8 derecho procesal constitucional total

Área Adjetiva Pública
Derecho Procesal Constitucional
1. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución contiene una serie de instrumentos jurídicos que persiguen la defensa de los
preceptos que en ella se enuncian; esos instrumentos no son estáticos ni tienen límites de derecho
sustantivo porque la misma Carta Fundamental mandó que se desarrollaran y se establecieran los
mecanismos que los hicieran operativos y positivos (Título VII de la Constitución).
Dentro la constitución se regula lo relativo a la “Competencia Constitucional”. En Guatemala se
regula el establecimiento de una Corte de Constitucionalidad con carácter permanente y autónomo
y con la esencial función de defender el orden constitucional.
Para poder entender de que forma se lleva a cabo la defensa de la Constitución Montesqueu
planteaba la Teoría de la Defensa de la Constitución la cual se basa en el principio que dice
que todo Estado debe proteger su Constitución para que no se cometan violaciones.
Karl Schmit añade que la defensa a la Constitución es el estudio de los medios para limitar el
abuso del poder y el sometimiento del poder a las bases que la Constitución establece, son los
instrumentos jurídicos y procesales para prevenir y/o reprimir su violación.
La defensa de la constitución se puede dar de dos formas:
A. Defensa Directa o Inmediata
La cual consiste en la libertad que nos da la Constitución para alcanzar el bien común,
respetando los derechos individuales de cada individuo. Esta obligación constitucional
corresponde a la figura del Procurador de los Derechos Humanos.
B. Defensa Indirecta o Mediata
Se da a través del control constitucional; leyes de las resoluciones que emanan del O.J. (9 LOJ)
es la que vela por el apego a las normas existentes a la Constitución y que estas no sean de
carácter violatorio, asi como el apego de cualquier resolución a las mismas.
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
Sistema Centralizado.
Existencia de un órgano especifico para la protección de las normas constitucionales.
Sistema Descentralizado.
Todos o cualquier tribunal tiene la obligación de cuidar el cumplimiento de las normas
constitucionales.
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Sistema Difuso: EE.UU
En este sistema, la constitucionalidad de las leyes la deciden jueces ordinarios; la
inconstitucionalidad de casos concretos NO se anula la ley al fallar en determinados casos, la
inconstitucionalidad sólo es dictada para el caso especial.
El sistema difuso, descentralizado, por algunos llamados incidental, nació en los Estados Unidos
de América, a raíz de la sentencia dictada por el Juez Marshall en el caso Marbury versus Madison.
El control de constitucionalidad de las leyes se confía a todos los tribunales de un Estado,
dotándolos de la facultad y obligación de inaplicación en un caso concreto, de las leyes que se
consideran contrarias a la Constitución o Ley Fundamental.
El control opera en todo tipo de proceso y puede activarse a instancia de parte o de oficio. Por otro
lado, vemos que el mismo no queda remitido a la exclusiva competencia de un tribunal
constitucional.
El sistema difuso opera de diversas formas según los ordenamientos jurídicos que lo adoptan,
prevaleciendo la preferencia por desarrollarlo en vía incidental en el transcurso de procesos
ordinarios.
En cuanto a sus efectos, son exclusivamente inter-partes, sin las características de anulación sino de
inaplicación. Finalmente, goza de un efecto ex–tunc, es decir, un efecto retroactivo al momento de
aplicación de la norma inconstitucional al caso concreto. En los Estados Unidos de América, la
resolución del juez es más fuerte porque es en atención al principio del derecho anglosajón stare
decisis, el fallo adquiere efectos erga omnes y todos los tribunales inferiores quedan vinculados por la
declaración de inconstitucionalidad.
Sistema Concentrado: Austria Kelsen
El control concentrado nació en Austria, con el establecimiento de la Corte Constitucional Federal
del 1 de octubre de 1920 a iniciativa de las ilustres doctrinas del jurista Hans Kelsen. El maestro
vienés dio una nueva orientación a la justicia constitucional al instituir como uno de los aspectos
esenciales de su Teoría Pura del Derecho, que la norma constitucional constituye el fundamento de
validez de todas las normas de un ordenamiento jurídico lo que estableció como un corolario de este
principio, la necesidad de un organismo estatal que decidiera todas las controversias acerca de la
conformidad de toda norma jurídica, tanto general como particular, con las de mayor jerarquía que
le sirven de fundamento, y en última instancia, con la Constitución.
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La competencia para conocer asuntos constitucionales, le corresponde a un órgano
independiente, en Guatemala es la Corte de Constitucionalidad;
La acción de Inconstitucionalidad no se aplica al caso concreto, se hace de manera general, y se
anula la ley.
Representa la otra modalidad del control jurisdiccional de constitucionalidad, radicando su mayor
pluralidad en el establecimiento de un Tribunal, creado ad hoc, cuya función básica es enjuiciar con
carácter exclusivo la regularidad constitucional de las leyes, no siendo posible, en consecuencia, que
los órganos jurisdiccionales ordinarios tomen decisiones al respecto. Ello implica, la existencia de un
procedimiento especial y propio para resolver la cuestión de inconstitucionalidad, lo que junto a la
necesidad de un tribunal único para conocer de las mismas.
Los efectos que produce el fallo del tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad, que se resuelve
en sentencia, implica una sentencia constitutiva ya que conlleva la anulación de una ley del
ordenamiento jurídico por ser inconstitucional y por consiguiente su efecto es erga omnes. Otro
efecto, contrario al control difuso, es el efecto ex-tunc del fallo en el sistema concentrado, el que
implica un efecto del momento de la declaración hacia el futuro, atendible por el principio de
seguridad jurídica.
Sistema Mixto o Semi-Difuso
Acciones como la Exhibición personal, por su naturaleza, se pueden plantear ante jueces
ordinarios.
El amparo, sin embargo, según contra qué autoridad se solicite, así va a ser qué autoridad va a ser
competente para conocer sobre ese caso; también la inconstitucionalidad de carácter general
(anulación de ley), debe plantearse ante la Corte de Constitucionalidad (esta figura aparece por
primera vez en la Constitución de 1965);
La inconstitucionalidad de carácter concreto se puede plantear cuando la norma o fundamento
de derecho resulta inconstitucional por ser inaplicable al caso concreto o bien cuando una ley es
inconstitucional analizada desde un punto de vista abstracto.
Nuestro sistema es Mixto
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Clasificación de Medios de defensa de la Constitución
MEDIOS PROTECTORES: Instrumentos políticos, económicos, sociales, técnico jurídicos
que han sido incorporados a las constituciones para limitar el poder y que los titulares del poder
se sometan a la Constitución.
 MEDIOS POLÍTICOS: son instrumentos o medios que se manifiestan a través de
dos principios:
División de Poderes: Es asignarle diferentes funciones a cada órgano, limitando el
poder, garantizando la libertad individual.
Controles:
b.1. Intraórganicos: entre el mismo órgano: en leg. Ej.: Bicameralismo; en leg. Nac:
Mayoría Calificada
b.2. Interorgánicos: Frenos y contrapesos, Interpelación, Veto Presidencial y
Refrendos Ministeriales.
 MEDIOS ECONÓMICOS Y HACENDARIOS: son instrumentos para garantizar
la pureza y buen manejo de los recursos estatales dentro de los límites
constitucionales: Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.
 MEDIOS SOCIALES: Son instrumentos que mantienen el orden constitucional en
el campo de la salud, la familia, etc.
 MEDIOS TÉCNICO – JURÍDICOS: Son instrumentos creados para la defensa de
la Constitución, como una consecuencia de la supremacía constitucional (rigidez
constitucional, procedimiento de reforma constitucional)
MEDIOS REPARADORES: Medios jurídicos–procesales para reintegrar el orden
constitucional cuando éste se ha transgredido o violado.
Garantías de Efectividad o Garantías objetivas:
1. Nulifican el acto inconstitucional o violatorio de los derechos constitucionales
2. Sirven como auto – control dentro de la propia Constitución .
Ejemplo: Debido Proceso, Normas pétreas, nulidad ipso iure de normas que
contravengan las disposiciones constitucionales.
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MEDIOS REPRESIVOS: Conjunto de responsabilidades en que incurren los
funcionarios por atentar contra la Constitución : Art. 381 Const.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL
Sistema Difuso
El Órgano judicial es el encargado de determinar la constitucionalidad de las leyes ordinarias o
disposiciones generales con rango de ley.
Limita el ejercicio del control constitucional a la determinación de casos concretos (plantea
como un incidente)
La declaratoria de inconstitucionalidad en casos concretos no anula la ley.
Sistema Concentrado
El conocimiento de las cuestiones constitucionales corresponden únicamente a un tribunal
especializado;
La inconstitucionalidad de las normas es presentada de forma abstracta:
La inconstitucionalidad declarada sobre una ley o parte de ella tiene efectos erga omnes.
La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley tiene carácter de cosa juzgada y esto
equivale a la anulación de la ley o norma que contraríe a la Constitución.
LA AUTO APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
El control de oficio ha provocado mucha discusión en la jurisprudencia de algunos países.
La aplicación de justicia por el juzgador no puede estar sujeta a la voluntad de las partes, el
orden público constitucional debe ser protegido por la jurisdicción que se califica por su
plenitud hermética, y dentro de su función deberá respetar los principios de verticalidad y
prelación de normas.
Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esta mala aplicación, derivada
de no utilizar la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso. Es obligación del juez
suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la
inconstitucionalidad dentro de lo más estricto de su función.
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LOS CONTRALORES DE LA CONSTITUCIONALIDAD
- El control de oficio.
- El recurso de inconstitucionalidad de carácter general y en caso concreto.
- La Corte de Constitucionalidad.
2. SISTEMA POLÍTICO
El control político de constitucionalidad de las leyes, es el examen que se hace de las leyes para
establecer si son o no conformes a la Constitución, un control por lo regular, antes que ser
sucesivo a la emanación y promulgación de la ley, es preventivo o sea, interviene antes que la ley
entre en vigor; y algunas veces se trata de un control que tiene función meramente consultiva: esto
es, no dotado de fuerza vinculante definitivamente para los órganos legislativos y gubernativos.
Se ejercita por órganos no judiciales sino por órganos políticos como por ejemplo, el Congreso, el
Presidente, se les llama políticos no sólo por su naturaleza política, naturaleza ésta revelada por la
elección y status de los miembros que lo forman, sino también porque resuelven asuntos de
diversas competencias y fundamentalmente, porque el control se lleva a cabo sin un verdadero y
propio recurso o impugnación de parte.
Además se sostiene que es un control preventivo, y por ese carácter el control no es un verdadero
control de la legitimidad constitucional sino mas bien un acto, que viene a insertarse en el proceso
mismo de formación de la ley, y de este proceso asume por lo tanto la misma naturaleza política.
En Guatemala, aunque es más relevante el poder jurisdiccional de constitucionalidad, existe
también un control político. Este está contenido en el artículo 183, literal h) de la Constitución que
