1808-1814 en España y Navarra

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 1

1808-1814 EN ESPAÑA Y NAVARRA

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
Dr. en Historia (Navarra, España)
Pamplona, 1 de mayo de 2010


1808-1814 EN ESPAÑA Y NAVARRA
José Fermín GARRALDA ARIZCUN
Dr. en Historia (Navarra, España)
Pamplona, 1 de mayo de 2010

Con este título presentamos cinco trabajos que en su día fueron publicados en
“Ahora-Información” y en la revista digital “Arbil”. Deseamos darlos al público lector reunidos
en un solo texto, con el ánimo de servir al conocimiento histórico. Utilizamos la vía digital
por una mayor facilidad y para una rápida difusión, conforme al mundo de las nuevas
tecnologías.

Diferenciar la Corona de España (o las Españas) y el Reino de Navarra sólo tiene
una función práctica, toda vez que dicho Reino estaba incorporado a Castilla desde 1513-
1515 mediante unión eqüe-principal. En diferentes ocasiones, nos referiremos a Navarra
como parte de la monarquía española en su oposición a Napoleón y en el mantenimiento
de sus Fueros milenarios.

Dichos trabajos son los siguientes:

Agrupados en el epígrafe “Insurrección y organización de la resistencia del pueblo
español en 1808”, recogemos los artículos “El 2 de mayo”, “Llamamiento a las armas y
alzamiento general”, “De las Juntas a la Regencia”, publicados en la Revista “Ahora
Información” (España), nº 93 (jul.-agosto 2008), monográfico: “1808-2008. En guerra contra
la Revolución”, 39 pp., pág. 21-27.

“1808-1814: alzamiento popular y legitimidad monárquica en la corona de España y
el reino de Navarra”. Revista digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”, Nº 116.
Ha sido reproducido íntegramente en “Euro-Synergies. Forum des résistants européens”
28-0I-2009; y “Diarioya.es”

“Las Cortes de Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución Francesa y la herencia
política de España”, Conferencia impartida en Zaragoza, 12 de abril de 2008; texto de la
conferencia en la página Web de las “XIX Jornadas de la Unidad Católica”, 12 fols. El texto
se encuentra muy ampliado en revista digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”,
Nº 116. Nº 116. Este texto ha sido editado íntegro en el Blogger “Derecho comercial el
Linea” (viernes 30 de mayo de 2008), administrado por el dr. Víctor Hugo Chanduvi Cornejo
(Trujillo, Perú), y en “Todo Política. Com”. El texto ha sido editado parcialmente en “Libertad
Digital”, “Pío Moa. Presente y Pasado”, 3-X-2008, por DeElea (16-VIII-2008).

Plantación del árbol simbólico de la libertad alcanzada El rey legítimo Luis XVI es guillotinado el 21-I-1793. Su
con la Revolución francesa, 1790. esposa la reina Mª Antonieta lo será el 16-X-1793.


1. INSURRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA
DEL PUEBLO ESPAÑOL EN 1808

1.1. EL “DOS DE MAYO”
La gran eclosión española contra Napoleón en Madrid el Dos de Mayo de 1808, fracasó y
acabó en una dura represión. Sin embargo, sus consecuencias inmediatas fueron de un gran
éxito en la España libre de tropas francesas.
El marco histórico y lo acaecido es claro. La complejidad surge cuando se profundiza
sobre su espontaneidad u organización, y sobre el modelo o método de estallido que el Dos de
Mayo supuso para muchos alzamientos efectuados a finales de mayo y comienzos de junio.
Es necesario conocer el marco histórico. El reinado de Carlos IV estuvo marcado por los
sucesos revolucionarios de Francia, y por la profunda crisis interna y de política exterior que
atravesaba España. La crisis interna afectaba a la política, ideas y finanzas del Gobierno
absolutista –que culminó en el despotismo ilustrado-, unida a la crisis económica de España.
Todo indicaba que los españoles eran conscientes de la necesidad de renovar la forma de
gobernar, de hacer política, y a sus políticos. ¿Cómo? Fernando (VII), Príncipe de Asturias, se
propuso el cese del favorito Manuel Godoy para enderezar así “la monarquía envilecida por el
infamado Príncipe de la Paz” (Corona Baratech). Ello provocó la crisis en la Corte y la Familia
Real. El 27-X-1807, Fernando realizó una conjura, fallida al ser descubierta por Carlos IV -el
“proceso de El Escorial”-. Más tarde, el 17-III-1808 los fernandinos provocaron el motín de
Aranjuez, por el que Godoy fue depuesto y apresado en el castillo de Villaviciosa. Dos días
después, Carlos IV abdicará en su hijo Fernando VII, que entró triunfalmente en Madrid el 24 de
marzo. En abril, Carlos IV se retractaba de su abdicación, y luego informará a Fernando VII –que
manifestó su total extrañeza (4-V)- que ésta había sido temporal.
A esta crisis múltiple se le sumó la subordinación política de Godoy y Carlos IV a
Francia. En el Tratado de San Ildefonso (1796), España unía su destino a Francia contra
Inglaterra y Portugal. Luego vino el desastre de Trafalgar (1805). En el Tratado de Fontainebleau
(1807), se acordó que España se quedaría con una parte de Portugal y dejaba pasar a 28.000
soldados franceses hacia Lisboa, aunque, el 1-II-1808, Junot proclamará en Lisboa la anexión de
Portugal al Imperio Francés, burlando así dicho Tratado.
La ocasión era propicia para Napoleón, pues tanto Fernando VII como Carlos IV le
solicitaban su confirmación o reposición respectivamente en el trono de España. Los planes de
Napoleón fueron variados según la oportunidad: 1º Intervenir en España manejando a Godoy; 2º
Desmembrar el territorio español quedándose con parte del mismo; 3º Suplantar a los Borbones.
Los hechos. La situación, cuajando lentamente desde la paz de Basilea (1785) hasta
1808, se resolvió rápidamente. Fernando temió que Murat, con sus 35.000 soldados en Madrid,
repusiera a su padre Carlos IV. Buscó y siguió a Napoleón, dejando en Madrid una Junta de
Gobierno y al ministro de Guerra O’Farrill. Carlos IV también buscaba al gran corso. Así,
Napoleón atrajo con engaños a los Borbones hasta Bayona, y el raptor de Europa secuestró a
toda una Familia Real, símbolo viviente de una Dinastía centenaria, cabeza de una Monarquía.
Las tropas francesas pasaron de la popularidad –antes se les creía favorables al rey- a la
impopularidad. En abril hubo incidentes en Carabanchel (día 12), Burgos, Toledo (21) y Madrid
(26). La capital estaba en ebullición, que aumentó al tenerse noticia del maltrato que Fernando
recibía en Bayona. Antes del 1 de mayo, los barrios pidieron armas. Los madrileños conocían los
grandes problemas que Murat planteó a la Junta de Gobierno el 30-IV.
A las 9 de la mañana del día 2, los madrileños conocían la decisión que la Junta tomó en
su sesión nocturna del día 1, de acatar la orden de Murat y así permitir que el hermano menor de
Fernando VII -Francisco de Paula- y su hermana María Luisa, viajasen a Bayona. El pueblo
estaba dispuesto a impedirlo e intervenir con independencia de la Junta de Gobierno de la
nación, pues ni el ministro O’Farrill ni otros querían una inviable –así la consideraban- la
resistencia armada.


El día 2 llegaron muchos forasteros madrugadores. Las abdicaciones de Bayona todavía
no se habían realizado. Se desató el tumulto o levantamiento popular. Corona Baratech (1959)
muestra que hubo una conspiración y un estado de alerta previo, aunque para Espadas Burgos
(1992) no hay constancia documental de una premeditación sino conjeturas. Pero los datos sobre
una organización son abundantes. Es muy posible que confluyeran la organización y la
espontaneidad: la existencia de agentes fernandinos que fomentasen la sublevación no
justificaba del todo la reacción popular.
El pueblo estalló con mucha más energía, unanimidad y necesidad que en el motín de
Esquilache (1766). El capitán general Negret confinó a la tropa en los cuarteles, ante los 35.000
soldados imperiales que rodeaban la ciudad. Los franceses entraron a raudales por varios
puntos. Se luchaba por todos los sitios. Del Ejército español sólo se sublevaron los capitanes
jefes Pedro Velarde y Luís Daoíz, el teniente Ruiz, que con un puñado de soldados y unos 100
civiles, resistieron a miles de soldados franceses en el parque de Artillería de Monteleón. Hasta el
fin. Debido a qué víctimas hubo, no creo que sólo se alzase el pueblo sencillo o bajo, aunque es
cierto que no hubo nobleza titulada ni militares de alta graduación entre los sublevados. La lucha
fue muy desigual. El Madrid de hecho sublevado –no los que hubieran podido alzarse- carecía
de posibilidades de éxito. Los combates concluyeron hacia las dos de la tarde.
A continuación, ese mismo día, Murat fijó un Bando de 7 artículos con unas medidas
draconianas. La noche de la represión del día 2 al 3 cayeron fusiladas cientos de personas en el
Prado, Puerta del Sol, las iglesias de la Soledad y del Buen Suceso, Casa de Campo y Buen
Retiro, los altos de la Florida y de Amaniel, montaña del Príncipe Pío, a las afueras de la puerta
de Segovia etc. Si la lucha fue sangrienta, también lo fue la represión posterior.
Cada cual valoró el total de víctimas según su conveniencia. Napoleón escribía a sus
hermanos (6-V) que del populacho murieron más de dos mil entre los 40 a 50.000 sublevados. El
conde de Toreno estima que en total fueron 1.200. Sin embargo, el investigador Pérez de
Guzmán (1908), menciona 409 muertos y 171 heridos, y Horta Rodríguez (1975) 526 muertos.
En los combates y posteriores fusilamientos, entre los identificados había: personas sin oficio
declarado y pueblo llano, 75 muertos y 24 heridos; mujeres, 57 y 22 respectivamente; sin oficio
declarado y con Don, 22 y 11; militares, 40 y 28; niños, 13 y 2; y eclesiásticos, 3 muertos y 6
heridos. Sólo había pueblo sin dirigentes ni intelectuales (Alonso Baquer). Murat cumplió lo
anunciado el día 1 a Napoleón -”Estoy dispuesto a dar una lección al primero que se mueva”- y
en su bando del día 2. Lo hizo con sangre. El día 3 escribía a Napoleón: “La tranquilidad no será
ya turbada, todo el mundo está ya resignado”, “La victoria que acabo de obtener sobre los
insurrectos de la capital nos abre la posesión pacífica de España”. Pero se equivocaba.

__________
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO J., El dos de mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908; LOVETT, Gabriel H.,
“El intento afrancesado y la guerra de Independencia”, en Historia General de España y América, Madrid,
Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 167-
247; DÍAZ PLAJA Fernando, Historia de España en sus documentos, Barcelona, Plaza y Janés, 1971, y,
para el gran público, ÍD. Dos de mayo de 1808, Madrid, Espasa, 1996, 230 pp. A los trabajos generales de
Palacio Atard, Pabón, Artola, Jover, y Carr etc., sumamos el de Martí Gilabert (el motín de Aranjuez), y,
sobre Godoy, los de Bullón de Mendoza, Chastenet, Madol, Seco Serrano, y Taxonera. Tienen gran
interés las memorias de Mesonero Romanos, Alcalá Galiano, y el conde de Toreno (los tres testigos de los
hechos), las de Juan Escoiquiz (preceptor de Fernando VII), Blanco White, Du Forest y el barón de Marbot,
así como la correspondencia de Murat.
Algunos libros recientes son: DIEGO Emilio de, España, el Infierno de Napoleón, Madrid, La Esfera de los
Libros, 2008, 591 pp.; DIEGO Emilio de, SÁNCHEZ-ARCILLA José, ¡España se alza!, Barcelona, Áltera,
2008, 430 pp.; VILCHES Jorge, Liberales de 1808, Madrid, Ed. Fundación, 2008, 347 pp.; como historia
literaria de gran interés, GARCIA FUERTES Arsenio, Dos de mayo de 1808. El grito de una Nación,
Barcelona, Inédita Editores, 2008, 694 pp.


Detalle de “El 2 de mayo” de Sorolla. “¡Vecinos, a armarse! Detalle de “Los fusilamientos de la Moncloa” por Fco. Goya. El
¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los franceses” (Memorias de un desafío al invasor y la crudeza del momento, se despliegan
setentón de Mesonero Romanos). Los capitanes Daoiz y delante del oscuro pelotón francés de fusilamiento.
Velarde demostraron la entereza de la que harán gala los
españoles.

1.2. LLAMAMIENTO A LAS ARMAS Y ALZAMIENTO GENERAL
El Infante Fco. de Paula salió de Madrid hacia Francia en la mañana del 3 de mayo.
Hemos visto a una familia Real secuestrada y a un pueblo valiente, aunque oscilante desde los
pequeños gozos hasta -“exasperado hasta el último punto” (José Bonaparte)- el gran desengaño.
El levantamiento del Dos de Mayo y la represión del 2 al 3 fueron el pistoletazo de salida para
la insurrección general en los lugares no ocupados por los franceses. Sí; la chispa se convirtió en
la hoguera nacional donde se consumirá el mejor Ejército de Europa. El sacrificio
aparentemente sin sentido del pueblo de Madrid, dio un fruto granado en toda España a finales
de mayo. El éxito del efecto psicológico del Dos de Mayo fue absoluto. Hasta el general francés,
barón de Marbot, reconocerá la inmoralidad de la causa francesa en España, y decía que como
él pensaba la mayor parte del Ejército imperial.
Los alcaldes de Móstoles dirigieron su Bando a los justicias de los pueblos el mismo dos
de mayo. Este Bando hizo de puente entre el alzamiento de Madrid y los de toda España en
mayo y a comienzos de junio. Informaba que “en Madrid está corriendo a esta hora mucha
sangre”, y pedía ayuda a los leales y valientes en defensa del Rey y la Patria, contra quienes se
habían apoderado de la persona del monarca, y cambiaban la amistad y la alianza por “un
pesado yugo”. Aunque lo firmaron Andrés Torrejón y Simón Hernández, lo redactó Juan Pérez
Villamil, que era fiscal del Supremo Consejo de Guerra, secretario del Almirantazgo, y miembro
de la Junta que podía sustituir a la Junta de Gobierno establecida por Fernando, “llegado el caso
de carecer ésta de libertad” (Toreno), sustituyéndola con “todas las (facultades) que residían en
la formada por el Rey Fernando”. Sin embargo, dicho Bando sólo pedía ayuda a los pueblos
entorno a Madrid y de la carretera de Extremadura
¿Qué ocurría en Bayona? El día 1 de mayo, Fernando proponía a su padre la solución
del problema dinástico: la reunión de Cortes –o mejor, de los tribunales y diputados de los
Reinos- en Madrid, y su renuncia a la Corona, exigiendo a Carlos IV que no confiase en las
“personas que justamente se han concitado el odio de la nación”. Carlos IV lo rechazó. El 5 de
mayo, Napoleón obtuvo la abdicación, no sin resistencia y con presiones, de Carlos IV. Tan sólo
al día siguiente, Fernando VII, amenazado por Napoleón de ser tratado como rebelde, entregó la
corona a su padre. En el texto de abdicación, Carlos IV se declaraba rey, y condicionaba su
abdicación al mantenimiento de la integridad del Reino (luego vulnerada por Napoleón), y a que
“La religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se tolerará en su territorio
religión alguna reformada y mucho menos infiel según el uso establecido actualmente” (lo que se
reflejó en el Art. 1 de la Constitución de Bayona de 1808, contradicho por ciertos actos de José
Bonaparte). Si el rey Carlos rendía su tributo a Dios y al Reino, el pueblo español luchará por su


rey -en éste caso Fernando VII- y la integridad e independencia de la Patria, y con más motivo
por su Religión. La abdicación de Carlos IV se fundaba en el deseo de poner fin a la anarquía, las
facciones y la guerra, y a lograr la tranquilidad política para mantener la integridad territorial, las
colonias y -apoyada España por Francia- alcanzar la paz en el mar. Carlos IV y Godoy residirán
en Marsella y luego, el 16-VII-1812, irán a Roma.
La gran revuelta antifrancesa fue simultánea y espontánea en toda la península, aunque
con tuvo una canalización oculta. El Alzamiento nacional fue organizado mal y de forma
precipitada, y no por el pueblo sino por minorías capacitadas (Corona). En él participaron –salvo
excepción- todos los sectores sociales. Aunque la planificación fernandina se apunta para toda
España, ello no quita importancia al “gesto de supervivencia” de los españoles (Cuenca Toribio),
al explotar el “resentimiento largamente acumulado contra la traición y la agresión de Napoleón”
(Lovett). El Dos de Mayo y el conocimiento de las abdicaciones de Bayona, produjo una eclosión
de levantamientos populares, creándose Juntas locales y provinciales como desafío colectivo
a Napoleón: Asturias (día 9-V y 24); Valencia, Murcia, Cartagena (24); Zaragoza (26); Santander
y Sevilla (27); Cádiz, Córdoba y Jaén (29); Granada, Badajoz y La Coruña (30) etc. Les siguieron
toda Castilla la Vieja, Cataluña, Baleares y Canarias. En Cataluña hubo sublevaciones desde
Tortosa a Puigcerdá y desde Lérida a Rosas (Gómez de Arteche) al grito de: “¡Viva la Religión,
viva Fernando VII, viva la Patria”. Para los primeros días de junio el estado de insurrección era
general, surgiendo por todas partes Juntas locales o provinciales para dirigir la resistencia
española.
Sobre cómo se desarrolló el Dos de Mayo, la hipótesis populista afirma la espontaneidad
de los sucesos como fruto del sentimiento popular (Pérez de Guzmán). Sin embargo, la hipótesis
de Corona Baratech expone la existencia de un aparato organizado por los fernandinos y
antigodoístas, preparado ya para el motín de Aranjuez, aunque el éxito de éste último no hiciese
necesario su funcionamiento. La dinámica o método del Dos de Mayo se repitió en muchos
alzamientos posteriores. Dicho aparato o máquina política -extendida por el resto de España-
primero quiso evitar que Murat restaurase a Carlos IV, luego difundir la sublevación de forma
radial, y tras ello originar Juntas nuevas, aunque la política de éstas será luego absorbida por el
problema militar.
Las ideas del pueblo español sobre la monarquía, la religión y la nación española fueron
la causa de las contradicciones y triple error de Napoleón -monárquico, religioso y nacional-, que
“acarre(ó) la ruina del Imperio” (Pabón). Se generalizó el convencimiento de que los franceses,
además de enemigos de España y del Rey, lo eran de la Religión. Baste citar el Catecismo
popular leído en la zona libre de franceses, el libro Despertar cristiano, los destrozos y sacrilegios
cometidos, los escritos de –por ejemplo- Don José de Larrea en el Libro Parroquial de
Berrosteguieta (21-VI-1813), y la prisión y destierro del Papa Pío VII. Esto último no obligaba al
alto clero mover a los españoles a la insurrección, a diferencia de lo que supone Díaz-Plaja.
También Fugier subrayó el error de España del Emperador.
Si seguimos las denominaciones ofrecidas por Alonso Baquer (1983), el Dos de Mayo se
trató de un levantamiento popular por producirse al margen de la fuerza armada (me refiero a los
mandos superiores), mientras que su prolongación en España fue un alzamiento nacional, en el
que pueblo, dirigentes y mandos militares, actuaron a la vez.

__________
CORONA BARATECH Carlos, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 1957;
“Precedentes ideológicos de la guerra de la independencia”, Zaragoza, Librería General, 1959, 28 pp.,
Institución ”Fernando el Católico”, publ. nº 222.


Detalle de “La rendición de Bailén” por Casado del Alisal. El Fragmento de la “Vista del sitio y bombardeo de la ciudad de
general Castaños vence al mariscal de Francia Dupont. Zaragoza por los franceses”. El heroísmo de los habitantes de
Zaragoza y Gerona fue emblemático de la resistencia española,
aunque al final ambas ciudades capitularon.

1.3. LAS NUEVAS INSTITUCIONES: DE LAS JUNTAS A LA
REGENCIA
La guerra dentro de España pasará, de ser una vivencia desconocida desde 1705-1714, a
ser una vivencia cotidiana durante 6 años. La nueva situación dará a los innovadores o liberales
de Cádiz (autocalificados de “patriotas” de una patria formada por individuos y con un Rey como
primer funcionario) la ocasión para realizar una ruptura institucional con algunas formas de
aparente continuidad. Más tarde, los aparentes cambios ocurridos en la nueva situación, darán
la ocasión, a quien reflexione sobre le pasado, para justificar dicha ruptura. He aquí algunos de
ellos: 1º) El reforzamiento de las antiguas autoridades claudicantes ante los franceses, y el
monarca preso en Bayona, quebrará en apariencia la continuidad de la propia autoridad o
legitimidad de origen. 2º) El presentismo del momento debido a la excitación que originó el
levantamiento, la tensión y crueldad de la guerra, así como la novedad de un conflicto interno,
quebrará en apariencia la continuidad vital de un pueblo. 3º) La transformación del súbdito en
héroe, quebrará en apariencia la continuidad del yo individual y comunitario. 4º) La liberación
física y moral que supone el triunfo en la Guerra, quebrará en apariencia el marco real de
referencia –comunitario, de costumbres e institucional- consistente en jurisdicciones, libertades,
obligaciones y derechos.
La Guerra supuso la gran ocasión de una decidida minoría innovadora (liberal) reunida
en unas Cortes anómalas. Esta actividad de retaguardia exigía al pueblo español, tradicionalista
en su mayoría, pensar en otra cosa que en la expulsión de los franceses, y argumentar una
justificación general de su ser comunitario. Como la ocasión era totalmente inoportuna, era
comprensible que este pueblo no lo hiciera. Además, en general se ignoraba dicha reunión a
Cortes.
Había por entonces diferentes tendencias políticas de élite: conservadores o
absolutistas, tradicionales o renovadores, innovadores o liberales, afrancesados, y los próximos
al sistema político inglés. No obstante, en España dominaba una gran masa nacional, diríamos
que poco cualificada, fiel a la Religión y al rey Fernando, contraria al impopular Godoy, y muy
preocupada por los sucesos revolucionarios franceses. Sin embargo, en el Reino de Navarra y
los territorios vecinos forales, toda la población vivía la monarquía tradicional no absolutista,
ejemplo para los renovadores.
La Junta de Gobierno, nombrada por Fernando VII antes de ir a Bayona, estaba
presidida por el infante don Antonio y las más prestigiosas instituciones, tales como el Consejo


de Castilla, las Capitanías Generales y las Audiencias, que aceptaron en parte los hechos
consumados de Bayona, y colaboraron con las autoridades imperiales y el rey intruso José.
Pronto las autoridades legítimas de origen se vieron desbordadas por los españoles (élites y
pueblo) que defendían los principios básicos implícitos en la legitimidad de ejercicio, para
solucionar las incapacidades de sus gobernantes.
Corona Baratech propuso fundadamente esta hipótesis (1959): “El chispazo que
desencadenó la tragedia del dos de mayo fue provocado por un grupo, decidido a levantar al
pueblo contra los franceses, saltando por encima de la parsimonia mostrada por la Junta
Suprema Delegada, que según Azanza y O’Farrill, acordó preparar el alzamiento con más
cautela y prudencia”. Este modelo y el método seguido, se desarrolló después en toda España.
Sólo en algunos casos (Torre del Fresco en Badajoz y Solano en Cádiz) la sublevación
popular se realizó contra la voluntad de las autoridades del Antiguo régimen. Lo habitual fue la
“integración en las Juntas Provinciales de las autoridades antiguas reforzadas por otras
personalidades prestigiosas y ratificadas todas por el clamor popular”. Por eso, hay una
“continuidad legal” (Palacio Atard), pues las Juntas locales o Provinciales, que no estaban
previstas por la ley, se originaron en situaciones extraordinarias, como en las Comunidades y
Germanías de 1521. Hubo Juntas (Oviedo…) que se consideraron delegadas de Fernando VII
(único depositario de la soberanía), mientras algunas otras recabaron para sí la soberanía, según
la personalidad de sus componentes. En realidad, la política de las Juntas luego será absorbida
en gran parte por la guerra.
Fernando VII quiso la convocatoria de Cortes entre el 1 y 4 de mayo y las dispuso en dos
decretos el día 5. En uno mandaba a la Junta de Gobierno que se trasladase a un lugar seguro,
asumiese la soberanía y declarase la guerra a Napoleón. En otro, ordenaba al Consejo Real o,
en su defecto, a cualquier Chancillería o Audiencia no mediatizada por los franceses, que “se
convocasen las Cortes (…) (para que) se ocupasen únicamente en proporcionar los arbitrios y
subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino, y que quedasen permanentes para lo
demás que pudiese ocurrir”. La Junta de Gobierno conoció los decretos pero no los atendió, ni
los hizo circular, aunque Pedro Cevallos, que había acompañado a Fernando VII a Bayona, los
reconstruyó e hizo saber tan pronto como regresó de Francia.
Una vez constituidas las Juntas Provinciales, el 25-IX-1808 se constituyó en Aranjuez la
Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, haciéndolo “en nombre del Rey nuestro”
Fernando VII. La componían 35 representantes de las Juntas provinciales, y la presidía el
anciano conde de Floridablanca. El 28-X-1808 la Junta Central señaló sus objetivos: “Expeler a
los franceses, restituir a su libertad y a su trono a nuestro adorado rey y establecer bases sólidas
y permanentes de buen gobierno”. Ahora bien, como “Nada es la independencia política sin la
felicidad y la seguridad interior (…) el gobierno cuidará de que se extiendan y controviertan
privadamente los proyectos de reformas y de instituciones que deben presentarse a la sanción
nacional (…) Conocimiento y dilucidación de nuestras antiguas leyes constitutivas, alteraciones
que deben sufrir en su restablecimiento por la diferencia de las circunstancias; reformas que
hayan de hacerse en los códigos civil y criminal y mercantil; proyectos para mejorar la educación
pública tan atrasada entre nosotros; arreglos económicos para la mejor distribución de las rentas
públicas y su recaudación (…)”.
Dentro de la Junta, Jovellanos –de pensamiento político tradicional renovador- fue el
primero en proponer, el 7-X-1808, la convocatoria de Cortes, para que estas designasen una
Regencia que asumiera el lugar del Rey; hasta entonces, la Junta Central debería nombrar una
Regencia provisional. Se basaba en principios de Derecho público español (las Leyes
Fundamentales). Pero Junta rechazó la propuesta. También rechazará la de Calvo de Rozas (15-
IV-1809), inspirado por el liberal Quintana. Las graves anomalías que tuvo la organización de la
convocatoria a Cortes, la convocatoria misma y el desarrollo de aquellas, son otra cuestión.
Concluyamos diciendo que las Juntas provinciales se sintieron herederas de la
autoridad antigua y estaban respaldadas por la aclamación popular. Esta naturaleza se transmitió
a la Junta Central, de manera que, al resignar ésta sus poderes en la Regencia el 30-I-1810 –
tan mal vista por los liberales-, se volvió “a la institucionalización de la autoridad dentro del marco
de la legalidad tradicional” (Palacio Atard). La Regencia suplía la falta de Rey y lo hacía en su
nombre. Así, los liberales de las anómalas Cortes de Cádiz presionaron a la Regencia hasta


“que su autoridad fuera, en ciertos aspectos, prácticamente nula” (Suárez Verdeguer, 1982, p.
444). A continuación, las Cortes liberales proclamaron la “soberanía nacional”, de manera que
una cosa fue la primera Regencia y otra la derivada de dichas Cortes.
El 23-IX-1810, Regencia había convocado Cortes, pero haciendo tabla rasa de lo
dispuesto por la Junta Central. Dichas Cortes eran anómalas, carecían de raíces en la tradición, y
de reglas que limitaran su poder y les indicaran el camino que deberían seguir” (Suárez). En
ningún momento, desde la marcha de Fernando VII a Bayona hasta la reunión de las Cortes,
hubo vacío de autoridad o de poder, porque si bien el titular de la “soberanía” política era el Rey,
ésta era limitada, y su ejercicio como poder recayó, en cada caso, en las instituciones superiores
en nombre del monarca (Junta de Gobierno, Juntas, Junta Central y Regencia). No hubo
asunción “popular” de la soberanía regia, y en general se actuó en nombre del rey. Otra cosa
eran las Cortes liberales como anomalía y problema. En 1813, y antes del Tratado de Valençay,
Fernando VII aludió varias veces a la Regencia como representante de la nación española, sin
la menor alusión a las Cortes (Comellas), a pesar de conocer todo lo ocurrido en España.

____________
IZQUIERDO HERNÁNDEZ M., Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, 1963;
SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, en Historia General de España
y América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII),
1992, 634 pp., pág. 249-306; ÍD. El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, Rialp,
1982, 528 pp.; GARRALDA ARIZCUN J. F. “Las Cortes de Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución
Francesa y la herencia política de España”, en Rev. Digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”, nº
116 (junio 2008). Son imprescindibles los trabajos de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central,
Quintana, Alcalá Galiano, Toreno y, modernamente, Juretschke (1955), Martínez de Velasco (la Junta
Central, 1972), Comellas, Fernández de la Cigoña, etc.

