Transición española

1. 12.1 La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del
rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia. Las
elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías.
El terrorismo durante la Transición.
Pasados treinta años, el proceso de transición a la democracia forma parte de la
historia, un caso más de lo que se ha llamado la tercera ola de la democratización. Un
tema de estudio consolidado en congresos y publicaciones científicas. Y también un
motivo de debate político permanente en torno a las virtudes y los defectos de la
democracia española.
El 27 de noviembre de 1975, en la misa de coronación del rey Juan Carlos 1, el
cardenal Enrique Tarancón pedía que «las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos
los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país». El
rey había jurado cinco días antes, delante de las Cortes franquistas, “cumplir y hacer
cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que
informan el Movimiento Nacional”. El testamento político del dictador. Para
salvaguardar la monarquía, Juan Carlos I debía iniciar un proceso controlado de reforma
política que hiciera posible la creación de un régimen representativo homologable con
las democracias europeas. No era eso lo que esperaba el búnker franquista y tampoco la
oposición democrática, que había acordado una ruptura política sin ataduras con el
pasado. Tanta esperanza y expectación como ambigüedad e incertidumbre. Lo que
entonces comenzaba no tenía un guión escrito ni un camino fijado de antemano. El
resultado final fue uno, pero las cosas pudieron haber evolucionado de una manera
distinta.
El primer presidente de gobierno, Arias Navarro (diciembre de 1973-julio de
1976) era en realidad el último de la dictadura. No tenía voluntad ni capacidad para
abordar el programa de los reformistas, que, como Fraga, ofrecían una apertura desde
arriba. En la primavera de 1976 quedaba claro que el continuismo mantenido por los
franquistas más intransigentes tenía los días contados, ya que la mayoría de la sociedad
exigía un cambio democrático. Las protestas llegaban desde las organizaciones obreras
pero también desde el movimiento vecinal, los sectores cristianos de base, las
asociaciones de estudiantes, las reivindicaciones de jornaleros y pequeños propietarios
agrícolas, los representantes del mundo de la cultura y los grupos relacionados con
nuevos movimientos sociales como el pacifismo, el ecologismo o el feminismo. Una
oleada de huelgas, manifestaciones, encierros, asambleas, peticiones de amnistía y
libertad y reivindicaciones de autonomía que se situaban al margen de la legalidad,
frente a los instrumentos represivos: censura de prensa, miles de causas del Tribunal de
Orden Público, detenciones masivas, encarcelamientos arbitrarios, malos tratos y
torturas y también disparos.
Las protestas contra la represión y las movilizaciones en favor de la amnistía
acercaron las posturas de la oposición democrática. En marzo de 1976 se creó la
“Platajunta”, la unión de la Junta Democrática dominada por el PCE y la Plataforma de
Convergencia Democrática que lideraba el PSOE. Con una situación insostenible para el
gobierno, el rey nombró el 1 de julio un nuevo ejecutivo dirigido por Adolfo Suárez, un

2. falangista joven y pragmático, capaz de controlar a la élite reformista del régimen para
dirigir un proceso que al tiempo que llevaba al país hacia la democracia le confiriera
credibilidad a la monarquía.
Entre julio y diciembre los acontecimientos se precipitaron. Una amnistía
parcial, contactos con líderes de la oposición y la tramitación del proyecto de Ley para
la Reforma Política, que tuvo que salvar los obstáculos de la cúpula del ejército, el
Movimiento y los procuradores franquistas. La última ley fundamental promulgada por
las Cortes franquistas obtuvo el apoyo del 94% de los electores en el referéndum del 15
de diciembre de 1976. Se trata del instrumento jurídico elegido para desmantelar las
estructuras de la dictadura franquista dando paso a un sistema democrático con la
convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes.
Entre enero y junio de 1977 se disolvió el Tribunal de Orden Público y las
instituciones franquistas, sin purgas ni depuraciones, y fueron legalizados los sindicatos
y partidos políticos. El escollo principal era la legalización del PCE. A finales de enero,
el asesinato ultraderechista de unos abogados laboralistas ligados a CC.OO provocó una
ola de solidaridad y reconocimiento hacia los comunistas. En abril Adolfo Suárez
permitió la inscripción legal del PCE, un requisito democrático para poder celebrar las
elecciones generales del mes de junio de 1977. El triunfo en escaños, sin mayoría
absoluta, fue de la Unión de Centro Democrático (UCD), liderado por Adolfo Suárez,
por delante del PSOE y muy lejos del PCE y Alianza Popular.
El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a problemas y retos pendientes como la
aprobación de una ley de amnistía (1977) -que dejaba fuera del debate político el
pasado espinoso de la guerra civil y la represión franquista-, medidas urgentes para
atajar el paro y la inflación provocados por la crisis económica (los Pactos de La
Moncloa), las demandas de autonomía de los nacionalismos periféricos y la elaboración
de una constitución democrática. El largo proceso de redacción y discusión de la
Constitución y su extensión final mostraron la complejidad del proceso y las
dificultades para alcanzar un consenso básico. El texto final, con una redacción ambigua
de los artículos más controvertidos, fue aprobado en octubre de 1978 por el Congreso y
el Senado y recibió el apoyo del 87% de los votantes (67% del censo) en el referéndum
celebrado el 6 de diciembre. Se configura, tal como establece su primer artículo, un
“Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La
definición de la forma política del Estado, la monarquía parlamentaria, le daba a la
corona una legitimidad que hasta ese momento no tenía. España era un estado
aconfesional que, no obstante, reconocía la influencia social de la Iglesia católica. Al
mismo tiempo, se definía como estado unitario aunque declaraba el derecho a la
autonomía de las nacionalidades (Cataluña, País Vasco y Galicia) y regiones”.
La Constitución diseñó un modelo autonómico con características de un sistema
centralista y principios de inspiración federal. El Artículo 2 deja clara “la indisoluble
unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero
reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas”. El Título VIII afirma que las Comunidades
tienen autonomía “para la gestión de los respectivos intereses” (Artículo 137) pero

3. añade a continuación que las diferencias no pueden implicar “privilegios económicos o
sociales” (Articulo 138). Por primera vez, un texto constitucional español reconocía que
dentro de la nación, además de regiones y provincias podía haber “nacionalidades”, pero
ese término da lugar a lecturas e interpretaciones diferentes, y no aclara ni quién, ni
cómo, ni hasta donde. Lo que mantendrá abierta en el futuro la cuestión nacional.
Todo este periodo de transición entre la dictadura franquista y el nuevo régimen
democrático estuvo marcado por la violencia terrorista desde sectores opuestos, incluido
el estatal que ejerció en ocasiones una represión desproporcionada para hacer frente a
las movilizaciones obreras y estudiantiles que pretendían la ruptura democrática
(Sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 que acabaron con 5 obreros muertos).
Dentro de la extrema derecha surgieron grupos como Guerrilleros de Cristo Rey, el
Batallón Vasco Español o la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), promovidos
por el Estado con la intención de reprimir y amedrentar a las fuerzas opositoras, y de
generar un clima de inseguridad que redujese el apoyo social al proceso y justificara una
eventual intervención de los militares. Por parte de los opositores al régimen, también se
aplicaron estrategias violentas, tanto por formaciones de extrema izquierda, entre las
que destacaban los Grupos de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre
(GRAPO), como por grupos separatistas como ETA. En 1973, la banda quedó escindida
en una ETA político-militar, que terminó aceptando la democracia y otra ETA militar
que intensificó la violencia para evitar la consolidación del nuevo régimen durante los
llamados “años de plomo”.