso, o extensión del
poder arbitral, lo cual puede complicar la solución de estos casos34
. Por otro lado,
31 Camargo (2011), pp. 77-80.
32 Pazó y Yubero (2007), p. 136.
33 Véase al respecto Rueda (2010), pp. 209 y 221-223.
34 Galíndez (2014), p. 41.

como vemos, la limitación en cuanto a la recusación de los árbitros y la inexistencia
de recursos para controlar la actividad del juez arbitral dificulta enormemente
controlar su actividad durante el proceso. Por otro lado, las diferencias culturales
(sobre todo de cultura o tradición jurídica) entre las partes y el árbitro pueden
representar un problema para la solución de los conflictos, dificultando la solución
del conflicto, sobre todo debido a las diferencias económicas entre los países.
Además, el hecho de que los árbitros tengan una nacionalidad de países miembros
puede afectar la imparcialidad de los mismos y, a la larga, la confiabilidad del
sistema35
.
Por ello, principios que podríamos entender como parte de la regulación
sustantiva del conflicto, también pueden ser entendidas como un parámetro de la
actividad del juez arbitral. Los dos principios a mencionar están basados en el
derecho de no discriminación, y son el trato justo y equitativo y la cláusula de la
nación más favorecida. Los veremos más adelante cuando tratemos el fondo del
asunto.
2.5. Opciones estratégicas de las partes.
2.5.1. Uso del “amicus curiae” como apoyo a la tesis de una parte
Este es un tema que se ha tornado relevante en los últimos años, debido al
efecto de los fallos en la comunidad socioeconómica internacional, no sólo en
cuanto a lo estrictamente económico, sino a la seguridad jurídica para futuros casos
similares36
.
Así, por ejemplo, en el caso Philip Morris contra Uruguay la decisión del
árbitro Ciadi generó un interés que va más allá de las partes directamente
involucradas, al revelar la relación entre libre comercio y derechos fundamentales.
Esto ha sido reconocido por el centro, al punto que en 2006 se modificó el
Reglamento de Arbitraje del Ciadi para permitir la intervención de terceros que
tengan un interés aunque sea indirecto, e incluso puedan emitir su parecer por
escrito al árbitro. Es lo que se conoce como “amicus curiae”. Para ciertos sectores,
esta institución viene a ser un instrumento que ayuda a la vigilancia del sistema, y
a resguardar ciertos aspectos del debido proceso como el derecho de audiencia37
.
En todo caso, la intervención del amicus curiae debe cumplir con ciertos estándares
de utilidad, pertinencia, legitimidad y economía procesal, a fin de ser un aporte
real y no un instrumento para dilatar innecesariamente el caso38
.
Si bien es un instrumento de uso preferentemente de apoyo a la tesis de una
35 Vásquez (2006).
36 Fach (2010), pp. 444-445.
37 Cruz Miramontes (2009) p. 437.
38 Pascual Vives (2011), p. 392.

de las partes, no se ve impedimiento para que el propio árbitro pueda requerir la
opinión de un tercero, si entendemos que son las partes las que pueden darle ese
poder.
2.5.2. Participación de la institucionalidad del Estado
Como el Estado es ante todo un complejo orgánico, queda la duda de quién
debe representar al mismo. Problemas suceden, por ejemplo, cuando no es el
Estado en sí el que es demandado, sino una unidad territorial (estado, región,
provincia, etc.) o un órgano especializado, ya que en caso de ejecución ¿a qué
patrimonio correspondería asumir la posible sanción? Creemos que todo ello
dependerá de la orgánica existente en el Estado mismo, sin perjuicio de la
posibilidad de que el Fisco del Estado deba asumir esa pérdida, por sí o por algún
fondo especial.
En el caso de Chile no existe una institución encargada precisamente de la
defensa jurídica en los casos en que es demandado el estado ante el Ciadi u otros
órganos arbitrales. Si bien el organismo dedicado en Chile es el Consejo de
Inversiones Extranjeras, no hay una sección dedicada especialmente a tratar el
tema jurídico procesal inherente a los arbitrajes contra inversores extranjeros. Una
idea propuesta sería el rol potencial del Consejo de Defensa del Estado, en las
defensas del Estado ante el Ciadi habida cuenta de su experiencia como litigante en
defensa de los intereses fiscales. Sin embargo según Vásquez, la ley no le permitiría
actuar puesto que sólo habla de “tribunales chilenos”39
, aunque otros actores, como
sería el Consejo Chileno Relaciones Internacionales, no opinan lo mismo40
.
El problema de fondo, según algunos inversores chilenos, es la falta de una
coordinación entre los diversos organismos dedicados a la representación de Chile
en el extranjero y los encargados de promover las actividades económicas del país,
lo que a la larga impide una defensa más óptima y preparada para los casos
futuros41
.
3. Contrato de inversión y ley de fondo aplicable al arbitraje.
3.1. Fuentes normativas y preferencia entre ellas.
Conforme al art. 42 de la Convencion de Washington, el principio de
autonomía de la voluntad es el que guía tanto la elección de la norma sustantiva
aplicable al caso como el tipo de procedimiento. En la práctica, los Estados e
inversores recurren a la regla supletoria del 42.1, esto es, basarse en el Derecho del
39 Vásquez (2006).
40 véase Marín Vicuña (2013), pp. 9 y 28.
41 Marín Vicuña (2013), pp. 5 y 27-28.

