El documento describe el retraso de 76 días en el proceso judicial iniciado por la Procuraduría General del Estado para demandar la nulidad del contrato entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y RECAPT. A pesar de que las citaciones a los demandados fueron elaboradas, no han sido entregadas. El solicitante exige una investigación sobre los funcionarios responsables del retraso y sanciones de acuerdo con la ley.