El documento resume una resolución judicial que revoca una medida cautelar previa que había ordenado suspender la aplicación de una resolución ministerial que llamaba a una convocatoria de proyectos para el servicio de transporte diferencial en corredores adjudicados previamente a una empresa. La resolución judicial determina que la empresa no acreditó primar facie tener derecho a la exclusividad en los recorridos y que los eventuales daños por incumplimientos contractuales deben reclamarse por la vía pertinente y no a través de una acción de amparo.

1. "INCIDENTE SE MA TOUR S.R.L. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SAN LUIS S/ AMPARO" INC 187164/1
R.R. CIVIL N° 106 /2010.-
SAN LUIS, veinticinco de Junio de dos mil diez.-
VISTO: El recurso de apelación deducido contra lo resuelto a fs. 87/91.-
Y CONSIDERANDO:
1) Que se interpone amparo contra la resolución N°
9/2010 del Ministerio de Transporte, Industria y Comercio por la cual se
dispone el llamado a Convocatoria de Proyectos para la Prestación de Servicio
de Transporte Diferencial en corredores que habían sido adjudicados por
Decreto N° 6925-ML y RI-2004 a SE-MA-TOUR S.R.L. donde ésta presta el
servicio regular de transporte de pasajeros, lo cual amenaza el derecho a
trabajar en la forma actual y el de propiedad pues disminuirán los pasajes que
hoy tiene asegurados.-
La resolución impugnada hace lugar a la medida
cautelar de no innovar y ordena al Programa de Transporte, suspender la
aplicación de la Resolución N° 9/2010; siendo apelada por Fiscalía de Estado
a través del recurso obrante a fs. 107/114.-
2) Que para decretar una medida cautelar el juez
tiene que apreciar si se encuentran reunidos dos requisitos básicos, a saber:
verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Respecto al primero de
ellos, “El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria,
que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se
dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su pretensión” (Arazi
Roland, Medidas Cautelares, Astrea 1997, pág.7). De los elementos
acompañados y se tiene a la vista por haberse requerido el expediente
principal con su documentación, no surge “prima facie” configurado el
requisito mencionado, pues de ninguno de ellos emerge el derecho a la
exclusividad en los recorridos que le fueron adjudicados.-
“...el efecto fundamental de la exclusividad es el compromiso que
asume la Administración de no otorgar nuevas concesiones para el mismo
servicio...” Por tratarse de un privilegio “va de suyo que todo lo atinente a su
existencia y extensión es de interpretación restrictiva. No hay privilegios
implícitos” (Conf. Marienhoff M., Trat. de Derecho Administrativo, Tomo III
– B, Abeledo Perrot 1983, N° 1172; págs. 626/627).-
Debe recordarse que la concesión de servicios públicos es un contrato
administrativo. Y que los eventuales daños y perjuicios por incumplimientos
de la contratante tienen la vía apropiada para su reclamo, que excede prima
facie el marco sumarísimo del amparo.-
Por ello, SE RESUELVE: Hacer Lugar al recurso de apelación
deducido y revocar la resolución impugnada, rechazando la cautelar
peticionada con Costas (art. 69 C.P.C.).-
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE BAJEN.-
Se hace constar que la presente resolución sale con dos firmas por
encontrarse vacante una vocalía. Secretaría, 25 de Junio de 2010.-