Resumen de las noticias internacionales más destacadas del 11 al 17 de febrero de 2019, elaborado por el departamento de Riesgo País de CESCE.

1. Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda
Del 11 al 17 de febrero
AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA
Hambre y “tarifazos”. Miles de personas se han manifestado el 14 de febrero en
Argentina para exigir al presidente Macri que declare “la emergencia alimentaria” (que
obliga al Estado a aumentar los subsidios a los comedores comunitarios) y que ponga
freno al incremento de las tarifas de determinados servicios públicos, que consideran
impagables. Según el Índice de Precios al Consumidor porteño de Invenómica, los
aumentos en el servicio de electricidad fueron, en promedio, de 1317% desde
diciembre de 2015 a octubre de 2018. En el mismo período, los sueldos nominales
aumentaron alrededor del 98%. El gobierno justifica el incremento por la actualización
de las tarifas, que estaban fuertemente subsidiadas en la administración anterior. En
2019 habrá nuevas subidas que se concentrarán en la primera mitad del año con la
esperanza de que no penalicen excesivamente al ejecutivo en las elecciones
presidenciales y legislativas de octubre. Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron
que las tarifas de luz subirán en 2019 un 55% promedio, mientras que el gas tendrá un
incremento del 35%. La presión social cada vez es mayor en un país en que se
acumulan las malas noticias económicas. El INDEC, la oficina estatal de estadísticas,
publicó esta semana que la capacidad ociosa de la industria alcanzó en diciembre el
43%. En 2018 el PIB cayó un 2,6%, según las previsiones del FMI, y lo hará de nuevo en
2019, hasta 1,7%. El peso ha perdido la mitad de su valor desde enero del año pasado
y la inflación, el mal endémico de la economía argentina, alcanzó en 2018 casi el
48%, el registro más alto en tres décadas. Las cifras no dan tregua al ejecutivo que el
año pasado se vio obligado a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca
de auxilio financiero para no entrar en suspensión de pagos de la deuda externa.
Como contrapartida de este apoyo económico, el ejecutivo se ha comprometido a
aplicar una serie de medidas que incluyen un duro ajuste presupuestario para lograr el
equilibrio fiscal primario (sin incluir el pago del servicio de la deuda) este año. Para ello
necesita recortar el gasto un 1,26% del PIB y ahí es donde entran los famosos
“tarifazos” que se han traducido en fuertes aumentos en las tarifas de luz, gas y
transporte.
HHHAAAIIITTTÍÍÍ
Se intensifican las protestas. El pasado 7 de febrero, coincidiendo con el segundo
aniversario de la llegada a la presidencia de Moise, miles de haitianos tomaron las
calles exigiendo su dimisión. Los manifestantes reclaman justicia en las supuestas
irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra
petróleo a este país a precios blandos. Una auditoría presentada la semana pasada por
LATINOAMÉRICA

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el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a
15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una
empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia. Las protestas fueron convocadas
por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por
grupos populares. Tras una semana de silencio, Moise declaró, el día 14, que va a "luchar para
restablecer la paz y la estabilidad". La crisis política ha aumentado el nivel de inseguridad en la
nación caribeña, de 10 millones de habitantes, que ya se enfrentaba a problemas económicos.
El severo impacto del huracán Matthew en 2016 sumergió el país en una nueva crisis
humanitaria mientras aún se estaba recuperando del terremoto devastador de 2010, del
impacto persistente de una sequía prolongada y de una fuerte disminución de la ayuda
externa. El año pasado registró un crecimiento de apenas el 1,4%, una de las tasas más bajas
de la región. La situación ha empeorado, entre otros factores, por la crisis de electricidad
derivada de la escasez de gasolina y por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial.
Además, los desequilibrios se han agravado. El país registra una persistente dinámica
inflacionaria (un 14,6% frente al 15,4% en el año fiscal de 2017), un abultado déficit fiscal (del
6,5% del PIB en 2018 en comparación con el 3,9% en 2017), así como un incremento del déficit
por cuenta corriente (del 3,5% del PIB en 2018 frente al 2,9% en 2017).