Estado demandado y el Derecho Internacional. Ahora bien, surge el problema de
saber la prelación o preferencia que pueda tener un tipo de Derecho respecto del
otro. Al respecto, existe consenso que la fuente primigenia y principal para el
derecho sustancial aplicable es el respectivo Tratado o Acuerdo de Inversión, o el
Contrato de Inversión si lo hubiere, que no por nada son el fundamento de la
existencia de la relación jurídica y por tanto del litigio. Las normas internas del
Estado parte se aplicarían en segundo lugar, para determinar las calidades que
puedan tener las partes, sobre todo los inversores. En tercer lugar, a falta de todas
ellas, el Derecho Internacional Público, para completar aquellas lagunas jurídicas
del tratado o acuerdo que no puedan ser solucionadas por el Derecho estatal del
demandado42
.
Un posible conflicto puede darse en el caso de que concurran las llamadas
normas de “ius cogens” del Derecho Internacional, que puedan contradecir los
ordenamientos nacionales, en otras palabras, el rol que el orden público tiene en
esta materia y cómo ha de ser entendido. Pueden jugar un gran rol los principios
no normativos que pasamos a ver a continuación.
3.2. Equidad y Principios no normativos.
Hemos decidido dejar aparte el tema de los principios no normativos
aplicables en los casos sometidos al arbitraje de Ciadi. Para empezar, una fuente
que permite la concurrencia de estos elementos junto con las normas de fondo
aplicables se puede hallar en el art. 42.3 del Convenio, que permite al árbitro
resolver la diferencia aplicando la equidad, siempre que las partes no hayan
expresado oposición a ello. Esto se interpreta como un modo de evitar a lo menos
teóricamente la posibilidad de que el laudo incurra en alguna causal de nulidad43
,
pero también es una forma de abrir la solución de la controversia a elementos que
miran más a lo que pudiera decirse “de sentido común”. Así, la equidad y los
principios no normativos son una forma de clausurar la controversia llenando los
espacios de indefinición a que puede llegar la aplicación del derecho positivo.
Nos detendremos en dos principios especiales aplicables en estos casos, y
que derivan del principio más general de no discriminación, que son el trato justo
y equitativo la cláusula de nación más favorecida.
3.2.1. Trato justo y equitativo
Se refiere al trato que el Estado debe dar a los inversores para que éstos
puedan hacer su negocio en condiciones óptimas que permitan el beneficio mutuo.
En este caso, el fondo del estándar quedaría sobrepuesto con el significado de
42 Endara (2011), pp. 115-116.
43 Moreno Blesa (2015), p. 86.