se refiere al derecho de veto que tiene el Presidente de la República con respecto a las leyes
emitidas por el Congreso; se complementa por la literal a) del mismo artículo el que señala que es
deber o función del Presidente de la República “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes”.
Es decir, el Presidente puede vetar una ley alegando su inconstitucionalidad. Aunque, como se ve
en el artículo 272 de la Constitución en su literal h), corresponde finalmente a un contralor judicial,
o sea a la Corte de Constitucionalidad, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de la ley vetada
por este argumento.
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SISTEMA JUDICIAL
Para llevar a cabo un control que las normas sean apegadas a la Constitución, se resuelve a
través de la actuación de órganos judiciales o jurisdiccionales, entonces existe un control
jurisdiccional de constitucionalidad. Este instrumento jurídico, fue adoptado para poner un
límite al legislador a través de un control judicial.
La idea de este sistema de control jurisdiccional, se concretizó por primera vez al inicio del siglo
XIX, específicamente en 1803, en la sentencia de John Marshall, Magistrado Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, dictada en el caso Marbury versus
Madison. En ella, el juez Marshall puso de manifiesto la rigidez y consecuente supremacía
constitucional y el hecho de que las leyes ordinarias no pueden contravenir los principios de la ley
superior y, para el caso del control judicial de constitucionalidad, expresó que es obligación del
juez inaplicar las normas inconstitucionales, porque la Constitución así lo manda además de que es
el juez, el sujeto conocedor del derecho y especializado en él, es por ende, su responsabilidad.
El control de constitucionalidad judicial, se desarrolla modernamente a través de dos sistemas, el
control difuso y el control concentrado. El primero originado en Estados Unidos de América y el
segundo en Europa, bajo la inspiración del ilustre Hans Kelsen. este último es aquel sistema de
control de constitucionalidad judicial en el cual existe un único órgano jurisdiccional para el
enjuiciamiento de las normas impugnadas de inconstitucionalidad.
SISTEMA MIXTO
El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes se ejerce hoy a través de dos sistemas:
el concentrado y el difuso. Ambos sistemas afirman la supremacía y rigidez de las constituciones
aunque su nacimiento se da en dos continentes distintos: América y Europa.
En Guatemala, nuestra Constitución recogió ambos sistemas, con el objeto de proveer de varias
opciones a la defensa de la Constitución Así, encontramos en los artículos 266 y 267 de la Const.
la regulación de ambas modalidades del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes,
apareciendo en el artículo 268 del mismo cuerpo legal la creación del tribunal Constitucional
denominado Corte de Constitucionalidad. Además la misma Constitución mandó crear una ley
reguladora, entre otras instituciones, de la inconstitucionalidad (artículo 276), la que tiene rango
constitucional y que hoy conocemos como Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. Es por ello que en Guatemala se adoptó un sistema mixto, con
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características originales y propias. Guatemala, al contemplar los controles difuso y concentrado,
dio un paso firme y de vanguardia en la defensa del orden Constitucional, ya que ambos controles
lejos de ser excluyentes uno de otro, son complementarios.
3. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
CONCEPTO
Se puede analizar desde dos puntos de vista:
OBJETIVO: Son las funciones jurisdiccionales tendientes a la tutela de los derechos e intereses
relacionados con la materia constitucional.
SUBJETIVO: Se refiere a los órganos que ejercen la función de tutelar los derechos e intereses
relacionados con la materia constitucional.
Es la función específica de los jueces que consiste en la potestad de dirimir conflictos en
función a la Constitución.
El conjunto de principios y normas que regulan el procedimiento de la justicia Constitucional y la
administración de los preceptos Constitucionales, es lo que se denomina Derecho Procesal
Constitucional.
4.DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL GUATEMALTECO
EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA
Es el conjunto de principios y valores que se manifiestan por las normas jurídicas de carácter
fundamental, formando así la base que rige a una sociedad.
Las normas constitucionales se basan en:
a. La primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social;
b. La plena vigencia de los derechos humanos;
c. La organización del estado para garantizar a sus habitantes la vida, la liberta, la
seguridad entre otros.
d. El Estado como ente encargado de promover el bien común
e. El reconocimiento que la soberanía proviene del pueblo, quien la delega a sus gobernadores;
f. Limitación de poderes a través de los organismos del Estado;
g. Principio de supremacía de la constitución
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DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA
Los artículos 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 149 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen que la Corte de
Constitucionalidad tiene como función esencial la defensa del orden constitucional.
Ese “orden constitucional”, no está limitado al enjuiciamiento de las leyes atacadas de
inconstitucionalidad sino abarca otras competencias, propias de la justicia constitucional. La
defensa de los derechos fundamentales a través del amparo, la interpretación de la Constitución
mediante la opinión consultiva, el encuadramiento de la actividad del Estado conforme las normas
constitucionales, la protección de los derechos humanos, etc.
Se entiende por Orden Constitucional el Conjunto de principios y valores que se manifiestan a
través de leyes y normas fundamentales, conformando la base del sistema jurídico y político
estatal.
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
GUATEMALTECO
Es Rogado: No se puede iniciar de oficio, pues hay un sujeto activo legitimado, después de
pedido, se puede seguir de oficio;
Investigación Oficial de la verdad
Amplias Facultades del Juez Constitucional: providencias urgentes, hay cierto grado de
discrecionalidad;
Cesa el efecto de cosa juzgada, pues otro tribunal puede conocer el proceso;
Carácter Contencioso no se evidencia con tanta claridad como en los procesos ordinarios;
Interpretación de Normas Constitucionales no debe de ser restrictiva, sino extensiva;
Los órganos constitucionales deben ser neutrales.
medios de defensa eficaces;
Supremacía de la CPRG;
Derecho de defensa;
PRINCIPIOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL
a. Primacía de la persona como sujeto y fin del orden socia Art.1 Const;
b. Derechos Humanos vigentes, reconocidos y consagrados en la Const. Arts.1-139;
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c. Organización estatal para garantizar vida, libertad, justicia, paz y desarrollo Art. 2
Const.;
d. Promoción del bien común Art. 40,44 Const;
e. Soberania proviene del pueblo, que ejerce el poder y lo delega; Arts.140-42 Const.
f. Limitación de funciones, separación de poderes Art. 141 Const.
g. Supremacía constitucional: medio de defensa Arts. 44, 175, 204, Const y 9 LOJ.
PRINCIPIOS PROCESALES (EN MATERIA CONSTITUCIONAL )
a. Todos los días y horas son hábiles;
b. Actuaciones en papel simple;
c. Notificaciones al día siguiente de resol. Salvo término de la dist. 49 LOJ;
d. Aplicación supletoria de normas de Const, CPCYM, p.ej Art. 7 L.A;
e. Prioridad de trámite y resolución Art. 5 L.A;
f. Impulso de oficio : sólo el inicio es rogado Art. 6 L.A;
g. No opera la caducidad.
5. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Son los medios procésales que garantizan que se cumplirán y respetarán los derechos que la
Constitución consagra.
HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL
Arts. 263 y 264 de la Const.
Es un procedimiento de defensa del individuo. Surgió en el año de 1679 en Inglaterra. Esta
garantía sólo funciona en los Estados de derecho.
Con esta garantía se pretende proteger la vida, la libertad y la integridad de la persona por
medio de un procedimiento sencillo, informal y rápido. La exhibición personal se da en el lugar
donde se encuentra detenida la persona el juez debe constituirse en el lugar.
AMPARO
El amparo es un instrumento procesal de vigilancia y protección constitucional, que ataca
actos que no están expresados o formalizados ni en normas ni en sentencias, ya que para la
impugnación de éstas existen instrumentos específicos. En el amparo analiza el hecho en sí.
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El amparo, que de su propio nombre deriva ser “ acción de proteger” es un remedio para
proteger derechos garantizados por disposiciones constitucionales o declaraciones de derechos.
IMPUGNACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
EN CASO CONCRETO
CONCEPTO
La inconstitucionalidad de ley en caso concreto es una acción que puede hacerse valer en todo
tipo de proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia, incluso en
casación, hasta antes de dictarse sentencia. Se pude plantear por cualquiera de las partes como
acción, excepción o incidente, y debe ser resuelta por el propio tribunal que conoce la
controversia. La resolución definitiva admite el recurso de apelación, conociendo en segunda
instancia la Corte de Constitucionalidad.
CARACTERÍSTICAS
El efecto que puede lograrse es la declaratoria de inaplicabilidad al caso concreto o particular de
una norma determinada normas. El Derecho Constitucional Guatemalteco en materia de control
de constitucionalidad de leyes, ha adoptado el sistema mixto, se basa, precisamente, en la previsión
de las dos acciones referidas: la de inconstitucionalidad en abstracto de leyes, reglamentos o
disposiciones generales directamente ante el tribunal constitucional (propia del modelo
concentrado), y la inconstitucionalidad en caso concreto (propio del modelo difuso).
La resolución es aplicable para las partes y en el caso concreto en donde se resuelve la
inaplicabilidad.
DIFERENCIA CON EL AMPARO
DESARROLLO NORMATIVO
La inconstitucionalidad en caso concreto se encuentra regulada en la Ley de Amparo,
exhibición personal y de Constitucionalidad, en sus arts. 116 al 126.
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
Como el objeto de esta modalidad es provocar un estudio de la justicia constitucional,
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contrastando la ley suprema con la ley ordinaria a efecto de determinar si existe colisión, para el
interponente, rige el requisito de exponer en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que
descansa la impugnación. De ahí, que no hay prueba de hechos y es irrelevante todo medio de
prueba convencional.
Debe advertirse que, en los procesos judiciales, este medio concreto o incidental puede iniciarse en
cualquier momento del trámite hasta antes de dictarse sentencia.
INADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
APELACIÓN ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Al tribunal ordinario que resuelve la cuestión constitucional en primera instancia, se le otorga el
rango de tribunal constitucional y en caso hubiere apelación, conoce la Corte de
Constitucionalidad.
CON EFECTOS GENERALES
CONCEPTO
También denominada inconstitucionalidad directa o en abstracto, es la acción directa de
inconstitucionalidad procede contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que
contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, y persigue que la legislación se mantenga
dentro de los límites que la propia Constitución ha fijado, excluyendo del ordenamiento jurídico
las normas que no se conforman con la misma, anulándolas con efectos generales erga omnes y
hacia el futuro (ex nunc), de conformidad con los artículos 267 de la Constitución, 133 y 134 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