VVVEEENNNEEEZZZUUUEEELLLAAA
 Ayuda humanitaria. El opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países como
presidente interino de Venezuela, ha asegurado esta semana que el 23 de febrero llegará la
ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, a pesar del rechazo de Maduro. El pasado
fin de semana el Pentágono ya estableció un puente aéreo desde una base militar en
Florida a la localidad colombiana de Cúcuta, con tres aviones de transporte militar cargados
con 180 toneladas de alimentos y medicinas. EE.UU. planea transportar también ayuda
humanitaria desde Texas. El régimen de Maduro, que aún controla al ejército, se niega a
dejarles paso y ha acusado falsamente a EE.UU. de enviar comida contaminada y
cancerígena. Por el momento, mantiene bloqueados los accesos en la frontera con la
ciudad de Cúcuta, donde se encuentra el centro de acopio de la ayuda humanitaria. Guidó
ha hecho un nuevo llamamiento a las Fuerzas Armadas pidiéndoles que faciliten la entrada
de estos víveres y que se pongan del lado de la Constitución y apoyen su mandato. Además,
en una conferencia de donantes, el 14 de febrero, algunos de los aliados de Guaidó en
América se comprometieron a enviar cientos de millones de euros de ayuda humanitaria en
los próximos días.
 Citgo: pugna de poder. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, el 13 de febrero, la
designación de una "nueva junta directiva" de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela
(PDVSA) en EE.UU. La mayoría de los directivos elegidos tienen vínculos estrechos con
empresas norteamericanas en sectores como petróleo, alimentos y finanzas y, en palabras
de Guidó, son “venezolanos capaces, libres de corrupción y sin afiliación partidista”. El
opositor justificó la decisión como una necesidad de “preservar ese activo y que no sea
saqueado por la dictadura corrupta”. El régimen de Maduro no tardó en reaccionar. Al día
siguiente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo el
nombramiento y decretó medidas cautelares para las personas designadas, entre las que se
incluye la prohibición de la salida del país y el bloqueo de las cuentas bancarias. Además, la
Sala de Casación Penal del TSJ iniciará los trámites correspondientes para el juicio de las

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personas nombradas para ejercer funciones en las empresas petroleras estatales. La
decisión de Guaidó es una medida más de presión económica al gobierno de Maduro que
se suma a la adoptada por Estados Unidos de congelar cuentas y activos venezolanos -cuyo
control entregó a Guaidó. Además, a partir del 28 de abril, embargará la exportación de
crudo venezolano a su mercado. La petrolera, que financia 96% del presupuesto del país,
exporta a Estados Unidos cerca de la mitad de su producción, lo que representa el 75% de
su flujo de caja. PDVSA, una de las cinco mayores petroleras del mundo, está colapsada por
la caída de su producción (1,1 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años), la
corrupción, el default, la falta de inversiones y las sanciones estadounidenses.
 Los aliados de Maduro. Maduro ha anunciado el 14 de febrero en la ONU la creación de un
grupo de unos cincuenta países para defender la Carta de las Naciones Unidas ante la
posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos. Rodeado por diplomáticos de Rusia,
China, Irán, Cuba, Siria, Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia y otros países, el canciller
venezolano Jorge Arreaza aseguró que el nuevo grupo tomará acciones en los próximos
días para defender el derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, a la
integridad territorial y a la no injerencia en asuntos internos, así como a la obligación de no
amenazar la paz y la seguridad. El jefe de la ONU declaró, el pasado 10 de febrero, que
Naciones Unidas está dispuesta a fomentar el diálogo entre las dos partes enfrentadas en la
crisis de Venezuela si ambos líderes envían una petición conjunta al respecto.