buena fe en su sentido más amplio, específicamente con el elemento que envuelve
las nociones de venire contra factum propium o estoppel, básicamente que el
Estado no debe entrar en contradicción con conducta continua y constante hasta el
momento44
. De todas maneras, determinar y delimitar el concepto no es fácil, ya
que palabras como “justicia” y “equidad” pueden dar interpretaciones muy
diversas, y debe establecerse a partir del caso específico, según la normativa que lo
rige (si no la específica, la general de los tratados) y la práctica considerada
infringida. Así lo ha resuelto el árbitro Ciadi en Siemens vs. Argentina, en que el
árbitro debe buscar el concepto con base en el derecho internacional tomando en
cuenta su significado corriente, la evolución del derecho internacional y el contexto
específico en que son utilizados. Así, el estándar de trato justo y equitativo ha sido
propuesto como una norma de derecho internacional y no como una que pueda ser
determinada por las leyes domesticas de un Estado45
.
Un concepto jurisprudencial puede hallarse en el caso de MTD vs. Chile,
donde se ha sostenido que “el trato justo y equitativo debe ser entendido como un
trato imparcial, objetivo y lícito, conducida a fomentar la promoción de la
inversión extranjera. Estos términos están enmarcados como declaraciones pro-
activas (promover, crear, estimular) por parte de las partes hacia la inversión
extranjera”. Así, se entiende que se refiere a un tratamiento a la inversión
extranjera que no desvirtúe las expectativas básicas por las que el inversor
extranjero decidió realizar su inversión, de las que destaca que el Estado receptor
debe obrar de manera coherente, sin ambigüedades y transparente en sus
relaciones con el inversor.
A nuestro entender, este principio debe servir como un verdadero
“equilibrador” de la posición entre las partes en el arbitraje, atemperando aquellos
elementos que permitan a una parte abusar de algún elemento jurídico o político
que juegue a su favor. Es decir, permitiría aplicar la buena fe procesal.
3.4.2. Nación más favorecida
Más bien, el concepto debería referirse a la “prohibición de existencia de
naciones más favorecidas”, ya que refiere en el caso de las inversiones extranjeras
a la garantía de que, existiendo una relación entre un Estado y los inversores
nacionales de un Estado B, si a un inversor nacional de un Estado C se le dan
mejores condiciones para invertir, los del Estado B pueden exigir al Estado A que
se les dé la misma facilidad46
. Fue planteada por primera vez en el Tratado de
Montevideo de Libre Comercio, y se ha convertido en una regla de ius cogens.
44 Müller y Cottier, citado por Gelerstein y Portales (2012), p. 63.
45 Dolzer, citado por Gelerstein y Portales (2012), p. 63.
46 Bonnefoy (1967), p. 111.

La doctrina ha señalado que este principio, aún siendo de justicia, admite
excepciones basadas en la costumbre internacional o las reglas de ius cogens
(especialmente los intereses de los países en desarrollo, de orden público y de
seguridad pública de las partes contratantes) o en las disposiciones expresas de
algunos tratados entre países47
.
En cuanto a la aplicación de esta norma en el arbitraje Ciadi, especialmente
para facilitar el acceso en los casos de ambigüedad de competencia o
consentimiento, existen posiciones encontradas, entre los que consideran que
debería aceptarse en cuanto el objetivo de establecer un ambiente de confianza
mutua y la igualdad de los inversores debe prevalecer y guiar la labor
interpretativa de los árbitros, y entre los que consideran que no puede en función
de este principio alterarse la estabilidad del Derecho Internacional
transgrediéndose otros principios básicos del mismo ni imponer una normativa no
prevista por las partes, fuera de considerar las dificultades del sistema Ciadi en
cuanto a estabilidad jurisprudencial y recursos48
. La jurisprudencia del arbitraje
Ciadi, en este sentido, tiene contradicciones señeras en cuanto a determinar la
procedencia de estas excepciones, aceptándolas en casos como Plama vs. Bulgaria
pero rechazándolas en, por ejemplo, Mafezzini vs. España, siendo éstos los casos
que guían las dos líneas predominantes49
.
4. Laudo, sistema recursivo y ejecución. Régimen jurídico. Inmunidad del
Estado y otras defensas contra la ejecución.
4.1. Laudo o sentencia. Jurisprudencia.
Conforme al art. 48 de la Convención, la sentencia (llamada también laudo)
debe ser adoptada por escrito, con declaración de todas las pretensiones sometidas
al tribunal o árbitro y las motivaciones de hecho y derecho para llegar al fallo. Si el
tribunal es colegiado, el laudo debe ser adoptado por mayoría de votos, además de
firmado por todos los miembros. No hay regla que indique si debe haber o no
expresión del voto de minoría, pero en vista de la autonomía en cuanto a las reglas
procesales, no debería haber objeción para ello.
Dada la autonomía del sistema Ciadi respecto de toda otra instancia
jurisdiccional, y la inexistencia de una instancia de apelación por motivos de
mérito sustancial, es que se critica la ausencia de una jurisprudencia uniforme, ni
que exista un sistema de precedente que obligue al CIADI a seguir la doctrina de
47 Bonnefoy (1967), p. 112; Ustor (1968), p. 165.
48 Herrera Ramírez (2009), p. 53.
49 Figueroa (2013), pp. 322-324.