CARACTERÍSTICAS
Solo puede conocer la Corte de Constitucionalidad
Se analiza la inconstitucionalidad en abstracto
Anula la ley dejándola sin efecto erga onmes.
No tiene efectos retroactivo ex nunc
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LEGITIMACIÓN
Tienen legitimación activa para promoverla
• La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios por medio de su Presidente;
• El Ministerio Público;
• El Procurador de los Derechos Humanos en normas que afecten su competencia; y
• Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados.
ACCIÓN POPULAR
Debido a la facultad para promover la inconstitucionalidad general cualquier persona, se ha
instituido la acción popular en esta materia. Esta modalidad de la actio popularis no se ha admitido
en varios sistemas jurídicos, como en el español y en otros sistemas europeos, donde la facultad de
impugnación se concede a determinadas autoridades públicas.
Las razones de tal limitación han sido, fundamentalmente, el peligro que acompaña a la acción
popular de la multiplicación de acciones temerarias que pudieran generar problemas graves para la
seguridad jurídica, la estabilidad legislativa, y en general, la gobernabilidad de una nación.
Esto, partiendo de la base de que, una Constitución es una unidad jurídica donde se insertan los
principios políticos y axiológicos fundamentales de una sociedad prevista o pensada para un
momento histórico determinado con afán de permanencia, por lo que, su elaboración, es producto
de consensos, concesiones o pactos de diferentes posturas ideológicas.
Ello hace que un texto constitucional sea un terreno propicio para la diversidad de
interpretaciones, aprovechando la generalidad, y, a veces, la ambigüedad de sus preceptos.
Para poder plantear la inconstitucionalidad en caso general la ley exige que la petición de
inconstitucionalidad debe expresarse en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que
descansa la impugnación.
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que
contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de
Constitucionalidad.
Suspensión Provisional: La Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar
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artículo, dentro de los ocho días siguientes a la interposición la suspensión provisional de la ley,
reglamento o disposición de carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad es notoria y
susceptible de causar gravámenes irreparables. La suspensión tendrá efecto general y se publicará
en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado.
Audiencia: Si no se dispone la suspensión provisional o, en su caso decretada ésta, se dará
audiencia por quince días comunes al Ministerio Público y a cualquiera autoridades o entidades
que la Corte de la Constitucionalidad estime pertinente.
Vista: Transcurridos los quince días de la audiencia, se haya evacuado o no la audiencia, de oficio
se señalará día y hora para la vista dentro del término de veinte días. La vista será pública si lo
pidiere el interponente o el Ministerio Público.
Sentencia: La sentencia deberá pronunciarse dentro de los veinte días siguientes al de la vista. La
Corte de Constitucionalidad deberá dictar sentencia dentro del término máximo de dos meses a
partir de la fecha en que se haya interpuesto la inconstitucionalidad.
EFECTOS
Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una
ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia; y si la
inconstitucionalidad fuere parcial quedará sin vigencia en la parte que se declare la
inconstitucionalidad.
En ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el
Diario Oficial. Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional, los efectos del fallo se
retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. Contra las sentencias de la Corte de
Constitucionalidad y contra los autos dictados no cabrá recurso alguno.
LA INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA
Como consecuencia de la supremacía constitucional todas las normas que integran el
ordenamiento jurídico nacional tienen que encontrarse acordes a la Ley suprema, por lo que al
existir dentro del sistema jurídico alguna que la contraríe, sea anterior o posterior a la
Constitución, la misma debe dejar de surtir efectos para mantener esa supremacía.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los jueces ordinarios desatendiendo la norma constitucional
omiten realizar la estimación o enjuiciamiento sobre la efectiva vigencia de leyes emitidas con
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anterioridad a la Constitución y para obtener su inaplicación jurisdiccional las partes plantean ante
la Corte de Constitucionalidad acciones generales o en casos concretos de la inconstitucionalidad
de las normas legales citadas. Al entrar en vigencia la Constitución, no puede consentirse que los
efectos de los actos legislativos, de gobierno y administrativos de facto trasciendan los límites
trazados por las normas incorporadas en el nuevo texto fundamental del Estado, pues aceptarlo
significaría negar la validez y existencia del régimen de legalidad o del Estado constitucional de
derecho. Las asambleas constituyentes de Guatemala, convocadas por los gobiernos de facto en
1956, 1965 y en 1985 pretendieron no sólo regularizar la anómala situación jurídica de esos
regímenes sino otorgarles un amplio finiquito jurídico; la primera, al reconocer la validez de las
facultades legislativas de los funcionarios de hecho (Artículo 5º. Transitorio de la Constitución de
1956), y las dos últimas al otorgarles la validez intrínseca o de fondo a los citados decretos-leyes,
actos de gobierno y administrativos (Artículo 10 de la Constitución de 1965, 16 de la vigente).
Estas dos últimas asambleas constituyentes llegaron al extremo de legitimar a priori o
anticipadamente actos legislativos, administrativos y de gobierno que aún no habían sido emitidos.
LA DECLARATORIA DE OFICIO
La Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio y sin formar artículo, dentro de los ocho
días siguientes a la interposición la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de
carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad es notoria y susceptible de causar gravámenes
irreparables. La suspensión tendrá efecto general y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente
de haberse decretado.
EL HABEAS DATA O EL MANDATO DE INJUNCAO
La normativa de Libre Acceso a la Información, contempla que todas las personas tienen
derecho a conocer de los actos de la administración en poder de cualquier organismo del
Estado, entidades descentralizadas y cualquier organismo de carácter privado que maneje
recursos públicos.
Es un recurso judicial al que pueden recurrir las personas a las que no les sea entregada la
información solicitada en un plazo determinado.
El mismo consiste en presentar la denuncia ante cualquier tribunal del país, el que después de
conocer el caso, deberá resolverlo ordenando que se entregue la información requerida.
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6.CLASES DE NORMAS CONSTITUCIONALES
Pétreas Son aquellas normas constitucionales que no pueden ser reformadas por el
procedimiento ordinario, estas deben de ser reformadas por un procedimiento especial,
bastante formalista por el máximo órgano constitucional o por la misma Asamblea Nacional
Constituyente.
Rígidas: son aquellas normas que excluyen de la competencia revisora los principios
fundamentales de la Constitución.
Flexibles: son aquellas normas que admiten expresamente la posibilidad ilimitada de su
reforma o derogación por parte del órgano revisor.
PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
7.LA EXHIBICIÓN PERSONAL O HABEAS CORPUS EN GUATEMALA
CONCEPTO
Garantía que tiene como finalidad proteger la vida, la libertad y la integridad de la persona por
medio de un procedimiento sencillo, informal y rápido. La exhibición personal se da en el lugar
donde se encuentra detenida la persona y el juez debe constituirse en el lugar.
CARACTERÍSTICAS
Es antiformalista, ya que no requiere más que la simple denuncia del afectado o de cualquier
otra persona, debiendo la autoridad judicial competente conocer sobre su procedencia o no.
No constituye cosa juzgada formal ni material, ya que en caso de que la resolución sea
desfavorable, pude interponerse la veces que fuere necesario, ante cualquier tribunal.
La exhibición como garantía permite solamente la aplicación supletoria de las disposiciones
relativas al amparo.
La exhibición personal, no permite el recurso de Apelación, por ser éste un procedimiento
caracterizado por su celeridad, lo considerado permite establecer que el procedimiento de la
exhibición personal es de única instancia.
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DESARROLLO NORMATIVO
Constitución Política de la República de Guatemala. Título VI. Capítulo I. Arts. 263-264.
Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. Título III. Arts. 82-113.
PROCEDENCIA
“Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce
de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aún cuando su
prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los
tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar
los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto”. Art. 82 Ley de Amparo
INTERPOSICIÓN
“La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado
o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a
formalidades de ninguna clase“. Art. 85 Ley de Amparo
TRÁMITE
Art. 88-100 Ley de Amparo (Ver cuadros)
COMPETENCIA
“La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo
dispuesto para los Tribunales de Amparo; sin embargo, en esta materia, la competencia que
corresponde a la Corte de Constitucionalidad, se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia”. Art.
83 Ley de Amparo
“La competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante
cualquier tribunal, el que dictará a prevención, las providencias urgentes que el caso requiera,
pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal
competente”. Art. 84 Ley de Amparo
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COSA JUZGADA
“El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara
procedente.
Al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales deberán ordenar que se
prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados”. Art.
112 Ley de Amparo
8. LA ACCIÓN DEL AMPARO EN GUATEMALA
CONCEPTO
El proceso de Amparo es aquel que por razones jurídico materiales, es el instrumento
especializado en obtener la satisfacción de pretensiones de mantenimiento o restitución en el
goce de los derechos humanos.
Es el proceso de carácter extraordinario, cuya procedencia está sujeta a la concurrencia obligada
de requisitos procesales.
Es la acción que se interpone contra un acto arbitrario que conlleva a una violación que
constituye un peligro para el futuro o que ya causó un daño (doble función del amparo).
Es el “medio” o “instrumento” de protección a las personas contra actos de autoridad que
impliquen amenaza o violación de sus derechos.
La legislación guatemalteca contiene en el artículo 265 de la Const. Establece la
procedencia del Amparo: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas
contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los
mismos cuando la violación hubere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de
amparo, y procederá siempre que los actos y resolucionnes, disposiciones o leyes de
autoridaad lleve implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la
Constitución y las leyes garantizan”.
CARACTERÍSTICAS
1. Es de Naturaleza Especial: Es un proceso eminentemente constitucional (procedencia: 10L.A.)
2. Sumario: Por su naturaleza debe ser breve.
3. Subsidiario: Cuando se plantea, se presupone que ya se agotaron todos los recursos dentro del
proceso para hacer ver la amenaza
4. Prioritario a los demás asuntos que se estén llevando en el Tribunal.
18