Revista “Ahora información”. Monográfico “El soldado católico en guerra de religión” por el
sobre “1808-2008. En guerra contra la Beato Diego José de Cádiz. La guerra a la que se
Revolución”, nº 93 (VII-VIII-2008), 39 pp. refiere es la guerra de la Convención, en 1794


2. 1808-1814: ALZAMIENTO POPULAR Y LEGITIMIDAD
MONÁRQUICA EN LA CORONA DE ESPAÑA Y EL REINO
DE NAVARRA
+ In memoriam
Aita Teodoro Garralda Goyena
(Ochagavía, Valle de Salazar, Navarra),
Ama María Luisa Arizcun Zozaya
(Errazu, Valle de Baztán, Navarra).

por José Fermín GARRALDA ARIZCUN
Doctor en Historia (Navarra. España)

SUMARIO:
1. Introducción
2. La insurrección antinapoleónica de 1808:
2.1. La crisis como marco histórico
2.2. El Dos de Mayo en Madrid
2.3. Llamamiento a las armas y alzamiento general:
2.3.1. El Bando de Móstoles
2.3.2. Las abdicaciones de Bayona
2.3.3. El levantamiento general
2.3.4. El aparato organizado
3. Nuevas instituciones y mantenimiento de la legitimidad monárquica: de las
Juntas Provinciales a la Regencia.
3.1. Tendencias políticas
3.2. Surgimiento de las Juntas locales y provinciales
3.3. La iniciativa regia de la convocatoria a Cortes
3.4. Surge la Junta Central Suprema
3.5. De la Junta Central a la Regencia
4. El Reino de Navarra:
4.1. Mantenimiento de la Constitución histórica del Reino de Navarra
4.2. Colaboración con los franceses, defensa del Fuero y oposición abierta a
Bonaparte:
4.2.1. Las proclamaciones
4.2.2. Los primeros alzamientos populares
4.2.3. La Asamblea de Bayona
4.2.4. Expulsión del virrey
4.2.5. La Diputación huye a Tudela
4.3. La Diputación y la Junta Central
4.4. ¿Relacionarse con la Junta Central fue un contrafuero?
4.5. Las Cortes generales de Cádiz como contrafuero
4.6. Restauración de la Diputación legítima
5. Colofón

1. INTRODUCCIÓN
También en nuestros días el conocimiento científico de la Historia tiene una gran
actualidad. Interesa a las Humanidades y al pensador profundo, es decir, al “no productor”
de bienes económicos. Digamos que este tema interesa al profesional poco valorado
(“pero, dígame, ¿Vd. se dedica a esto?”), y poco retribuido (“¿qué intereses esconde Vd.?,


porque materialmente no aprecio que los pueda tener”). Interesa a aquella persona cuyos
coetáneos paradójicamente tanto necesitan. No obstante, a veces aportar algo con un
esfuerzo gratuito y silencioso –que sólo se entiende “por vocación”- casi exige pedir
permiso a los conciudadanos, ofrecer gratis la investigación, y aún dar las gracias cuando la
sociedad te considera “alguien” a ser tenido en cuenta.
Sea lo que fuere, el conocimiento histórico, aparentemente tan “inútil” (y de ahí su
salvaguarda), también interesa al periodista, al ámbito del ocio y la cultura de masas (hoy
superficial, ocasional y vinculada al entretenimiento) y a la actual política, que sigue
buscando símbolos, recuerdos y conmemoraciones, lo que demuestra la coherencia interna
y tradicional del hombre. Digo que también interesa al gran público. Hoy, se rememora el
pasado con fruición, hasta teatralmente y con torneos medievales durante verano, por
ejemplo en el VIII Encuentro Histórico de Artajona (Navarra), y en tantos otros lugares.
También los carlistas han solicitado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
permiso para colocar, en la calle Corredera del Cristo nº 11, y en septiembre de 2008, una
lápida en recuerdo a Don Manuel María González, el primer alzado por Don Carlos V en
1833.
En resumen, digamos que basta conocer lo que hoy se investiga y escribe, visitar las
librerías, asistir a universidades de curso reglado o bien de verano, romper la rutina con la
cultura transmutada en ocio, y tomar nota de los gestos y actitudes de la actual clase
política, y de otros políticos que no forman “clase”… para darse cuenta de la importancia de
la Historia como disciplina y conocimiento.
En este año de conmemoraciones con ocasión del segundo centenario del
alzamiento antinapoleónico de España en 1808, es labor de los historiadores aclarar el
marco y los hechos históricos a partir de las fuentes históricas primarias, así como de
diferentes aportaciones historiográficas, para poder actualizar aquellas hipótesis no
carentes de brillantez, fundamento y originalidad que, a pesar de ser planteadas hace
algunas décadas, algunos han dejado -por diversos motivos- caer en el olvido.
Ante el carácter simplista de algunas afirmaciones actuales, según las cuales el
alzamiento popular antinapoleónico fue sinónimo de vacío de legitimidad, de soberanía
nacional según el liberalismo, y expresión natural y espontánea de los principios ideológicos
liberales, el trabajo que ahora presentamos va más allá de reafirmar hechos más o menos
conocidos. En efecto, en él se analizan las circunstancias de 1808, diversos
planteamientos sugerentes sobre la génesis de esta insurrección popular, y las
causas del levantamiento antinapoleónico. También se analiza la situación de la
legitimidad monárquica en España –y en ella del Reino de Navarra-, y se muestra la
tendencia afrancesada como ruptura de la tradición española.
Como afirmaba Rodríguez Garraza, todos los historiadores han elogiado la
espontaneidad del pueblo español al levantarse unánimemente frente a la invasión de
España por Napoleón, y han insistido en el “carácter nacional y tremendamente popular de
esta guerra”. Interesa recordar que, además de luchar por la independencia, el pueblo o
nación española luchó contra la ideología revolucionaria y antirreligiosa (1). Los motivos de
la sublevación no sólo fueron la defensa de la independencia de los españoles como pueblo
organizado, sino también su religiosidad católica, el mantenimiento de la tradición histórica,
la afirmación monárquica basada en la legitimidad de origen y de ejercicio, y una dimensión
social o populista. Toda esta es una temática muy actual. Por ejemplo, hoy, Aurelio Arteta,
teórico y portavoz del partido socialista de Rosa Díez (UPyD) en Navarra, efectúa una
crítica a un aspecto (no entro en sus contenidos) de lo que queda de los Fueros de
Navarra, remitiéndose a lo que llama legitimidad racional –bandera de enganche muy
propia de los liberales de 1812- frente a la legitimidad tradicional (“Diario de Navarra” 28-
VIII-2008), ignorando así –entre otras cosas- que la razón y el racionalismo no se
identifican. También ignora que hay aspectos de la vida muy razonables que no son
producto de la razón teórica, así como la importancia de las costumbres hechas ley, y la
misma tradición familiar y comunitaria. Desde luego, eso no significa que los actuales
contrincantes liberal-conservadores del sr. Arteta sean verdaderos foralistas, ya que
pueden ser todo lo contrario.


Advertida la actualidad de este trabajo, digamos que la guerra de 1808 fue -sobre
todo- de principios religiosos, sociales y políticos. Por entonces, el pueblo español no
era preliberal, ni constitucionalista a la moderna, aunque sí lo fuesen algunas élites
(Constituciones de Bayona en 1808 y Cádiz en 1812), herederas de esas otras que -en su
día- ocuparon el poder con Carlos III, y que respondían a lo que dijo Sarrailh: “En verdad,
nadie habla en España de despotismo o de absolutismo. Los hombres de la minoría
ilustrada están convencidos de que viven bajo una monarquía moderada y casi liberal, tanto
más cuanto que su rey se llama Carlos III, y sus principales ministros o consejeros son
también “filósofos” a su manera” (2). El pueblo español, en todos sus estamentos sociales,
era católico, lo que también afectaba a la política. Era tradicional y no prerrevolucionario.
Deseaba conservar la religión de sus antepasados, defender al rey, mantener las
instituciones tradicionales así como su independencia de Francia y, allí donde existían,
afirmar los Fueros. Los españoles deseaban que el rey fuese la verdadera cabeza jurídica y
moral de la monarquía, poseyese la suprema potestas, y no sabían qué era eso de la
soberanía nacional. Eran comunitarios y no individualistas, no desamortizadores ni
regalistas, ni afectos a otros aspectos del liberalismo, y afirmaban el marco social de la
libertad individual.
La guerra fue esencialmente popular. Sobre la participación del pueblo, además de
los muchos sucesos de “feliz recuerdo”, piénsese en los antecedentes esporádicos y
conflictivos de los comuneros y germanías de 1521, la revueltas de 1640, la Guerra de
Sucesión (1705-1714), y, sin remontarse tan lejos, en los motines contra Esquilache en
1766 y de Aranjuez en 1808, la guerra contra la Convención francesa (1793-1795), y lo que
serán los importantes conflictos posteriores a 1814.
En esta aportación quisiéramos dar respuesta, desde el conocimiento histórico, a
varias preguntas:
1. ¿Qué significó el príncipe Fernando ante la crisis del despotismo ministerial y cómo
llegó a ser rey?
2. ¿Cómo fue el Dos de Mayo en Madrid y los alzamientos posteriores del resto de
España hasta mediados de junio de dicho año?
3. Los alzamientos de 1808, ¿fueron organizados y liderados por los llamados
antigodoístas, fernandinos, napolitanos o camarilla del Príncipe, o bien debe
mantenerse la tesis populista de su absoluta espontaneidad?
4. Estos alzamientos, ¿supusieron en el pueblo una ruptura de la legitimidad por
convertirse en soberano, o bien reforzaron las instituciones que regían a los
españoles para que, en adelante, aquellas mantuviesen la protesta y la guerra
contra Napoleón? Entre los navarros, ¿hubo minorías que aspirasen a un cambio o
ruptura revolucionaria en sus instituciones?
5. ¿Se mantuvo la legitimidad monárquica en las instituciones, desde que Fernando VII
salió de Madrid en 1808 hasta su regreso a España en 1814? ¿Se mantuvo en el
milenario Reino de Navarra, incorporado a Castilla en 1513 y 1515?
6. ¿Cuáles eran las tendencias políticas existentes entre las élites del pueblo español,
tradicional en su casi totalidad?
Estas páginas son de Historia y están escritas desde una perspectiva científica. Se
basan en fuentes bibliográficas y en el análisis de diversas hipótesis, y se continúan en un
reciente estudio de mi autoría sobre el profundo afrancesamiento –nada de constitución
histórica y de cultura política castiza y a la española para españoles- de la Constitución de
Cádiz de 1812 (3).


Cuadro conmemorativo de Napoleón Bandera de los sitios de Zaragoza. Museo
cruzando los Alpes (1800), por J.L. David del Ejército (Madrid). La ciudad capituló
tras una resistencia heroica el 20-II-1809

2. LA INSURRECCIÓN ANTINAPOLEÓNICA DE 1808
La gran eclosión española contra los franceses ocurrida en Madrid el Dos de Mayo,
fracasó y acabó en una dura represión por las tropas francesas. Sin embargo, sus
consecuencias inmediatas fueron muy favorables para la España sublevada.
El marco histórico y los hechos ocurridos son claros. La complejidad surge cuando
se profundiza sobre la espontaneidad o bien la organización del Dos de Mayo y de las
insurrecciones posteriores, efectuadas hasta el 15 de junio, así como en el método y
modelo que el Dos de Mayo supuso para dichos alzamientos.

2. 1. LA CRISIS COMO MARCO HISTÓRICO
Para entender los hechos de 1808-1814 es necesario conocer el marco histórico.
El reinado de Carlos IV estuvo marcado por los sucesos revolucionarios de Francia, y por la
profunda crisis interna y de política exterior que atravesaba España. La crisis interna
afectaba a la política y las ideas, a la hacienda y las finanzas (emisiones de deuda pública,
desamortizaciones…) del Gobierno absolutista. El modelo absolutista había culminado en el
despotismo ilustrado ministerial. A ello se sumó la crisis económica española, producida por
las malas cosechas, y la crisis comercial y manufacturera que, en 1803 y 1804, se reflejó en
las series de precios.
El estallido político revolucionario ocurrido en Francia con ocasión de la crisis
múltiple de subsistencias, la hacienda real, y el absolutismo -que no convocaba Estados
Generales desde 1624-, también pudo estallar en España. Ahora bien, ¿por qué la
génesis y dinámica del caso francés no se repitió en España con ocasión de las
Cortes de 1789 y los sucesos de 1808? Pueden ofrecerse varias explicaciones. Por
ejemplo, el pueblo español vivía la religión y sus tradiciones con un gran arraigo. Además,
las ideas revolucionarias estaban poco extendidas, el centralismo del modelo absolutista no
había cuajado entre los españoles, y se tenía en mente los motines de Esquilache y
Aranjuez (en la Francia de 1789 la rebelión de la Fronda quedaba muy lejos). Por otra
parte, en España la política se presentaba distinta de gobernar Godoy o bien el príncipe
Fernando (VII), existiendo además varias tendencia políticas (conservadores, renovadores
e innovadores…) y no sólo la absolutista (continuista) y la revolucionaria (rupturista),
formando ambas un falso dualismo, que sin embargo es muy útil para los esquemas de las
ideologías liberal y marxista. Por último, todos los españoles se unieron con energía en
1808, como un solo hombre, en lo más básico y universal que les unía, con excepción de


las minorías afrancesada y liberal autocalificada patriota. A los liberales españoles les
resultaba difícil hacer su revolución, a diferencia del caso francés de 1789, aunque lograron
algunos de sus objetivos en 1812, que sólo tuvieron verdadero éxito proyectados a largo
plazo.
En relación con la historia de las ideas, creencias y mentalidades, en España
existían diversas tendencias: algunos enciclopedistas (León de Arroyal, Urquijo, Cabarrús,
la primera etapa de Olavide...), otros más o menos rupturistas y afrancesados, y un
importante sector ilustrado que –siguiendo un concepto general- no era enciclopedista, ni
afrancesado, sino amante de la tradición y religiosidad del país, y de reformas prácticas
relativas al urbanismo, los caminos, la enseñanza, una mayor organización etc… Lo he
podido comprobar por lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona en el siglo XVIII, en mi
tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra (España, 1986). También se
encontraba la masa de la población que confiaba en unos dirigentes, por otra parte
vinculados a unas concretas estructuras sociales.
Sobre unas y otras tendencias, y desde un punto de vista histórico, puede leerse
como bibliografía la perenne obra de Menéndez Pelayo (Historia de los heterodoxos
españoles), y los estudios de Jean Sarrailh (4), Richard Herr (5), Miguel Artola, Carlos
Corona Baratech, José Manuel Cuenca Toribio, José Luis Comellas, Federico Suárez
Verdeguer, José Andrés-Gallego, Fco. José Fernández de la Cigoña y un largo etc.
Aunque, según Menéndez Pelayo, las tensiones entre los españoles comenzaron con la
política de Carlos III, Herr precisa que es con la Revolución francesa, y las guerras
subsiguientes, cuando se “avivaron discordias intestinas existentes, aumentaron el
contraste entre la corte de Carlos IV y la de su padre e inculcaron nuevas ideas en España”
Pues bien, a esta crisis múltiple se le sumó la subordinación política hacia Francia,
llevada a cabo por el todopoderoso Godoy, protegido de Carlos IV. En los dos Tratados de
San Ildefonso (1796 y 1800), en otros posteriores, y en el Tratado de Aranjuez (1801),
España unía su destino a Francia contra Inglaterra y Portugal. Luego vino el desastre de
Trafalgar con la destrucción de la Armada española (1805). Según Gonzalo Anes, la
colaboración militar franco-española “hacía prever una sumisión total a los planes del
emperador” (6).
La ocasión era propicia para Napoleón, pues tanto Fernando VII como Carlos IV le
buscaban para alcanzar su confirmación o reposición respectivamente en el trono de
España, según los sucesos que luego se explicarán. Los planes de Napoleón fueron
variados, según la oportunidad: 1º Intervenir en España manejando a Godoy; 2º
Desmembrar el territorio español quedándose con parte del mismo; 3º Suplantar a los
Borbones. Una de las respuestas de Godoy a estas presunciones fue: “España está
dispuesta a hacer, aun a expensas de sus intereses, cuanto sea agradable a su Majestad
imperial (…)”.
En 1806, la opinión pública española era cada vez más favorable a una mayor
independencia respecto a Francia. En el Tratado de Fontainebleau (27-X-1807), se acordó
que España se quedaría con una parte de Portugal si dejaba pasar a 28.000 soldados
franceses –en cinco cuerpos de ejército- hacia Lisboa aunque, el 1-II-1808, el mariscal
Junot proclamará en Lisboa la anexión de Portugal al Imperio Francés, burlando así dicho
Tratado. Según Anes, el paso de dichas tropas “no cabe duda de que llevaba implícita la
idea de destronar a los borbones de España, cosa factible, dadas las intrigas de las
camarillas palaciegas que facilitaban el cumplimiento de los planes del emperador, aunque
tal idea no llegó a cuajar plenamente hasta finales de 1807” (7).
Todo indicaba que los españoles eran conscientes de la necesidad de la
renovación de su forma de gobernar, de hacer política, y de sus políticos. Manuel
Godoy era tremendamente impopular y, el buen Carlos IV -verdaderamente querido como
rey-, se había querido vincular a él. Ahora bien, ¿cómo renovar la política? Fernando
(VII), Príncipe de Asturias, “el Deseado” en los difíciles años del favorito Godoy –que había
sido elevado a la categoría de “Príncipe de la Paz”- y después durante la guerra de la
Independencia, tendrá el objetivo de desbancar a Godoy para enderezar así “la monarquía


envilecida por el infamado Príncipe de la Paz”, según Corona Baratech. Ello provocó una
aguda crisis en la Corte y en la Familia Real.
El 27-X-1807, el Príncipe Fernando realizó la conjura llamada el “proceso de El
Escorial”, fallida al ser descubierta por su padre Carlos IV. A continuación, el 31-X Carlos
IV dirigió un manifiesto a los españoles “en el que informaba del complot de su hijo para
destronarlo” (Anes) (8). Fernando fue perdonado tras descubrir a sus cómplices. Sobre éste
proceso de “El Escorial” y el motín de Aranjuez, que mencionaremos, hay dos interesantes
trabajos del dr. Francisco Martí Gilabert (Pamplona, Ed. Eunsa).
Poco después, “la llegada de las tropas francesas y la clarificación de los proyectos
reales de Napoleón hicieron ver a Godoy que era necesario oponerse a tales proyectos, y a
adoptar las medidas necesarias para negar con firmeza la entrada de más tropas” (Anes).
Más tropas francesas conllevarían la caída de Godoy y el secuestro de la familia real. La
clarividencia tardía de Godoy ante la perfidia de Napoleón, “fue la causa inmediata de su
caída” (Anes). Más tarde, el 17-III-1808, los fernandinos provocaron el motín de Aranjuez,
por el que Godoy fue depuesto y luego apresado en el castillo de Villaviciosa. Para ello, los
amotinados, que no eran espontáneos sino que estaban dirigidos por conspiradores,
aprovecharon la gran impopularidad del Príncipe de la Paz. En realidad, nada tenían que
temer porque gozaban del apoyo del Ejército, la alta nobleza y el Consejo de Castilla. Dos
días después, Carlos IV abdicará en su hijo Fernando VII, quien entró triunfalmente en
Madrid el 24 de marzo. En abril, Carlos IV se retractaba de dicha abdicación, y luego
informará a su hijo, el ya Fernando VII –lógicamente éste le manifestó su total extrañeza (4-
V)-, que la abdicación había sido temporal.
Sobre el motín de Aranjuez, es común la tesis (Corona, Vicens Vives, Gil Munilla…)
de que se evidenciaba “un cambio de ánimo político y social: patentizada la crisis del
Antiguo Régimen, ciertos grupos dirigentes se lanzan a una lucha abierta para instaurar un
orden nuevo. Pero el incendio estalla mes y medio después, con la invasión napoleónica,
que ocasiona el hundimiento del aparato institucional y determina un ‘vacío de poder’ que
reclama su apresurada sustitución” (Gil Munilla) (9). Luego responderemos si este “vacío de
poder” fue momentáneo o real, y si la institucionalización propiamente española o
antibonapartista se hizo con rapidez, aunque con las imperfecciones jurídicas propias de la
emergencia y la acción callejera popular. También explicaremos si se actuó en nombre de
Fernando VII o bien de una soberanía nacional que, poco después, una minoría liberal de
élite bien organizada “hará colar” en las anómalas Cortes de 1812.

2.2. EL DOS DE MAYO EN MADRID
Planteemos, en este punto y en el siguiente, si hubo una organización en el
alzamiento del Dos de Mayo y en los levantamientos ocurridos durante todo este mes hasta
mediados de junio, o bien si debe mantenerse la tesis populista de su absoluta
espontaneidad (10).
La situación, que cuajaba lentamente desde la paz de Basilea (1795) hasta 1808, se
resolvió rápidamente. Fernando VII temió que el mariscal Joaquín Murat, gran duque de
Berg y cuñado de Napoleón, con sus 35.000 soldados en Madrid, repusiera a su padre
Carlos (IV). Buscó y siguió a Napoleón para ser confirmado en el trono, dejando en Madrid
una Junta de Gobierno y al ministro de Guerra Gonzalo O’Farril, que luego será –y esto es
significativo- un importante pilar del régimen afrancesado, al ocupar el cargo de ministro de
Guerra con José (I) Bonaparte. Así las cosas, Fernando VII dispuso el viaje el 10 de abril y
llegó a Bayona el día 20. Por su parte, Carlos IV también buscaba al gran corso para
recuperar el poder entregado a su hijo en Aranjuez. Napoleón atrajo con engaños y perfidia
a los Borbones hasta Bayona; así, el raptor de Europa secuestró a toda una Familia Real,
símbolo viviente de una Dinastía centenaria y cabeza de una milenaria Monarquía. Poético
pero cierto.
En marzo de 1808, Murat entraba con sus tropas en Madrid. Las tropas francesas
pasaron de la popularidad -cuando se les creía favorables al rey- a la impopularidad. En
abril hubo incidentes previos en Carabanchel (día 12), Burgos, Toledo (día 21), y el día 26


en Madrid. La capital –Villa y Corte- estaba en ebullición, que aumentó al tenerse noticia del
maltrato que Fernando recibía en Bayona. El pueblo tenía en su haber y como precedentes,
los motines de Esquilache (1766) y de Aranjuez –éste era reciente-, ambos realizados con
éxito. Podía preguntarse: ¿quién iba a poder contra la valerosa reacción de todo un
pueblo decidido hasta el final? Antes del 1 de mayo, los barrios de Madrid pidieron
armas. Los militares españoles de graduación media, Daoíz y Velarde, prepararon un
proyecto de sublevación general sólo militar que únicamente tuvo ramificaciones en el
Cuerpo de Artillería, y que, según el historiador Pérez Guzmán, fue desautorizado por el
ministro de Guerra O’Farril. El historiador Corona dice que los madrileños conocían los
grandes problemas que Murat -mariscal de Napoleón- planteó a la ya citada Junta de
Gobierno el 30-IV.
A las 9 de la mañana del día 2 de mayo, los madrileños conocían la decisión que la
Junta tomó en su sesión nocturna del día 1, de acatar la orden de Murat y así permitir que
el hermano menor de Fernando VII -Francisco de Paula- y su hermana María Luisa –la
desposeída reina de Etruria-, viajasen a Bayona donde estaba el resto de la familia real.
Todavía no se habían realizado las abdicaciones. El pueblo estaba dispuesto a impedirlo, y
a intervenir con independencia de la Junta de Gobierno de la nación, cuyos miembros
“habían sido reducidos al papel de ministros de la Administración francesa” (Lovett). De
ésta manera, Murat se había hecho, en la práctica, con el gobierno de España. No
obstante, dicha Junta de Gobierno “consideró entonces la idea de resistirse a los
franceses por la fuerza”, descartándolo debido a la implacable superioridad militar francesa
(Lovett); ni O’Farril ni otros ministros querían una resistencia armada que consideraban
inviable. Sabemos que luego varios miembros de esta Junta ocuparán altos cargos con
José (I) Bonaparte.
El día 2 llegaron muchos forasteros madrugadores. Se desató el tumulto o
levantamiento popular. El historiador Corona Baratech (1959) muestra que hubo una
conspiración y un estado de alerta previo, aunque, según Espadas Burgos (1992), no
hay constancia documental sino conjeturas de que fuese premeditado. Sin embargo,
añadamos que los datos sobre una organización son abundantes y más que sugestivos. La
historia no se escribe sólo con documentos firmados y sellados. Incluso a veces lo más
evidente en vida ni siquiera se escribe. Es muy posible que confluyeran la organización y
la espontaneidad, pues la existencia de agentes fernandinos que fomentasen la
sublevación no justificaba del todo la reacción popular.
Corona Baratech parte de los abundantes datos ofrecidos - entre otros - por la
historia clásica de Pérez de Guzmán. A diferencia de la hipótesis populista de éste último,
Corona Baratech, historiador de nuestros días, lanza una bien fundada hipótesis sobre la
organización básica del motín, cuyo método plantea Agustín Cochin, cuando negaba la
espontaneidad de los sucesos revolucionarios. Sobre el momento del estallido, Corona
recoge lo siguiente:

“En la mañana del día 2, apenas había un pequeño grupo de mujeres cuando salió
de Palacio la Reina de Etruria; después apareció un hombre del pueblo, (José Blas)
Molina y Soriano, que hizo el relato de sus méritos en 1816, en términos harto
curiosos y abundantemente avalado; luego, grita: ¡Traición!, ¡traición!, y llegan en
seguida 60 personas, después de 200 a 400, inmediatamente después de 2.000 a
3.000. “Sólo en las puertas y portillos que franqueaban a los de fuera el paso a la
Villa –escribe Pérez de Guzmán-, se notaba desde que vino el día mayor animación
que la de costumbre, aunque aquellas eran las horas en que ordinariamente afluían
de los pueblos inmediatos los abastecedores con sus cargamentos y vituallas. Esta
larga y no interrumpida procesión de forasteros no cesó en toda la mañana.
Parecían convocados a voz de bocina o concurrentes a algún suceso extraordinario.
Se notó que de los Sitios y los lugares contiguos a todas las posesiones reales
venían casi en masa toda su población de hombres robustos y ágiles, capaces de
acometer cualquier empresa de valor; muchos traían sus hijos en su compañía. A
las primeras horas por todas partes reinaba una completa calma y tranquilidad. A las


siete “…vinieron dos carruajes de camino”. No hay sino comprobaciones del gran
prestigio que gozaba el Cuerpo de Artillería; sin embargo, parece que Daoíz, con
dicho Cuerpo, se consideraba con fuerza suficiente para levantar secretamente a
toda España, sin necesidad de ninguna colaboración extraña a los miembros del
Cuerpo; Pérez de Guzmán así lo propone; también es singular la noticia de la
concentración silenciosa de forasteros desde temprana hora, que guarda una
curiosa analogía con la llegada de forasteros al Real Sitio de Aranjuez el 16 y 17 de
marzo” (11).

La detallada descripción, efectuada por la historia narrativa, sobre los sucesos
anteriores y posteriores al Dos de Mayo, es apasionante; pero hemos de abreviar. Me
remito a autores como Pérez de Guzmán, Corona, Lovett y a otros recogidos en las notas
de este trabajo. Aunque son muchos los detalles y hechos significativos que, según Corona,
expresan la organización del motín, no los precisaremos aquí con detalle, pues el lector
tiene sus trabajos para profundizar.
¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos?. Muchos madrileños habían
dejado de trabajar aquel día, sospechando graves acontecimientos. A las siete de la
mañana, la exreina de Etruria –María Luisa, hija de Carlos IV- subió a la primera carroza
ante cierta indiferencia del público. La segunda carroza era para el infante. He ahí “La voz
del pueblo la hace oír una mujer, conmovida por los llantos del Infante Francisco de Paula,
que no se quiere ir” (Corona). El pueblo estalló con mucha más energía, unanimidad y
necesidad que con ocasión del motín madrileño contra Esquilache (1766). El capitán
general de Madrid, Fco. Javier Negrete y Adorno, conde de Campo Alange –afrancesado
que el 8-IX-1808 será nombrado virrey de Navarra por el llamado José I Bonaparte-, había
confinado a la exigua tropa española en los cuarteles, ante los 35.000 soldados imperiales
que, bien armados, rodeaban la ciudad. Esta es la segunda gran defección tras la del
general O’Farril. Si O’Farril será ministro de la Guerra con José (I), otros absolutistas y
afrancesados como Urquijo, Cabarrús, Azanza, Piñuela, Mazarredo, Negrete y Adorno…
ocuparán cargos políticos de Gobierno. Pues bien, ninguno de ellos, que ocupaban cargos
en el Gobierno fernandino, podrá paralizar al pueblo en masa y a sus élites tradicionales, ya
naturales (sociológicas) ya de la administración pública, en las sublevaciones ocurridas en
España.
Los franceses entraron a raudales por varios puntos. Se luchaba en muchos barrios
conocidos. Del Ejército español sólo se sublevaron los capitanes jefes de Artillería, Pedro
Velarde y Luís Daoíz quienes, con el teniente Ruiz y un puñado de soldados más unos 100
civiles, resistieron a miles de soldados franceses en el parque de Artillería de Monteleón, en
el barrio de las Maravillas.
Dice Díaz-Plaja que el general O’Farril, ministro de la Guerra de Fernando VII,
traicionó a Pedro Velarde, quien quiso “obtener el permiso o, al menos, la aceptación tácita
de los representantes de Fernando VII en Madrid” (12). Sea lo que fuere, los madrileños
lucharon hasta el fin. Es cierto que las fuerzas participantes en la lucha callejera fueron muy
desiguales. Pero -podía pensarse-, ¿quién iba a vencer la valerosa reacción de todo un
pueblo verdaderamente decidido? Pudo considerarse que el pueblo madrileño podía
ganar en la insurrección. De lograrlo, sin duda hubiera significado la eclosión
antinapoleónica, popular e irresistible, en toda Europa. Sólo a posteriori es fácil apreciar
que, en el Madrid sublevado –no todos los que hubieran podido alzarse-, los españoles
carecían de posibilidades de éxito. También pudo considerarse que la cabeza de un cuerpo
social debía hacer todo lo posible para dar un ejemplo decisivo al resto de los españoles.
En la villa y Corte, las agitaciones primero, y los combates después, duraron siete horas, y
concluyeron hacia las dos de la tarde. Desde luego, el fracaso material del Dos de Mayo se
convirtió en un éxito psicológico y espiritual en toda España. En adelante, lo que ocurra en
España convulsionará la Europa sojuzgada, y, junto a la campaña de Rusia, coadyuvará
definitivamente a la caída y fin del emperador Napoleón.
Considero que, debido al tipo de víctimas que hubo en Madrid -según diremos-, no
puede decirse que sólo se alzase el pueblo sencillo o bajo –el populacho según los


franceses-, aunque sea cierto que entre los sublevados no hubiese nobleza titulada, ni
militares de alta graduación, ni eclesiásticos con cargos jerarquía, que es a quienes Díaz-
Plaja echa en falta.
A continuación, ese mismo día 2, Murat fijó un Bando de 7 artículos que contenían
unas medidas draconianas contra “el populacho de Madrid” (Orden del día, vid. “Gaceta de
Madrid”, viernes, 6-V-1808). En él, Murat dice: “bien sé que los españoles que merecen el
nombre de tales, han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir
con ellos a unos miserables que sólo repitan robos y delitos. Pero la sangre francesa
vertida clama venganza”. El mariscal francés confundía a los amotinados con delincuentes
comunes, aunque el Art. 2 hable de “rebelión”; por otro lado, más que fijarse en la gran
mayoría silenciosa, él, como soldado bravo y agredido pero como pésimo político, clamaba
venganza. ¿O la venganza era un término retórico al estilo de las proclamas de Napoleón?
Digamos que el motín será un gran aldabonazo en la conciencia del país y, de alguna
manera, también en los soldados franceses.
Si la lucha fue sangrienta, también lo fue la represión posterior de aquellas personas
juzgadas por las comisiones militares creadas “sobre la marcha”. La noche de la represión
del día 2 al 3, cayeron fusiladas cientos de personas en el Prado, Puerta del Sol, las
iglesias de la Soledad y del Buen Suceso, Casa de Campo y Buen Retiro, los altos de la
Florida y de Amaniel, montaña del Príncipe Pío, a las afueras de la puerta de Segovia etc.
Ofrezcamos tan sólo algunas cifras de un tema no concluido por la historiografía.
Refiriéndose a la represión en el Prado y sus inmediaciones, Fernando Díaz-Plaja comenta
que 320 arcabuceados es una cifra muy alta. “Sin embargo –continúa- hay que recordar los
nueve carros de cadáveres que en la mañana del 3 fueron conducidos a enterrar en el
cementerio general, a pesar de que, como es sabido, gran número de los infelices fusilados
en el Prado y sus inmediaciones recibieron tierra en la misma subida del Retiro, en el
llamado Campo de la Lealtad donde hoy se encuentra el monumento a los héroes del Dos
de Mayo” (13).
Cada cual valoró el total de víctimas según su conveniencia. Napoleón escribía a
sus hermanos el 6 de mayo que del “populacho” murieron más de dos mil entre los 40 a
50.000 sublevados. El conde de Toreno –conspicuo liberal- estimará que en total fueron
1.200 españoles muertos. Sin embargo, el investigador Pérez de Guzmán (1908), que fue
el primero en estudia esta cuestión con rigor, menciona 409 muertos y 171 heridos, que
Horta Rodríguez (1975) aumenta a 526 muertos. Por su parte, el citado García Fuertes
señala los nombres y circunstancias de los 410 muertos y 171 heridos.
Entre las víctimas de los combates y posteriores fusilamientos, y sólo entre los que
han sido identificados, se observa el perfil sociológico siguiente: personas sin oficio
declarado y pueblo llano, 75 muertos y 24 heridos; mujeres, 57 y 22 respectivamente; sin
oficio declarado y con Don, 22 y 11; militares, 40 y 28; niños, 13 y 2; y eclesiásticos, 3
muertos y 6 heridos. Según esto, entre los sublevados se encontraba el pueblo bajo y la
menguada clase media de la época, y llama la atención la singular presencia de mujeres y
niños. Aunque sólo había pueblo llano, sin dirigentes ni intelectuales (Alonso Báquer) (14),
y sea evidente la pasividad o sumisión en las élites políticas, sociales, e instituciones
políticas, quiero apostillar la crítica de Díaz-Plaja a los madrileños situados en los peldaños
más altos de la escala social, al clero más distinguido, y a los vecinos pudientes de Madrid.
No pretendo juzgar sino tan sólo situar los datos en el contexto. En efecto:
1º) La inhibición de las clases altas el Dos de Mayo no significa una definición (por
otro lado arbitraria) y oposición de clases (popular y dirigente), pues hay sectores
socialmente distinguidos –y de alguna forma intermedios- entre los sublevados. Así, los
“don” (“dones”) serían hidalgos –es decir, nobles-, o bien licenciados en Derecho que
ejercían como abogados y procuradores. Ahora bien, no pocos de estos –junto con los
escribanos reales o notarios-, también eran hidalgos en esa época.
2º) Por otra parte, es imposible conocer los planes, y la valoración prudencial de
quienes no “saltaron” a la calle. Es comprensible que la clase alta no saliese a la lucha
callejera; creer que lo iba a hacer sería desconocer las formas sociales de una época
“aturdida” por la casaca y el pelucón blanco, pues podía considerar impropia de ellos una


actitud callejera. Tampoco se debe ignorar la importancia de ocupar la administración y los
cargos públicos, fuese uno u otro el resultado de la insurrección. Pongamos un ejemplo. En
Navarra, concretamente en la Pamplona de 1821 y 1822, sólo salieron como voluntarios a
la guerrilla realista los hijos de las clases populares y no los hijos de los realistas que
ocupaban cargos públicos municipales y en la administración municipal, provincial o bien
real. Ocultarse para controlar desde dentro puede ser una práctica de los sectores
dirigentes en momentos críticos. Desde luego, si algún miembro del clero bajo participó en
la lucha, tomar las armas no era su función. Pensemos también lo utópico que sería
imaginar a un obispo –por ejemplo- liderando a los amotinados de una ciudad (que no es lo
mismo que un ejército regular o de un extenso país).
3º) Por último, una cosa son quienes se insurreccionan el Dos de Mayo, y otra
quienes participan en una larga guerra de seis años. No en vano, muchos miembros de las
clases altas se opondrán con eficacia a los franceses hasta 1814. Si fueron pocos los
clérigos que participaron en la lucha callejera el Dos de Mayo, podrán ser muchos los que
se opusieron a los franceses en los seis años de lucha. Por ejemplo, y de forma similar al
resto de España, parte del clero navarro participó de diversas formas en la guerra y sufrió la
represión francesa, como explica el historiador Marcellán (15).
Nada de lo dicho impide que cada cual fuese responsable ante el resto de la
sociedad de su forma personal de participación, colaboración, inhibición o rechazo del
alzamiento de Madrid o de las sublevaciones ocurridas en el resto de España. Los procesos
de purificación (infidencia) realizados en los Tribunales de justicia en 1814 pueden dejar
huella de dichas responsabilidades.
Digamos que Murat cumplió muy bien con su anuncio a Napoleón del día 1 de mayo
-”Estoy dispuesto a dar una lección al primero que se mueva”- y en su bando del día 2 del
mismo mes. Como soldado que era, y quizás sobre todo mal político, en esas
circunstancias lo hizo con sangre. El día 3 escribía a Napoleón: “La tranquilidad no será ya
turbada, todo el mundo está ya resignado”, “La victoria que acabo de obtener sobre los
insurrectos de la capital nos abre la posesión pacífica de España”. Pero se equivocaba.
Son interesantes los recientes libros de autores como José Manuel Cuenca
Toribio en 2006 y, en 2008, de Emilio de Diego, Jean-René Aymes, José Sánchez-Arcilla,
Jorge Vilches, J. Gregorio Torrealba, J. Álvarez Barrientos (dir.), Antonio Moliner Prada,
Arsenio García Fuertes (16) etc. En ellos se narra el Dos de mayo y la guerra de la
Independencia, y también a ellos remito al amable e interesado lector.