fallos anteriores, lo que lleva a una inseguridad jurídica50
. Para otro sector, esta
crítica no es tan válida, ya que ciertos estándares, como el de trato justo y
equitativo, han determinado una mayor homogeneización de la jurisprudencia de
los árbitros Ciadi, unida a la mayor concordancia inter-legislaciones dado por las
relaciones jurídico-económicas entre estados y la adopción de modelos de acuerdos
parecidos entre sí51
.
4.2. Recursos
Los arts. 50 a 53 del Convenio señalan que un laudo admite sólo los
recursos que el mismo convenio establece, a saber: rectificación o requerimiento de
decisión complementaria, aclaración, revisión y anulación, este último a cargo de
un árbitro distinto, prohibiendo su conocimiento a tribunales estatales, y cuyas
causales miran sólo a razones de procedimiento (art. 52.1). Esto, a juicio de la
doctrina, es un rasgo de protección de la autonomía del organismo debido a que no
se lleva en una sede distinta a efectos de garantizar el equilibrio entre Estado e
inversor52
, aparte de existir razones de eficiencia para su mejor cumplimiento,
evitando alargar las disputas con los costos que ello conlleva para las partes53
.
Esta limitación, en cuanto a la recurribilidad de la decisión del juez arbitral
de Ciadi, ha sido una de las críticas más acusadas, y uno de los argumentos más
usados para la denuncia del tratado fundante, ya que se alega la inexistencia de un
sistema de apelación que ver causales de fondo, lo que unido a la no existencia de
un sistema de precedentes obligatorio crea un problema de incertidumbre jurídica
sobre todo para los Estados54
. En base a ello, se propone la idea de un “Tribunal
Permanente de segunda instancia” por un periodo fijo, para permitir una mayor
unificación jurisprudencial y mantener el carácter autónomo respecto de los
Estados55
. Más adelante veremos cómo, ante su indefinición procesal, el concepto
de “orden público” puede ser usado como un argumento para revisar el fondo por
vía indirecta por parte del arbitraje de nulidad.
4.3. Ejecución del laudo
En conformidad a los arts. 54 y 61 del Convenio de Washington, el laudo
arbitral puede hacerse cumplir en el Estado demandado, así como en otros Estados
signatarios, como si fuese un fallo judicial del mismo país, esto es, sin necesidad de
exequátur. Aquí se produce un problema con la proclamada “autonomía” del
50 García Carrión (2016), p. 141.
51 Véase Segura España (2014).
52 Álvarez Ávila (2002), p. 226.
53 Cordero Arce (2005), p. 252.
54 García Carrión, (2016) pp. 132-135.
55 Echaide (2017) p. 393.

sistema de arbitraje Ciadi, toda vez que aunque todo el proceso anterior se llevó
con las reglas propias del sistema arbitral, la ejecución, al ser sometida a tribunales
locales, se regirá por la legislación local, por lo que, a juicio de algunos autores,
existiría un deber del Estado de disponer las normas y medidas necesarias para
facilitar la cuestión. Por otro lado, si un Estado obtiene un laudo en contra de su
inversor y este no cumple, el primero podrá exigir su cumplimiento forzoso en el
territorio de cualquier Estado firmante56
.
Otro tema es la posibilidad de ejecución del fallo aun existiendo recursos
pendientes. Es lo que pasó con el célebre caso Clarín (Pey Casado vs. Chile), cuya
ejecución fue solicitada directamente ante un tribunal español mientras aun se
ventilaba el recurso de nulidad impetrado por Chile57
. Como sabemos, el fallo
inicial fue anulado más tarde, y el Estado chileno fue exonerado de cualquier
indemnización. Si bien no se alcanzó a cumplir lo ordenado en la primera decisión,
queda la duda de cómo habría tenido que revertirse lo obrado, de haberse
cumplido. A nuestro juicio, obraría el principio de que en “Derecho las cosas se
deshacen del mismo modo en que se hacen”, y debería operar una petición igual
que con el fallo inicial pero en sentido inverso.
4.3.1. Protección diplomática del inversor ante la negativa del estado condenado
Aquí un tema importante a discutir es el de la protección diplomática de los
inversores por su estado, que si bien se suspende durante la tramitación, vuelve a
ellos una vez concluido el proceso arbitral. Esta protección adquiere notoriedad
sobre todo cuando el Estado es el condenado a indemnizar a un inversor, en caso
de que aquél se niegue a cumplir lo fallado. Podemos pensar en que nace para el
Estado del inversor la posibilidad de recurrir a otras instancias para reclamar por
tal incumplimiento, amparado en el principio de pacta sunt servanda existente en
el Derecho Internacional, en conformidad a los artículos 27 y 64 del Convenio, que
prevén la protección diplomática o acudir a la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia58
. Esto se complica un tanto si es que el Estado
demandado ya esté fuera del pacto al momento de solicitar la ejecución, aunque es
posible argumentar la falta de buena fe del Estado demandado
4.3.2. Orden Público como causal de nulidad y como forma de conseguir una “apelación
indirecta”
Una cuestión que surge en cuanto a la posibilidad de ejecutar lo fallado por
el Ciadi es el tema del orden público, ya que es uno de los límites reconocidos
56 Vásquez (2016).
57 Sobre el particular, véase Rueda García (2014)
58 Moreno Blesa, 2015, p. 95.