5. Antiformal: requisitos están en el art. 21 de la L.A. (relacionado con el 61 CPCYM)
6. Doble Función: Preventiva y curativa, reparadora o restitutiva
7. Es un proceso, desde luego que se trata de una estructura integrada por un conjunto de actos
coordinados en orden a obtener la satisfacción de pretensiones, las cuales se deducen ante un
órgano supraordenado a las partes.
8. Es un proceso especial por razón jurídico material: frente a la violación de derechos humanos se
requería un instrumento ad hoc, pensado no para una hipótesis general, sino particular y
concreta.
9. Es un proceso de impulso oficial, de tal manera que el órgano jurisdiccional competente está
obligado a realizar los actos necesarios para que avance y logre su finalidad, inclusive los hechos
controvertidos se pesquisan de oficio. (Art. 36 Ley de Amparo)
PROCEDENCIA
Art. 10 Ley de Amparo
Toda persona tiene derecho a pedir amparo entre otros casos:
a) Para que se mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que
establece la Constitución o cualquiera otra ley;
b) Para que se declara en casos concretos que una ley, un reglamento, una
resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o
restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o
reconocidos por cualquiera otra ley;
c) Para que en casos concretos se declara que una disposición o resolución o no
meramente lesgtilativa del congreso de la República; no le es aplicable al
recurrente por violar un derecho constitucional...”
d) Cuando sean cuestiones administrativas no resuelta en término fijado por la
ley;
e) Cuando se vulneren derechos políticos, cuando subsiste amenaza,
restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan.
f) No excluye cualesquiera otros casos.
19