El Dos de mayo por Fco. Goya y Lucientes

2. 3. LLAMAMIENTO A LAS ARMAS Y ALZAMIENTO GENERAL
El Infante Fco. de Paula salió de Madrid hacia Francia en la mañana del 3 de mayo.
La familia Real estaba secuestrada en Bayona, el pueblo era valiente y osciló desde los
pequeños gozos por las buenas relaciones de España con Napoleón, hasta el gran
desengaño, para quedar “exasperado hasta el último punto” (José Bonaparte). El


levantamiento del Dos de Mayo y la represión del 2 al 3 fueron el pistoletazo de salida
para la insurrección general en los lugares no ocupados por los franceses. Sí; la chispa se
convirtió en la hoguera nacional donde se consumirá el mejor Ejército de la imposible
Europa de los tres Imperios, ante el imperialismo revolucionario liderado entonces por
Francia. Ya dijo Napoleón en sus Memorias de Santa Elena: “Esta desgraciada guerra (de
España) me ha perdido (…) Los españoles en masa se comportaron como un hombre de
honor”. El sacrificio aparentemente sin sentido del pueblo de Madrid, dio un fruto granado
en toda España hasta mediados de junio. El efecto psicológico y espiritual del Dos de
Mayo, fue importantísimo para los españoles. Ello se proyectó sobre el general francés
barón de Marbot, que reconocerá la inmoralidad de la causa francesa en España, y decía
que como él pensaba la mayor parte del Ejército imperial, aunque obedeciesen como
soldados del amo de Europa.

2.3.1. El Bando de Móstoles. Los alcaldes de Móstoles, un pequeño pueblo junto a
Madrid, dirigieron su Bando a los justicias de los pueblos el mismo día del dos de mayo.
Este Bando, sin pretenderlo, hizo de puente entre el alzamiento de Madrid y los de toda
España, efectuados en mayo y hasta mediados de junio. Expresaba la postura popular
contraria a la colaboración con los franceses, seguida por las instituciones más importantes
de la nación, incluida la Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII al ausentarse
siguiendo los pasos de Napoleón.
Este Bando inició la resistencia armada general, aunque sólo pedía ayuda a los
pueblos del entorno de Madrid y la carretera de Extremadura. Su texto informaba que “en
Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre”, y pedía que se ayudase a los leales y
valientes que luchaban en defensa del Rey y la Patria, enfrentados a quienes se habían
apoderado de la persona del monarca, y cambiaban la amistad o alianza por “un pesado
yugo”. El famoso y lacónico Bando del pueblo castellano de Móstoles, decía así:

“Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio de mí, el
alcalde de Móstoles: / Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de
Madrid y dentro de la Corte, han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las
tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha
sangre; como españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria,
armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren
imponer su pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del
Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta
perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándolos, pues no
hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo
son. Dios guarde a usted muchos años. / Móstoles, 2 de Mayo de 1808. / Andrés
Torrejón. Simón Hernández”.

Torrejón y Hernández firmaron el bando, aunque parece ser que el texto lo redactó
Esteban Fernández de León (intendente de Correos), y su amigo Juan Pérez de Villamil,
que no era un hombre común sino fiscal del Supremo Consejo de Guerra, secretario del
Almirantazgo, y miembro de la Junta que podía sustituir a la Junta de Gobierno establecida
por Fernando - “llegado el caso de carecer ésta de libertad” (Toreno) -, con “todas las
(facultades) que residían en la formada por el Rey Fernando”.

2.3.2. Las abdicaciones y farsa de Bayona. Mientras tanto, ¿qué ocurría en
Bayona? El día 1 de mayo, Fernando propuso a su padre la solución del problema
dinástico: la reunión de Cortes en Madrid –o mejor, de los tribunales y diputados de los
Reinos, convocatoria ésta que podía ser más fácilmente aceptada por Carlos IV-, y su
renuncia a la Corona, exigiendo no obstante a Carlos IV que no confiase en las “personas
que justamente se han concitado el odio de la nación”. Carlos IV rechazó la propuesta. El 5
de mayo, Napoleón obtuvo la abdicación, no sin resistencia y con presiones, de Carlos IV.
Tan sólo al día siguiente, Fernando VII, amenazado por Napoleón de ser tratado como


rebelde, entregó la corona a su padre. En el texto de su abdicación, Carlos IV se declaraba
rey, y condicionaba su abdicación al mantenimiento de la integridad del Reino (luego
vulnerada por Napoleón), y a que “La religión católica, apostólica y romana será la única en
España. No se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel
según el uso establecido actualmente”. Aunque esto último se reflejó en el Art. 1 de la
Constitución de Bayona de 1808, los actos estatistas, regalistas y anticristianos de José
Bonaparte lo contradijeron.
Digamos que si el rey Carlos rendía tributo a Dios y al Reino en su citada
declaración solemne, el pueblo español luchará por su rey –aunque en éste caso fuese
Fernando VII- y la integridad e independencia de la Patria, y, con más motivo, por su
Religión. Carlos IV, con su abdicación forzada, se proponía poner fin a la anarquía, a las
facciones y a la guerra, y aspiraba a la debida seguridad y sosiego político que permitiese
mantener la integridad territorial, los territorios de ultramar, y -apoyada España por Francia-
alcanzar la paz en el mar. Lógicamente, Napoleón, con singular cinismo, se presentaba
como único valedor de estas buenas intenciones.
El buen Carlos IV y el desafortunado Godoy, residirán en Marsella y luego llegarán a
Roma el 16-VII-1812. La reina moría en la Ciudad Eterna el 2-I-1819, y el buen Carlos IV
fallecerá en Nápoles el 19 de diciembre. Una vez más, se demostraba que no había rey sin
pueblo, ni pueblo español sin rey. Este pueblo tuvo la gloria de mantener la corona en las
sienes de su rey, aunque éste fuese coaccionado en Bayona, por el ladrón de Europa, a
renunciar a la corona. Este acto de fuerza invalidará jurídicamente la renuncia.
El 11-VIII-1808, el Consejo de Castilla, inicialmente colaboracionista con los
franceses, se instituyó en gobierno de Madrid una vez liberada la Villa y Corte tras la batalla
de Bailén, donde las tropas españolas de Castaños resultaron triunfantes. Dicho Consejo
declarará nulos y sin valor los decretos de abdicación y cesión de la corona de España
firmados en Bayona, lo que es importante porque ello demuestra la continuidad de la
legitimidad. Otra cosa es que, algo después, las Juntas Provinciales siguiesen la
propuesta de crear una Junta Central debido al colaboracionismo inicial de dicho Consejo
de Castilla con los franceses. En todo caso, el pueblo y las instituciones no sujetas a los
franceses, mantuvieron la corona del rey, “desposeído” con los atropellos de Bayona. Para
entonces, la Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII al irse de Madrid, que siempre
estuvo intervenida por Murat, había dejado de existir.

2.3.3. El levantamiento general. La gran revuelta antifrancesa fue simultánea y
espontánea en toda la península, aunque tuvo una canalización oculta. El Alzamiento
nacional fue organizado mal y de forma precipitada, y no precisamente por el pueblo sino
por minorías capacitadas (Corona). En él participaron todos los sectores sociales. Aunque
la planificación fernandina se apunta para toda España, ello no quita importancia al “gesto
de supervivencia” de los españoles (Cuenca Toribio), al explotar el “resentimiento
largamente acumulado contra la traición y la agresión de Napoleón” (Lovett). Entre del Dos
de Mayo y los primeros días de junio, la insurrección prácticamente se generalizó: Asturias
(día 9-V y 24); Valencia, Murcia, Cartagena (24); Zaragoza (26); Santander y Sevilla (27);
Cádiz, Córdoba y Jaén (29); Granada, Badajoz y La Coruña (30) etc. Les siguieron toda
Castilla la Vieja, Cataluña, Baleares y Canarias. En Cataluña, cuya Junta se creó el 18 de
junio, hubo sublevaciones desde Tortosa a Puigcerdá y desde Lérida a Rosas (Gómez de
Arteche) al grito de: “¡Viva la Religión, viva Fernando VII, viva la Patria!” durante todo el
mes de junio.


El general Palafox, héroe en los Sitios de Zaragoza,
detalle por Fco. Goya

2.3.4. El aparato organizado. Sobre cómo se desarrolló el Dos de Mayo, la
hipótesis populista afirma la total espontaneidad de los sucesos como fruto del sentimiento
popular (Pérez de Guzmán). Por ejemplo, de ella se hace eco el historiador Jaime del
Burgo Torres, al negar que la conspiración estuviese preparada de antemano por los
elementos del partido fernandino, “ya que –dice- hubieran recurrido primero a los elementos
militares, y lo cierto es que fue el pueblo el que, sin pensar en las circunstancias ni
considerar su indefensión, se lanzó a la lucha contra los imperiales considerados
invencibles. La actitud de las autoridades constituidas no fue más que una permanente
muestra de cobardía” (17). Digamos que del Burgo podría reconsiderar la hipótesis de la
conspiración, pues el fundamento de ésta es sólido, advirtiéndose que lo mismo que piensa
él, pudieron pensar los organizadores fernandinos.
La hipótesis de Corona Baratech (18) expone la existencia de un aparato
organizado por los fernandinos y antigodoístas, preparado con ocasión del motín de
Aranjuez, aunque el éxito de éste último no hiciese necesario su funcionamiento.
Recordemos la expulsión de Madrid que sufrieron los fernandinos tras la conjura fallida de
Fernando VII (“proceso de El Escorial”) el 27-X-1807. También Gil Munilla afirma que desde
el 2 de mayo y en junio: “triunfa un levantamiento popular, conscientemente provocado,
según todas las apariencias, por personas influyentes –en el ámbito nacional o local- que
ya en marzo manifestaron su propósito de conducir la Monarquía por derroteros que
hicieran inviable el vilipendiado despotismo ministerial” (19). En realidad, la dinámica o
método del Dos de Mayo se repitió en muchos alzamientos posteriores. Dicho aparato o
máquina política -extendida por el resto de España-, primero quiso evitar que Murat
restaurase a Carlos IV, luego se propuso difundir la sublevación de forma radial, y, tras ello,
garantizar Juntas locales y provinciales, siendo enseguida la política de éstas últimas
absorbida por el problema militar. Pensemos que los desterrados de la conjura fallida de
Fernando VII en octubre, marcharon a ciudades como Zaragoza, y que ahí siguieron
actuando.
¿Cuál fue el método seguido en los diferentes alzamientos que, simultáneos y
ocurridos en lugares muy distantes, desorientaron a los franceses y dieron la sensación de
un alzamiento generalizado, que es lo que era en realidad? Según Corona Baratech, fue el
siguiente:

“(…) 1º), un mismo y único protagonista “el pueblo”, que actúa y decide
espontáneamente, como movido por un resorte a la noticia de los sucesos del dos
de mayo, y de las abdicaciones de Bayona; la voz del pueblo la hace oír una mujer
(Madrid), conmovida por los llantos del Infante Francisco de Paula, que no se quiere
ir; un pajuelero (Valencia); un practicante cirujano (Zaragoza); un desconocido Sr.
Tap (Sevilla); en Santander el pueblo se enardece ante la disputa entre un francés y
el padre de un niño a quien el francés había reprendido, etc.;


2º), el pueblo enfervorizado de patriotismo y de irritación se dirige a las autoridades
y les obliga a dimitir;
3º), el pueblo obliga a constituir una Junta con personas que le merecen confianza,
para organizar la guerra contra el francés;
4º), el pueblo logra imponerse a las autoridades antiguas, no sólo mediante el
clamor de una gran masa, sino también mediante la violencia y la fuerza de las
armas que ha obtenido de los parques militares; el pueblo se ha armado;
5º), constituido un nuevo gobierno regional o local, el pueblo se sosiega
instantáneamente; “se somete dulcemente a su imperio” (20).

Según este modelo o método, que después se desarrolló en toda España, la noticia
que impulsa al pueblo es la misma, el pueblo reaccionó de manera similar, hay una clara
consigna, y ésta es recibida por una célula de un aparato preexistente.
Desde Madrid se preparó la consigna general. “El chispazo que desencadenó la
tragedia del dos de mayo fue provocado por un grupo, decidido a levantar al pueblo contra
los franceses, saltando por encima de la parsimonia mostrada por la Junta Suprema
Delegada, que según Azanza y O’Farril, acordó preparar el alzamiento con más cautela y
prudencia” (Corona). Su difusión del alzamiento por España fue radial desde Madrid, y se
realizó a partir del Dos de Mayo. Se imitó el mecanismo y el plan seguido en Madrid, y el
propósito de crear Juntas locales y Provinciales claramente antifrancesas, ya sea
destituyendo las autoridades del régimen anterior ya constituyendo unas nuevas
autoridades, “con participación de los tres Estados del Reino, nobleza, clero y Estado llano”
(Corona). La hipótesis de Corona sobre la existencia de núcleos políticos en las principales
ciudades, que “pusieron en movimiento al pueblo y que dictaron los nombres de las nuevas
autoridades”, es muy sugerente, está bien fundada, y hasta puede transformarse en tesis al
ser adoptada por otros autores.

La dureza de la guerra asoló las tierras de España durante
Grabado de “Los desastres de la guerra”, por Fco. Goya seis duros y largos años (1808-1814). Los franceses se
hicieron fuertes en las ciudades. Murallas de Pamplona. Foto:
JFG (2010)

3. NUEVAS INSTITUCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA LEGITIMIDAD
MONÁRQUICA: DE LAS JUNTAS PROVINCIALES A LA REGENCIA
Si la guerra era una vivencia desconocida en el territorio español desde la guerra de
Sucesión (1705-1714), ahora será una vivencia cotidiana durante 6 años. En 1808 la
tragedia será mayor que en 1705, debido al mayor enconamiento entre las partes en
conflicto, y a los mayores excesos, expresados por Goya en la serie de grabados titulados
Los Desastres de la guerra.

3.1. TENDENCIAS POLÍTICAS


A comienzos del s. XIX español, en las élites o grupos dirigentes pueden observarse
diferentes tendencias o sectores políticos. Tales son: conservadores (absolutistas),
tradicionales (renovadores), e innovadores (liberales o patriotas o bien afrancesados o
bonapartistas). En estos últimos se incluyen los que se encontraban próximos al sistema
político inglés. Sobre ellos han escrito autores como Suárez Verdaguer (21), Carlos Corona
(22), Gil Munilla (23), José Andrés-Gallego, Fernández de la Cigoña (24) etc. Sin embargo,
estas tendencias no agotaban la realidad política de España, pues el pueblo no era el
encargado de solucionar los problemas institucionales producidos por el despotismo
ilustrado, tenía una mentalidad y valores arraigados en vez de ideología, desconocía la
lucha de las camarillas por el poder, y no racionalizaba la realidad básica que vivía.
En España dominaba una gran masa nacional como soporte vital del país, diríamos
que políticamente poco cualificada (Corona), pero fiel a la Religión y al rey Fernando,
contraria al impopular Godoy, y muy preocupada por los sucesos revolucionarios franceses.
Si los sectores conservadores y renovadores citados estaban cerca de este pueblo por
coincidir con sus principios básicos, el giro de los absolutistas (no de los renovadores) hacia
el afrancesamiento, alejaba a estos del pueblo español.
A diferencia del resto de España, en el Reino de Navarra y los territorios forales
vecinos (el Señorío de Vizcaya y las Provincias –con mayúscula- de Guipúzcoa y Álava),
toda la población vivía la monarquía tradicional (efectiva y preeminencial) no absolutista,
ejemplo para los renovadores o tradicionales, aunque en estos lugares también hubiese
algunas élites absolutistas residentes en Madrid y relacionadas con la Corte partidarias del
despotismo ilustrado. Por mi parte, tengo preparada una síntesis relativa a Navarra (25).
Pues bien, la existencia de dichas tendencias de élite y populares, impiden reducir la
situación política a dos sectores -absolutista y liberal- en la que caen los autores
ideologizados y dialécticos, que miran más a modelos que a realidades, y más a lo foráneo
que a la especificidad española.
Los liberales o innovadores de Cádiz se autocalificaron de “patriotas”, de una patria
formada por individuos y con un Rey como primer funcionario. Aprovecharon bien la
ocasión para realizar una ruptura institucional con formas de aparente continuidad. La
ocasión eran los aparentes cambios sociales fruto de la guerra, pero sobre todo las
circunstancias bélicas, unidas a la audacia, organización e irregularidades cometidas por
la minoría liberal en la preparación de las Cortes y durante el desarrollo de estas. El pueblo
español no era liberal. Más tarde, reflexionando sobre el pasado y desde los hechos
consumados, será fácil pretender justificar la ruptura de 1812, aunque más desde
supuestos ideológicos liberales que desde la realidad y el deseo del pueblo español.
He aquí algunos de estos aparentes cambios: 1º) El reforzamiento de las antiguas
autoridades claudicantes ante los franceses, y el monarca preso en Bayona, quebrará en
apariencia la continuidad de la propia autoridad o legitimidad de origen. 2º) El presentismo
del momento, debido a la excitación que originó el levantamiento, la tensión y crueldad de
la guerra, así como la novedad de un conflicto interno, quebrará en apariencia la
continuidad vital de una comunidad. 3º) La transformación del súbdito en héroe, quebrará
en apariencia la continuidad del yo individual y comunitario. 4º) La liberación física y moral
que supone el triunfo militar en la Guerra, quebrará en apariencia el marco real de
referencia –comunitario, de costumbres e institucional- consistente en jurisdicciones,
libertades, obligaciones y derechos.
Una Guerra destructiva de seis largos años, fue la gran ocasión que tuvo la
decidida minoría innovadora (liberal), reunida en unas Cortes anómalas como las de 1812,
aunque su planteamiento no fuese aparentemente tan aberrante como la convocatoria de la
Asamblea de Notables en Bayona del año 1808. Esta actividad de retaguardia, solicitaba y
exigía al pueblo español -tradicionalista en su mayoría- pensar en otra cosa que en la
expulsión de los franceses, y argumentar una justificación general de su ser comunitario.
Ahora bien, como era comprensible, este pueblo no lo hizo, porque la ocasión era
totalmente inoportuna, no existía una adecuada vertebración política, las Juntas
provinciales carecían de la debida conexión con las instituciones sociales, y los solicitantes
eran poco o nada representativos. Hasta se ignora cómo fueron elegidos los dos diputados


que decían representar al Reino de Navarra, mientras que otros diputados fueron
nombrados de forma arbitraria, formando los diputados suplentes un tercer grupo sujeto a
análisis. Pero, sobre todo, el pueblo estaba al margen de dicha reunión a Cortes, y era
ajeno a la naturaleza soberanista que éstas adquirieron desde sus primeras sesiones, tan
opuesta a lo que el Rey o la Junta Central desearon.

3.2. SURGIMIENTO DE LAS JUNTAS LOCALES Y PROVINCIALES
La Junta de Gobierno, nombrada por Fernando VII antes de ir tras los pasos de
Napoleón, estaba presidida por el infante don Antonio y las más prestigiosas instituciones,
tales como el Consejo de Castilla, las Capitanías Generales y las Audiencias, que
aceptaron en parte los hechos consumados de Bayona, e inicialmente colaboraron con las
autoridades imperiales y el rey intruso José. En toda España, muchas altas esferas de la
administración y del ejército estaban atemorizadas por el dominio francés durante las
semanas siguientes al 2 de mayo. Así, “las Audiencias provinciales y los distintos capitanes
generales habrían estado justificados al invitar a la revuelta, pero no hubo llamamiento
alguno de esta índole. El ejemplo de la tímida Junta de Gobierno de Madrid fue seguido por
muchos otros encumbrados individuos, y la resistencia que surgió serían en muchos casos
obra de las masas populares” (Lovett).
Pronto las autoridades legítimas de origen se vieron desbordadas por los españoles
(élites y pueblo) que defendieron aquellos principios básicos implícitos en la legitimidad de
ejercicio, aunque en realidad no sustituyeron a dichas autoridades sino que las
reforzaron. Como ya se ha dicho, el Dos de Mayo, y el conocimiento de las abdicaciones
de Bayona cuando tuvieron lugar, produjeron una eclosión de levantamientos populares,
creándose por todas partes Juntas locales y provinciales, ya como desafío colectivo a
Napoleón, ya para dirigir la resistencia española. Estas Juntas formaron parte del
mecanismo, modelo y plan establecido ya citado, y se desmarcaron de la Junta de
Gobierno nombrada por Fernando VII antes de marchar de Madrid. No en vano, esta última
Junta estaba mediatizada por Murat, y sus miembros parecían ministros de la
Administración pública francesa, optando por una posición inactiva y colaboracionista con
los franceses ante el Dos de Mayo. En realidad, cuando algunos de los miembros de la
Junta de Gobierno (O’Farril etc.) reconocieron a José Bonaparte como rey tras conocer las
abdicaciones de Bayona, la legitimidad de dicha Junta de Gobierno será retomada por
la Junta Central.
Sabemos que “en toda España surgieron las Juntas Provinciales, como movidas por
un resorte y con arreglo a un mecanismo sospechosamente preestablecido” (Corona
Baratech). Muchas Juntas Provinciales (Oviedo…) se consideraron delegadas de Fernando
VII (único depositario de la soberanía política), mientras algunas otras recabaron la
soberanía para sí mismas, según la personalidad de sus componentes.
Sólo en algunos casos (Torre del Fresco en Badajoz, y Solano en Cádiz), la
sublevación popular se realizó contra la voluntad de las autoridades del llamado Antiguo
Régimen. Lo habitual fue la “integración en las Juntas Provinciales de las autoridades
antiguas reforzadas por otras personalidades prestigiosas y ratificadas todas por el clamor
popular” (Palacio Atard). Tal como hemos dicho, las Juntas provinciales “estaban
integradas por las antiguas autoridades más alguna otra personalidad de prestigio, todas
las cuales fueron ratificadas por el clamor popular: así aparecen doblemente legitimadas, al
ser herederas de las autoridades constituidas y contar con el respaldo del pueblo” (26). Así
fue, salvo excepciones, cuando en algún caso las Juntas, “angustiadas, vacilaban en lanzar
a sus súbditos a un combate sin esperanzas”. Así, aunque Juntas locales o Provinciales
no estaban previstas por la ley, su aparición mantuvo una “continuidad legal” (Palacio
Atard), que se vio fortalecida por la influencia del pueblo en unas extraordinarias
circunstancias de guerra. La actividad de las Juntas será absorbida por la guerra.
Sobre el significado de las Juntas Provinciales, el jurista Jaime Ignacio del Burgo
afirma:


“(…) es curioso que, a pesar de que el país, salvo Navarra y Vascongadas, llevaba
más de cien años de centralismo, el instinto de defensa popular hizo revivir las
antiguas instituciones, que pudiéramos denominar forales. Así, por ejemplo, Asturias
convirtió la Junta del Principado, entidad meramente económica, en el organismo
superior de la región; Galicia hizo renacer la Diputación General del Reino; Lérida
organizó su Junta sobre la base de los antiguos corregimientos de la ciudad, y
Aragón recurrió a la convocatoria de las cortes del reino (…)” (Cárcer de Montalbán)
(27).

Detalle del Sitio de Gerona por C. Montserrat Mariano Álvarez de Castro, héroe
de la defensa de Gerona en 1809,
por Planella

3.3. INICIATIVA REGIA DE LA CONVOCATORIA A CORTES
El 1 y 4 de mayo Fernando VII mostró su voluntad de convocar Cortes, que dispuso
en sus dos decretos del día 5. En uno, mandaba a la Junta de Gobierno que se trasladase
a un lugar seguro, asumiese la soberanía, y declarase la guerra a Napoleón. En otro,
ordenaba al Consejo Real o, en su defecto, a cualquier Chancillería o Audiencia no
mediatizada por los franceses, que “se convocasen las Cortes (…) (para que) se ocupasen
únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa
del Reino, y que quedasen permanentes para lo demás que pudiese ocurrir”.
La Junta de Gobierno conoció ambos decretos pero no los atendió, ni los hizo
circular, siendo Pedro Cevallos, que había acompañado a Fernando VII a Bayona, quien
los reconstruyó e hizo saber tan pronto como regresó de Francia. Por no obedecer al
monarca, la Junta de Gobierno fue sustituída por la Junta Central.

3.4. SURGE LA JUNTA CENTRAL SUPREMA
Las Juntas Provinciales se plantearon un poder efectivo central para evitar un
posible vacío de poder y legitimidad. El móvil fue la prisión del rey y la mayor o menor
claudicación de altas instituciones del Reino ante Bonaparte, como era el caso de la Junta
de Gobierno conocedora de las abdicaciones de Bayona y del Consejo de Castilla. La Junta
Central como institución era históricamente una novedad, fruto de un caso de emergencia,
y conducirá a la Regencia algo más de un año después. Las aspiraciones de las Juntas
eran diversas, pues según reconoce Forcada Torres:

“Algunas de las Juntas provinciales, considerándose “más Supremas” que las
demás, pretendían que el país entero las reconociese como sucesoras del Rey y su
Gobierno (añado que por ejemplo la de Sevilla). Otras, más modestas,
contentábanse con regir su propia jurisdicción con plena independencia de cualquier
poder central; otras, finalmente, decidieron unirse con sus vecinas para constituir
una sola, bajo un solo mando. Este fue el partido que eligieron y pusieron en


práctica las Juntas de Castilla la Vieja, León y Galicia, quienes escogieron como
sede de sus reuniones la ciudad de Lugo” (28).

El proyecto más razonable lo propuso la Junta de Murcia el 22 de junio, que
propugnaba la constitución de una Junta Central Suprema, donde tuviesen cabida las
Juntas existentes. En dicha Junta Central, todas las Juntas provinciales tendrían la misma
importancia, y se repartirían la responsabilidad de Gobierno. El 16 de julio, la Junta de
Valencia se adhirió a esta propuesta.
Por su parte, el 11 de agosto, el Consejo de Castilla declaró nulas las
abdicaciones de Bayona, y decretó la nulidad de cualquier decreto de Napoleón y su
hermano José. Además, dicho Consejo alegará tener más derechos que ninguna otra
institución para regir el país, mientras el Rey estuviese ausente. Sin embargo, su pasada
actitud, sumisa ante los franceses durante los tres meses y pico en los que estos
dominaron Madrid, hizo que Juntas provinciales pusieran fin a sus vacilaciones y aceptasen
el proyecto de la Junta Central Suprema.
El 23-VIII-1808, las tropas españolas, vencedoras de Bailén, entraron victoriosas en
Madrid. Imaginemos la vibración de los madrileños insurreccionados el Dos de Mayo, y la
mayor o menor vergüenza de quienes dicho día quedaron -por uno u otro motivo-, en la
inacción o bien al margen de los acontecimientos ya descritos. Cuando, después de unos
meses, el 2-XII-1808 Napoleón llegue a las puertas de Madrid, la ciudad se resistirá con las
armas el día 3 para capitular el 4, dispensando inmediatamente al emperador un frío
recibimiento. Era comprensible. A continuación, el francés apresará a los miembros del
Consejo de Castilla por el citado decreto que éste promulgó en el mes de agosto y, más
tarde, su presidente (Arias Mon) y otros dos miembros fueron trasladados -presos y bajo
custodia- a Francia.
El 25-IX-1808, se constituyó en Aranjuez la Junta Suprema Central Gubernativa
de España e Indias, haciéndolo “en nombre del Rey nuestro” Fernando VII. En Aranjuez,
la nueva Junta estaba libre de las posibles intromisiones del mencionado Consejo de
Castilla. La presidía el anciano conde de Floridablanca, que tenía 84 años, y contaba en su
seno nada menos que con Gaspar Melchor de Jovellanos. Una vez constituidas las Juntas
Provinciales, cada Junta envió dos miembros para formar parte de la Junta Central.
Aunque, al principio, esta Junta estuvo formada por 24 miembros, más tarde ascendieron a
35. Su talante era conservador. Al morir Floridablanca el 30-XII-1808, fue elegido el
marqués de Astorga. Es importante que la Junta se atribuyese el tratamiento de “majestad”,
y su presidente el de “alteza”, pues actuaba en nombre de Fernando VII, a quien
sustituía en el ejercicio de sus facultades por su forzada ausencia. La Junta no tenía la
soberanía política, sino que se justificaba para ganar la guerra y liberar al monarca preso.
La mayor parte de la nación española, opuesta a los franceses, reconoció a la Junta
Central.
Por su parte, el Reino de Navarra tenía instituciones propias según Derecho (el
virrey y la Diputación del Reino) que impedían el vacío de autoridad. Por eso, cuando su
Diputación acepte a la Junta Central, esta aceptación tendrá un carácter diferente a la
realizada por el resto de la monarquía. No obstante, al fin, ante la forzada dispersión de sus
miembros (no su disolución como institución), la Diputación enviará dos representantes a la
Junta Central, aunque luego precisemos si esto era o no un contrafuero.
El 28-X-1808 la Junta Central se señaló los siguientes objetivos:

“Expeler a los franceses, restituir a su libertad y a su trono a nuestro adorado rey y
establecer bases sólidas y permanentes de buen gobierno”. Ahora bien, como “Nada
es la independencia política sin la felicidad y la seguridad interior (…) el gobierno
cuidará de que se extiendan y controviertan privadamente los proyectos de reformas
y de instituciones que deben presentarse a la sanción nacional (…) Conocimiento y
dilucidación de nuestras antiguas leyes constitutivas, alteraciones que deben sufrir
en su restablecimiento por la diferencia de las circunstancias; reformas que hayan
de hacerse en los códigos civil y criminal y mercantil; proyectos para mejorar la


educación pública tan atrasada entre nosotros; arreglos económicos para la mejor
distribución de las rentas públicas y su recaudación (…)”.

