Este documento resume la normativa sobre las encomiendas de gestión a fundaciones públicas en España. Explica que las encomiendas deben realizarse a entidades controladas totalmente por la administración pública y cumplir ciertos requisitos como la realización de la actividad esencial del poder adjudicador y el control análogo al de sus propios servicios. También señala algunos problemas como la participación de empresas privadas en fundaciones públicas o la posible falta de potestades públicas.