COMPETENCIA
En el proceso de amparo la competencia atiende a dos criterios, por la jerarquía de la autoridad
requerida; y otro territorial. Es la Ley de Amparo la que regula la competencia en este ámbito.
Conforme a las reglas de competencia contenidas en el capítulo dos de la Ley de Amparo,
corresponde:
a) A la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, conocer
en única instancia de los procesos de amparo contra el Congreso de la República, la Corte
Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República.
b) A la Corte Suprema de Justicia, conocer de los amparos en contra del Tribunal Supremo
Electoral, los ministros y viceministros de Estado (cuando estos últimos actúen como
encargados del despacho), las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales
de Segunda Instancia y de los Contencio-administratvo, el Fiscal General de la República, el
Procurador de los Derechos Humanos, la Junta Monetaria, los embajadores o jefes de misión
diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero y el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural.
c) A las Salas de la Corte de Apelaciones del orden común, conocer de los amparos contra los
viceministros de Estado y los directores generales, los funcionarios judiciales de cualquier
fuero o ramo que conozcan en primera instancia, los alcaldes y corporaciones municipales de
las cabeceras departamentales, el jefe la Contraloría de Cuentas. Los gerentes, jefes o
presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas o sus cuerpos directivos, consejos
o juntas rectoras de toda clase, el director general del Registro de Ciudadanos, las asambleas
generales y juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas generales y órganos
de dirección de los paridos políticos, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos
en el extranjero, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los
gobernadores y el Procurador General de la Nación.
d) A los jueces de primera instancia del orden común, en sus respectivas jurisdicciones, conocer
de los amparos en contra de los administradores de rentas, los jueces menores, los jefes y
demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales (con exclusión de lo de
las cabeceras departamentales), los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier
fuero o ramo especificados en los numerales anteriores y las entidades de derecho privado.
20