Lógicamente, el Reino de Navarra sólo podía colaborar con la Junta Central en la
expulsión de los franceses y la liberación del rey y, conforme a sus antiguas leyes
constitutivas, exigirle el reconocimiento de su naturaleza como Reino “de por si”.
En el seno de la Junta, Jovellanos –de pensamiento político tradicional renovador
casi hasta su fallecimiento- fue el primero en proponer, el 7-X-1808, la convocatoria de
Cortes, para que estas designasen una Regencia que asumiera el lugar del Rey. Hasta
entonces, la Junta Central debería nombrar una Regencia provisional. La propuesta de
Jovellanos se basaba en principios de Derecho público español, expresado por entonces
como Leyes Fundamentales. Sin embargo, la Junta rechazó la propuesta. También
rechazará otra diferente del general Calvo de Rozas (15-IV-1809), que actuaba inspirado
por el liberal José Quintana. Las graves anomalías de la organización de la convocatoria a
Cortes, la convocatoria misma, y el desarrollo de las sesiones, son otra cuestión, dilucidada
por Federico Suárez Verdeguer, entre otros autores.

3.5. DE LA JUNTA CENTRAL A LA REGENCIA
Las Juntas provinciales estaban respaldadas por la aclamación popular debido a
las circunstancias del momento contra los franceses. Interesa recoger aquí que ellas
mismas se sintieron herederas de la autoridad antigua. El régimen y concepción antigua
de la autoridad se transmitió a la Junta Suprema Central, que actuó en nombre del
monarca preso. Al fin, esta Junta transmitió su autoridad a un Supremo Consejo de
Regencia el 29-I-1810. Así, con la Junta Central actuando en nombre de Fernando VII, y
con el Supremo Consejo de Regencia –tan mal visto por los liberales- sustituyendo a la
persona del rey, se volvió “a la institucionalización de la autoridad dentro del marco de la
legalidad tradicional” (Palacio Atard). Como la Regencia suplía la persona de Rey y actuaba
en su nombre, los liberales, presentes en las anómalas Cortes de Cádiz, presionaron a
dicha Regencia, hasta “que su autoridad fuera, en ciertos aspectos, prácticamente nula”
(Suárez Verdeguer) (29). A continuación, las Cortes liberales proclamaron la llamada
soberanía nacional, de manera que una cosa fue la primera Regencia constituida en
nombre del rey, y otra esencialmente diferente la derivada de dichas Cortes soberanistas.
El 23-IX-1810, la Regencia había convocado Cortes, pero haciendo tabla rasa de lo
dispuesto por la Junta Central. Dichas Cortes eran anómalas, carecían de raíces en la
tradición, y de reglas que limitaran su poder y les indicaran el camino que deberían seguir
(Suárez). En ningún momento, desde la ausencia de Fernando VII de Madrid hasta la
reunión de las Cortes, hubo vacío de autoridad o de poder, porque si bien el titular de la
“soberanía” política era el Rey, ésta era limitada, y el ejercicio de su poder recayó, en cada
caso, en las instituciones superiores en nombre del monarca. Así, recayó en la Junta de
Gobierno creada al efecto por el rey, en las Juntas Provinciales antifrancesas originadas
novedosamente según las excepcionales circunstancias, en la Junta Central y luego en la
Regencia. No hubo asunción “popular” de la soberanía regia, y, en general, se actuó en
nombre del rey. Otra cosa eran las Cortes liberales como anomalía y problema en los años
1812-1813.
En 1814 debe hablarse de Restauración en España porque las Cortes reunidas en
Cádiz se atribuyeron la soberanía política propia del monarca, bajo el término de soberanía
nacional. Aunque analizar las Cortes tiene cabida en el título de este trabajo, nos remitimos
a otra aportación de nuestra autoría señalada en notas. Además, la soberanía nacional no
era exigida ni reconocida por la sociedad española, vulneraba la Constitución histórica de
España, y al fin el monarca preso regresó de Francia.
En 1813, y antes del Tratado de Valençay, Fernando VII aludió varias veces a la
Regencia como representante de la nación española, sin la menor alusión a las Cortes
(Comellas), a pesar de conocer todo lo ocurrido en España.


Tras la derrota de Bailén, Napoleón atraviesa con sus
tropas el río Bidasoa que limita España con Francia.

4. EL REINO DE NAVARRA
4.1. MANTENIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DEL REINO DE
NAVARRA
Navarra, pequeño Reino situado a los pies de los Pirineos occidentales, estuvo
afectada por la crisis como el resto de España. Sin embargo, Godoy agravó esta crisis,
según explica Rodríguez Garraza (30), al vulnerar muy gravemente los Fueros del Reino.
Este momento fue el de mayor peligro para los Fueros desde 1778, fecha que es cuando ”el
régimen monárquico, absoluto y centralista, desafía abiertamente las instituciones
particulares de Navarra”. Quizás los Fueros del Reino milenario de Navarra se salvaron
porque, en 1808, el pueblo navarro entró en acción frente al invasor francés, afirmando sus
aspectos fundamentales y su constitución histórica.
Sabemos que Napoleón torció su promesa de enviar tropas hacia Portugal y que las
fue colocando en las principales plazas fortificadas de España, una de los cuales era la
ciudad de Pamplona, “antemural de la Patria frente a Francia” a decir del s. XVIII. Se sabe
que, la noche del 16 al 17-II-1808, el general francés D’ Armagnac ocupó por sorpresa la
ciudadela inexpugnable de Pamplona, con el premeditado truco de mandar a unos soldados
franceses acercarse a la guardia jugando con bolas de nieve, lo que es referido
fidedignamente por los historiadores.
Entre 1808 y 1814, se hizo abstracción del Reino de Navarra en la Constitución de
Bayona de 1808. Por otra parte, la minoría liberal suprimió el milenario Reino de Navarra en
las Cortes de Cádiz de 1812. Por lo que a esto respecta, y respecto a los textos legales, la
Constitución de Cádiz fue más antiforal que la de Bayona.
Francisco Miranda Rubio (31) concluye que la ocupación francesa supuso en
Navarra “una total transformación institucional, sobre todo a partir de febrero de 1810 con
los Gobiernos Militares” franceses posteriores a los Decretos de Napoleón. Si la
transformación la impusieron los generales franceses, lo cierto es que la Diputación del
Reino de Navarra (las Cortes no se reunieron), rechazó a José Bonaparte, después de
haber intentado amoldarse a las especiales circunstancias de la ocupación francesa.
También la sociedad navarra rechazó las instituciones impuestas por los franceses, pues
“muchos navarros fueron reacios a participar en las mismas y gran parte del pueblo no las
comprendía” (Miranda).
De ésta manera, gobernantes (la Diputación del Reino) y gobernados fueron en una
misma dirección política. Los navarros estuvieron lejos de cualquier reforma o
supresión de sus instituciones mantenidas durante siglos. Rechazaron las reformas
emprendidas por los franceses, y no tuvieron la ocasión de considerar aquellos otros
cambios planteados por algunos españoles, en un sentido liberal, con ocasión de la
insurrección general de 1808. En realidad, con ocasión de los levantamientos de mayo y
junio, en Navarra no se nombró Junta alguna, fuese local, provincial o del Reino.
La actitud de las instituciones del Reino y de la sociedad navarra era un continuo “no
querer” modificar sus Fueros e instituciones históricas. Para las instituciones navarras, las


circunstancias eran complicadas, sobre todo al comienzo de 1808, pues los franceses se
presentaron como aliados de Carlos IV aunque, luego, paulatinamente y desde una
posición de fuerza, empezaron a presionar sobre las instituciones del Reino navarro.
También lo hicieron en el resto de España. Ante estas imposiciones, la táctica de las
instituciones navarras fue amoldarse hasta donde podían hacerlo, dar largas, y aprovechar
los muchos trámites jurídico-políticos que obstaculizaban los paulatinos contrafueros.
Dijeron “no” como podían y convenía hacerlo.
Cito al respecto los tres casos más importantes que analizaremos a
continuación.
1º) Enviar tres representantes a la Asamblea de Notables celebrada en Bayona, no
significaba aceptar de antemano la pérdida de las propias Cortes.
2º) Enviar dos representantes a la Junta Central no significaba que la Diputación
reconociese –contradictoriamente con el Fuero- una institución superior y foránea a
Navarra, situada entre las instituciones propias del Reino navarro y el monarca, que
siempre era el que reinaba en Castilla.
3º) Más complicado para la Diputación era eludir el nombramiento de diputados a las
Cortes generales que se iban a celebrar en Cádiz. Sin embargo, no podía nombrarlos toda
vez que Navarra tenía Cortes propias. En este caso, la Diputación dejó la elección de
diputados a la Junta Central, “íntimamente persuadidos (decía la minoría de sus miembros
reunidos) de que la elección de V.E. será la de nuestro deseo”. Más adelante
desarrollaremos estos tres puntos.
Es importante resaltar de antemano al lector, que en Navarra no hubo vacío de
poder, ni de autoridad entre 1808-1814, y aunque los miembros de la Diputación del
Reino se dispersaron por seguridad a finales de 1809, aunque estaban fuera del territorio
navarro, la Diputación no se disolvió. La situación era contradictoria toda vez que la
autoridad debía ir pareja al ejercicio del poder y, desde luego, las circunstancias bélicas
suponían un caso límite. Fruto de dicha dispersión de los miembros de la Diputación, la
falta de ejercicio de ésta en materia militar fue suplida por el ejercicio de la Junta Central, a
la que, al fin, la Diputación envió dos personas para ser convocadas en caso de necesidad.
En la Restauración de 1814, la Diputación legítima retomará sus funciones.
Es difícil dudar del conocimiento y respeto a los Fueros por parte de la
Diputación, pues ésta dio sobradas muestras de ello durante el siglo XVIII. No
obstante, además de escrupuloso respeto a los Fueros, las circunstancias exigían una
importante dosis de habilidad política. Habilidad para conjugar el mantenimiento de las
propias instituciones tradicionales (Cortes y Diputación) y no aislarse en la guerra
generalizada que los españoles mantenían contra los franceses, máxime en unas
circunstancias límites, en las que la Diputación del Reino de Navarra carecía totalmente de
recursos y se había refugiado fuera del territorio navarro, en la actual La Rioja.
¿Y los personajes que a veces, como agentes de la historia, son los grandes
olvidados? Digamos que, en esta Diputación del Reino y hasta la dispersión de sus
componentes, don Miguel Escudero se encontraba entre los siete diputados que formaban
la Diputación del Reino, institución ésta entre Cortes. En 1801, Escudero asistió a las
Cortes de Navarra por el Brazo militar. En 1808, la Diputación le enviará a la Asamblea de
Bayona, y, en 1813, será jefe político (institución liberal) interino de Navarra. Quizás dicho
Escudero careciese de firmeza en la defensa de los Fueros, e influyese en el envío de
representantes de la Diputación a la Junta Central, así como de diputados a las Cortes
generales reunidas en Cádiz. De todas maneras, volvió a ser diputado en la Diputación
legítima -restaurada en 1814 a petición de la Diputación provincial de Navarra creada por
las Cortes de 1812- aunque es cierto que, en esa época, la legalidad se respetaba
sobremanera en el nombramiento de cargos públicos y no se le desplazaba a nadie sin
motivos jurídicos más que suficientes. El caso de Escudero no será el único, pues Carlos
Amatriáin será diputado en 1808, representante de la Diputación en la Junta Central, y de
nuevo diputado en 1814. Junto a él y como representante en la Junta Central, se nombró a
Miguel de Balanza, que también será elegido diputado de la Diputación del Reino en 1814.


En resumen; el pueblo, las élites y los políticos navarros quisieron conservar
las instituciones seculares del Reino, en el viejo solar navarro no hubo vacío de poder
o autoridad (ni de legitimidad), y casi la totalidad de los navarros –en los pueblos y
ciudades como Pamplona (Garralda)- era tradicionalista, siendo una exigua minoría de
afrancesados o liberales (Miranda) los que podían desear una modificación institucional.

Murallas y baluarte de “El Redín”, que rodean la ciudad de Portal de Francia o de Zumalacárregui. Foto JFG (2010)
Pamplona por su zona Norte. Junto a su ciudadela construida
en 1571, Pamplona era una fortaleza inexpugnable. Foto:
JFG (2010)

4.2. COLABORACIÓN CON LOS FRANCESES, DEFENSA DEL FUERO Y
OPOSICIÓN ABIERTA A BONAPARTE.
Señalemos los hitos más importantes por los que atravesó el virrey de Navarra
y -sobre todo- la Diputación del Reino. Sigo al cronista de Navarra Hermilio de Olóriz (+
1919), a los historiadores Jaime del Burgo Torres, Francisco Miranda, y Rodríguez Garraza,
y al jurista Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, entre otros. Si estos autores analizan cómo la
Diputación mantuvo los Fueros todo lo que pudo en unas circunstancias límite, la síntesis
efectuada por Izu Belloso, imprecisa por varios aspectos, tiende a resaltar la claudicación
de la Diputación del Reino en su obligada defensa de los Fueros (32). Por su parte, Olóriz,
como buen postromántico, exagera la independencia de la Diputación en relación con las
instituciones del resto de España.
Inicialmente, y durante unos meses, el virrey y la Diputación sufrieron la
desorientación propia del momento. En esta etapa inicial, a veces ambos se supeditaron a
las presiones francesas según las circunstancias, aunque respetando el Fuero. Las críticas
de algunos historiadores hacia el virrey y la Diputación del Reino –no creo que hacerlas sea
propio del historiador- pueden pecar de un purismo infundado, pues es preciso distinguir la
relativa colaboración práctica por un lado de la actuación jurídica institucional por otro.
Quizás, a posteriori, un ardiente foralista quisiera más de dichas instituciones, pero las
cosas pudieron verse de otra manera desde la realidad del momento. En realidad, ambas
instituciones, virrey y Diputación, mantuvieron el Fuero de Navarra.
Ahora bien, a pesar de esta inicial colaboración, adelantamos que, a finales de
agosto de 1808, la Diputación se inclinó por oponerse públicamente y de una forma
absoluta a los Bonaparte, y que, a comienzos de septiembre, el virrey nombrado
anteriormente a José (I) fue destituido, apresado y enviado a Francia.

4.2.1. Las proclamaciones. Hemos dicho que en marzo y abril todo era
confusionismo. En ambos meses, la Diputación de Navarra afirmó dos veces que carecía
de poderes para reconocer a Fernando VII, porque hacerlo correspondía a las Cortes. Por
lo mismo, el 8 de junio se negó a reconocer la renuncia de Carlos IV en la persona de
Napoleón, y luego a proclamar a José (I) Bonaparte. El 26-X, una vez refugiada la
Diputación en la ciudad de Tudela a finales de agosto, la Diputación prestó juramento de


fidelidad a Fernando VII aunque no se celebrasen Cortes, debido a las excepcionales
circunstancias de huída de Pamplona y declaración de guerra a los Bonaparte.

4.2.2. Los primeros alzamientos populares. Después de las noticias procedentes
de Bayona y, sobre todo, del alzamiento de la ciudad de Zaragoza, en Navarra se
sublevaron muchas localidades. Los primeros en rebelarse fueron los pueblos de la ribera
del Ebro y la merindad de Sangüesa. La sublevación de Estella, realizada el 1 de junio, “fue
estimulada por las noticias que venían de Aragón” (33). Lo mismo ocurrió en Tudela, lo que
provocó el alzamiento del día 2, prolongado hasta los combates del día 8 (34). La
sublevación de Tudela fue la más importante del pequeño Reino pirenaico. Los restantes
alzamientos fueron simultáneos a los de las diferentes provincias españolas, a pesar de las
malas comunicaciones terrestres de aquel entonces. Según Miranda Rubio, ello corrobora
que la insurrección no fue tan espontánea como a primera vista pudiera apreciarse, aparte
de existir otras razones de peso que justifican la existencia de preparativos en el bando
fernandino. Sobre la falta de espontaneidad de los alzamientos de 1808, Francisco Miranda
(35), aunque no aporte pruebas al efecto, afirma lo siguiente:

“Participamos de la misma opinión que el coronel Priego, cuando insinuamos que el
levantamiento no fue totalmente espontáneo, y así mientras existió la posibilidad de
que Napoleón reconociese a Fernando como rey; sus partidarios trataron en todo
momento de apaciguar las sospechas y recelos que pudiesen aparecer a la vista de
los españoles. Sin embargo, cuando las noticias procedentes de Bayona frustraron
tales esperanzas, estos círculos afines al Príncipe Fernando prepararon y
precipitaron moral y materialmente al alzamiento nacional. Tampoco hay que negar
que la participación del pueblo fuese sincera, puesto que siempre el soldado francés
fue mal visto, ya que representaba la antítesis de los principios más sagrados para
el pueblo español: Dios, Patria y Rey”. (o. cit. pág. 54).

Como causas de la guerrilla en Navarra, Fco. Miranda menciona la traición de
Napoleón, el espíritu de independencia, el “movimiento instintivo de patriotismo, frente a la
ocupación militar y el rapto de la familia real”, la ideología revolucionaria contra la que se
luchó en la guerra contra la Convención y, “por último, podríamos anotar el choque que
produjo ante la España profundamente religiosa, la burla de algunos soldados franceses,
ateos y depravados ante lo más sagrado y fundamental del pueblo español, su Dios, su Rey
y su Patria”. En fin, como en la guerra realista (1821-1823) y después las guerras carlistas -
o anticarlistas según se mire-.

A pesar de los levantamientos populares ocurridos en Navarra contra las
imposiciones francesas, las instituciones del Reino intentaron coexistir con las
presiones del poder militar francés. Ya hemos dicho que Navarra careció de una Junta, a
modo de las Juntas locales y provinciales establecidas en los diferentes territorios
españoles. Esta carencia se debió a que la Diputación del Reino era legítima, a fines de
agosto huyó de Pamplona, y los navarros se fiaban de ella por su eficaz defensa del Fuero
efectuada durante el siglo XVIII, y porque la Diputación hacía todo lo que podía en las
difíciles circunstancias del momento. No en vano, una Circular anónima dirigida a los
navarros, y que recoge Miranda, decía así:

“NAVARROS. / Es indubitable que nuestro Virrey, y nuestros Diputados se hallan
amenazados, y con la espada á la garganta para firmar disposiciones que impidan
los movimientos populares del Reyno de Navarra; pero porque nuestro Gefe militar,
y nuestros representantes esten sin libertad, y oprimidos ¿los Pueblos vecinos á la
valiente y militar Nacion Aragonesa, y que baña el caudaloso Ebro, deberan estar
tranquilos en el seno de sus hogares mirando con indiferencia derramar la sangre de
sus hermanos, hollar su Religión, y alejar del trono artificiosamente á nuestro amado
Rey Dn. Fernando el VII, á quien á manos llenas han colocado en el alto asiento,


mayormente teniendo á la vista la conducta de los catalanes, que se hallaban en
igual caso? (…)” (o., cit. pág. 328, grafía original).

Portal de acceso a la ciudad desde el Murallas y portal de Zumalacárregui. Un día de nevada con este fue
Portal de Francia o de aprovechado por las tropas francesas para ocupar la ciudadela de
Zumalacárregui, en la zona Norte de la Pamplona, situada en la zona Sur de la ciudad, simulando un juego
ciudad. Foto JFG (2010) con bolas de nieve. Foto JFG (2010)

4.2.3. La Asamblea de Bayona. Según Jaime del Burgo, la Diputación puso
objeciones a la convocatoria de la asamblea de Bayona efectuada el 19 de mayo. Esta
asamblea se reunió el 15-VI-1808. Por su parte, la Diputación alegaba “que el
nombramiento de diputados correspondía a las Cortes, y que éstas no se habían reunido
desde 1801. A ella sólo le correspondía mantener las leyes y fueros del reino”. Al fin, la
Diputación transigió y envió como representantes a don Miguel Escudero y don Luís
Gainza, aunque también acudió don Joaquín Javier Uriz y Lasaga (pbro. y prior de la
Colegiata de Roncesvalles) en sustitución del obispo Arias Teixeiro, que siempre será
antiliberal y por entonces pretextó hallarse enfermo. Jaime del Burgo indica que los
elegidos “habían asistido a las sesiones de las cortes en que se votó la constitución de
Bayona, pero en ningún caso ostentaban una representación legítima, como tampoco la
tendrían los que después votarían la constitución de Cádiz de 1812” (36). No en vano, la
Diputación tenía la representación del Reino aunque subordinándose, en última instancia, a
las Cortes.
A pesar de ello, y a decir de Rodríguez Garraza: “Es la primera vez que Navarra
recibía semejante invitación, que destruía por completo su estado político. Y fue la
Diputación legítima del Reino la que transigió en enviar diputados a las Cortes de Bayona.
Esta actitud, tan poco vigorosa, la determinaban, sin duda, las circunstancias del momento”
(37). Quizás este autor tome los términos con un excesivo rigor, porque la reunión de
Bayona se planteó como una Asamblea de Notables (no propiamente como Cortes), en ella
todo eran expectativas, y el texto que se iba a redactar podría respetar todos los derechos
del Reino de Navarra y los restantes territorios forales.
No en vano, la Diputación de Navarra objetó, antes del envío de representantes, que
nombrar diputados era labor de las Cortes, y que ella no debía hacerlo toda vez que sus
obligaciones se reducían a mantener las leyes y fueros del Reino. Esta afirmación era
clave, porque modificar el estatus del Reino correspondía directa y expresamente a las
Cortes de Navarra y no a los enviados de la Diputación del Reino. Un representante (para
evitar equívocos hablo de enviado) no tenía la naturaleza, ni la categoría, ni las atribuciones
de un miembro de las Cortes de Navarra, y menos todavía de la propia institución de las
Cortes. Por otra parte, la Diputación no podía sustituir a las Cortes, ni nombrar diputados
que representasen al Reino, y sí sólo representantes (enviados) suyos (de la Diputación),
lógicamente con atribuciones limitadas. Insisto en que os enviados no eran representantes
del Reino sino de la Diputación, y que sus capacidades eran bastante limitadas. Otra cosa
es lo que quisieron enredar el positivismo y voluntarismo revolucionarios, y los engaños


napoleónicos. Cuando el pueblo navarro tomó las armas, es porque Napoleón
imposibilitaba, hasta el retorcimiento, toda posible salida, manipulando todo y a todos al
servicio de su voluntad de hierro. Entrar en el juego afrancesado arrastraba, a quien lo
hacía, a cumplir al pie de la letra los planes de Napoleón.
Una cosa era acudir a la convocatoria a la Asamblea de Bayona, otra lo que podía
ocurrir en la reunión, y una tercera la posterior culminación de lo dictado por Napoleón y
aceptado -del todo o en parte- por los asistentes. Añadamos que el 27-VI, y a iniciativa del
Señorío de Vizcaya, los representantes de Navarra y los restantes territorios forales
propusieron la abstención en el caso de no conservarse sus respectivos Fueros. No
obstante, y quizás por el Art. 144, al final juraron el texto legal. ¿Qué decía el texto
aprobado el 7 de julio? En realidad, la letra de la llamada Constitución de Bayona anulaba
los Fueros de Navarra, al reducir al milenario Reino de Navarra a una provincia
administrativa. En efecto, el art. 144 decía: “Los fueros particulares de las provincias de
Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras córtes para determinar
lo que se juzgue mas conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación”
(respeto la grafía original). Ahora bien, puede señalarse que tratar a todos los territorios
como provincias podía ser por el momento un término genérico que no determinaba si
Navarra perdía su naturaleza de Reino, Vizcaya la del Señorío y Guipúzcoa y Álava el ser
Provincias con mayúscula. Desde luego, suponía más que una peligrosa falta de respeto.
En apoyo a ello, obsérvese que el orden de territorios sigue la importancia tradicional:
Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias (con mayúscula) de Guipúzcoa y Álava.
De todas maneras, la letra del texto legal debía de ser suficiente y no permitir suposiciones
inexistentes, más que arriesgadas y, en cuanto tales, contrarias al sentido político más
elemental. Aunque dicho artículo 144 (no el 64 que dice Izu Belloso) reservaba para las
próximas Cortes el futuro político de Navarra, sin anular por ello toda esperanza de
respetarse los Fueros íntegramente, los artículos 96 y 98 establecían un único código civil y
criminal para toda España e Indias, y suprimían los tribunales y jurisdicciones privativas.
Seguimos en 1808. El 8 de junio, la Diputación del Reino afirmó no tener poderes
para reconocer las renuncias de Bayona en Napoleón, porque cambiar de dinastía era
asunto propio de las Cortes. Aunque, el 2 de julio y desde Bayona, José Bonaparte ordenó
a la Diputación que le reconociese como monarca en un breve plazo de cuatro días, el día 4
la Diputación acordó suspender la aceptación de la Constitución de Bayona y de efectuar
dicha proclamación, porque para proclamar a José (I) como rey se tenían que reunir las
Cortes, máxime cuando al no reunirse éstas todavía no se había reconocido a Fernando
VII. La Diputación encargó a sus representantes Sres. Escudero y Gainza, que seguían en
Bayona parar estar al tanto de los acontecimientos, que transmitiesen su resolución a José
Bonaparte, aunque su contenido no llegó a conocimiento de José (I) por culpa de los
ministros josefinos Urquijo (vizcaíno) y Azanza (navarro), que consideraban peligrosas las
razones de la Diputación.

4.2.4. Expulsión del virrey. Me refiero al virrey nombrado legítimamente y anterior
al virrey impuesto por José (I) Bonaparte. Durante unos meses, el virrey, marqués de
Vallesantoro (Leopoldo de Gregorio y Paterno, titular de un hermosísimo palacio en
Sangüesa), optó por alguna subordinación a los franceses. Aclaremos las fechas en
relación con el cese, prisión y posterior traslado del marqués a Francia.
Para unos historiadores, el 8-IX-1808, el marqués de Vallesantoro fue sustituido por
el teniente general Fco. J. Negrete y Adorno, conde de Campo Alange, aunque Jaime del
Burgo suponga que fue el 8 de agosto. Aclaramos que la fecha es el 8 de septiembre, pues
ésta es la del Decreto de José I en el que informa de dicha sustitución al Ayuntamiento de
Pamplona. Dos hechos lo corroboran. El primero es decisivo, pues la corporación municipal
recibió dicho Decreto en su sesión del 20 de septiembre. El segundo apoya el anterior por
las fechas -aquí dice bien Jaime del Burgo-, pues el 8-IX el general d’Agoult reconoció, en
su carta dirigida a la Cámara de Comptos de Navarra, que había enviado al marqués preso
a Francia, porque el rey José estaba descontento con su conducta política. Por su parte,
Fco. Miranda, afirma que el marqués fue detenido durante los primeros días de septiembre


y enviado a Francia como preso político, sustituyéndole el citado Negrete como virrey el 8-
IX. Como valoración, digamos que, para Jaime del Burgo, el marqués Vallesantoro no se
distinguió “por su energía frente a las exigencias francesas, pero al menos representaba la
legalidad del antiguo régimen, cosa que no ofrecía el nuevo virrey” ya que satisfacía
plenamente las aspiraciones de los invasores.
Pasemos a un segundo dato. Equivocándose Jaime del Burgo en la fecha, se
equivoca también en el nombre del virrey, cuando dice que fue el conde de Campo Alange
quien, el 24-VIII-1808, hizo público el nombramiento del general francés d’Agoult como
gobernador militar del reino de Navarra. Su hijo Jaime Ignacio del Burgo corrige el dato
sustituyendo al conde de Campo Alange por el virrey marqués de Vallesantoro, que todavía
no había sido cesado. Claro está que nada de esto empaña la Historia General de Navarra
de Jaime del Burgo.

4.2.5. La Diputación huye a Tudela. Los días 29 y 30 de agosto, la Diputación del
Reino, que hasta entonces había intentado la coexistencia pacífica con los franceses –
inicialmente aliados de España-, abandonó sigilosamente (adverbio éste usado por varios
historiadores) la ciudad de Pamplona en dirección a Tudela. Ella misma informó a los
navarros de este traslado o huída en su manifiesto del 3 de octubre. Una de las primeras
preocupaciones posteriores de esta Diputación, será organizar la guerra contra los
franceses. Piénsese en la petición de armas a los ingleses el 11-IX para luchar en el Reino
de Navarra, y el Plan militar propuesto a la Junta Central el 13-X. El 26-X, la Diputación,
que estaba en la ciudad de Tudela, prestó juramento de fidelidad a Fernando VII, para
evitar vacío de poder y por tener éste el máximo poder militar. En esta situación de
emergencia, la Diputación se adelantó a las Cortes, aunque no cabe duda que el pueblo ya
le había proclamado con los hechos y las Cortes no podían reunirse. En adelante, la
Diputación aceptará a la Junta Central suprema y gubernativa, instalada el 25-IX y
encargada de luchar contra Napoleón, aunque inicialmente no envió a ella representantes.
Por ejemplo, la Diputación solicitó a la Junta Central que la Real Hacienda se ocupase de
los gastos militares en Navarra. Para la Diputación, esta Junta era el Gobierno supremo en
nombre del rey y, en ese sentido, sustituía al monarca en el ejercicio. El 28-X, y aunque
carecía de atribuciones para ello, la Diputación declaró la guerra a los franceses,
haciéndolo por “la Religión, el Rey y la Patria”, según repitió dos veces en su Declaración
del 7-XI, e informando de dicha Declaración a la Junta Central.
Desde el punto de vista francés, el general imperial Monçey pretendió suplantar a
los diputados huidos a Tudela, pero sin éxito. Algo después, el 4-VIII-1810, su sucesor el
general conde de Reille, restableció una Diputación (ilegítima según los navarros),
nombrada y controlada por él, con la principal función de repartir contribuciones
extraordinarias de guerra. Ahormada en la Constitución de Bayona, ésta Diputación
afrancesada (ilegítima, impuesta y provincial) no tendrá relación alguna con la Diputación
legítima del Reino que estaba en activo, aunque perseguida por el francés.

Ofensiva general de Bonaparte.
Plano de la batalla de Tudela el 23-XI-1808. Se
enfrentaron los generales Castaños y Palafox al
mariscal de Francia Lannes. El triunfo francés fue
total.
El fin de la guerra regular en Navarra dio paso a la
aparición de la guerrilla, con guerrilleros como
Espoz y Mina, Mina el Estudiante, Sarasa, Fidalgo,
Lizarraga, Ochotorena, Marcalain, Alonso, Osue,
Echeverria, Hernández, Galduroz, Zabaleta, Falces
y Carrasco etc.