tanto en el Derecho Internacional como en los derechos internos de los Estados.
Ni la Convención de Washington tiene un concepto de orden público –en
este caso un “orden público económico”- ni existe una indefinición doctrinaria
respecto al mismo. En Chile, se ha definido el orden público económico como el
orden jurídico establecido para garantizar los derechos fundamentales en el orden
económico como social59
. Del mismo modo, no se encuentran con facilidad en el
repertorio jurisprudencial latinoamericano decisiones que traten del concepto de
orden público internacional. Persiste una tendencia a la simplificación del debate
transponiéndose el concepto de orden público interno a casos internacionales”60
Quizás la principal duda a que la doctrina pone atención es, junto con
determinar el alcance y características de este concepto, es saber a qué orden
público se está haciendo referencia. La mayor parte de las legislaciones apuntaría
al orden público local, pero también hay que considerar el orden público
internacional, el cual se referiría a justicia universal, jus cogens en derecho
internacional público y normas morales de naciones civilizadas. La jurisprudencia
suele inclinarse a favor del orden público local como el determinante en esta clase
de casos, problema es que eso viene a afectar la autonomía del Ciadi, al quedar sus
decisiones sujetas a posibles trabas locales61
.
Asimismo, una de las cosas que preocupa es el uso de este concepto como
una verdadera “válvula de escape” a la falta de una instancia de revisión de mérito
sustancia de los fallos arbitrales del Ciadi, esto es, como una forma de “apelación
indirecta”62
. A nuestro juicio, mientras no exista otra solución mejor, podría ser una
solución positiva, siempre que se aclare, primero, un concepto de orden público
y/o, ante la presencia de dos conceptos, cuál de los llamados “orden público” se
aplica o si alguno tiene primacía sobre el resto.
4.3.3. Otras defensas contra la ejecución
Una forma de defensa anticipada que tiene el Estado es el de las reservas
que puedan hacer los Estados. Conforme al Convenio (art. 1.3), estas reservas sólo
pueden hacerse para limitar la aplicación de ciertos laudos arbitrales por el lugar
en que han sido dictados, especialmente en cuanto a la membresía o no al sistema
Ciadi (ratione loci) y por el objeto específico de la controversia, en cuanto a
(ratione materiae). Se critica por parte de la doctrina la manera errática de
enfrentar las ambigüedades y contradicciones que suponen estas reservas,
proponiéndose que se fijen reglas claras en los tratados, leyes o acuerdos, normas
que fijen de antemano, por ejemplo, la sede arbitral, y sea más clara en cuanto a los
59 Alessandri et al. (ed. 1998), p. 213.
60 Galíndez (2014), p. 41.
61 Medel Lucas, 2010, pp. 47-49.
62 Marín y García (2011) pp. 129-131.