INTERPOSICIÓN
Para pedir amparo, salvo casos establecidos en la Ley de Amparo deben agotarse los recursos
ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de
conformidad con el principio del debido proceso. Art. 19 Ley de Amparo.
Debe solicitarse dentro de los treinta días siguientes al de la última notificación al
afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Este término, sin
embargo, no rige en los casos en que el amparo se interponga a consecuencia del riesgo
de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales en casos concretos, o ante la
posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios en contra de los derechos del
solicitante. (ver cuadros)
INADMISIBILIDAD DEL AMPARO
El artículo 22 de la Ley de Amparo señala que “cuando la persona que solicita amparo haya
omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la
personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al
interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del termino de tres días, pero en lo
posible, no suspenderá el trámite”.
REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DEL AGRAVIO
Hay agravio cuando se causa un daño; es decir, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un
perjuicio en la persona o en su esfera jurídica, constituyendo lo anterior el elemento material.
Concurre también en la configuración del agravio, el elemento jurídico, que es la forma, ocasión
o manera como se causa el perjuicio mediante la violación de derechos individuales. Siendo el
agravio un elemento sine qua non para la procedencia del amparo, de no existir éste el mismo no
puede proceder”. Hay pues una conexión directa entre el derecho violado, agravio y solicitante
del amparo.
La existencia de una de las situaciones de riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos
que la Constitución y las leyes reconocen, y sea que dicha situación provenga de personas y
entidades de derecho público o entidades de derecho privado y enumera algunos de los casos.
21

LEGITIMACIÓN
Para que la pretensión procesal de amparo pueda ser examinada en cuanto al fondo por el órgano
jurisdiccional correspondiente, se requiere que entre el solicitante y el derecho que se invoca
como violado, haya una relación directa, el solicitante debe ser la persona directamente
agraviada. La Corte de Constitucionalidad ha declarado que si bien la Ley de Amparo determina
la amplitud de la procedencia del mismo, “ello queda sujeto a la vulneración de un derecho
constitucional y a la existencia de un agravio”...
Según la Ley de Amparo, la legitimación activa en el proceso de amparo se da a favor del titular
del derecho que ha sido desconocido. Asimismo, el artículo 108 de la ley de amparo, señala
concretamente que “toda persona tiene derecho a pedir el amparo” cuando se da una de las
situaciones de riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las
leyes reconocen, y sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público
o entidades de derecho privado y enumera algunos de los casos.
Como ya quedó indicado, también tienen legitimación activa en el proceso de amparo el
Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos “a efecto de proteger los intereses
que les han sido recomendados” Art. 25 Ley de Amparo.
AMPARO PROVISIONAL
La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte.
En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido,
resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados,
cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable.
PROCEDIMIENTO
El proceso de Amparo tiene, como ya se dijo un procedimiento establecido por la Ley de
Amparo que está integrado por una serie de trámites que son los siguientes:
a) La interposición o petición de amparo;
b) La admisión;
c) La resolución sobre amparo provisional;
d) El mandato de envío de los antecedentes o informe circunstanciado de la autoridad o entidad
impugnada;
e) La actitud de la autoridad o entidad impugnada (envío de antecedentes o de informe);
22

f) La recepción de los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado;
g) La vista al solicitante, al Ministerio Público y a los interesados (primera audiencia);
h) Alegaciones dentro del plazo común de cuarenta y ocho horas;
i) Relevo de pruebas, si es el caso.
j) Período de prueba, si hay hechos que establecer o ha sido pedida por el solicitante,
comprende;
k) Apertura a prueba, con indicación de los hechos que se pesquisarán de oficio, por el
“improrrogable término de ocho días”
l) Proposición de pruebas por las partes;
m) Práctica de las pruebas;
n) La audiencia a las partes y al MP por 48 horas, al concluirse el período probatorios (segunda
audiencia);
o) Las alegaciones;
p) La vista pública si la pide alguna de las partes o el MP;
q) La sentencia, que debe pronunciarse dentro de los tres días siguientes a la primera audiencia,
si no hubo apertura a prueba, o de vencido éste, salvo si ha habido auto para mejor fallar
(plazo no mayor de cinco días) en cuyo caso los tres días se cuentan a partir del vencimiento
del plazo o de haberse practicado las diligencias pertinentes.
r) Recurso de apelación del cual conoce la Corte de Constitucionalidad;
s) Interposición del recurso de apelación, la cual puede hacerse indistintamente ante el tribunal
que ha conocido del amparo en primera instancia o ante la Corte de Constitucionalidad;
t) Admisión del recurso;
u) Solicitud de los antecedentes, en su caso, y envío de los mismos por el tribunal de primer
grado;
v) Señalamiento de día y hora para la vista dentro de los tres días siguientes de recibidos los
antecedentes;
w) Emisión de la sentencia dentro de los cinco días inmediatos a la vista. La sentencia y los
autos son susceptibles de aclaración y ampliación.
23

