Este documento propone un compromiso democrático para los directores de centros educativos públicos en respuesta a la nueva ley educativa LOMCE. La ley otorga más poder a los directores y reduce la participación de la comunidad educativa. El compromiso democrático pide al director respetar las decisiones de los órganos colegiados y garantizar la participación de toda la comunidad en temas como el proyecto educativo, la admisión de alumnos, la plantilla de docentes y los recursos financieros.