asuntos de reserva comercial señalando que la controversia de inversión deriva de
una relación u operación comercial63
. En todo caso, queda claro que estas reservas
deben ser anteriores a cualquier acuerdo, ley o tratado específico de inversión,
como quedó demostrado en casos como Aloca vs. Jamaica.
El Convenio de Washington, por otro lado, no plantea otras defensas contra
la ejecución posteriores al laudo como no sean los recursos de nulidad o las
infracciones al orden público señalados anteriormente. De este modo, se configura
una suerte de desprotección al Estado, que ha motivado entre otros la serie de
denuncias o retiros del mismo por algunos países.
III.- Conclusiones
1. Si bien el sistema de arbitraje del Ciadi contempla diversas reglas limitantes
o configuradoras en cuanto a su competencia, destinada a conflictos jurídicos de
inversiones entre Estados e inversores extranjeros, no cabe duda de que la
centralidad de su funcionamiento está en el consentimiento, que en gran medida
depende de la voluntad del Estado para someterse a la jurisdicción del árbitro
Ciadi, mucho más que de la del inversor privado extranjero. Es este
consentimiento, por así decirlo, la “llave” de la competencia –y quizás la
jurisdicción- de los árbitros del sistema.
2. En la actualidad, el sistema de arbitraje del Ciadi se halla sometido diversas
cuestionamientos que en gran medida responden a una concepción política del rol
estatal en cuanto al control económico y a las relaciones con los actores
económicos, que a verdaderos conflictos jurídicos propiamente tales, sin perjuicio
de que, en muchos casos, esto se traduzca en temas de orden legal dado el poder
soberano de los gobiernos para crear o modificar las leyes.
3. En Chile por la evolución política y económica el escenario es más favorable
para el desarrollo de este sistema aún más con nuestro bloque de
constitucionalidad En qué puede subsumirse un fundamento jurídico a este
sistema arbitral
4. La autonomía de la voluntad, siendo un principio básico de conformación
del sistema de arbitraje Ciadi y que permite llegar a soluciones más acordes a la
realidad económico-jurídica, lleva a veces algunos inconvenientes en cuanto a la
extensión de los aspectos procesales y sustantivos que informan el procedimiento
de arbitraje. En especial, la falta de mayores controles a la actividad de los árbitros
o la no existencia de recursos que puedan usarse para controlar la actividad
jurisdiccional o la no aceptación de recursos de mérito para revisar los laudos. Esto
63 Véase Rueda (2010), p. 232.

afecta la posibilidad de que los fallos puedan ser imparciales, y con ello la
seguridad jurídica y estabilidad del sistema, con grave riesgo para
5. Por ello, a nuestro juicio resulta necesario recentrar la atención en los
instrumentos que permiten la competencia del arbitraje del Ciadi, ya que su
mejoramiento o adición de contenido, junto con la posibilidad de conceptuar
aquellos elementos que conforman la materia de la inversión extranjera y la
competencia en que se puede mover el juez arbitral, puede sentar las bases para
una mejor solución a los conflictos mencionados antes. Otro tanto puede suceder
con la clarificación y ampliación de aplicación de los principios jurídicos no
normativos, especialmente los relativos a no discriminación, a fin de que siendo su
naturaleza aplicables a los sustantivos crucen la Barrera y puedan servir de
principios procesales para una mejor actuación del árbitro, equilibrando la balanza
entre Estados e inversores.
IV.- Bibliografía
1. Alessandri Rodríguez, Arturo; Somarriva, Enrique; y Vodanovic, Antonio (ed.
1998). Tratado de Derecho Civil: Partes Preliminar y General (tomo I).
Santiago: Ed. Jurídica de Chile.
2. Álvarez Ávila, Gabriela (2002). Las características del arbitraje del CIADI. En:
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2, pp. 205-229.
3. Bas Vilizzio, Magdalena (2015). Solución de controversias en los tratados
bilaterales de inversión: mapa de situación en América del Sur. En: Revista
de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. Año 3, N° 5, pp. 233-254.
4. Bas Vilizzio, Magdalena (2017). Posiciones y debates en torno a los
mecanismos de solución de controversias inversor – Estado. En: Revista
Tribuna Internacional, 5 (11) [en línea]:
http://www.tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/viewPDFInters
titial/46136/48147
5. Beconi, Fernando (2016). El arbitraje internacional. En: Estudios de Derecho
Empresario, 9, pp. 204-236.
6. Bonnefoy, Claudio (1967), La cláusula de la nación más favorecida y la
integración fronteriza en el Tratado de Montevideo. En: Revista de Derecho
Público, U. de Chile, 8, pp. 111-117.
7. Camargo, Andrea (2011). Medidas interinas de protección en arbitraje CIADI.
En: Revista ACDI, Bogotá, 4, pp. 71-95.
8. Cea, José Luis (ed. 2012). Derecho constitucional chileno: Tomo II, Vol. 2. Ed.
U. Católica de Chile.
9. Chaparro, Pedro (2014) El arbitraje celebrado ante el CIADI. En: Revista
Boliviana de Derecho, 18, pp. 182-203.
10. Cordero Arce, Gonzalo (2005). Anulación de laudos arbitrales en el CIADI.
En: Revista Chilena de Derecho, 32 (2), pp. 219 – 252.