4.3. LA DIPUTACIÓN Y LA JUNTA CENTRAL
Respondamos a estas preguntas: ¿Cuál fue la relación entre la Diputación
legítima y la Junta Central? ¿Cómo se dispersaron los miembros de la Diputación del
Reino (legítima y no disuelta), que estuvo activa en 1808 y 1809, como institución que
enlazaba las reuniones de Cortes celebradas en Navarra? Esta Diputación, ¿trasladó la
legitimidad, que mantuvo a salvo, a la Diputación restaurada el 28-V-1814, una vez
que Fernando VII no quiso aprobar la Constitución liberal redactada en 1812? Esta
Diputación, ¿vió interrumpido este proceso por la Diputación Provincial elegida el 26-IX-
1813, y constituida el 1-X-1813 según disponía la Constitución de 1812?
Hemos dicho que el virrey, marqués de Vallesantoro, fue hecho prisionero a
comienzos de septiembre de 1808, y que la Diputación huyó de Pamplona a Tudela –cuyo
Ebro riega la fértil huerta de La Mejana-, como segunda ciudad del Reino.
También hemos afirmado que, según el jurista del Burgo Tajadura (38), la
Diputación de Navarra no envió inicialmente representante alguno a la Junta Central creada
en 25-IX. Llama la atención que los documentos que señalamos a continuación estén
firmados por unos pocos miembros de la Diputación y que, en todos ellos, aparezca el ya
citado Miguel Escudero. No consideraremos aquí la validez jurídico-política o
representatividad de una Diputación tan mermada en sus componentes. Otra pregunta
es si dicho Escudero, que estará en las Diputaciones del Reino de 1808, Provincial de 1813
(como jefe político) y nuevamente en la del Reino de 1814, inclinó, a los demás miembros
de la Diputación, a aceptar y subordinarse a la Junta Central en 1808-1809 y en qué
sentido.
El 13-X-1808, la Diputación del Reino informó -con 3 de sus 7 miembros- a la Junta
Central sobre el Plan que aquella tenía de formar batallones navarros. Al final dice: “No me
resta sino el ponerlo todo en noticia de V.A. para que se digne a manifestarme si es de su
aprobación q(u)e me será lo mas lisongero, pues me parece que siguiendo el espiritu de mi
constitución no puedo obrar de otro modo en los urgentes acontecimientos del día;
sujetándome á las ordenes y preceptos que V.A. tenga á bien dispensarme” (Miranda, o. cit.
pág. 332). También informó a la Junta Central desde Tudela que, el 7-XI, había declarado
de guerra a los franceses y convocado a los navarros a las armas con arreglo al Fuero. La
Diputación dijo haberlo hecho “conforme al espíritu de la Constitución del Reino”,
manteniendo “el conducto de la ley, de que (los navarros) son celosísimos” cuando se
trataba de cumplir sus deberes militares para con el Rey y la Patria. Esto implica que la
Diputación no renunciaba ante la Junta Central a Fuero alguno del Reino.
Después de la batalla de Tudela, que tuvo lugar el 23-XI-1808 (39), y tras la
ocupación militar de esta ciudad por los franceses, la Diputación huyó al término de
Tauste, donde informó (2 de sus 7 miembros) a la Junta Central (25-XI-1808), tratándole
como si fuese el Rey: se dirige al “Señor” y a “V.M.”, y habla del “servicio de V.M.”,
añadiendo que -con esta carta- informa “a la R(ea)l. noticia”. Desde ahí, el 4-XII, la
Diputación se estableció en Huesca, donde de nuevo informó (3 de sus 7 miembros) a la
Junta Central, otorgándole el mismo tratamiento. Y de nuevo huyó hacia otros lugares de
Aragón. Más tarde, el 13-IV-1809, la Diputación envió una carta a la Junta Central desde
Arnedo (Logroño), tratándole de “Señor” y “V.M.”, y mostrando su “homenaje debido
exclusivo á su legitimo soberano el Sor. Dn. Fernando VII”. Aunque Francisco Miranda
afirme: “Suponemos que aquí se disolvería definitivamente la legítima Diputación”, Jaime
del Burgo Torres muestra diversas actividades de la Diputación entre el 8-VIII-1809
(Préjano, cerca de Arnedo) y el 18-XI-1809 (Arnedo).
Es por entonces cuando, según Jaime del Burgo Torres, “teniendo en cuenta las
circunstancias, los diputados acordaron refugiarse donde pudiera cada uno, enviando a la
Junta Suprema Central representantes para que les convocaran en caso de necesidad.
Parece lógico pensar que estos representantes fueran los ya miembros de la Junta, Miguel
de Balanza y Carlos Amatria”, que habían pertenecido a la Diputación del Reino del 13-VI-
1801 (40). Además de ignorarse en concepto de qué ambos estaban en la Junta Central, no


queda claro cuándo -por uno u otro motivo- ingresaron en dicha Junta. Izu Belloso se limita
a constatar que la Diputación envió a dos miembros para asistir a la constitución de la Junta
Suprema Central en septiembre de 1808, lo que no admiten Del Burgo Tajadura y Del
Burgo Torres, pues éste último se refiere a las tardías circunstancias de finales de 1809.
Así pues, Izu Belloso parece adelantarse un año completo.

4.4. ¿RELACIONARSE CON LA JUNTA CENTRAL FUE UN CONTRAFUERO?
Este aspecto no ha sido profundizado por los historiadores. Planteemos esta
importante cuestión: ¿la Diputación actuó conforme a los Fueros al enviar a dos
representantes suyos a la Junta Central? Esta es la primera vez que Navarra tuvo la
ocasión -e incluso la necesidad- de participar o relacionarse con una institución común al
resto de españoles diferente a la persona del monarca. Realmente, las circunstancias de
guerra eran graves, y Navarra no podía actuar aisladamente contra los franceses, ni debía
si es que quería conservar sus Fueros (recordemos la ofensiva centralista y antiforal de
Godoy). También era la primera vez que surgió en España una institución con el perfil de la
Junta Central. Según el Fuero, Navarra no podía estar propiamente representada en la
Junta Central. ¿Por qué?: porque la Junta Central no era un organismo navarro, y algunas
de sus atribuciones solapaban las propias de las instituciones navarras. Por lo mismo,
Navarra tampoco podía estar representada en las Cortes generales de España en 1812 por
tener Cortes propias al ser “Reino de por si”.
La respuesta a la pregunta de este epígrafe es negativa. Por mi parte, adelanto
varias posibilidades que permitían a la Diputación enviar representantes –o legados y
enviados, que tenían una categoría superior a los meros agentes- a dicha Junta Central:

1ª) Sobre la naturaleza de la representación. Aunque esta representación era
institucional de la Diputación de Reino, los representantes (aquí les llamaré legados) no
sustituían a dicha institución como tal. Una cosa es que la Diputación enviase legados a la
Junta Central y otra muy distinta que estos sustituyesen a la Diputación y, más todavía, al
Reino. Por otra parte, más que la representación importan las atribuciones que tiene el
representante o legado. En esta ocasión, la Diputación decidió el envío voluntariamente,
sólo algunos de sus siete diputados estaban presentes para tomar la decisión, y lo hizo
para evitar un vacío de poder al dispersarse los miembros de la institución. Recordemos
que la Diputación tenía como objetivo la guerra en Navarra contra Napoleón, de manera
que el móvil para el envío de representantes (o legados) era algo práctico, temporal y de
extrema necesidad como era la lucha contra el francés, máxime al carecer Navarra de
fuerzas propias. A ello se añadía que los miembros de la Diputación se encontraban fuera
de Navarra, y que la persecución sufrida por los franceses les abocó a su dispersión.
Idéntica motivación militar tuvo la Diputación en sus relaciones con la Junta Central antes
de huir aquella de Tudela.
Después de valorar esta cuestión, se observa la gran importancia que tiene el que la
Diputación nombrase representantes para que se les convocara en caso de necesidad, y no
de forma ordinaria y permanente. Según esto, la Diputación de Navarra mantenía su
autoridad, y le interesaba que la Junta Central contase con ella por motivos de
guerra.

2ª) La Junta Central reunía a las Juntas Provinciales y no era una Regencia.
Como en Navarra no había Junta Provincial sino Diputación del Reino, difícilmente ésta
podía situarse al nivel de dichas Juntas y provincias. La Diputación debía conformarse con
tener unos enviados (legados) que tratasen o cooperasen con la Junta Central sobre
algunos temas. Esto era necesario porque el principal propósito de la Junta Central era
ganar la guerra contra los franceses, y convocar Cortes (en las que no podía estar Navarra)
para ese mismo fin.

3ª) Sobre el carácter de la Junta Central. Más que estar en la Junta Central, los
navarros enviados debían de trabajar con dicha Junta. Esta Junta sustituía a los ministros


del monarca que actuaban a las órdenes del rey –no sustituía a la persona del monarca-
cuya prisión le impedía ejercer los poderes regios. Ciertamente, la Junta Central no era una
Regencia colegiada; la Regencia sólo se nombró al desaparecer la Junta Central, y tenía
tres y no 35 miembros. La Junta Central se atribuyó el título de “V. M.” por conveniencia
para subrayar su dependencia del monarca, para mandar en el nombre del rey en el
ejercicio de las funciones que éste no podía realizar, y para solventar las dificultades que la
Junta tenía para ser reconocida y obedecida desde antes de su formación hasta ser
sustituída por la Regencia. Lógicamente, los representantes (legados) del Reino de Navarra
podían participar en algunas cuestiones, libre y voluntariamente, en este Gobierno
“federativo” de Provincias (en sentido amplio) autárquicas, en atención a la insuficiencia
militar de los navarros, al tema concreto de defensa militar, y a la guerra generalizada
contra el coloso de Europa.
A falta de monarca, la relativa vinculación o relación de la Diputación del Reino con
la Junta Central expresaba -de alguna manera- la especial incorporación de Navarra a
Castilla –incorporación real y no sólo personal-, sobre todo tratándose de una guerra
generalizada frente a Napoleón.
En la Junta Central no había ministros, debido al elevado número de sus
componentes, sino reparto de encargos. No es que los legados del Reino de Navarra
tuviesen encargos, sino que al ser convocados sólo en caso de necesidad, participaron en
el tema militar que interesaba a todos. Lo antiforal era que la Junta Central gobernase en
temas privativos de Navarra, lo que no pudo hacer porque Navarra estaba en guerra y la
Junta Central se centró en solucionar los problemas militares. El gran peligro era que la
Junta Central, al convocar Cortes generales, incluyese en ellas al Reino Navarra –que tenía
sus propias Cortes-, que es lo que ocurrió.
Si estar en una institución no Foral de la manera que hemos señalado no suponía
actuar contra los Fueros, sin duda las posibles decisiones antiforales de la Junta Central se
pensaban solventar en cada caso concreto. Debido a la polarización en la guerra, éstas
últimas ocasiones no llegaron. La salvaguardia del Fuero estaba asegurada por el
momento, aunque era frágil, tanto como las circunstancias de guerra.

4º) La Junta Central no era una institución política subalterna. Había tomado el
título de “Majestad”, y así le reconoció la Diputación del Reino aunque, en un principio, el
13-X-1808 le tituló “Ilustrísima” y “Vuestra Alteza”. Este tratamiento no suponía un espíritu
revolucionario de soberanía nacional, precisamente porque dicha Junta Central sustituía el
ejercicio de los derechos de un rey que estaba preso, actuando en su nombre. No en vano,
la Junta Central será sustituida después por la Regencia, propuesta antes por Jovellanos
en cumplimiento de las Leyes Fundamentales de la monarquía. Aclaremos que la Junta
Central y la Regencia no se identificaban, pues la primera funcionó de forma participativa
con los representantes de las Juntas Provinciales, expresión de una sociedad española en
Armas, mientras que la Regencia era colegiada de tres miembros. Desarrollemos este
punto que tiene como núcleo principal la peculiar importancia de la Junta Central.
Sobre la Diputación del Reino (y las Cortes de Navarra) sólo estaba el rey o, en
las circunstancias y condiciones que tratamos, aquella institución que sustituía el ejercicio
de los poderes del monarca, esto es, la Junta Central, y luego aquella otra que sustituía su
persona, es decir, la Regencia en sus atribuciones de “Majestad” con un poder limitado por
los Fueros. Ahora bien, tanto lo dicho anteriormente, como el hecho de sustituir tan sólo el
ejercicio de los poderes regios, indica que la Junta Central no estaba sobre las
instituciones del Reino de Navarra. Sobre todo es importante que la Junta Central no se
atribuyese derecho a la summa potestas (“soberanía” regia) sino al ejercicio de dicha
potestas. Y, además, un ejercicio limitado a las atribuciones arriba señaladas. Desde luego,
el monarca preso no podía ejercitar la potestas de cuyo ejercicio era él titular, sino que era
la sociedad organizada, la otra parte del pacto tradicional, realizado entre el rey y la
comunidad orgánica y representada en Cortes, la que podía –y por ello debía- hacerlo en
plenitud, precisamente a través de las instituciones al efecto según Derecho.


¿No era la sociedad española la que se ejercitaba con las Armas frente a Napoleón
y el usurpador José? Sí, y la Diputación envió a dos navarros a la Junta Central para que
les convocaran en caso de necesidad -es decir, no ordinariamente-, aunando los esfuerzos
bélicos de todos para luchar contra el enemigo común Napoleón. La Diputación les envió
junto a una institución como la Junta Central que, sin ser rey, ejercía interina y
excepcionalmente algunas de las funciones del rey preso, sobre todo las militares.
Les envió al lado de la Junta Central que sustituía al rey en el ejercicio de sus
funciones, manteniendo los derechos del monarca. Nada de esto era revolucionario,
sino típicamente tradicional. Nada era práctica absolutista.
Parece acertado el juicio de Del Burgo Tajadura, según el cual, “por vez primera
Navarra quedó así representada en un organismo de gobierno común a toda la monarquía”
(41), si entendemos esta presencia como un “organizar con otros” la guerra frente a
Napoleón, pero sin perder Navarra sus propias atribuciones. Las instituciones propias de
Navarra no estaban incluidas en otras instituciones generales, pues Navarra siguió siendo
Reino “de por sí”. En realidad, no había propiamente representación del Reino de Navarra
en la Junta Central, sino enviados o legados de la Diputación, con carácter ocasional, en
circunstancias críticas para las instituciones de Navarra (la Diputación dispersa), y por
motivos de guerra.
La otra afirmación de Del Burgo, según la cual con la Regencia que sustituía a la
Junta Central desapareció “la representación de Navarra de la escena política y, por tanto,
el enlace entre los organismos nacionales y los miembros de la Diputación del Reino que se
hallaban dispersos” (42), debe entenderse en el marco de que era la Regencia -y no la
Junta Central-, la que sustituía interinamente a la persona del monarca ausente. Navarra
podía estar con el resto de la monarquía junto a una institución puntual y de emergencia
como era la Junta Central, aunando esfuerzos para hacer la guerra a Napoleón –Navarra
tenía competencias exclusivas en los restantes temas-, mientras que, evidentemente, no
podía formar parte de la Regencia porque ésta sustituía la persona del rey. Desde luego,
Navarra tenía su Fuero militar que debía de ser –y de hecho lo fue- respetado.
La gran tentación era que, una vez desaparecida la Junta Central como plasmación
institucional de la solidaridad entre todos los españoles –incluidos lógicamente los
navarros-, se buscase otra institución como las Cortes convocadas por la Junta Central –
poco antes de dar ésta paso a la Regencia-, y se prolongase en ellas la anterior solidaridad,
hasta llegar a pedir o exigir la presencia del Reino de Navarra, a pesar de tener éste Reino
Cortes propias.
Para terminar, recordemos que, el 10-VIII-1810, el general francés Reille creó una
Diputación provincial sujeta al mando militar francés, sin carácter representativo, y con
escasas prerrogativas (sobre todo actuaba en materia de contribuciones). Pero esta no era
la Diputación legítima y del Reino. Según las leyes e instituciones navarras, tampoco será
legítima la Diputación Provincial, elegida el 26-IX-1813 conforme a la Constitución de Cádiz.

Periódico editado en Pamplona entre abril y
septiembre de 1810 durante la dominación francesa.


4.5. LAS CORTES GENERALES DE CÁDIZ COMO CONTRAFUERO
El 4-XI-1809 se publicó el Decreto que convocaba Cortes generales para el 1-I-
1810. La Diputación del Reino (muy incompleta en sus miembros) recibió el encargo de la
Junta Central de nombrar al diputado navarro que debiera asistir a las Cortes generales
(Arnedo, 18-XI-1809). La Junta Central lo solicitó antes que los miembros de la Diputación
se dispersasen y enviasen representantes a la Junta Central para que les convocaran en
caso de necesidad (del Burgo Torres). Era comprensible (aunque según el Fuero de
Navarra fuese inadmisible) que la Junta Central pidiese el envío de diputados, debido a los
precedentes centralistas la misma Corte de Madrid, donde habitualmente se desconocían
los Fueros de Navarra, según el agente de la Diputación en Madrid decía a ésta última
hacia 1775.

El envío de diputados a las Cortes vulneraba directamente los principios
constitucionales del Reino de Navarra. Según Jaime del Burgo:

“La Diputación quedó perpleja, pues si acudía a las mismas, parecía renunciar a la
autonomía parlamentaria de que gozaba, y si no lo hacía en aquellas circunstancias
extraordinarias, se despegaba del esfuerzo común de los españoles en la guerra
contra el invasor francés. / La Diputación de Navarra, como ocurrió en otras
ocasiones, trató de eludir el compromiso, en lo que siempre había demostrado su
habilidad diplomática, y contestó que el reino se hallaba en una grave situación,
sojuzgado por el enemigo, bajo cuyo poder yacen todos sus moradores” (43).

Así pues, en Navarra no hubo elecciones para el nombramiento de diputados a las
Cortes de Cádiz. Por ser algo antiforal, toda vez que Navarra tenía Cortes propias, la
Diputación no quiso nombrarlos, y trató de eludir el compromiso con habilidad diplomática.
Nos es desconocida la manera como fue nombrado el diputado Fco. de Paula Escudero. El
resultado de las Cortes de Cádiz fue rechazado por la generalidad de los navarros
(44).

Gregorio Cruchaga Urzainqui, Fco. Espoz y Mina, de campesino llegó Javier Mina el Estudiante, guerrillero
guerrillero frente a los franceses a ser guerrillero y general. Fusiló la frente a los franceses y aventurero
Constitución de 1812 aunque después liberal en Méjico. Su figura ha sido
se hará liberal por despecho contra estudiada con gran esmero y atractivo
Fernando VII al no ser elegido virrey de por el profesor Ortuño.
Navarra. Su figura ha sido estudiada
por Iribarren.

4.6. RESTAURACIÓN DE LA DIPUTACIÓN LEGÍTIMA
La pregunta es si, en 1814, hubo reagrupación de los componentes de la
Diputación del Reino (la legítima, no la nombrada por los franceses) dispersos a finales de
1809 (la Diputación no se disolvió propiamente), o bien si la Diputación del Reino se


restauró en dicho año 1814. En caso afirmativo, la legitimidad de la primera Diputación
pasaría a la segunda sin solución de continuidad. Pero, en sentido estricto, no fue así.
Durante la guerra contra Napoleón, los navarros se confundieron con el resto de la
nación española, entendida ésta en sentido amplio. No se demuestra, y creo que no puede
saberse, si como dice Rodríguez Garraza el pueblo “perdió, en gran parte, la conciencia de
su independencia y de su personalidad”, aunque la causa de los navarros fuese la misma
que la del resto de españoles. Al parecer, en los años de la guerra “era imposible aplicar la
propia Constitución Navarra”, pues en toda Navarra, salvo Pamplona que estaba ocupada
por los Bonaparte, no había otra ley que la del guerrillero Fco. Espoz y Mina. Recordemos
que éste mandará fusilar la Constitución de 1812, y que sólo tras 1814 se hará liberal por
despecho hacia Fernando VII, que había preferido como virrey de Navarra al conde de
Ezpeleta en vez de nombrar a este labrador de Idocin (tal era el origen de Espoz y Mina)
que, por méritos, había llegado al rango de general.
En realidad, el nuevo régimen liberal, constituido en 1812, tuvo muy poca
vigencia en Navarra. Lo he estudiado con detalle aplicado al Ayuntamiento de Pamplona
(45). El 26-IX-1813 se eligió la Diputación provincial y, el 1-X-1813, ésta se constituía con el
ya citado Miguel Escudero como jefe político en calidad de presidente.
La Diputación legítima del Reino (no la francesa), dispersa en 1809, no tuvo
continuidad en la Diputación Provincial del 1-X-1813, pues ésta última rompió con la
tradición y las leyes del Reino navarro por seguir la Constitución de 1812. A pesar de eso, y
aparentemente de forma contradictoria, los mismos miembros de la Diputación Provincial
trabajaron por la restitución, reposición o reintegración de los Fueros seculares, como
deseaba la generalidad de los navarros. Y tuvieron un fácil éxito.
Así, en 1813, el mismo jefe político Miguel Escudero será miembro de la Diputación
restaurada en 1814. Aunque en sentido estricto, la Diputación de 1808-1809 pudiese
transmitir su legitimidad a la nombrada (o restaurada) en 1814, en éste último año es mejor
hablar de restauración que de reagrupamiento de los diputados dispersos en 1809.
Diremos el por qué. En primer lugar, es conforme a los testimonios de la Diputación de
1814. Asímismo, el vacío de instituciones y de legitimidad que de hecho sufrió Navarra
desde finales de 1809 hasta finales de 1813, fue común al de toda España, pues en
Navarra no existían las instituciones propias de su constitución histórica a causa la
presencia militar francesa, mientras que las Cortes de reunidas en Cádiz no podían legislar
sobre Navarra, siendo su liberalismo contrario a la Constitución histórica de Navarra o del
resto de España. En tercer lugar, los miembros de la Diputación de 1808-1809 no hicieron
acto de presencia en 1814 y sí, sin embargo, los de la Diputación Provincial.
El 4-V-1214 el Rey Fernando declaraba nula la Constitución de 1812. El 28-V-1814,
se restauró en Pamplona la antigua Diputación del Reino de Navarra. No se hizo por
decreto del monarca, sino antes que éste restableciese las instituciones del Reino el 17 de
julio y 14 de agosto. Así, “la transmisión de poderes se efectuó por la propia Diputación
Provincial y el Jefe Político, por haber considerado que al derogar Fernando VII la
Constitución de 1812 y dado por nulas sus actuaciones ‘como si no hubiesen pasado jamás
tales actos’, la primitiva Constitución de Navarra quedaba restablecida ‘ipso facto’ “ (46).
Formaban parte dos antiguos diputados de 1808, Miguel Escudero y Carlos de Amátria (o
Amátria) –lo que muestra la continuidad de la Diputación-, más otros cinco diputados, entre
ellos el obispo de Pamplona fray Veremundo Arias Teixeiro, que tan briosamente se opuso
a los franceses y al liberalismo.


Conde de Ezpeleta y de Beire, Joaquín Ezpeleta, virrey de
Navarra en 1814. Al general Fco. Espoz y Mina esta elección le
contrarió sobremanera porque él aspiraba a dicho alto cargo.

5. COLOFÓN
Terminemos. La concepción del pueblo español sobre la religión católica, la
monarquía, y la sociedad y nación española, fueron la causa de las contradicciones y del
triple error de Napoleón –religioso, monárquico, y nacional-, que “acarre(ó) la ruina del
Imperio” (Pabón). En España se generalizó el convencimiento de que los franceses,
además de enemigos de España y del Rey, lo eran de la Religión. Baste citar el Catecismo
popular leído en la zona no ocupada por los franceses, el libro Despertar cristiano, los
destrozos y sacrilegios cometidos por las tropas francesas, la política de José (I), los
escritos de –por citar sólo un ejemplo- don José de Larrea en el Libro Parroquial de
Berrosteguieta (21-VI-1813) (47), y la prisión y destierro del Papa S.S. Pío VII. Digamos que
esto último no obligaba al alto clero a incitar por Decreto episcopal a los españoles a favor
de la insurrección, a diferencia de lo que parece suponer Díaz-Plaja. También Fugier
subrayó el error de España del Emperador Bonaparte.
Si seguimos las denominaciones ofrecidas por Alonso Báquer (1983), el Dos de
Mayo se trató de un levantamiento popular debido a producirse al margen de la fuerza
armada (me refiero a los mandos militares superiores). Ahora bien, su prolongación en
España fue un alzamiento nacional, en el que actuaron el pueblo, dirigentes y mandos
militares.
En España y, dentro de ella, en Navarra, no hubo vacío de poder y autoridad.
Así pues, los argumentos utilizados por los defensores de la soberanía nacional, quedaban
fuera de la realidad española del momento.
¿Qué paralelismos pueden señalarse entre Castilla y el Reino de Navarra, -
incorporado a la Corona de Castilla en 1513-1515- ante la invasión francesa en 1808?:

1º) Napoleón buscaba la sumisión, luego utilizó el engaño y, al fin, sustituyó a los
gobernantes españoles –tanto en Castilla como en Navarra- por naturales que se plegasen
a sus intereses. Si los naturales, que ocupaban las más altas instituciones políticas,
siguieron manteniendo su inicial colaboración con los franceses una vez transcurridos los
conflictivos meses de mayo a diciembre de 1808, se les puede considerar afrancesados.
Seguramente estos, tras 1814, deberán limpiar de infidelidad su ejecutoria en los procesos
llamados de infidencia.
2º) En ambos casos, en Castilla y Navarra, sus instituciones propias fueron
inicialmente posibilistas ante la fuerza francesa. Lo fueron hasta que la victoria de Bailén y
la consiguiente liberación de Madrid en el caso de Castilla, y hasta la sublevación de
diversas poblaciones y las excesivas presiones francesas sobre la Diputación del Reino en
el caso de Navarra. Durante unos meses, el virrey de Navarra y los organismos forales
colaboraron con la monarquía de José (I) Bonaparte. Cada uno por sus circunstancias


concretas, a finales de agosto de 1808 trocaron la relativa subordinación por la resistencia,
y además mediante una oposición activa.
3º) En Castilla y Navarra las sublevaciones populares fueron casi simultáneas. En
Castilla fueron en mayo y comienzos de junio, y Navarra en junio, siendo éstas últimas
estimuladas por el ejemplo de Zaragoza.
4º) En Madrid una Junta de Gobierno suplía al monarca, aunque de hecho estuvo
controlada por el mariscal Murat. Actuó de forma tímida ante el Dos de Mayo, algunos de
sus componentes eran afrancesados, y las Juntas Provinciales la sustituirán por la Junta
Central. En Navarra, el virrey marqués de Vallesantoro sustituía a la persona del rey; será
inicialmente posibilista ante los franceses, fue cesado por estos para el 8 de septiembre de
1808, y después será apresado y enviado a Francia. El virrey de Navarra fue más libre,
legal y firme, que la citada Junta de Gobierno radicada en Madrid.
5º) En Madrid el Consejo de Castilla, y en Navarra la Diputación del Reino (no el
Consejo Real, que fue afecto a los franceses), colaboraron con los franceses hasta que se
opusieron frontalmente a ellos en agosto de 1808.
6º) En Castilla, la representación de la legitimidad fue finalmente recogida por la
Junta Central en septiembre de 1808, que hacía de Gobierno del monarca. Luego la
Regencia sustituirá a dicha Junta el 29-I-1810. Por su parte, en Navarra, la legitimidad fue
mantenida por el virrey y la Diputación del Reino, y, tras el cese del virrey, sólo por la
Diputación, hasta la dispersión de sus miembros (no su disolución que no se produjo) un
año más tarde, en noviembre de 1809.
7º) Dispersa la Diputación legítima de Navarra, ésta envió dos representantes a la
Junta Central, hecho que, sin ser contrario a los Fueros, pudo ser imprudente, porque dicha
Junta podía intervenir –aunque no lo hizo- en cuestiones que afectaban a Navarra, y
después solicitó al Reino de Navarra participar en las Cortes generales, lo que era contrario
a los Fueros del Reino de Navarra, que tenía Cortes propias como Reino “por sí”.
8º) La principal tesis de este trabajo es que en España, incluido particularmente el
Reino de Navarra, no hubo vacío de poder y autoridad mientras Fernando VII estuvo
preso en Bayona. Otra cosa es la ruptura producida por las Cortes de Cádiz, que hemos
tratado en otro trabajo (revista digital “Arbil”, nº 116, junio 2008, 24 fols.).

Detalle de Fernando VII por Fco. de Goya. Monarca que de ser “el
Deseado” pasó a ser criticado desde diferentes posiciones
políticas. En Navarra cometió graves contrafueros.