SENTENCIA
En el caso de terminación normal, el tribunal emitirá una sentencia en cuyo pronunciamiento “el
tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que
formal, real y objetivamente resulte pertinente; examinará todos y cada uno de los fundamentos
de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Con base en las consideraciones
anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia,
interpelando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo, con el
objeto de brindar la máxima protección en esta materia, y hará las demás declaraciones
pertinentes.
EFECTOS
Los actos procesales pueden producir efectos normales o anormales; todo depende si cumple la
finalidad que le es propia, por no haberse observado en ellos los requisitos procesales
pertinentes, están en imposibilidad de agotar todas y sólo sus consecuencias.
La anormalidad puede significar invalidez, si el acto no produce todos sus efectos normales; e
irregularidad, si no produce sólo sus efectos normales.
El proceso de amparo se rige por el principio antiformalista, ya que compete al tribunal impulsar
de oficio el proceso y llevarlo hasta su terminación y total ejecución.
La declaratoria de la existencia de una situación de riesgo, amenaza, restricción o violación a los
derechos que la Constitución y las leyes reconocen, y sea que dicha situación provenga de
personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado y enumera algunos de
los casos.
El cese de dicha violación.
EJECUCIÓN
Son los que tienden a que el resultado del proceso que ha satisfecho la pretensión de condena,
llegue a su plena realización. En el proceso de amparo, lo que se pretende por el reclamante es,
como ya se dijo, no sólo que una de las situaciones de riesgo, amenaza, restricción o violación a
los derechos que la Constitución y las leyes reconocen, y sea que dicha situación provenga de
personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado y enumera algunos de
los casos.
24

RECURSOS
Apelación: La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se
interpongan en materia de Amparo. Art. 60 Ley de Amparo
Allí se establece que son apelables:
• La sentencia de amparo;
• Los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional;
• Los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios;
• Los autos que pongan fin al proceso.
Aclaración y ampliación: Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia, sean obscuros,
ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren.
Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el amparo, podrá
solicitarse la ampliación. Art. 70 Ley de Amparo
En contra los autos y sentencias de los tribunales de amparo, proceden, así mismo, los
remedios procesales de:
Aclaración: Cuando los conceptos del auto o sentencia sean obscuros, ambiguos o
contradictorios.
Ampliación: Cuando el auto o sentencia se hubiere omitir o resolver alguno de los
puntos sobre los que versare el amparo. Esto dispuesto en los artículos de 70 y 71 del
mismo decreto.
La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la notificación del auto o la sentencia, y el tribunal deberá resolverlos, sin más trámite,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Ocurso: Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el
tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante
la Corte de Constitucionalidad, para que, previa audiencia por 24 horas al ocursado, resuelva lo
procedente. Art. 72 Ley de Amparo.
Ahora bien, en cuanto a la procedencia del recurso de nulidad en materia de amparo, la
ley señala únicamente, de manera expresa, cuatro medios o instrumentos para impugnar
los autos o sentencias, de los tribunales de amparo que conocen en primera instancia:
25

Apelación, ampliación, Aclaración y por otro lado, el recurso de queja, para impugnar la
irregularidad del trámite y ejecución del proceso de amparo.
PRINCIPIOS DEL AMPARO
a. Iniciativa o Instancia de parte: Sólo la iniciación del proceso es a instancia de parte, luego,
el tribunal sigue de oficio. ¿Qué persona está legitimada para interponer la acción de amparo?
La que se vea directamente afectada por la violación (23, 25 L.A.) . Puede ser el legitimado
activo en persona, o su representante legal.
b. Necesidad o existencia de agravio: Se tiene que estar violando un derecho constitucional
por una autoridad (pública/privada), pudiendo ser el daño físico o patrimonial, y aunque la
violación no haya ocurrido aún.
c. Impulso Procesal de Oficio: Los actos posteriores a la iniciación son responsabilidad
del Tribunal.
d. Definitividad del Amparo: Se deben agotar los recursos y medios según el debido proceso
(12 CPRG), relacionado con el carácter subsidiario del amparo (características).
e. Estricto Derecho: El tribunal de Amparo no puede resolver más de lo que se le pide o declarar en
sentencia más de las violaciones alegadas.
f. Prioridad y Celeridad
9. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES
CONCEPTO
Es el control de constitucionalidad ejercido por el ente jurisdiccional sobre textos normativos
que ya han sufrido y agotado el proceso de formación de ley.
Es el conjunto de mecanismos que se utilizan para resguardar las normas de carácter
constitucional, es el vehículo por el cual se vela por el respeto, y resguardo de los derechos
garantizados por la propia Constitución.
EFECTOS Y CONSECUENCIAS
Cuando existe colisión entre una norma inferior con una de mayor jerarquía, es necesario
reestablecer el orden y ajustar la norma inferior a los lineamientos indicados por la superior
26

La legislación local prevé dos modalidades de fiscalización a posteriori: la inconstitucionalidad de
leyes,
reglamentos y disposiciones de carácter general, y la inconstitucionalidad en casos concretos.
LIMITACIONES
La limitante que encuentra el control constitucional de la leyes es que la fiscalización es a posteriori,
porque dicha fiscalización se produce después de la sanción, promulgación y publicación de la ley, y
por ende, el texto ya forma parte del ordenamiento jurídico.
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
En el sistema jurídico guatemalteco no se encuentra expresamente regulado lo referente a la
inconstitucionalidad por omisión, es decir, la inconstitucionalidad que se produce cuando no se
obedece al mandato que obliga a emitir una ley ordinaria en desarrollo de un precepto de la
Constitución, así puede mencionarse que la Ley Fundamental ordena la promulgación de
aproximadamente sesenta leyes ordinarias, algunas de las cuales a la fecha no han sido emitidas,
como las relativos a los derechos de los pueblos indígenas y la del servicio civil del Organismo
Judicial, pero por no encontrarse regulado nada al respecto no puede hacerse efectivo el precepto
constitucional.
10. LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA
MODELO Y ANTECEDENTES
La importancia de la organización y funcionamiento de los tribunales constitucionales a partir del
fin de la última guerra mundial, es un claro indicador de que el sistema de justicia constitucional
concentrado, practicado por un órgano especializado, permanente e independiente de los tres
poderes del Estado aparece de manera espontánea como un fenómeno jurídico – político en los
países donde se había estado viviendo bajo un régimen de Estado totalitario.
En países como Alemania, España, Italia y Portugal, los tribunales constitucionales surgen casi de
manera inmediata después que el nazismo, las dictaduras de Franco, el fascismo y las dictaduras
de Salazar. Y lo mismo ocurre en los países de Europa del este, cuando el autoritarismo deja de
existir.
27

