La ley establece nuevas regulaciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Introduce una cuota de empleo del 5% en el sector público y 3% en empresas privadas con más de 50 empleados. También requiere ajustes razonables en el lugar de trabajo y bonificaciones en concursos públicos para personas con discapacidad de al menos 33%. Además, prohíbe el despido arbitrario o discriminatorio de personas con discapacidad y ofrece incentivos tributarios para empleadores.