NOTAS:
(1) ROGRÍGUEZ GARRAZA Rodrigo, Navarra de Reino a Provincia” (1828-1841), Pamplona,
Eunsa, 1968, 516 pp., pág. 27.
(2) SARRAILH Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, Fondo
de Cultura Económica,1979, (1ª ed. 1954), 784 pp., pág. 579


(3) GARRALDA ARIZCUN J. F. “Las Cortes de Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución
Francesa y la herencia política de España”, en Rev. Digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y
crítica”, nº 116 (junio 2008).
(4) SARRAILH J., La España ilustrada… o. cit.
(5) HERR Richard, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1988 (1ª ed., 1960),
417 pp.
(6) ANES Gonzalo, Historia de España Alfaguara IV. El Antiguo régimen: los Borbones, Madrid,
Alfaguara, 5ª ed., 1981 (1ª ed., 1975), 513 pp.
(7) ANES G., El Antiguo régimen… o. cit. pág. 432.
(8) ANES G., El Antiguo régimen… o. cit. pág. 433.
(9) GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, en Historia General de España y
América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII),
1992, 634 pp., pág. 14-82.
(10) PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, J., El dos de mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908;
MUÑOZ MALDONADO, José, Historia política y militar de la guerra de la Independencia de España
contra Napoleón Bonaparte, desde 1808 a 1814, Madrid, 1833; LOVETT, Gabriel H., “El intento
afrancesado y la guerra de Independencia”, en Historia General de España y América, Madrid, Rialp,
Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 167-
247.
A los trabajos de Maximiano García Venero, Palacio Atard, Pabón, Jover, Juretschke y Carr
etc., pueden añadirse los de Artola (Espasa-Calpe, 2007) y José Manuel Cuenca Toribio (Encuentro,
2006) sobre la guerra de la Independencia, de Fco. Martí Gilabert sobre el proceso de “El Escorial” y
el motín de Aranjuez, Manuel Moreno Alonso sobre José Bonaparte, Sánchez Agesta y Enciso Recio
sobre el despotismo ilustrado, y, sobre Godoy y Carlos IV, los de Bullón de Mendoza, Chastenet,
Madol, Seco Serrano, y Taxonera etc. A continuación citaremos a otros autores.
Entre los autores que vivieron los hechos, tienen un gran interés las memorias de Mesonero
Romanos, Alcalá Galiano, y el conde de Toreno (los tres testigos de primera línea), las de Juan
Escoiquiz (preceptor de Fernando VII), Azanza y Ofarril, Muñoz y Maldonado, Blanco White, Du
Forest y el barón de Marbot, así como la correspondencia de Joaquín Murat. Una nueva edición del
libro del Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución en España (1807-1809),
León, Akrón, 2008, 2 vols., v. I: 490 pp, v.II: 468 pp.
(11) CORONA BARATECH Carlos, “Precedentes ideológicos de la guerra de la
independencia”, Zaragoza, Librería General, 1959, 28 pp., Institución ”Fernando el Católico”, publ. nº
222, pág. 10. Víd. También Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 1957.
(12) Como trabajo dirigido al gran público, vid. DÍAZ PLAJA Fernando, Dos de mayo de 1808,
Madrid, Espasa, 1996, 230 pp., pág. 45-46; véase también DÍAZ PLAJA F., Historia de España en
sus documentos, Barcelona, Plaza y Janés, 1971.
(13) DÍAZ PLAJA F., Dos de mayo… o. cit., pág. 194
(14) ALONSO BÁQUER, Miguel, El modelo español de Pronunciamiento, Madrid, Rialp, 1983,
270 pp., pág. 29.
(15) MARCELLÁN EIGORRI José Antonio, El clero navarro en la guerra de la independencia,
Pamplona, Eunsa, 1992, 210 pp., pág. 53-105.
(16) En 2006, José Manuel CUENCA TORIBIO publica, en una editorial de Madrid, La guerra
de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814). Algunos libros recientes de 2008 son: DIEGO
Emilio de, España, el Infierno de Napoleón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008, 591 pp.; DIEGO
Emilio de, SÁNCHEZ-ARCILLA José, ¡España se alza!, Barcelona, Áltera, 2008, 430 pp.; VILCHES
Jorge, Liberales de 1808, Madrid, Fundación, 2008, 347 pp. Como historia literaria de gran interés,
véase GARCIA FUERTES Arsenio, Dos de mayo de 1808. El grito de una Nación, Barcelona,
Inédita Editores, 2008, 694 pp. En el apéndice VI se recoge el listado de españoles muertos y
heridos en los combates del dos de mayo de 1808 y de los prisioneros fusilados a continuación, pág.
529-629.
(17) BURGO Jaime del, Historia General de Navarra. Desde los orígenes hasta nuestros días,
Madrid, Rialp, 1992, 3 vols, v.III: 911 pp., pág. 341.
(18) CORONA C., Revolución y reacción… o. cit.; “Precedentes ideológicos…” art. cit. en nota
11.
(19) GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. en nota 9, pág. 47.
(20) CORONA, “Precedentes ideológicos”… art. cit., p. 16-18.
(21) SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Conservadores, innovadores y renovadores en las
postrimerías del Antiguo Régimen”, Pamplona, Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1955;
“Las tendencias políticas durante la guerra de la Independencia”, Zaragoza, 1959, en Actas del II


Congreso Histórico Internacional de la guerra de la independencia y su época; La crisis política del
antiguo régimen en España (1800-1840), Madrid, 1950.
(22) CORONA BARATECH C. en, “Precedentes ideológicos”…, en nota 11, señala como
modelos la monarquía absoluta, la monarquía reformada (constitucionalismo histórico tradicional), la
monarquía liberal, los admiradores del sistema político inglés y los del sistema napoleónico (p. 23).
Este mismo autor, en “La ilustración”, dice así: “Reformismo y tradición llegan a tener un sentido
profundo en la conciencia histórica española. Los términos no reflejan exactamente el contenido de
las dos posiciones que se definen como antagónicas, pues los que en términos generales son
llamados tradicionalistas son tan progresistas o reformistas, en términos generales, como quieren
reservarse para sí sus antagonistas; así como entre éstos no es tanto el patrocinio de las reformas
estructurales en el cuerpo de la nación, como la modificación sustancial del espíritu nacional, lo que,
so capa de lo anterior, se les atribuye rotundamente. Con un criterio más razonable se han
diferenciado grupos entre los ilustrados españoles del siglo de las “luces”, distinguiendo los
reformadores de los renovadores y de los innovadores, entre los que se incluyen igualmente
eclesiásticos y seglares de los distintos niveles sociales, desde jerarquía a clérigos y desde nobles a
modestos funcionarios ilustrados. Con suma dificultad puede hallarse un ilustrado español en el que
puedan concentrarse todos los conceptos que suelen atribuirse, en bloque compacto, a cada una de
las facciones polémicas en el siglo de las “luces” y en el siguiente. Los conceptos culturales no son
reducibles a guarismos con fracciones y signos positivos y negativos”. Vid. En Historia General de
España y América, tomo X-1: La España de las Reformas hasta el final del reinado de Carlos IV,
Madrid, Rialp, 2ª ed., 1989, 597 pp., pág. 3-53. Sobre los novadores, vid. p. 17-23 y sobre el
reformismo y tradición, vid. CORONA p. 36-46.
(23) GIL MUNILLA Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. en nota 9: “(…) al margen de
los puros conservadores (nota: absolutistas), entre los reformistas, unos buscan consolidar la
Monarquía patrimonial, que garantice sus fueros y particularismos; otros, manteniendo la fidelidad a
la tradición, exigen transformaciones socioeconómicas; y, por último, los hay que tienden a asumir
buena parte de la ideología francesa” (esto es, los “ ‘hijos díscolos de la Ilustración’ ” pág. 47.
(24) El ensayo de FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA Fco. José, se titula: “Liberales, absolutistas y
tradicionales”, Rev. “Verbo”, Madrid, nº 157 (jul. Agosto 1977), pág. 965-984. De este y algunos de
los trabajos anteriores se hace eco Miguel Ayuso en su ensayo: “El bicentenario, el ‘otro’
bicentenario y los ‘otros’ bicentenarios”, en Rev. “Verbo”, Madrid, nº 465-466 (mayo-julio 2008), pág.
363-374.
(25) GARRALDA ARIZCUN José Fermín, “El Reino de Navarra y la primera revolución liberal.
La segunda crisis en Navarra: el despotismo ilustrado, y los ensayos de 1813 y 1820-1823”, 37 fols.,
para ofrecer a “Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada” (Madrid); ÍDEM. “Las Cortes de
Cádiz de 1812, el ideario de la Revolución Francesa y la herencia política de España”, en Rev.
Digital “Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica”, nº 116 (junio 2008), 24 fols.
(26) CORONA BARATECH C., “Precedentes ideológicos”… o. cit. pág. 6; GIL MUNILLA
Octavio, “Hacia una nueva sociedad”, o. cit. pág. 47; IZQUIERDO HERNÁNDEZ M., Antecedentes y
comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, 1963; SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Génesis y
obra de las Cortes de Cádiz”, en Historia General de España y América, Madrid, Rialp, Tomo XII: Del
antiguo al nuevo régimen. (Hasta la muerte de Fernando VII), 1992, 634 pp., pág. 249-306; ÍD. El
proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Pamplona, Rialp, 1982, 528 pp. Son
imprescindibles los trabajos de Jovellanos, Memoria en defensa de la Junta Central, Quintana, Alcalá
Galiano, el conde de Toreno y, modernamente, Juretschke (1955), Ángel Martínez de Velasco (La
formación de la Junta Central, Pamplona, Eunsa, 1972), Comellas, Fernández de la Cigoña, etc.
(27) BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento… nota 23, pág. 88.
(28) FORCADA TORRES Gonzalo, “Ingleses, españoles y franceses en los prelogómenos de
la batalla de Tudela”, Pamplona, Rev. “Príncipe de Viana” nº 98-99” (1965), pág. 37-66.
(29) SUÁREZ VERDEGUER Federico, El proceso de la convocatoria a Cortes… nota 26, p.
444.
(30) RODRÍGUEZ GARRAZA Rodrigo, Tensiones de Navarra con la administración central
(1778-1808), Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1974, 360 pp.
(31) MIRANDA RUBIO Fco., “Ocupación y levantamiento armado en Navarra durante la Guerra
de la Independencia. Causas y trascendencia”, en VV.AA. La Guerra de la Independencia en el Valle
Medio del Ebro, Tudela, Ed. Ayuntamiento de Tudela y Universidad SEK de Segovia, 2003, 278 pp.,
pág. 143-168. En esta obra colabora Javier Maestrojuán con un interesante trabajo, útil para quien
desee profundizar en la historiografía, titulado “Bibliografía reciente sobre la Guerra de la
Independencia” pág. 9-54.


(32) BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 333-486;
MIRANDA nota 31; RODRÍGUEZ GARRAZA nota 1; BURGO Jaime Ignacio del, Origen y
fundamento del Régimen Foral de Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1968, 550 pp.;
IZU BELLOSO Miguel José, Navarra como problema. Nación y nacionalismo en Navarra, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2001, 461 pp. pág. 117-118. El autor de éste interesante libro, que es un ensayo
de síntesis interpretativa, sólo trabaja con fuentes bibliográficas.
(33) ERCE EGUARAS, Juan, Navarra bajo Napoleón: el caso de Estella, Tafalla, Altaffaylla,
2005.
(34) MARÍN ROYO Luis María, La francesada en Tudela. Seis años de saqueos y ruina,
Tudela, 2008, 295 pp..
(35) MIRANDA RUBIO, Francisco, La guerra de la independencia en Navarra. La acción del
Estado, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1977, 474 pp. , pág. 54 y 79.
(36) BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, p. 334 y 341.
(37) RODRÍGUEZ GARRAZA, o. cit. nota 1, pág. 28.
(38) BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento…o. cit., nota 32, pág. 88-89.
(39) CALAMA ROSELLÓN Argimiro, La guerra de la Independencia en Soria, La Rioja y
Navarra. La batalla de Tudela: 23-XI-1808, Tudela, 1996; VV.AA. La Guerra de la Independencia…
o. cit., nota 21; sobre la batalla de Tudela, vid., Gonzalo Forcada Torres, o. cit., p. 113-141.
(40) BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 349 y 363.
(41) BURGO Jaime Ignacio del. Origen y fundamento…o. cit., nota 23, pág. 89.
(42) BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento…, o. cit., nota 23, pág. 89; BURGO
Jaime del, o.cit. pág. 382.
(43) BURGO Jaime del, Historia General de Navarra..., o. cit., nota 17, pág. 398.
(44) CARASATORRE VIDAURRE Rafael, Constitución o Fueros, Cintruénigo, Fundación
Cultural Navarra, 2008, 594 pp. Este reciente libro recoge todos los textos legales sobre este tema,
con algunas introducciones que sitúan el marco histórico.
(45) GARRALDA ARIZCUN José Fermín, "El primer ensayo liberal en Pamplona: las
elecciones municipales de 1813”, en el Congreso Internacional “Guerra, sociedad y política (1808-
1814). El Valle Medio del Ebro”, Universidad Pública de Navarra, Pamplona-Tudela, 21 al 24-XI-
2007.
(46) BURGO Jaime Ignacio del, Origen y fundamento… o. cit. nota 23, pág. 91 y 101-102.
(47) LARREA José de, “Episodios de la Batalla de Vitoria”, en VV.AA. Conmemoración del 150
aniversario de la Batalla de Vitoria. 1813-1963, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1963, 148 pp. + 9
s.n., pág. 127-143.


3. LAS CORTES DE CÁDIZ DE 1812. EL IDEARIO DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA HERENCIA POLÍTICA DE
ESPAÑA

Por José Fermín GARRALDA ARIZCUN
Doctor en Historia (Navarra – España)
Texto a partir de la conferencia impartida en Zaragoza,
12 de abril de 2008

SUMARIO:

1. Introducción
2. Tres tendencias políticas en España hacia 1812
3. Tres tesis sobre el afrancesamiento de la constitución de 1812:
3.1. Tesis 1ª: La influencia francesa en la Constitución de 1812 fue una
más entre otras influencias.
3.2. Tesis 2ª: La Constitución de 1812 fue una copia servil a la francesa de
1791.
3.3. Tesis 3ª: La Constitución de Cádiz estuvo muy influida por las
Constituciones francesas.
4. Argumentos que demuestran el afrancesamiento de la Constitución de
1812:
4.1. Los autores
4.2. Los diputados liberales dijeron que iban actualizar la monarquía
tradicional. El “dicho” contra el “hecho”: testimonios liberales.
4.3. Testimonios tradicionalistas para quienes España tenía su propia
Constitución natural o histórica
4.4. Los historiadores opinan sobre el “afrancesamiento” de la Constitución
de 1812.
4.5. El “afrancesamiento” de la Constitución de 1812 en la conciencia de
los realistas y liberales navarros de 1820.
5. Conclusiones
6. Bibliografía y fuentes documentales

1. INTRODUCCIÓN
Estas páginas se centran en la Constitución de 1812, próxima en el tiempo y
contradictoria en sus contenidos al levantamiento religioso, patriótico y monárquico español
de 1808 (estamos en su bicentenario) contra los Bonaparte, que representan la Revolución
francesa moderada o conservadora. Digamos que en este levantamiento participaron
ilustres navarros como el famoso guerrillero Francisco Espoz y Mina, del que José María
Iribarren cuenta cómo por entonces rechazaba dicho texto constitucional, aunque después,
por despecho, abrazase la causa liberal. Siguen los testimonios de la época, las
investigaciones de historiadores clásicos y recientes y de diversos constitucionalistas
actuales, y algunos datos significativos sobre el Reino de Navarra -incorporado a Castilla en
1513-1515- y su “Cabeza” la ciudad de Pamplona.

La presente aportación tiene un carácter histórico y demostrativo. Se funda en
fuentes bibliográficas por abarcar todo el ámbito español peninsular, aunque también
conozcamos las fuentes archivísticas del Ayuntamiento de Pamplona y del Archivo General


de Navarra del s. XVIII hasta 1833, y, para 1820-1823, también del Archivo Provincial de
Santander. Así, la historia general se conecta con la historia local y Regional.

Hace ocho años, con el título “La influencia del ‘europeísmo’ en España desde la
Revolución Francesa” (abril, 1999) mantuve en una conferencia las dos tesis siguientes : 1ª)
Las ideas revolucionarias y anticristianas en España no son endógenas, es decir propias,
sino exógenas, pues primero se formularon y cuajaron fuera de España -Inglaterra,
Francia...-, y después llegaron a España conducidas por minorías activas; 2ª) Las reformas
propiamente españolas –novadores hacia 1680, ilustrados tradicionales en la segunda
mitad del s. XVIII y renovadores desde comienzos del s. XIX-, fueron desvirtuadas por los
revolucionarios liberales. Es más, la mayoría del pueblo español estuvo apegado a una
concepción católica y tradicional de la vida y de la política, separándose de los políticos
liberales en 1814, 1820-1823 y tras 1833, originándose un fuerte distanciamiento entre la
España real (con minorías liberales) y la oficial.

Adelanto algunas de nuestras conclusiones de este trabajo al impaciente lector.
Considero que la Constitución liberal de 1812 supuso una importantísima revolución
política, culminó la revolución naciente en las ideas de algunas minorías en España, rompió
con la tradición social y política de la monarquía española o bien con la Constitución
histórica de España, estuvo muy influida de la Constitución francesa de 1791, y siguió las
ideas revolucionarias de Francia y, en mucho menor grado, de Inglaterra. Las
Constituciones posteriores del s. XIX, conservadoras o progresistas, siguieron, con
oportunos matices, el modelo liberal inaugurado en 1812. La Constitución de 1837 también
estuvo influenciada por la Constitución belga, y la de 1845 por el modelo francés. Si para
algunos este tema puede ser poco significativo, quizás sea por un improcedente apriorismo
de no aceptar la influencia extranjera en la revolución liberal, por no profundizar en la
historia de las ideas, o bien por considerar estas últimas irrelevantes a beneficio de una
orientación únicamente economicista.

Para que este trabajo no sea innecesariamente prolijo, es obligado sintetizar. Tomemos
como punto de partida la opinión del folleto anónimo y demostrativo titulado “¿Por qué
cae la Constitución en España?” (1), publicado en la época de la primera Constitución.
Después de destacar algunas afirmaciones nucleares, examinaremos qué hay de verdad
en lo que dice al respecto. Entre otras muchas, este folleto desarrolla las ideas
siguientes:

a) Los constituyentes de Cádiz afirmaron que deseaban asegurar las Leyes
Fundamentales, aunque las trocaron por otras destruyendo dichas Leyes.
Presentaron sus innovaciones diciendo retomar la tradición política española, pero
para modificarla esencialmente. Así, pretendieron fundar España y hacer una
Revolución en las leyes y, desde ellas, remodelar la sociedad española, católica y
tradicional.

Dice el folleto: “Es cierto que las Cortes, según se lée en el encabezamiento ó
prólogo mismo de la Constitucion política de la monarquía, no se propusieron
cambiar las leyes fundamentales, y que por el contrario, su único objeto fué
asegurar su observancia por medio de providencias oportunas: pero ello es
evidente, apesar de todas las protestaciones, que en realidad se trastornó todo el
órden antigüo, que se destruyó todo el fondo de la monarquía sin dejar de este
genero de gobierno poco mas que el nombre, que se excluyó al Monarca del
exercicio directo del poder legislativo, que se le limitó de una manera extraordinaria
el uso del executivo, que se depositó la verdadera soberanía en una junta popular
por mil titulos, y en una palabra, que se estableció en lugar de nuestra antigüa


monarquía moderada, una democracia casi absoluta” (p. 6). (La grafía es del
original).

b) El nuevo edificio político de 1812 que destruía al antiguo, se disfrazó con un
ropaje tradicional, para hacer mucho más fácil la introducción en la sociedad de las
ideas revolucionarias.

Primero los ilustrados innovadores y los afrancesados, y después los constituyentes
liberales, encubrieron, más o menos conscientemente, la influencia extranjera y la ruptura
ideológica que suponía la Constitución de 1812, y lo hicieron con una retórica de apariencia
tradicional y unos “ropajes nacionales”. Se quiso evitar que la Constitución fuese acusada
de extranjera, como fueron acusados Napoleón, su hermano José Bonaparte y la
Constitución de Bayona del 6-VII-1808. Según Palacio Atard, al apelar a las antiguas leyes
españolas, “al envolverlas en esa aureola ‘restauradora’, (las formulaciones modernas) se
hacían más fácilmente admisibles en el medio ambiente español de aquella hora, medio
ambiente de exaltación patriótica, nacionalista y antifrancesa” (p. 59).

Afirma el folleto: “Desde que se dió por sentado que las cortes debian dedicarse á
asegurar la observancia de las leyes fundamentales, no se les podia contestar el
derecho de examinar y fixar quales eran dichas leyes: y no se necesitaba mas que
disfrazar con el trage de leyes antiguas, otras, cuyo fondo fuese diverso, para obrar
una variación substancial en la antigua constitucion. He áqui justamente lo que se
hizo por medio del nuevo codigo, en que bajo el nombre de Cortes, se introdujo una
representación nacional, no solo diversa de la antigua, sino opuesta diametralmente;
en que, bajo las expresiones y apariencias mayores de respeto á la dignidad real, se
despojó al monarca de su verdadera autoridad, haciendola pasar insensiblemente al
seno del nuevo cuerpo legislativo; en que, bajo el aparato mas solemne de celo por
la religión catolica, se abrió una puerta escusada á la tolerancia; y en que, á titulo de
asegurar las Americas unidas á la peninsula, se les concedió carta de libertad y de
independencia” (p. 19-20).

También el historiador Juretschke afirma que dichos modelos innovadores procedían
de los modelos franceses, y que los liberales “(...) tenían un cuidado extremo, aun al
aceptar principios y modelos franceses, de revestirlos con trajes españoles y de
presentarlos como propios” (2).

c) Las innovaciones liberales de la Constitución de Cádiz tuvieron una intensa
influencia francesa:
Continúa el folleto: “Y lo peor es, que como las providencias dictadas por las Cortes
en estos puntos son las mismas que las dictadas por las asambleas constituyente, y
legislativa de Francia, para aniquilar el católicismo en aquel reyno; el pueblo se ha
persuadido intimamente de que el fin de nuestra constitucion, y de nuestros
legisladores es el mismo que el de la constitucion, y asambleas de Francia; es decir,
la destrucción de toda religión, y con especialidad de la católica” (p. 12). (Bastaba
recordar la labor de las Cortes de Cádiz y de los Gobiernos del Trienio Liberal).
“Adoptada en España la Constitución francesa de 1791, era necesario experimentar
efectos semejantes á los que experimentó esta nación en aquella epoca” (p. 21-21).
“¿Qué tiene pues, que esperar hoy la Constitución de parte de sus verdaderos
autores?. Lo mismo que la Constitución francesa de 91 de la convención nacional”
(p. 22).

En resumen, concluye el autor del folleto que comentamos:


“La Constitución que haya de gobernar á España, es menester que sea indigena del
país, de casta española; y nuestras antiguas leyes reunen estas cualidades sobre el
resto de sus prendas que han formado la Nación tal qual es” (p. 30).

Hasta aquí algunas de las ideas de dicho folleto relativas al tema que nos ocupa.
Ahora bien, ¿qué hay de todo esto?. ¿Fue acertado dicho publicista según la ciencia
histórica?. ¿Qué han dicho historiadores y constitucionalistas?. En su día hubo una
polémica sobre el carácter extranjerizante de la Constitución de 1812, que personalmente
considero zanjada con argumentos a favor de que la influencia francesa fue decisiva. Esta
polémica sobre las influencias de las ideas de 1812 y los estímulos constituyentes, tiene
siempre un renovado interés, y podemos volver a ella aunque estemos en condiciones de
afirmar, con sólidos argumentos, la decisiva influencia francesa o extranjera sobre la
Constitución de 1812. Negarla, pudiera encubrir una parcialidad interesada, resistiéndose a
atribuir al extranjero el mérito y originalidad de las reformas de Cádiz para adjudicárselo a
los diputados liberales gaditanos, que así aportarían algo original a la Europa
revolucionaria. Esto no impide reconocer que hay cinco elementos propiamente españoles
en dicha Constitución, aunque en cuestiones secundarias y precisamente en lo menos
liberal como es el tema religioso, ya que la Constitución admite la confesionalidad y unidad
católica, con el disgusto y tolerancia de los liberales gaditanos.

2. TRES TENDENCIAS POLÍTICAS EN ESPAÑA HACIA 1812

Desde el punto de vista religioso, en la España del siglo XVI, la influencia de la
ruptura protestante de más allá de los Pirineos, y el falso iluminismo y misticismo propios de
Castilla, precedieron al enciclopedismo y a la Revolución francesa en el tiempo, sin que
exista relación alguna entre aquellas y estas tendencias.

Si, en Francia, el protestantismo y luego el jansenismo del s. XVIII tuvieron
concomitancias con las ideas enciclopedistas, en España el jansenismo fue socialmente
reducido, conociéndose más un regalismo por otra parte coincidente en no pocos puntos
con el posterior liberalismo.

Por otra parte, si en España, desde el punto de vista político, el absolutismo
monárquico del s. XVIII fue de origen francés, se encarnó en Felipe V de Borbón, y fue
contrario a la monarquía tradicional de los Austrias, también las posteriores tendencias
revolucionarias liberal, socialistas y anarquista, fueron de origen extranjero en los sucesivos
siglos XIX y XX.

La europeización del siglo XVIII español supuso el absolutismo y el centralismo
borbónicos, éste último a partir del Decreto de pérdida de los Fueros de la Corona de
Aragón en 1707-1714. Por lo que afectaba al Reino de Navarra –cuya originalidad jurídico-
política en el s. XVIII era evidente en la Europa del absolutismo-, la política antiforal de los
ministros será patente desde 1775. Se sucedieron, como moda de la época, el
afrancesamiento de las élites de fino bastón y pelucón blanco y el racionalismo contrario al
tomismo filosófico, a las costumbres populares, y a múltiples aspectos de la vida de los
españoles en general. Apareció el sensualismo que quiso elaborar las ideas a partir de la
sola sensación y el eclecticismo o escepticismo de salón y después de tertulia y café. Tuvo
lugar el deísmo práctico -no ya doctrinal pues en España hubo pocos enciclopedistas de
este tino- frente a la Revelación y la Providencia divina, y el jansenismo de minorías de
clérigos activos que incluso estuvieron presentes en las Cortes de Cádiz, tales como
Villanueva, Espiga, Oliveros, y Ruiz Padrón. El siglo XVIII albergó el anticlericalismo de un
Mariano de Urquijo, de ciertos condes como el de Aranda, y de funcionarios como Olavide y


de otros de segunda categoría como León de Arroyal. Ahí está también el despotismo
ilustrado ministerial que culminó con Manuel Godoy, etcétera.

Digamos también que, en los siglos XVIII y XIX, entró, desde más allá de los
Pirineos, el masonismo de origen inglés (recordemos al duque de Wharton en el Madrid de
1727) dependiente de la Gran Logia de Inglaterra, o bien de origen francés como el Gran
Oriente fundado en España por las espadas, columnas y galas napoleónicas. En relación
con esta sociedad secreta -o secta-, es conocido que los momentos más radicalizados de la
política española han coincidido con su auge y presencia en las altas esferas del poder
político: el trienio constitucional (1820-1823), el sexenio revolucionario (1868-1874), y la IIª
República (1931-1939).

¿Qué decir de la reacción popular?. Durante la tranquila y apacible etapa de los
primeros Borbones posterior a 1714, en unos u otros lugares y de una u otra manera, hubo
una reacción a las innovaciones que quebraban el sentir tradicional y católico, importadas
del otro lado de los Pirineos. El siglo XVIII se inauguraba con la guerra de Sucesión (1700-
1714), de complejos perfiles, que Francisco Canals Vidal ha estudiado sobre la tradicional
Cataluña de una forma original y profunda (3). Más adelante, después de medio siglo, en
una parte de la España peninsular estallaba el motín de Esquilache (1767) con un carácter
espontáneo y vehemente, tradicional y popular, antiabsolutista y contrario al despotismo
ilustrado. El recorte de capa y sombreros decretado por el marqués de Esquilache, y la
subida de precios de primera necesidad, ocultaban problemas de mayor calado de carácter
político. Años después, tuvo lugar la guerra contra la Convención francesa por deicida y
regicida (1793-1795) –esta “Guerra Gran” fue muy popular en Cataluña- y, en la Corte,
estallará el motín de Aranjuez (1808) dirigido por élites fernandinas. Durante todo el mes
de mayo de 1808, estallaron sucesivamente numerosos motines en abundantes ciudades
de España, por cierto que muy alejadas entre sí, impulsados por una minoría fernandina,
rectora e inteligente, organizada en suma, según ha mostrado Corona Baratech (4).

¿Los precedentes de 1812?. Para algunos historiadores, la Revolución de Cádiz
sólo fue fruto de la improvisación por las circunstancias de la guerra, como en su día dijeron
Alcalá Galiano o Rico y Amat. Otros, como Comellas, creen que en Cádiz cristalizó un
proceso evolutivo previo de consolidación ideológica. En realidad, ambas afirmaciones
se concilian. Por su parte, Feijoo sembraba la posterior lucha de algunos contra los
privilegios estamentales. Otros autores criticaron la amortización de la propiedad, y
defendieron la libertad económica así como la del trabajo frente a los gremios. Es evidente
la elaboración doctrinal de Pérez Villamil, Capmany, Jovellanos etc. antes de celebrarse las
Cortes. También Rodrigo Fernández Carvajal indicó la influencia de Condillac en España
durante el ocaso del s. XVIII. En fin, es una realidad la recepción de ideas foráneas en
relación con el Derecho Político y el Derecho Natural tras 1789.

En tiempos de crisis a finales del siglo XVIII, el tradicionalismo del pueblo español
podía adaptarse a las nuevas circunstancias y ofrecer una solución a los problemas de
España. Señalemos a los ilustrados (humanistas o científicos) de corte tradicional.
Hablemos en política del Realismo renovador, compatible con una ilustración entendida
como mejora de los diferentes aspectos de la vida, mejora que sin embargo deseaban
monopolizar quienes tenían ideas racionalistas y afrancesadas. Así, en la España de
comienzos del s. XIX, no había dos tendencias políticas, liberales o patriotas y
absolutistas o serviles. Lógicamente, los calificativos de patriotas y serviles los idearon,
estableciendo una hábil y engañosa dicotomía, los mismos liberales para identificarse a sí
mismos y acusar a sus contrarios. Muchas veces se ha repetido esta dicotomía simplista y
falsa, generadora y orientadora de filias y fobias, siendo lugar común en los libros de
historia para animación y solaz de los estudiantes de los diferentes niveles académicos.


Digamos más bien que en España había al menos tres tendencias políticas. Ya es
clásica la diferenciación de Suárez Verdeguer entre conservadores o absolutistas,
tradicionales o renovadores, y liberales o innovadores (5). También Carlos Corona Baratech
diferencia unos grupos similares a estos en relación con los ilustrados del s. XVIII, como
antes analiza a los novadores de Castilla a finales del s. XVII bajo el reinado de Carlos II el
Hechizado (6). Coinciden con Suárez otros historiadores como Comellas, Andrés-Gallego,
Fernández de la Cigoña (7) etc. Realista renovadora en política, es decir, no absolutista,
era la monarquía de los Austrias a pesar de algunas tendencias cesaristas como el conde-
duque de Olivares.... Lo era la defensa de los Fueros por la Corona de Aragón en 1705-
1714 –entre otros móviles de la guerra de Sucesión española-, el motín de Esquilache de
1767, la defensa que el Reino de Navarra hizo de sus Fueros frente al absolutismo desde
1775 hasta 1829 y en adelante, el Manifiesto de los Persas de 1814, las tesis del P.
Francisco Alvarado en sus Cartas inéditas que comenzó a escribir en 1810 etc. (8). Y luego
los realistas de 1821-1823 y los carlistas de 1833.

Según esto, no sólo los afrancesados querían reformas. Las tendencias
reformistas incluían la posición popular del motín de Esquilache de 1767, la postura
aristocrática del motín de Aranjuez de 1808, la posición jovellanista durante la preparación
de las Cortes de 1812, los partidarios de que el Reino de Navarra y sus vecinas
Vascongadas mantuviesen sus instituciones forales, todo ello sobrepasando los límites
reducidos del Liberalismo. Los liberales, más que una reforma hicieron una verdadera
Revolución, que fue pacífica en las Cortes, aunque se hizo sin los españoles y en contra de
sus creencias, mentalidad, valoraciones y formas arraigadas de vida. Luego llegaron los
conflictos de todos conocidos.

Óleo y vista panorámica del puerto de Cádiz.
Siglo XIX

3. TRES TESIS SOBRE EL AFRANCESAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE
1812.

¿Qué es una Constitución ? . En un sentido amplio, una Constitución es el
instrumento técnico que tiene el Derecho para articular, mediante normas jurídicas, la
estructura básica de la comunidad civil en el ámbito político, así como la posición de las
personas y las comunidades intermedias en él y ante él. Ahora bien, hay Constituciones
históricas o tradicionales, llamadas Leyes Fundamentales en España, o Constituciones
liberales como la de Cádiz cuyas influencias extranjeras vamos a analizar en este trabajo.
Una Constitución se define como “el Derecho fundamental que define un régimen político”
(Sánchez Agesta). El liberalismo pudo polarizarse en la delimitación de los derechos
individuales y en otros aspectos con el objeto igualmente de limitar al poder político. Por su
parte, el pensamiento no liberal se centraba en la protección y el desarrollo armónico


(orgánico) de la comunidad civil en el tiempo, y en aquello que la suprema potestas (los
poderes de la familia real) podía y debía servir en aras a dicha protección y desarrollo
social (8b).

La Revolución francesa no sólo se circunscribió a Francia, sino que fue un hecho de
proporciones universales. La Constitución de 1812 se elaboró mientras el pueblo español
se enfrentaba a muerte a Napoleón, envuelto aquel en la bandera de la Religión católica, de
la Patria española y del Rey Fernando VII. Esta emblemática guerra fue por la
Independencia frente a los usurpadores Bonaparte y, sobre todo, frente al anticristianismo y
el despotismo que significaban el afrancesamiento, las ideas enciclopedistas, y la
Revolución francesa, uno de cuyos epígonos conservadores fue el gran corso Napoleón. El
texto constitucional fue expresión de las ideas liberales de una minoría de españoles que se
llamaron patriotas, aunque contradictoriamente siguieron el ejemplo de la Revolución
francesa en plena guerra. El pequeño y resuelto grupo de diputados de Cádiz -sobre todo
los llamados suplentes-, formado en el filosofismo del siglo XVIII, introdujo, mediante
procedimientos anómalos y buscando la ocasión propicia, el espíritu y las instituciones de la
Francia revolucionaria. Este grupo de personas sustituyeron la suprema potestas
(”soberanía” relativa o limitada) del monarca por la llamada soberanía esencial de la Nación
(Art. 3), y cambiaron las Leyes Fundamentales por una Constitución escrita con
mayúsculas.

