Este documento resume una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del año 2000. La sentencia declina la competencia de la Sala Plena del TSJ para conocer de un recurso de nulidad contra un acto administrativo, y en su lugar atribuye la competencia a la nueva Sala Político-Administrativa creada por la Constitución de 1999. La Sala Plena explica que aunque anteriormente tenía esa competencia, la nueva constitución reorganizó la estructura judicial y delimitó las competencias de cada sala.