11. Cruz Miramontes, Rodolfo (2009). El Anexo 2 de la Organización Mundial de
Comercio y la participación de los particulares a través del amicus curiae. En:
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 9, pp. 415-438.
12. De Urioste, Ricardo (2015), Constitucionalismo y constitucionalización del
derecho internacional de las inversiones. ¿Buenas noticias para los Estados o
para los inversionistas? En: Agenda Internacional, 22 (33) pp. 149-166.
13. Echaide, Javier (2017) Inversiones y solución de controversias: el proyecto
dentro de la Unasur y propuestas alternativas. En: Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, vol. XVII, 2017, pp. 369-403
14. Endara, Francisco (2011). Derecho aplicable al fondo de la controversia en
arbitrajes surgidos de tratados de inversión. En: Revista Chilena de Derecho y
Ciencia Política, 3 (1), pp. 101-117.
15. Fach, Katia (2010). Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y
CIADI. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas U. de Medellín, 40
(113), pp. 439-454.
16. Figueroa, Kenneth (2013). La jurisprudencia sobre las Cláusulas de Nación
Más Favorecida, un intento de llegar a un marco analítico consistente. En:
Rodriguez, Sonia y Wöss, Herfried [editores] (2013). Foro de arbitraje en
materia de inversión: tendencias y novedades. Instituto de Investigaciones
Jurídicas U. Nacional Autónoma de México, pp. 297-325)
17. Galíndez, Valeria (2014). Arbitraje en América Latina: ¿hacia dónde se va? En:
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 36, pp. 34-41.
18. García Carrión, Diego [editor] (2016). Visión crítica del arbitraje de
inversiones desde la experiencia del Ecuador. Procuraduría General del
Estado de Ecuador [en línea]:
https://issuu.com/pgecuador3/docs/ebook_vision_cr__tica__espa__ol
19. Gelerstein, Andrés, y Portales, Carlos (2012). Estándar de protección de la
inversión extranjera. Tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial de
las cláusulas de expropiación y trato justo y equitativo. Memoria de
Licenciatura en Derecho, Universidad de Chile.
20. Grabowski, Alex (2014). The Definition of Investment under the ICSID
Convention: A Defense of Salini. En: Chicago Journal of International Law, 15
(1), Article 13 [en línea]:
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context
=cjil
21. Hernández González, José (2016). El tratamiento de los servicios públicos en
los arbitrajes de inversión: una propuesta desde la perspectiva del derecho
administrativo global. En: Revista de Derecho P. Universidad Católica del
Perú, 76, pp. 181-206.
22. Herrera Ramírez, Viviana (2009). Efectos sorpresivos de la cláusula de la
nación más favorecida (CNMF) en materia de inversiones extranjeras. En:
Civilizar Ciencias Sociales y Humanas - Univ. Sergio Arboleda, Bogotá, 9 (16),
pp. 41-56.