Fernández de la Cigoña, al analizar la labor de las Cortes de Cádiz, recuerda un
importante tema resuelto por otros autores cuando afirma: “No insistiremos en la tan
debatida cuestión de si la Constitución española fue o no copia de la francesa de 1791,
como Vélez no sólo indicó sino intentó demostrar. La tesis contraria fue defendida
últimamente por Diego Sevilla Andrés, siendo apoyado después por Artola. Suárez da la
razón a Vélez y, tras el estudio de Diem, la cuestión de la influencia de los textos galos de
1789, 1791, 1793 y 1795 y de la constitución de Bayona en la de Cádiz resulta inapelable”
(9).

La influencia de las ideas extranjeras en los liberales de Cádiz ha sido estudiada
por historiadores y constitucionalistas, que han configurado tres posturas básicas que
pasamos a analizar.

3.1. Tesis 1ª: La influencia francesa en la Constitución de 1812 fue una más
entre otras.
Quienes esto defienden, ofrecen una visión idealizada de las instituciones
medievales, y mantienen que las Cortes de 1812 actualizaron las instituciones tradicionales.
Además, señalan la influencia de otros países como Inglaterra. Así, la Constitución de 1812
tendría importantes rasgos de originalidad española.

Para Diego Sevilla Andrés, la Constitución de 1812 estuvo fuertemente influida -
además la innegable pero menor influencia francesa de Montesquieu-, por la experiencia
inglesa, es decir por Locke y el filósofo Bentham. Es más, dicha Constitución sería un
compromiso entre los principios tradicionales y los revolucionarios, de suerte que la
influencia de la Constitución francesa de 1791 sería una influencia más. A Sevilla Andrés le
sigue el profesor Miguel Artola en cuanto aquel pretende deshacer los argumentos del P.
Vélez y señala que el rey mantenía sus competencias. Le acompaña el historiador Jover
que destaca el tema religioso como elemento que diferencia la Constitución gaditana y la
francesa de 1791 y otras posteriores. También le apoya Manuel Martínez Sospedra, que
afirma la diferencia entre ambas constituciones por lo que respecta a la naturaleza y
limitación del poder, a la soberanía y la concepción de los derechos individuales, y a los
poderes y organización de estos. No obstante, éste último reconoce que la de Constitución
de Cádiz tiene alguna influencia de la de francesa de 1791. Pues bien; todos ellos piensan
que la Constitución de 1812 es original, y que la afirmación del capuchino Fr. Rafael Vélez


realizada en 1813, según el cual la Constitución de 1812 era copia de la francesa de 1791,
es exagerada. Sin embargo, la idea de dicha originalidad española no es nueva, pues la
lanzó el liberal Francisco Martínez Marina en 1813 (10), seguramente con la idea de
mostrar la fidelidad de la labor de las Cortes respecto al texto de su convocatoria, que
hablaba de reforma y no de ruptura, y también para evitar la oposición del pueblo español el
nuevo texto constitucional.

Por su parte, Vicente Palacio Atard afirma la dualidad de raíces españolas y extranjeras,
aunque con poco convencimiento, de manera que soslaya el tema de las influencias y
dirige la atención a otros aspectos, desplazando el plano ideológico por el sociológico.
Así es cuando afirma que los constituyentes de Cádiz eran continuadores de las ideas y
obras del gobierno del siglo XVIII, pero imprimiéndoles un nuevo sello y acelerando su
ritmo. Serían “los hijos díscolos de la Ilustración” afrancesada, en cuanto opuestos al
despotismo por muy ilustrado que fuera (11). Ahora bien, preguntamos, ¿es que las
ideas y obras del despotismo ilustrado eran propias de la tradición española, y
respetaban las leyes y costumbres de su monarquía social y católica?. ¿No eran
similares a las nuevas ideas imperantes en Europa desde Lisboa hasta Moscú?. ¿No
marcaba Francia la moda en las costumbres y hasta en la lengua a lo largo y ancho de
toda Europa?. ¿No se hablaba habitualmente francés en la Corte ilustrada de la zarina
Catalina la Grande?. ¿Y qué decir de las ideas, de la Enciclopedia y de los folletos y
panfletos prerrevolucionarios, expandidos en Francia y hasta en Versalles, incluso si nos
retrotraemos hasta los tiempos de Luis XIV y del gran Bossuet?. Muchas preguntas
estas que pasaremos a clarificar.

3.2. Tesis 2ª: La Constitución de 1812 fue una copia servil a la francesa de
1791, de manera que la influencia española fue nula. La Constitución de 1812 sería
extranjerizante y buscaría crear un Estado Nuevo.

Esta tesis la defiende y argumenta–aunque no en todas sus partes con éxito-, el
fraile Rafael Vélez, que fue Obispo de Ceuta y Arzobispo de Santiago, en su Apología del
Altar y del Trono (1818). Este autor fue el primero que comparó en columnas paralelas las
Constituciones francesa de 1791 y de Cádiz de 1812, encontrando 99 artículos semejantes.
Esto le llevó a concluir que “la Constitución de Cádiz está copiada en su mayor parte de la
de los asambleístas de París”. Así, la Constitución de 1812 sería un plagio de la francesa
de 1791 (12). Sevilla Andrés y Martínez Sospedra (1975) creen que esta postura del P.
Vélez es excesiva, aunque otros autores valoran positivamente sus tesis fundamentales.

En su Apéndice a las Apologías (Valencia, 1820-1825), el P. Vélez escribió: “No
tengo más objeto que manifestar: 1º Que las reformas hechas por algunos pocos españoles
contra la religión y el Estado en tiempo de las llamadas Cortes, todas han sido las mismas
que las que los filósofos de la Francia trataron de realizar para acabar con los tronos y
destruir la Iglesia de Jesucristo” (13). Según el P. Vélez, “hay un paralelismo entre las
medidas tomadas en España y los proyectos y medios empleados en Francia contra la
religión católica”, y cree que “las Cortes de Cádiz apuntaban con sus medidas al mismo
objetivo que los revolucionarios de Francia” (14).

Si bien el P. Vélez exagera algunos paralelismos, otros que señala son “más
razonables y profundos, (y) permanecen intocables”. Por ejemplo, el relativo a la estructura
del texto de 1812 cuyos 10 títulos presentan notables similitudes con la Constitución de
1791, el carácter similar de los principios de ambas constituciones, así como de las
instituciones creadas. Sabemos que el padre Vélez fue perseguido por los liberales durante
el Trienio Liberal y luego en 1835-1844 al oponerse a la desamortización y exclaustración
de frailes.


3.3. Tesis 3ª: La Constitución de Cádiz estuvo muy influida por las
Constituciones francesas. Esto suaviza la conclusión del P. Vélez que se mantiene en
lo fundamental. No hay influencia española en la Constitución gaditana, salvo en el
ropaje y poco más. Como dice el P. Vélez, la Constitución de 1812 tiene un carácter
extranjerizante y no pretende mejorar y actualizar las instituciones tradicionales sino
crear un Estado Nuevo.

Según diversos autores, a comienzos del siglo XIX las masas estaban convencidas
“de que no existía tradición nacional histórica que condujese a un constitucionalismo
moderno” (15). Por otra parte –y como ya hemos dicho- había un “convencimiento casi
unánime de que era necesaria una reforma de las estructuras institucionales del Antiguo
régimen”, expuesto desde diversas mentalidades según Palacio Atard (16).

Para esta tesis, no hay divergencia entre las Constituciones de 1812 y la francesa de
1791. No en vano, Joaquín Villanueva no pudo encontrarlas en 1820, y demostrar la raíz
tradicional de la Constitución de 1812 es más que trabajoso, e incluso imposible según
Sánchez Agesta.

Desde su origen hasta hoy, en numerosas ocasiones se ha señalado el
afrancesamiento a la Constitución de 1812. Por ejemplo, en el Manifiesto de los Persas del
4-V-1814 –propio del realismo renovador o tradicional español-, cuyos 69 firmantes serán
perseguidos durante el Trienio Liberal. Fernando VII, al anular la labor gaditana, dijo que
ésta había copiado los principios revolucionarios y democráticos de la Constitución
Francesa de 1791. Así mismo, un conocido autor como el P. Francisco Alvarado, el “filósofo
Rancio”, afirma en sus Cartas críticas... (4 vols., Madrid, 1824-1825) que la Constitución era
un “trasunto de la francesa”, y, en su quinta carta de sus Cartas inéditas -comenzadas a
escribir en 1810- dice que España tenía su propia Constitución, y que era “la más completa
y racional de cuantas se conocían en el mundo” (17). El marqués de Miraflores (Memorias,
1843, p. XXIII) señala que “esa misma Constitución escrita, dada en Francia en su primer
ensayo constitucional, fue por la que se modeló la Constitución de 1812 en Cádiz”.

Además de estos autores de tendencia realista, la notable influencia de las
Constituciones francesas en la de Cádiz también es afirmada por los liberales Alcalá
Galiano (1846) –“exacta copia del original francés”-, Martínez de la Rosa –“mostraba
sobradamente su origen extranjero”-, y Rico y Amat (1860 y 1862) –habla de “una
exactísima traducción, una copia fiel de la Constitución de Francia de 1791”-. Esta misma
tesis sobre la procedencia francesa la mantienen los tradicionalistas Jaime Balmes (1840) –
dice que el pueblo español no estaba aclimatado a la llamada escuela filosófica francesa-,
Donoso Cortés, el historiador Menéndez y Pelayo, Posada (1928), Fernández Almagro
(1928) y un largo etcétera.

Por su parte, más recientemente, los constitucionalistas Sánchez Agesta (18) y García-
Gallo piensan que las instituciones tradicionales española se vaciaron en un molde
francés. Se trataría de ideas modernas, pero a veces revestidas con un ropaje antiguo.

En el s. XIX, Menéndez Pelayo defendió la importante influencia francesa en la obra
gaditana. Con un método más moderno y elaborado, también lo defienden -aunque con
algunas discrepancias secundarias por lo que respecta a su grado- historiadores actuales
como Warren Martín Diem (19), Comellas García-Llera, José Andrés-Gallego, Ismael
Sánchez-Bella, Federico Suárez, Carlos Flores Juberías, Fernández de la Cigoña,
Alexandra Wilhelmsen y un largo etcétera. Diem consolida la tesis del P. Vélez, y añade
otras fuentes francesas. Según Carlos Flores Juberías, aún sin ser un vulgar plagio o una


copia servil de la Constitución francesa de 1791, la de Cádiz es “largamente deudora de
ésta (francesa) en cuanto se refiere a sus principios e instituciones” (20).

Si los liberales insistieron que España carecía de constitución política, ¿a dónde
fueron a buscar el modelo?. No lo buscaron en la España tradicional sino en la Francia
revolucionaria. Podían haber mantenido y actualizado las Leyes vigentes olvidadas por la
práctica absolutista y el despotismo ministerial. Podían haber recuperado instituciones
perdidas; podían haber mirado el ejemplo del Reino de Navarra propio de la monarquía
renovadora, Reino éste tan ensalzado por los liberales aunque luego lo igualaron a todas
las demás provincias, consumando así la política antiforal de Godoy contra el viejo Reino,
incorporado de forma “eqüe-principal” a Castilla en 1513-1515. Podían haber hecho todo
esto y más, pero no fue así.

Fragmento de la portada de una edición de la Hubo numerosas ediciones de la
Constitución de Cádiz de 1812. Constitución española de 1812
“Se hallará suelta en Madrid en la calle de
Carretas librería de Sanz”

4. ARGUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL AFRANCESAMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1812

Llegamos al núcleo de nuestra demostración.

4.1. Los autores
El verdadero autor de la Constitución de 1812 fue el afrancesado Antonio Ranz
Romanillos, que primero estuvo en Francia, llamado por Napoleón para redactar –y
firmar- la Constitución de Bayona del 6-VII-1808, luego regresó a España al servicio de
José Bonaparte y, después, por patriotismo, por despecho al no ser nombrado ministro,
o bien porque los franceses perdieron la batalla de Bailén, se pasó a las filas de la Junta
Central antionapoleónica. Fue él quien presentó un Proyecto a la Comisión, que los
liberales llevaron al Pleno de las Cortes casi intacto, donde fue aprobado.

Muchos diputados de Cádiz estudiaron en la Universidad de Salamanca bajo los
rectorados de los intelectuales liberales Tavira o de Muñoz Torrero. Quizás influyese en
ellos, y en los muchos clérigos que asistieron a las Cortes, la doctrina de la transmisión
del poder mantenida en la escuela de Salamanca, relativa al origen divino del poder y la
transmisión de éste al pueblo organizado, que lo delega al gobernante. En tal caso, los


doceañistas vaciaron de significado esta doctrina tradicional en el molde moderno o
revolucionario de la soberanía nacional.

Los diputados de 1812 quisieron imitar con toda fidelidad a los hombres de las
Asambleas revolucionarias francesas. Fernández Almagro señala que del total de 308
diputados (Suárez Verdeguer dice que juraron la Constitución un total de 302), había 97
eclesiásticos, 137 procedentes de las profesiones liberales (entre ellos 60 abogados) y
funcionarios públicos, 56 miembros del Ejército y la nobleza titulada,15 propietarios y 5
comerciantes. Es decir, no se trata de las clases medias (industriales y comerciantes)
sino de los sectores instruidos. La clase media silenciosa no participó en la acción de
Cádiz, ni la respaldó, y el pueblo en general de toda España no prestó su consenso a la
obra gaditana (21).

Para explicar cómo tan pocas personas pudieron tanto, esto es, saltarse la legalidad de
la convocatoria a Cortes y sustituir las Leyes Fundamentales por una Constitución
antiespañola y ajena al sentir de la nación española, hay que volver la mirada al
“despotismo ilustrado” del siglo XVIII, a la crisis de la política absolutista de fin de siglo, y
a la crisis económica de la Hacienda Real de Carlos IV. También hay que advertir la
existencia de una ocasión bien aprovechada, provocada por la guerra contra los
Bonaparte, la naturaleza de las nuevas ideas liberales que halagaban un haz de
sentimientos humanos mientras su carácter racionalista las hacía fácilmente inteligibles,
la capacidad organizativa de los liberales que ocuparon cargos intermedios, y la valía
dialéctica de estos que, además, ocultaban la revolución en ropajes nacionales.

Un folleto anónimo de un afrancesado, publicado en Madrid en 1813 bajo el título
Examen analítico de la Constitución política..., mostró que: “la comisión (de Cortes) ha
esforzado sólo su ingenio para introducir en España la Constitución francesa del 91,
aunque en la forma de las elecciones se ha separado de ella tomando la base y modelo de
la que ha adoptado la Constitución, también francesa, llamada del año 8” (26).

4.2. Los diputados liberales dijeron que iban actualizar la monarquía
tradicional. El “dicho” contra el “hecho”: testimonios liberales.
¿Es verdad que la Constitución de 1812 se inspiraba y actualizaba la monarquía
tradicional -no absolutista- como decían los prohombes liberales?. La respuesta es
negativa. La convocatoria a Cortes disponía una cosa y los diputados liberales hicieron otra
aprovechando la ocasión. Citemos unos ejemplos.

El deseo de actualizar la monarquía tradicional lo expresaba la Regencia cuando
convocó Cortes el 10-VI-1810 para “establecer y mejorar la Constitución fundamental de la
Monarquía”, y no para hacer otra Constitución nueva. El presidente de las Cortes, Ramón
Giraldo, diputado por La Mancha, dijo el 25-VIII-1811: “Hoy se empieza a discutir el
proyecto formado para el arreglo y mejora de la Constitución política de la Nación
Española” (22). Oliveros, vocal de la Comisión, afirmó que lo que se estaba haciendo era
“explicar su Constitución, perfeccionarla y poner tan claras sus leyes fundamentales”, para
que jamás se olvidasen y siempre se cumpliesen (23). También lo dijo el liberal Argüelles,
cuando en su Discurso Preliminar de la Comisión, y con el objeto de oponer la monarquía
limitada a la absoluta del siglo XVIII, confundía la monarquía limitada o tradicional con la
constitucional liberal, en vez de identificar aquella con la monarquía efectiva de los Austrias.
Asimismo, Argüelles afirmó -en el debate sobre la soberanía nacional- que no se buscaba
una Constitución nueva, sino restablecer la antigua “mejorándola en todo lo que
conviniese”, afirmación ésta que no se correspondía a lo que años después escribirá en La


reforma constitucional (24). También era falsa la afirmación de Muñoz Torrero, según el
cual “sólo hemos tratado de restablecer las antiguas Leyes de la Monarquía”, pues la
Comisión constitucional, presidida por él, jamás consultó las Leyes fundamentales que
decía desear restablecer (25). La misma confusión existió en el preámbulo de la
Constitución de 1812, cuando la asimilaba a “las antiguas leyes fundamentales de esta
monarquía”, o en el Manifiesto destinado a la Nación donde se anunciaba el fin último de la
nueva Constitución de 1812. Para Tomás Villarroya, Suárez Verdeguer, Palacio Atard y
otros muchos autores, esta confusión entre monarquía tradicional y la constitucional liberal
se debía a la ignorancia, a desear dotar al nuevo texto de la autoridad de la historia, y a no
querer presentarlo al pueblo español, mayoritariamente tradicional, como una novedad
peligrosa y foránea.

4.3. Testimonios tradicionalistas para quienes España tenía su propia
Constitución natural o histórica.
Si para los liberales España carecía de Constitución antes de 1812 –lo que no era
cierto según sus oponentes-, era lógico que la nueva Constitución no actualizase las
instituciones tradicionales sino que pusiera cualesquiera otras nacidas en su propia época,
esto es, otras de carácter revolucionario. ¿Qué dijeron los tradicionalistas de entonces?.

En relación con la convocatoria a Cortes, el ilustre y castizo Jovellanos -tan mal
conocido cuando algunos quieren convertirlo en liberal- afirmó en su dictamen -de
orientación tradicional- a la Junta Central, depositado poco antes de 1812, lo siguiente:

“Y aquí notaré que oigo hablar mucho de hacer en las mismas Cortes una
nueva Constitución, y aun de ejecutarla; y en esto sí que, a mi juicio, habría mucho
inconveniente y peligro. ¿Por ventura no tiene España su Constitución?. Tiénela, sin
duda; porque ¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de Leyes
Fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos, y los medios
saludables de preservar unos y otros?. ¿Y quién duda que España tiene estas
Leyes y las conoce?. ¿Hay algunas que el despotismo haya atacado y destruido?.
Restablézcanse. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la observancia de
todas?. Establézcase. (...)
Tal será siempre en este punto mi dictamen, sin que asienta jamás a otros
que, so pretexto de reformas, traten de alterar la esencia de la constitución
española. Que en ella se hagan todas las mejoras que su esencia permita y que, en
vez de alterarla o destruirla, la perfeccionen” (27). Así, no podía la nación “destruir
su antigua constitución para formar una del todo nueva y diferente” aunque sí podía
reformarla “conservando la forma esencial de nuestra monarquía, y asegurando la
observancia de las Leyes fundamentales”, mejorándolas en lo posible, moderando el
poder real y los privilegios gravosos, y conciliando uno y otro con los derechos de la
nación (28).

En las mismas Cortes, un diputado tradicionalista por Sevilla, Francisco Gómez
Fernández, exigió o retó, sin éxito hasta ser acallado con violencia verbal, que se
estableciera con claridad y firmeza la vinculación de los artículos del proyecto
constitucional con las antiguas leyes españolas, pues no veía esta vinculación por parte
alguna a pesar de proclamarlo los liberales. En efecto, era imposible mostrar la raíz
tradicional de la Constitución de 1812 (29), y los intentos posteriores de los liberales,
Joaquín Villanueva y Agustín Argüelles, fueron vanos.

En este mismo sentido, Suárez recoge la siguiente afirmación del sacerdote
Llaneras, diputado tradicionalista por Mallorca:
“La Nación española está constituida; tiene cabeza, que es Fernando VII, a quien
V.M. en el primer día de su instalación juró solemnemente por su Rey y por su


Soberano. Y si las Leyes fundamentales de la Monarquía o su Constitución
necesitaban de mejorarse, esto mismo supone su actual existencia, porque no se
mejora sino lo que se supone ya existente. Bajo esta consideración enviaron las
provincias comitentes a sus diputados, no para dar a la Nación española una nueva
Constitución fundamental, sino para mejorar la que hay de un modo que sea digno
de esta Nación; veáse la convocatoria de las Cortes a que se refieren los poderes
de sus diputados” (30).

De la misma manera, el Manifiesto de los Persas, del realismo renovador o
tradicional, representaba a Fernando VII el 12-IV-1814 lo siguiente:
“ (...) Sentimos que para hacer disculpable la Constitución de Cádiz, se haya
envuelto al Pueblo en la creencia de que a ella deben su libertad, siendo así que se
la han conseguido las armas Aliadas, a los valerosos soldados Españoles bajo la
dirección del inmortal Wellington (...) y también se le ha hecho creer que nuestros
Reyes no tenían ni se gobernaban por Constitución, que eran unos déspotas, los
súbditos esclavos, y que era menester arrancarles el cetro de hierro, o atarlo para
mantener ilesa la libertad, la igualdad, los derechos imprescriptibles del hombre (...).
Sí, Señor, Constitución había, sabia, meditada, y robustecida con la práctica y
consentimiento general (...). Pero, Señor, algún tiempo hubo despotismo ministerial
digno de enmienda; más éste no es falta de Constitución, ni defecto en ella, sino
abuso de su letra” (párrafo 103). “(...) si bien el antiguo despotismo ministerial había
cometido abusos, este no fue defecto del sistema” (párrafo 41). “Si, pues, había
constitución meditada y ratificada por siglos, y su observancia causó la felicidad del
Reino, era consiguiente que las leyes de España recopilasen las atribuciones de
estas Cortes (...) (párrafo 115) (31).

Incluso un Informe del diputado gaditano, liberal sui generis, Antonio de Capmany,
que en algunos importantes temas tenía una concepción tradicional fruto de su maduro
estudio e investigación, afirmó:
“Asegurar, como dicen algunos, que jamás ha gozado España de una Constitución
que contuviese en sus justos límites la autoridad soberana y las pretensiones de los
vasallos, es ignorar nuestra historia, nuestras leyes (...)” (32).

4.4. Los historiadores opinan sobre el “afrancesamiento” de la Constitución
de 1812
Según Suárez Verdeguer, la convocatoria y los problemas planteados por las Cortes
de 1812 fueron análogos al caso francés. Me refiero a la composición estamental o no de
las Cortes, al número de Cámaras, a la forma de votar, etc. (33). Afirma: “Fueron los
diputados de las Cortes de Cádiz, el pequeño y resuelto grupo conformado intelectualmente
por los “filósofos” del siglo XVIII los que, con el Nuevo Régimen (el Régimen Liberal),
introdujeron el espíritu y las instituciones de la Francia revolucionaria, sustituyendo la
soberanía del Rey por la de la nación y las leyes Fundamentales por la Constitución (con
mayúsculas) de la Monarquía española” (34). En otro orden de cosas, para Suárez son
claros los argumentos históricos que muestran que la Constitución de 1812 se debía mucho
a la francesa de 1791. Tanto él como otros autores, en coincidencia con el autor del folleto
“¿Por qué cae la Constitución en España?”, ofrecen numerosos argumentos.

A continuación, enumeramos la gran similitud en los procedimientos, la convocatoria y el
desarrollo, los contenidos, la redacción y la estructura, observados entre la Constitución
de 1812 por una parte, y las ideas y Constituciones de la Francia revolucionaria por otra.
Estas últimas fueron un claro precedente de la Constitución de 1812 tanto en el plano
teórico como en el de la ejecución.


1. Como en Francia, no se consultó la Ley para reunir las Cortes, sino que “se trató (...)
como una cuestión académica sacada a concurso, de modo teórico, sin la menor
atención a la experiencia de los siglos y de las generaciones anteriores”.
2. Como en Francia, el 18-VI-1810 la Regencia -extralimitándose en sus funciones-
convocó las Cortes con una Cámara única y sin estamentos, soslayando el proyecto de
Jovellanos que la Junta Central había aceptado el 29-I-1810, proyecto que convocaba
Cortes de dos Cámaras, la de diputados que representaban a los no privilegiados, y una
Cámara alta con los estamentos privilegiados (lex-privata) de la nobleza y clero.
3. Como en Francia, se apeló al pueblo utópico, convertido en ente de razón, y no al
pueblo real y concreto que luchaba a muerte contra los Bonaparte.
4. Como en Francia, se dio a los diputados facultades absolutas e ilimitadas, como si
nada les obligara, y se dijo que representaban a toda la Nación y no tan sólo a la
provincia a la que decían servir –pues en realidad no hubo elecciones-.
5. Como en Francia, no hubo una verdadera representación social en las Cortes a la
hora de arrancar el edificio social, jurídico y político del Reino, ya por cambiar el objetivo
de la convocatoria, ya por fallar el mandato imperativo y juicio de residencia, ya por el
grave problema de los suplentes nombrados de forma irregular e interesada.
6. Como en Francia, se rompió con las Leyes Fundamentales “que hundían sus raíces
en la realidad histórica, (y razonaban) con argumentos apoyados por leyes, tradiciones y
costumbres”, rompimiento aquel efectuado a beneficio de teorías abstractas y razones
de oportunidad.
7. Como en Francia, se hizo tabla rasa con la realidad espacio-temporal, creyendo que
España carecía de Constitución política, a beneficio del acuerdo de los individuos
presentes en las Cortes.
8. Como en Francia, los liberales pretendían que la Constitución fuese la liberación y la
única norma de ciudadanía y patriotismo, e identificaban con la esclavitud a todo
fundamento diferente a la soberanía nacional y como servil y enemigo del pueblo a quien
no aceptaba el texto constitucional.
9. Como en Francia, se olvidaron de las reformas a beneficio de la revolución, y se
soslayaron los problemas más urgentes, vitales e inmediatos. Estos problemas se
agravaron, creándose otros mucho más dramáticos y persistentes, que –además-
dividieron lamentablemente una comunidad política fuertemente unida antes frente a
Napoleón. Esta división era evidente cuando se realzaba excesivamente, frente al
pueblo que defendía a España ante el gran corso, a una minoría de españoles con ideas
revolucionarias o afrancesadas.
1. Como en Francia, se realizó reformas eclesiásticas de forma unilateral, a
espaldas de Roma, conforme al viejo regalismo absolutista anterior.

Sí, todo ello como en Francia.

11. Como en Francia, y siguiendo al abate Sieyès, la nación era soberana como poder
constituyente al igual que las Cortes que definían la Constitución, no estando la
soberanía nacional en continuo ejercicio sino que encarnándose en la Constitución.
12. Como en Francia, el impulso centralista y uniformador, antiforal, está implícito en la
misma idea de soberanía nacional.
13. La imitación gaditana a la Constitución francesa de 1791 fue en la letra, pues
hay coincidencias, a veces literales, de no pocos artículos constitucionales, decretos y
hasta de la secuencia seguida para efectuar las reformas realizadas.


14. La imitación también fue en la estructura del texto constitucional, pues la
estructura de la Constitución gaditana difiere totalmente del desorden con que hasta
entonces estaban recopiladas las Leyes fundamentales españolas, estructura que además
se asemeja a la propia de las Constituciones francesas (35).
15. La imitación también fue en los signos pues, por ejemplo, el diputado Mejía
Lequerica, en la sesión de 8-XII-1810, propuso que los diputados jurasen no separarse
hasta implantar en España una Constitución, como en el asamblea Nacional del Juego de
la Pelota francesa inmortalizada por el pintor David.
16. La imitación fue en la aplicación de la libertad de imprenta, que al parecer
sólo se extendía a los escritos impíos, inmorales y degradantes, poniendo tropiezos a la
publicación de la obra del abate Barruel, titulada Memorias para la historia del jacobinismo,
que fue traducida por Fr. Raymundo Strauch, aquel que luego será asesinado durante el
Trienio.
17. La imitación también fue en los hechos procedimentales y en la represión
cuando, según Fr. Raymundo Strauch Vidal y Fr. Rafael Vélez, los asalariados –mal
llamados pueblo- de las galerías del hemiciclo de las Cortes, o bien en las calles, agredían
verbal y físicamente a los diputados no liberales, y cuando el Obispo de Orense era
apresado en Cádiz y Strauch en Palma de Mallorca, cuando eran reprimidos quienes
combatían a Gallardo por su Diccionario crítico-burlesco de corte volteriano, y la prensa
liberal cometía iniquidades.
18. Pero más importante fue todavía la imitación en los contenidos doctrinales. El
diputado más famoso del hemiciclo, Agustín Argüelles “el divino”, se alimentó
espiritualmente del Monitor de Francia, y los restantes diputados liberales mostraban beber
de las ideas francesas. Así, los artículos de la Constitución de 1812 deben mucho a los de
la Constitución francesa de 1791, por ejemplo en la soberanía nacional –que es esencial,
es todo-, la separación de poderes, el mandato representativo, el unicameralismo y la
representación no estamental, el sufragio universal indirecto, el énfasis puesto en las
limitaciones y cortapisas a los poderes del rey, la libertad de imprenta, la unidad legislativa
y de Códigos, el centralismo y uniformismo más total en contra –como ejemplo muy
significativo- de los Fueros navarros y vascongados, la división territorial, la elección,
composición, atribuciones y funcionamiento municipal etc.
19. Precisemos sobre esto la encomiable aportación ya citada de Warren Martín
Diem. Dice que de los 384 artículos de la Constitución gaditana, 5 artículos están
relacionados con la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 y
otros 3 con la Constitución de Bayona impuesta por Napoleón a España. Además, hay 175
artículos influidos por la Constitución francesa de 1791 (24 copiados a la letra, 60
inspirados en lo fundamental y 91 influidos), y coincide con que son los fundamentales y
más significativos. Por otra parte, hay 12 artículos más influidos por la Constitución de 1793
(5 literales, 4 inspirados en lo básico y en 3 con huellas de su utilización), y a la
Constitución de 1795 se deben 30 más (3 copiados y 27 influidos). Llama la atención que
no haya influencia de la Constitución norteamericana de 1787, ni de los proyectos
presentados en España en 1810 y 1811. Sí; la Constitución de 1812 debe mucho a las
Constituciones francesas.

Ahora bien, no todo es afrancesado en la Constitución de 1812. Los artículos
constitucionales que no proceden de Francia son cinco: los relativos a la confesionalidad
del Estado (tolerada como mal menor por importantes liberales), la nacionalidad española,
la Diputación permanente de Cortes (a semejanza del Reino de Navarra), las Cortes
extraordinarias y el Consejo de Estado. No obstante, Sánchez Bella “rebaja” la supuesta
originalidad española en estos cinco aspectos, asunto este que soslayamos en aras a la
mayor brevedad.

Vamos terminando esta demostración. Es preciso reconocer que hay una diferencia
importante entre las Constituciones francesa de 1791 y española de 1812: es el asunto
religioso. En la Constitución de 1812 se invoca a la Santísima Trinidad y no al Ser


Supremo, y se declara la confesionalidad católica del Estado y la unidad católica o
intolerancia en el fuero externo de las religiones diferentes a la católica (Art. 12, similar al
Art. 1 de la Constitución de Bayona), lo que no ocurría en Francia. No en vano, entre los
308 diputados había 97 eclesiásticos. Además, en el texto español al rey se le reconoce
alguna mayor consideración, lo que tampoco ocurre en Francia.

Respecto al aspecto religioso, Flores Juberías cree que se estableció el Art. 12 de la
Constitución más por allanar el camino –como dice el conde de Toreno- hacia el
aniquilamiento de otras tradiciones más arraigadas que por convencimiento de los
constituyentes. En suma: ¿no fue el legado tradicional, como intuye Comellas, más un freno
que un ingrediente?. También para Suárez Verdeguer, la proclamación de la Unidad
Católica fue más una cortina de humo que expresión del fervor religioso. En realidad, según
Argüelles y el conde de Toreno, la Unidad Católica fue tomada con poco entusiasmo y fue
tolerada por conveniencia, como una transacción con el clero, “pues necesario es –decían-
conllevar a veces ciertas preocupaciones para destruir otras que allanen el camino y
conduzcan al aniquilamiento de las más arraigadas”.