De esta forma, a través de los años, los sistemas concentrados de justicia constitucional en
Albania, Bulgaria, Croacia, Bosnia, Estonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia y en los
Países que han surgido de la redefinición geográfica de ese país, se han venido consolidando y
haciendo más fuertes cada vez
Aunque no aparece en forma expresa en ningún documento, la fuente obviamente está en el
modelo austriaco y europeo. Y el antecedente inmediato de la decisión constitucional, en los
trabajos del Tercer Congreso Jurídico, del Colegio de Abogados de Guatemala, en el que se
presentó por un grupo de participantes, un Proyecto de preceptos para una Constitución de la
República y Proyecto de Ley de Control de Constitucionalidad. En éste, se preveía una acción y
un incidente para invalidar las leyes inconstitucionales, que serían resueltos por un Tribunal
específico, el que sería integrado por magistrados nombrados por la Corte Suprema, el
Presidente, el Congreso y el Colegio de Abogados.
La creación de un Tribunal de Constitucionalidad permanente, independiente y autónomo, no
implica el crear una nueva institución porque la Constitución de 1965 y el Decreto 8 ya
contemplaban un Tribunal Constitucional, llamado Corte de Constitucionalidad, con la única y
gran variante que fue un tribunal temporal y eventual, no permanente, con funciones limitadas al
conocimiento de la Inconstitucionalidad de las leyes en casos generales y que se integraba con
magistrados del Organismo Judicial, lo que significa mantener criterios muy legalistas al resolver
al margen de la materia Constitucional mas especializada.
DEFINICIÓN
Es el órgano encargado de interpretar la Constitución.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función
esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia
de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y
la ley de la materia (Ley de Amparo).
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal colegiado, que actúa en pleno, permanente, de
jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Los
magistrados gozan de los mismos derechos y atribuciones, inclusive la potestad de desempeñar la
Presidencia (primus inter pares) por un período de un año, comenzando su designación por el
magistrado de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades.
28

CARACTERÍSTICAS
TRIBUNAL PERMANENTE
Es un tribunal integrado por 5 magistrados y sus respectivos suplentes, que duran en sus funciones
por un período establecido para resolver cualquier caso que surja en este lapso de tiempo.
TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN PRIVATIVA
Este tribunal resuelve casos solamente de materia constitucional.
TRIBUNAL COLEGIADO
Es un tribunal colegiado por estar integrado más de una persona. (5 Magistrado y sus respectivos
suplentes)
TRIBUNAL INDEPENDIENTE
La Corte de Constitucionalidad tiene independencia absoluta de los demás organismos del
Estado para ejercer sus funciones específicas, las cuales le asigna la Constitución y la ley de la
materia.
La Corte de Constitucionalidad goza de independencia económica ya que su presupuesto
de gastos para funcionar no depende de otro organismo, sino que esta garantizado por un
porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial, es decir, que por
mandato constitucional recibe dinero para su presupuesto sin depender económicamente de
nadie.
INTEGRACIÓN
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, fue creada por la Constitución Política de la
República de Guatemala de 1985, dicha Corte se integra por 5 magistrados designados en la
siguiente forma:
a. Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia;
b. Un magistrado por el pleno del Congreso de la República;
c. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros;
d. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos
de Guatemala; y
e. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados.
29

Cada uno de los magistrados tiene a su respectivo suplente y los mismos duran en sus
funciones cinco años, pueden ser reelectos y gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades
que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son derecho al antejuicio e
inamovilidad y específicamente de irresponsabilidad por sus opiniones expresadas en el
ejercicio de su cargo. El cargo de magistrado titular es incompatible con puestos de dirección
política, de administración del estado o de sindicatos y con el ejercicio profesional.
Cuando la Corte de Constitucionalidad conoce de asuntos de inconstitucionalidad en contra
de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente
de la República, el número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos
magistrados por sorteo de entre los suplentes. Como se puede denotar la composición de la
Corte de Constitucionalidad es siempre impar, por lo que no presenta el problema de un
posible empate que requiera dotar a su Presidente de un voto de calidad.
Para poder ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se necesitan los siguientes
requisitos:
a. Ser guatemalteco de origen,
b. Ser abogado colegiado,
c. Ser de reconocida honorabilidad, y
d. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional.
PRESUPUESTO
La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada con un
porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial. Art. 268 segundo párrafo
Constitución.
RESOLUCIONES
Apelación: Art. 60 Ley de Amparo
En materia de Amparo, contra las resoluciones (que resuelven la apelación) de la Corte de
Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los Magistrados que las dicten
serán responsables con arreglo a la ley. Art. 68, 70 y 71 Ley de Amparo
30

FUNCIONES
La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional.
Art. 268 Constitución.
Ver Art. 272 Constitución.
Funciones principales de la Corte de Constitucional encontramos:
a. Preservar lo establecido en la Constitución, manteniendo la supremacía sobre cualquier
tipo de interés.
b. Interpretar los valores como la libertad, igualdad, justicia etc. para la aplicación de las
normas constitucionales.
c. Ser supremo intérprete de las normas constitucionales, cuyo criterio prevalece ante
cualquier jurisdicción.
Funciones específicas de la Corte de Constitucional son:
En la Constitución de la República de Guatemala y en la ley de Amparo, Exhibición personal y
de constitucionalidad en sus artículos 272 y 163 respectivamente establece como funciones de
está las siguientes:
a. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones
de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad;
b. Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las
acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte
Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República;
c. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales
de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales en la
forma prevista en el articulo 268.
d. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de
inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio en casación, o en los casos
contemplados por la ley de la materia;
e. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a
solicitud de cualquiera de los organismos del Estado;
31

f. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflictos de jurisdicción en materia de
constitucionalidad;
g. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de
las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el
boletín o gaceta jurisprudencial;
h. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el ejecutivo alegando
inconstitucionalidad; e
i. Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos
en la constitución de la República.
j. Asimismo en el artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
constitucionalidad establece otras funciones las cuales son:
k. Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por
parte del Congreso;
l. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso
de la República;
m. Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas
del Estado.
32

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