http://www.consejochileno.cl/Images/publicaciones/institucionalidad,%20diagn
ostico%20y%20propuestas%20final.pdf
23. Jara Burotto, Álvaro (2016). Participación del estado como parte en el
arbitraje, con especial énfasis en el arbitraje internacional de inversión y en
el arbitraje comercial internacional. Memoria de Licenciatura en Derecho, U.
de Chile.
24. Kundmuller, Franz y Rubio, Roger (2006). El arbitraje del CIADI y el Derecho
Internacional de las Inversiones: un nuevo horizonte. En: Revista Lima
Arbitration, 1, pp. 69-112.
25. Marín Vicuña, Arturo (2013). Institucionalidad para la defensa de los
intereses del Estado de Chile ante los Tribunales Internacionales y
Extranjeros - Diagnóstico y Propuestas. Consejo Chileno para las Relaciones
Internacionales [en línea]:
26. Marín, Juan Carlos y García, Rolando (2011). El concepto de orden público
como causal de nulidad de un laudo tratándose de un arbitraje comercial
internacional. En: Revista de Derecho Universidad Austral de Chile, 24 (1),
Páginas 117-131.
27. Mayorga, Roberto y Montt, Luis (1989) Inversión Extranjera. Santiago: Ed.
Conosur.
28. Medel Lucas, Catalina (2010). Reconocimiento y ejecución de laudos
extranjeros. La Convención de Nueva York y la Jurisprudencia Chilena
Actual. Memoria de Licenciatura en Derecho, Universidad de Chile.
29. Mereminskaya, Elina (2005). Nacionalidad de las personas jurídicas en el
derecho internacional. En: Revista de Derecho de Valdivia, 28 (1), pp. 145-170.
30. Moreno Blesa, Lidia (2015) El arbitraje del CIADI y su contribución al
desarrollo a la luz de las inversiones directas en mercados emergentes. En:
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 4 (1), pp. 74-97.
31. Pascual Vives, Francisco (2011). La institución del amicus curiae y el arbitraje
de inversiones. En: Anuario Español de Derecho Internacional, 27, pp. 353-396
32. Pazó, Nelly y Yubero, Elena (2007). Aspectos procesales de la jurisdicción del
CIADI: medidas provisionales y rechazo por manifiesta falta de fundamento.
En: Revista Estudios Internacionales U. de Chile, 158, pp. 133-147.
33. Pérez Pacheco, Yaritza (2012). Objeciones a la Jurisdicción Arbitral del Ciadi.
En: Cuadernos de Derecho Transnacional, 4 (1), pp. 316-333.
34. Pérez Pacheco, Yaritza (2013). Oferta estatal de consentimiento en el
procedimiento arbitral CIADI. En: Ciencias Sociales y Educación - U. de
Medellín, 2 (3), pp. 33-64.
35. Requena Casanova, Millán (2012). La solución de controversias en los modelos
de APPRI: cláusulas tradicionales y nuevas tendencias. En: Revista
Electrónica de Estudios Internacionales, 24 [en línea]:
http://www.reei.org/index.php/revista/num24/archivos/Estudio_REQUENA_M
illan.pdf

36. Rueda, José Angel (2010). La aplicabilidad del convenio de Nueva York al
arbitraje de inversiones: efectos de las reservas al convenio. En: Cuadernos de
Derecho Transnacional, 2 (1), pp. 203-232.
37. Rueda, José Angel (2014). Primera ejecución forzosa conocida de un laudo
arbitral Ciadi en España (Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende
c. República de Chile): sin exequátur. En: Cuadernos de Derecho
Transnacional (Marzo 2014), 6 (1), pp. 414-430.
38. Schreuer (2013), The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge
University Press.
39. Segura España, Magdalena (2014). Arbitraje de inversión: ¿un incentivo para
la inversión extranjera directa? En: Revista de Derecho Privado U. de los
Andes - Chile, 51 [en línea]:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4759462.pdf
40. Sim, Christine (2014). The Definition of "Investment" in the ICSID
Convention. A Case Commentary: Malaysian Historical Salvors Sdn Bhd v
Malaysia. Paper, MIDS Geneva LL.M. in International Dispute Settlement [en
línea]:
https://www.academia.edu/12573516/Definition_of_Investment_in_ICSID_Mal
aysian_Historical_Salvors
41. Soler, Mario (2005). El consentimiento para recurrir al CIADI como de la
jurisdicción de los Tribunales Arbitrales constituidos en conformidad al
Convenio de Washington. Análisis de algunos de sus fallos. Memoria de
Licenciatura en Derecho, U. de Chile.)
42. Ustor, Endre (1968). La cláusula de la nación más favorecida en el derecho de
los tratados: documento de trabajo presentado por el Sr. Endre Ustor, Relator
Especial. En: Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II,
Organización de Naciones Unidas.
43. Vásquez, María Fernanda (2006). Arbitraje ante el Ciadi: aspectos relevantes y
reflexiones sobre su operatividad. En: Revista Derecho de la Empresa Legis -
Arbitraje Comercial Internacional. Lima, 1 [en línea]:
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_ante_el_cia
di/arbitraje_ante_el_ciadi.asp
44. Zappalá, Francisco (2012). Normatividad procesal aplicable en el arbitraje
internacional. En: Criterio Jurídico Santiago de Cali, 13 (1), pp. 121-140.

Problemas jurídicos del arbitraje CIADI

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