Así, la Constitución se enmascaraba con hipocresía y engaño, lo que prueba el hecho de
que los gobiernos liberales del Trienio Liberal perseguirán a la Iglesia quebrando así la
confesionalidad y unidad católicas recogidas en la Constitución. Pongamos dos ejemplos
concretos de Pamplona (Navarra) sobre la inicial aceptación de la Constitución gracias a
la confesionalidad y unidad católicas. A ellas apeló el sermón del canónigo electo de la
Catedral de Pamplona D. Benito Virto (que según Pérez Goyena nació el 20-III-1780),
pronunciado en la catedral de Pamplona el 15-X-1820 con ocasión de la bendición de la
bandera del Batallón de la Milicia Nacional (36), como también la pastoral del obispo de
la diócesis de Pamplona, D. Joaquín Javier de Uriz y Lasaga, fechada el 14-IV-1820
(37). En efecto, ambos clérigos recurrían al tema religioso –confesionalidad y unidad
católicas- y a la obediencia al rey que había jurado la Constitución de 1820, para que los
pamploneses se amoldasen al nuevo régimen liberal. Sin embargo, dos años después, y
sin duda debido al menos a la política anticlerical de los Gobiernos liberales, el Obispo
figurará en la Junta realista de Bayona (Francia) cuando se agudizaba la guerra civil en
el Norte de España.

En realidad, el principal valor político y revolucionario fue la soberanía nacional, que no
queda reducida al Art. 3. En esto, Joaquín Tomás Villarroya (38) y Francisco Fernández
Segado corrigen a Sevilla Andrés para quien dicho artículo es uno más. Por ejemplo,
según el liberal conde de Toreno, la soberanía nacional es “fuente en España de todas
las potestades, y raíz de la Constitución”. Fruto de ello –interpreto-, la Unidad Católica no
existía porque así debía de ser, sino porque la Nación quería declarar que así fuese. Si
se declarase lo contrario, el texto constituyente debiea que admitirlo moralmente. Esta
soberanía nacional no era un simple hecho pre-político, ni una técnica de conveniencia,
ni tenía un origen filosófico soslayado con un espíritu más práctico, sino que era
considerada como una realidad moral, fundamento de todo elemento constituyente o de
Gobierno posterior y como tal con una dimensión moral. Se entiende así la queja del
autor del folleto “¿Por qué cae la constitución en España?”, al decir que “el gobierno se
constituye arbitro de la religión” (p. 14), ya antes incluso que las leyes persecutorias o
anticlericales contrarias a la confesionalidad y unidad católicas constitucionales. Para
contrastar la soberanía nacional con el derecho público de España, basta citar a
Jovellanos cuando, antes de celebrarse las Cortes, afirma que dicha soberanía es una
“herejía política”. Jovellanos dice a la Junta Central lo siguiente:

“Haciendo, pues, mi profesión de fe política, diré que, según el derecho público de
España, la plenitud de la soberanía reside en el monarca, y que ninguna parte ni


porción de ella existe, ni puede existir, en otra persona o cuerpo fuera de ella. Que,
por consiguiente, es una herejía política decir que una nación, cuya constitución es
completamente monárquica, es soberana, o atribuirle las funciones de la soberanía;
y como ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue también que el soberano
mismo no puede despojarse ni ser privado de ninguna parte de ella a favor de otro ni
de la nación misma” (39).

La soberanía nacional fue rechazada por los diputados no liberales. Así, el cardenal
Inguanzo, entre otros, trató de modificar el adverbio “esencialmente” (Art. 3: “La soberanía
reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el
derecho de establecer sus leyes fundamentales”) por “radicalmente”, pues éste último
“haría referencia a una raíz originaria pero no actual, de acuerdo con la doctrina escolástica
del pactum societatis originario, que no se opone al ya existente pactum subjectionis, por lo
que el poder actual del Rey no emanaría de la soberanía esencial de la nación” (40). Otra
cosa es que otros autores como, más tarde, Enrique Gil Robles, no admitan la teoría de las
transmisión del poder de Dios al gobernante a través del pueblo, sino la teoría de la
delegación directa por Dios al gobernante.

Algunos, interpretando la soberanía nacional, quisieron tender un puente doctrinal
entre la tradición española en relación con la teoría de la transmisión del poder y las nuevas
ideas liberales. Sin embargo, para no dejar el argumento escolástico a la mitad de su
recorrido como lo hizo quizás interesadamente el liberal Muñoz Torrero (41), el obispo de
Calahorra dejaba las cosas en claro. Según explicó éste último en las Cortes, si bien Dios
comunicaba al gobernante la facultad de mandar a través del pueblo, una vez realizada la
transmisión es el gobernante quien tiene los derechos. (Así enseñarán posteriormente León
XIII y Pío X en sus encíclicas). Esto ocurría siempre, sobre todo –decía- en la monarquía de
España por ser hereditaria, de manera que, realizada la transmisión, el pueblo ya no era
soberano:

“porque es al parecer una cosa disonante que la Nación dé a su Rey toda la
soberanía para que la dirija, gobierne, conserve y defienda, y se quede con toda ella
para dirigirse, conservarse, gobernarse y protegerse; que haciendo a su Rey cabeza
de la Nación, la Nación sea cuerpo y cabeza de sí misma, y haya dos cabezas en un
mismo cuerpo; y si en el Reino el pueblo es sobre el Rey, el gobierno del Reino es
popular, no monárquico” (42).

El carácter revolucionario de la soberanía nacional de 1812 lo muestra Sánchez Agesta
cuando la enfrenta a la tradición española. Los mismos hombres de su época, de
cualquier signo político, entendieron que dicho principio político era radicalmente
revolucionario (43).

4.5. El “afrancesamiento” de la Constitución de 1812 en la conciencia de los
realistas y liberales navarros de 1820.

La documentación realista del Trienio Liberal (1820-1823) en Navarra insiste en que los
liberales radicales eran como los jacobinos de la Revolución francesa, y recordaba la
”suerte de los revolucionarios de Nápoles y el Piamonte” que se habían inspirado en la
Constitución española de 1812 (44). Así mismo, el impreso titulado “Grito de un español
verdadero á toda la Nación” de 1821, identifica las ideas liberales con las del filosofismo
al decir: “(...) todos serán inmolados en las aras impías de la fementida deidad del
filosofismo, de la libertad, de la igualdad, si continúan las riendas del gobierno en sus
manos destructoras” (45). De todas maneras, una vez repasados los manifiestos y


documentos realistas en Navarra, puede concluirse que sus expresiones no insisten en
el afrancesamiento de la Constitución gaditana; seguramente por ser evidente.

Por otra parte, aunque los documentos realistas de Navarra resaltan poco el
afrancesamiento de la Constitución gaditana, los textos liberales sí recogen
expresiones, términos y vocablos propios de los revolucionarios franceses. Aportemos
algún detalle. El manifiesto del Ayuntamiento de Pamplona del 11-III-1820 ensalzaba la
publicación de la Constitución, y hablaba del “supremo ser” y del “ser supremo” para
referirse al culto divino a celebrar en las parroquias en acción de gracias por dicha
publicación. Sin embargo, también es cierto que, desde el campo realista, el virrey de
Navarra, duque de Castro-Terreño, mencionaba al “Ser Supremo” en su circular del 24-
IX-1827 publicada contra los revolucionarios liberales (46).

Si lo anterior expresa que los realistas, y sobre todo los liberales navarros, expresaban
tener conciencia de la influencia francesa en la revolución española, en 1820 el
Ayuntamiento de Pamplona muestra al lector actual que seguía la estrategia de los
liberales al revestir la labor de las Cortes de Cádiz con un ropaje español. Así, cuando el
conde Ezpeleta, virrey de Navarra, cedió a la presión de la guarnición de Pamplona que,
a través del coronel Antonio Bray, le obligaba a jurar y publicar la Constitución de 1812 –
en dicha ciudad fue publicada el 11 de marzo-, el Ayuntamiento liberal de Pamplona
publicó un Manifiesto que decía:

“El Pueblo de Pamplona, como igualmente toda la Navarra liberal hace doce siglos,
ha tenido la envidiable energía de sostener su constitución política, rechazando con
la grandeza de alma que inspira, todo gobierno representativo, los repetidos ataques
del despotismo, los tiros de la envidia, y los amaños de la vil lisonja de muchos, que
titulándose ahora, constitucionales a boca llenas, no dudaron en 1814, prestar sus
luces, fuerzas y servicios para derribar la Constitución política de la Monarquía, o
anulada de hecho, admitieron empleos y trabajaron eficazmente para acabar con el
resto de libertad que en España ofrecían a la faz de todos, Navarra y las tres
provincias bascongadas” (actualizado, y el subrayado es nuestro) (47).

El texto aplaudía el mantenimiento de la monarquía tradicional o foral en Navarra frente
al absolutismo, para luego someterse a una Constitución que arrebataba a Navarra y a
Pamplona (Privilegio de la Unión, 1423) sus Fueros seculares y vividos hasta entonces.
Pero no sólo estaba engañado el Ayuntamiento pamplonés. En efecto, cuando la
guarnición se sublevó para proclamar la Constitución, dijo al virrey conde de Ezpeleta
que “respetaría los usos, costumbres fueros y leyes o lo que es lo mismo, la constitución
política peculiar del Reino de Navarra”, lo que a todas luces –añado- era falso y
contradictorio con la Constitución centralista y uniformista gaditana, fundada en la
soberanía nacional (íd.).

En otras proclamas, y de forma contradictoria al supuesto respeto anterior a los Fueros
de Navarra, el Ayuntamiento liberal de Pamplona afirmaba que los navarros habían
hecho “considerables sacrificios”, que cita a continuación. En esto se advertía, en contra
de lo anterior:

“(...) Pamplona y los demás pueblos de Navarra la tomaron (la Constitución) para sí,
previo un positivo conocimiento de lo que es un gobierno liberal representativo y


convencidos de que su noble desprendimiento era indispensable para la felicidad de
la Monarquía, ninguna provincia de España tuvo que hacer renuncias de tanta
monta para admitir la Constitución como Navarra: las hizo: se olvidó de sí misma por
aumentar el nuevo edificio español: admitida en estas circunstancias la nueva
Constitución política de la Monarquía española, Pamplona acostumbrada a no
disimular la menor trasgresión de la antigua, adoptó el mismo sistema con aquella”
(48).

En su día, Laborie Erroz mostró que, durante el Trienio Liberal, buena parte del
Reino de Navarra expresó su rechazo a la Constitución de 1812. También lo hizo durante la
guerra realista de 1821-1823, en defensa de la Religión, la Patria, los Fueros de Navarra y
la libertad del monarca. Lo mismo diremos de la ciudad de Pamplona, “Cabeza del Reino
de Navarra”, según he mostrado en trabajos de mi autoría, posteriores a los del inolvidable
Jesús Luis del Campo. Por citar algunos autores.

Bandera de los “Voluntarios de Navarra” Portada de la Novísima Recopilación de
durante la guerra realista de 1821 a 1823 Leyes del Reino de Navarra, realizada por
el Ldo. Joaquín de Elizondo en 1735.

5. CONCLUSIONES

1. No se puede confundir, en España y otros países, la Ilustración por una parte y las
ideas racionalistas, naturalistas y enciclopedistas por otra. El estudio de la Ilustración
española ha sido cronológicamente adelantado hasta 1680, con los llamados novadores -
término utilizado en 1714 especialmente en el plano del pensamiento científico-, o bien los
recentiores –término que apareció algo después-.

2. Las ideas liberales -el Liberalismo- modelaron la Constitución escrita de Cádiz,
publicada el 19-III-1812, día de San José, diferenciándose y contradiciendo a la
Constitución política, natural e histórica de España, denominada Leyes Fundamentales.

3. Las ideas liberales fueron exógenas o extranjeras en España. No en vano las ideas
de la ilustración enciclopedista procedían de Francia, y se plasmaron políticamente en las
diferentes etapas y subperíodos de la Revolución francesa, acontecimiento modelo de
todos los revolucionarios. Las ideas liberales cuajaron en núcleos reducidos de españoles,
por otra parte de tendencia jansenista, regalista y afrancesada, aunque no Bonapartista
sino autocalificada de patriota. No en vano, los escritores tradicionalistas españoles o


contrarrevolucionarios identificaron al liberal con el francés (lógicamente con cierta
exageración porque ellos mismos excluían a los legitimistas galos) (49).

4. Los políticos liberales españoles convirtieron a las Cortes de Cádiz en un poder
legislativo, para realizar una Constitución rupturista en relación con la tradición española
pero con apariencias de continuidad. Esta continuidad quedó en sus declaraciones, en el
mencionado tema religioso y en otras cuestiones más secundarias. Sin embargo, la
afirmación de los liberales españoles de que la Constitución de 1812 entroncaba con la
tradición histórica española fue un subterfugio de oportunidad y es enteramente falsa.
Transcurrido el tiempo, otros revolucionarios –moderados o progresistas- se harán también
con el poder ejecutivo y se esconderán detrás del trono de San Fernando, gracias al
pronunciamiento militar, las revoluciones, los golpes de Estado, y el triunfo -con apoyo
extranjero- en la guerra civil de 1833-1840.

5. La influencia francesa es intensa en la estructura, letra y contenidos de la
Constitución española de 1812. Esta última no es indígena, ni originaria y original, ni
propiamente española, sino que sigue a las Constituciones francesas de 1791, 1793, 1795
y 1799, sobre todo la primera de ellas. También debe matizarse el valor propiamente
español de los cinco elementos considerados nacionales en la Constitución gaditana.

6. Los autores tradicionalistas y liberales de la época, así como las conclusiones de
historiadores y constitucionalistas, obligan a afirmar que el texto constitucional de 1812
tiene más que notables similitudes con el texto francés de 1791, aún sin ser copia de los
textos franceses. No en vano, la comunicación entre los países era muy ágil en la época, lo
ocurrido en Francia era sobradamente conocido, a la vez que España acogió al clero
refractario francés que, por serlo, era fiel a Roma. Llama la atención que el texto gaditano
carezca de influencia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. En realidad,
configura un Estado nuevo que nada tiene que ver con la monarquía española, y sí mucho
con los principios de la Revoluciones inglesa de 1648 y francesa de 1789. Según Carlos
Flores Juberías, “la Constitución de Cádiz, sin ser ciertamente una “copia servil” de la
francesa de 1791 es largamente deudora de ésta en cuanto se refiere a sus principios e
instituciones” (50).

7. Los liberales que votaron a favor del texto gaditano, que se declaraba confesional
católico y mantenía la unidad católica vigente desde el año 589 (IIIer Concilio de Toledo), y
luego persiguieron a la Iglesia siendo así incongruentes con dicha confesionalidad. Lo
mismo puede decirse de las Constituciones posteriores, incluida la canovista de 1876, cuyo
Artículo 11 admitía una tolerancia vergonzante y parcial de cultos externos no católicos,
condenado por Pío IX y el Episcopado español.

8. Los liberales fueron una “minoría audaz y bastante organizada, que se hace con el
poder, (y) “trabaja en equipo” desde el otoño de 1810” (51). Tenían unas ideas opuestas a
las del pueblo español en armas contra Napoleón, e influyeron en Cádiz mucho más de lo
que correspondía a su número. Lo hicieron buscando la oportunidad, gracias a una gran
capacidad de maniobra, sorteando leyes y decretos, cometiendo irregularidades, actuando
de forma atrevida y con una más que notable dialéctica verbal, y gracias a los diputados
suplentes, elegidos –además- de una forma arbitraria. Por eso, discrepamos de la
afirmación de Palacio Atard, según la cual los constitucionalistas de Cádiz fueron “los
depositarios del poder surgido en la España de la resistencia” (52).

9. Para Suárez Verdaguer, la Constitución de 1812 rompe con la tradición española:
“(...) es patente que las Cortes no pretendieron continuar la Monarquía del despotismo
ilustrado, ni la anterior de los Austrias, si es que tenían intención de continuar alguna. Más
bien establecieron un régimen nuevo, sin tradición ni precedente alguno en el pasado


español, pero –según parece estar demostrado, y no sólo en el orden político- con un claro
precedente francés, tanto en el plano teórico como en el de la ejecución. Esta ruptura con la
tradición española para implantar el modelo constitucional francés pudo hacerse posible
con facilidad merced a la anómala situación española” (53).

10. La Constitución de 1812 fue impopular y gozó de muy escasa adhesión por parte de
la sociedad española. Además, se opuso a la tendencia renovadora o tradicional -no
absolutista- a la que tuvo la habilidad propagandística de identificarla con el absolutismo,
aunque lo hiciese erróneamente y en detrimento del verdadero juicio y solución de los
problemas de España. Por esto y lo dicho antes, las Cortes revolucionarias gaditanas
colaboraron activamente en la ceremonia de la confusión que tanto benefició a la
Revolución liberal. La propaganda liberal y los actuales libros de texto escolares y
universitarios son una prueba de ello.

11. La Constitución gaditana suprimió unilateral y ilegalmente, y al margen de cualquier
representación, los Fueros de Derecho Público del Reino de Navarra, así como –por otro
lado- los del Señorío de Vizcaya y las Provincias de Guipúzcoa y Álava. En el Reino
milenario de Navarra supuso el más radical contrafuero, quebrando el pacto solemne
establecido entre el Reino y el rey de Castilla en 1515, cuando aquel Reino se incorporó a
esta última Corona conservando su propia naturaleza, pacto que fue jurado por todos los
monarcas hasta Carlos IV inclusive. Los diputados liberales de Cádiz culminaron para
Navarra la política centralista y antiforal de los ministros de Carlos III y Carlos IV de Castilla
(54). Si después Fernando VII (III de Navarra) realizó una política antiforal en Navarra hasta
1829, y en la Ley Paccionada de 1841 los liberales quebraron los Fueros seculares del viejo
Reino –salvo la raíz pactista-, el hermano del rey Fernando, Carlos María Isidro –don Carlos
V y VII de Navarra-, defenderá abierta y plenamente los Fueros navarros y vascongados
tras 1833, lo mismo que sus sucesores desde dentro y fuera del territorio de la monarquía.

12. La Constitución de Cádiz causó asombro dentro y fuera de España. Fue un
importante ejemplo de inspiración para Piamonte, Nápoles y Portugal. Inspiró a los
nacientes grupos liberales de Alemania y Rusia. Influyó algo en la Gran Colombia (1821),
Méjico (1824) y Chile (1833). En la parte contraria, también la pervivencia de la monarquía
tradicional de las Españas asombró a Europa, por la originalidad de su pervivencia, por su
raíz tradicional, y por ser mantenida de forma persistente por el pueblo tradicionalista
español ya en el campo de batalla, ya en la lucha de las ideas, ya en la política. Abrimos así
el telón del drama de España durante los últimos doscientos años. Pero esta es otra
historia.

Glacis con escarcha junto a las murallas
de la zona Norte de la ciudad de
Pamplona. Foto: JFG (2010)


6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
La Bibliografía se recoge en las notas, y se refiere a los sucesos ocurridos en
España. Respecto a Navarra -y aportamos algo original-, se omite la abundante bibliografía
de diversos autores –incluida mi autoría- y sólo se señalan a título indicativo algunas
fuentes documentales significativas y bibliográficas.

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE NAVARRA:
Biblioteca General de Navarra, ANÓNIMO, “¿Por qué cae la Constitución en
España?”, impreso s.a./s.l./s.f., 31 pp.
Archivo General de Navarra (AGN), Sec. Guerra, leg. 22, carp. 13 (impreso, 1 hoja)
y carp. 19 (4 pp.); leg. 23, carp. 2 (impreso, 1821); leg. 25, carp. 30 (proclama
anónima impresa, 1822); leg. 31, carp. 20 (impreso, 1 hoja).
Archivo Municipal de Pamplona (AMP), Sec. Milicia Nacional. Guerra, leg. 2, nº 25
(27 pp.).

NOTAS:
(1) Biblioteca General de Navarra (s.a., s.f.), 31 pp.
(2) JURETSCHKE, Hans, Los afrancesados en la guerra de la independencia, Madrid, Rialp,
1962, 283 pp. pág. 261.
(3) CANALS VIDAL, Francisco, La Tradición catalana en el siglo XVIII ante el absolutismo y
la ilustración, Madrid, Fundación Elías de Tejada, 1995, 277 pp.
(4) CORONA BARATECH, Carlos, “Precedentes ideológicos de la guerra de la
independencia”, Zaragoza, CSIC, 1959, 28 pp., en “IIº Congreso Histórico Internacional de la guerra
de la independencia y su época”.
(5) SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Conservadores, innovadores y renovadores en las
postrimerías del Antiguo Régimen”, Pamplona, Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1955.
(6) CORONA BARATECH, Carlos, “La ilustración”, en Historia General de España y América,
tomo X-1: La España de las Reformas hasta el final del reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 2ª ed.,
1989, 597 pp., pág. 3-53. Sobre los novadores, vid. p. 17-23 y sobre el reformismo y tradición, vid. p.
36-46.
(7) FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Fco. José, ”Liberales, absolutistas y tradicionales”,
Madrid, Rev. “Verbo”, nº 157 (jul.-ago. 1977) .
(8) FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Fco. José, El liberalismo y la Iglesia española. Historia de
una persecución. Las Cortes de Cádiz, Madrid, Fundación Elías de Tejada, 1996, 461 pp., pág. 370-
386.
(8b) Según el pensador tradicionalista Magín Ferrer, había tres constituciones: “Una es la
Constitución natural, que contiene los principios generales a todas las sociedades: otra la
Constitución social, que abraza los principios que constituyen cada sociedad en particular: otra es la
Constitución política, que regla la manera como se ha de gobernar la sociedad una vez constituida”.
Vid. Las leyes fundamentales de la Monarquía española, según fueron antiguamente (...), Barcelona,
1843, 2 vols., Tomo II, nº 66.
(9) FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo... o. cit., pág. 377.
(10) SEVILLA ANDRÉS, Diego, “La Constitución española de 1812 y la francesa del 91”,
Rev. “Saitabi”, VII, nº 33-34 (1949), pág. 212-234; ÍD. “La Constitución de 1812, obra de transición”,
Madrid, “Revista de Estudios Políticos”, nº 126 (1962), p. 113-141; ID. Historia Política de España,
Madrid, Editora Nacional, 1974; JOVER ZAMORA, J. M. y Otros, Introducción a la Historia de
España, Barcelona, 1970, p. 534; ARTOLA, Miguel, Los orígenes de la España contemporánea,
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, 2 vols. Tomo I, p. 415; MARTÍNEZ SOSPEDRA,
Manuel, “La constitución de 1812 y el primer liberalismo español”, Cátedra Fadrique Furió Ceriol,
1978; ID. “El Rey en la Constitución de Cádiz. Una Monarquía presidencialista”, en Zaragoza, Rev.
“Estudios. Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras”, (1975), p. 225 y
ss.


(11) PALACIO ATARD, Vicente, La España del siglo XIX. 1808-1898, Madrid, Espasa-Calpe,
1978, 668 pp, pág. 51-80.
(12) FLORES JUBERÍAS, Carlos, “La Revolución francesa como fuente del primer
constitucionalismo español”, Zaragoza, Rev. “Aportes. Revista de Historia contemporánea”, nº 12
(nov. 1989 – febrero 1990), pág. 78-85. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, F. J, El liberalismo..., pág.
377.
(13) SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “La repercusión de la Revolución francesa en la
España de la época”, Zaragoza, Rev. “Aportes” nº 12 (nov. 1989 – febrero 1990), pág. 33-36.
(14) SUÁREZ, “La repercusión...”, o. cit., p. 33-36.
(15) JURETSCHKE, o. cit., pág. 248-249.
(16) PALACIO ATARD, o. cit,. p. 66-67.
(17) Cit. por FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo... o. cit., pág. 367 y 371. Sobre
Alvarado, vid. DE MIGUEL LÓPEZ, Raimundo, El Filósofo Rancio. Sus ideas políticas y las de su
tiempo, Burgos, Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos, 1964.
(18) SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Historia del constitucionalismo español, Madrid, I.E.P. 1959,
1964 y 1977; ID., “La revolución de las instituciones” en Historia General de España y América,
Tomo XII: Del Antiguo al nuevo Régimen, hasta la muerte de Fernando VII, Madrid, Rialp. 2ª ed.
1992, 634 pp., pág. 306-333.
(19) DIEM, Warrem Martín, “Las fuentes de la Constitución de Cádiz”, en “Estudios sobre las
Cortes de Cádiz”, Pamplona, Univ. de Navarra, 1967, p. 351-386; MORÁN ORTÍ, Manuel, Poder y
gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Pamplona, Eunsa, 1986.
(20) MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC,
1967, 2 vol. V.II: pág. 693-738; COMELLAS, José Luis, “Las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812”, Madrid, “Revista de Estudios Políticos”, nº 126 (1962); SÁNCHEZ BELLA, Ismael, “La
polémica sobre las fuentes de la Constitución española de 1812”, en Academia nacional de la
Historia, IV Congreso Internacional de Historia de América, V (Buenos Aires, 1966) p. 673-688;
FLORES JUBERÍAS, Carlos, “La Revolución francesa...” art. cit. pág. 78-85; DIZ-LOIS, Cristina,
Actas de la Comisión de la Constitución de 1812, Madrid, 1976; TOMÁS VILLARROYA, Joaquín,
“Las reformas de la Constitución de 1812 en 1836”, Barcelona, “Revista del Instituto de Estudios
Sociales” 4 (1964), p. 171-203; WILHELMSEN, Alexandra, La formación del pensamiento político del
carlismo (1810-1875), Madrid, Actas, 2ª ed., 1998, 630 pp.; FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El
liberalismo... o. cit.
(21) PALACIO ATARD, o. cit. p., 62.
(22) SUÁREZ VERDEGUER, Federico, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, en Historia
General de España y América, tomo XI: Del Antiguo al nuevo Régimen. Hasta la muerte de Fernando
VII, Madrid, Rialp, 2ª ed., 1992, 634 pp., pág. 274.
(23) SUÁREZ, “Génesis y obra de... ”, o. cit., pág. 276.
(24) SUÁREZ, “Génesis y obra de...”, o. cit., pág. 276.
(27) SUÁREZ VERDEGUER, Federico, El proceso de la convocatoria a Cortes. 1808-1810,
Pamplona, EUNSA, 1982, 528 pp. pág. 112-113.
(28). SUÁREZ, El proceso.... pág. 147; FERNÁNEZ DE LA CIGOÑA Fco. José, Jovellanos,
ideología y actitudes religiosas, políticas y económicas, Oviedo, 1983.
(29) SUÁREZ, “Génesis y obra de...”, o. cit. pág. 275; FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, El
liberalismo... o. cit. p. 450.
(30) SUÁREZ, “Génesis y obra de...”, o. cit. pág. 278.
(31) DIZ-LOIS, Mª Cristina, El manifiesto de 1814, Pamplona, Eunsa, 1967, 285 pp. ;
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, “Pensamiento contrarrevolucionario español: El manifiesto de los
persas”, Madrid, Rev. “Verbo”, nº 141-142 (1976), pág. 179-258.
(32) Citado por FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Fco. José, CANTERO NÚÑEZ, Estanislao,
Antonio de Capmany (1742-1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Madrid, Fundación
Elías de Tejada, 1993, 446 pp., pág. 321; FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, F. J. , “Pensamiento
contrarrevolucionario... art. cit., pág. 179-258.
(33) SUÁREZ, El proceso de la convocatoria a Cortes... o. cit. pág. 505-515.
(34) SUÁREZ, “La repercusión de...” art. cit., pág. 33-36, pág. 33; ID. “Sobre las raíces de las
reformas de las Cortes de Cádiz”, Madrid, “Revista de Estudios Políticos” nº 126 (1962), p. 31-64; ID,
Las Cortes de Cádiz, Madrid, Rialp, 1982; ID., El proceso de la convocatoria a Cortes...o. cit.; ID. en
Gades, Diputación de Cádiz, 16 (1987); ID., “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, en Historia


General de España y América, Tomo XII: Del Antiguo al nuevo Régimen, hasta la muerte de
Fernando VII, Madrid, Rialp. 2ª ed. 1992, 634 pp., pág. 249-306.
(35) SUÁREZ, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, art. cit. pág. 281, 306.
(36) Archivo Municipal de Pamplona (AMP), Sec. Milicia Nacional. Guerra, leg. 2 nº 25, 27
pp.).
(37) Archivo General de Navarra (AGN), Sec. Guerra, leg. 22, carp. 19, 4 pp.
(38) TOMÁS VILLARROYA, Joaquín, Breve historia del Constitucionalismo español,
Barcelona, 1976; ÍD. El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid, 1968.
(39) SUÁREZ, El proceso de la convocatoria a Cortes... o. cit., pág. 107.
(40) PALACIO ATARD, o. cit., pág. 70.
(41) SÁNCHEZ AGESTA, Luis, “La Revolución de las instituciones” en “Génesis y obra de
las Cortes de Cádiz”, en Historia General de España y América, Tomo XII: Del Antiguo al nuevo
Régimen, hasta la muerte de Fernando VII, Madrid, Rialp. 2ª ed. 1992, 634 pp., pág. 309 y 311.
(42) SUÁREZ, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, art. cit., pág. 277. De éste parecer
eran Borrull, Juan de Lera y Cano, el teniente general González Llamas, el obispo Aguiriano,
Inguanzo y Rivero etc. WILHELMSEN, Alexandra, La formación del pensamiento político del carlismo
(1810-1875), Madrid, Actas, 2ª ed., 1998, 630 pp. pág. 35-66.
(43) SÁNCHEZ AGESTA, “La Revolución de las instituciones” o. cit., pág. 310-312.
(44) AGN, Sec. Guerra, leg. 25, carp. 30 (proclama anónima impresa de 1822). (45) AGN
Sec. Guerra leg. 23 carp. 2 (impreso de 1821).
(46) AGN, Sec. Guerra leg. 22 carp. 13 (impreso 1 hoja); leg. 31 carp. 20 (impreso 1 hoja).
(47) AMP, Consultas, lib. 76, f. 45-51 (22-VII-1820).
(48) AMP, ídem.
(49) FERNÁNEZ DE LA CIGOÑA, El liberalismo... o. cit., pág. 335.
(50) FLORES JUBERÍAS, Carlos, “La Revolución francesa...” art. cit., pág. 78-85.
(51) PALACIO ATARD, o. cit. pág. 58; M. E. Martínez Quinteiro en 1975 y 1977.
(52) PALACIO ATARD, o. cit. pág. 61.
(53) SUÁREZ, “Génesis y obra de las Cortes de Cádiz”, art. cit., pág. 277.
(54) RODRÍGUEZ GARRAZA, Rodrigo, Tensiones de Navarra con la administración central
(1778-1808), Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1974, 360 pp. ; ÍDEM. Navarra de Reino a
Provincia (1828-1841), Pamplona, EUNSA, 1968, 516 pp.; BURGO, Jaime Ignacio del, Origen y
fundamento del Régimen Foral de Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1968, 550 pp.,
pág. 57-83; GARRALDA ARIZCUN, José Fermín, “¿El Fuero es un mito?. La defensa del Fuero de
Navarra frente al Despotismo Ilustrado y su heredero político el liberalismo”, Madrid, Ed. Speiro, Rev.
“Verbo” nº 271-272, (enero-febrero 1989), 300 pp. pág. 227-286; ÍD., “Fundamentos doctrinales del
Realismo y el Carlismo (1823-1840)”, Zaragoza, Rev. Aportes”, nº 9 (1988), 93 pp. pág. 2-30. En este
último artículo se afirma el carácter tradicional renovador, no absolutista, de los realistas de 1820 y
los carlistas de 1833 en Navarra.

LAUS DEO

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