La Ley Orgánica de Empresas Públicas define las empresas públicas como entidades pertenecientes al estado con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. Los objetivos de esta ley son regular la autonomía de las empresas públicas y gestionar sectores estratégicos como telecomunicaciones, recursos naturales y transporte. La ley establece cuatro clases de empresas públicas según el órgano público que las constituye y reconoce su capacidad de gestionar monopolios en áreas como el agua y sectores estratégicos.