CCCAAAMMMBBBOOOYYYAAA
Comienza la cuenta atrás. La Unión Europea ha iniciado, el pasado 11 de febrero, el proceso
para suspender temporalmente a Camboya del régimen comercial “todo menos armas” que le
brinda acceso preferente al mercado europeo. Estas declaraciones se producen tras
comprobar que existen “pruebas de violaciones graves y sistemáticas” de los derechos
humanos y laborales en este país. Este régimen aplica a los países clasificados por Naciones
Unidas como “países en desarrollo menos adelantados” y concede acceso al mercado europeo
libre de aranceles y cuotas para todo tipo de mercancías exceptuando armas y munición. Así
pues, se ha puesto en marcha un periodo de “seguimiento intensivo y de compromiso" que
durará seis meses y cuyo objetivo es que Camboya cumpla con sus obligaciones en virtud de
los convenios de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo. Una vez
transcurrido este periodo, la UE tendrá tres meses para elaborar un informe con los resultados
obtenidos, y posteriormente deberá tomar una decisión final en un plazo de un año desde que
se inició el procedimiento. Si finalmente queda excluida de este régimen, será un duro
varapalo para las exportaciones camboyanas teniendo en cuenta que la mitad de éstas van
destinadas a Europa.
IIINNNDDDIIIAAA
Continúan los enfrentamientos entre el ejército indio y los insurgentes en Cachemira. Al
menos cuatro soldados indios han perecido en un intercambio de disparos con insurgentes
ocurrido el pasado 18 de febrero en Cachemira. El enfrentamiento tuvo lugar apenas cuatro
ASIA

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días después del atentado suicida cometido cerca de Srinagar, al paso de un convoy militar
indio, con un balance de 41 víctimas mortales, lo que le convierte ya en el ataque de este tipo
más mortífero desde 1989. En ese año empezó la insurrección separatista en la Cachemira
india, una región que en tiempos de la colonización británica era una, pero que, tras la
independencia en 1947, fue dividida en dos partes, quedando una bajo control indio y la otra –
conocida como los Territorios del Norte‒ bajo control paquistaní. El atentado del pasado
jueves fue reivindicado por el grupo yihadista pakistaní Jaish-e-Mohammed. Los sucesivos
gobiernos indios, de hecho, siempre han acusado a su vecino y enemigo de proteger a estos
grupos y de darles apoyo logístico para cruzar a la Cachemira india y cometer atentados, un
extremo que siempre han negado las autoridades de Islamabad, quienes se han apresurado a
desmarcarse del atentado cometido el pasado jueves. En la India, que el próximo mayo
celebrará elecciones generales, se está creando tras estas acciones un cierto clima “pre-bélico”
anti-pakistaní, alimentado por el propio Narendra Modi con discursos incendiarios contra el
país vecino. Nueva Delhi tiene en estos momentos desplegados en la línea divisoria entre las
dos Cachemiras a medio millón de soldados, lo que convierte la zona en una de las más
militarizadas del mundo. Sin embargo, a pesar de este importante despliegue numérico, la
posibilidad de una respuesta militar es remota, debido a que el bajo nivel de equipamiento de
las tropas –hace años que el alto mando viene reclamando, sin éxito, gafas de visión nocturna
y helicópteros capaces de volar de noche a baja altitud‒ dificulta el que puedan llevarse a cabo
acciones militares específicas contra las células de Jaish-e-Mohammed situadas en territorio
pakistaní. A Nueva Delhi le queda, eso sí, la acción diplomática, y está empleándola a fondo
con el fin de intentar aislar a su vecino en el seno de la comunidad internacional. Sin embargo,
es dudoso que el gobierno indio vaya a poder conseguir que Pakistán sea objeto de sanciones
internacionales similares a las que se están ya aplicando sobre países como Corea del Norte o
Irán. Ello es debido, por un lado, a que Pakistán cuenta con el pleno apoyo político y financiero
de la República Popular China y, por otro, a la actitud ambivalente de los EE.UU. La
Administración estadounidense, por un lado, reconoce el derecho indio a ejercer acciones
punitivas contra su vecino, pero, por otro, necesita de la mediación pakistaní en sus
conversaciones con los talibanes en Afganistán con vistas a una retirada de las tropas
estadounidenses de ese país. Entre tanto, las relaciones entre India y su hermano enemigo, se
encuentran en su nivel más bajo en una década.
KKKAAAZZZAAAJJJSSSTTTÁÁÁNNN
Reducción intencionada de la producción. Se estima que en 2019 la producción de petróleo
en Kazajstán caerá hasta los 89,5 millones de toneladas frente a los 90,3 millones que registró
el año anterior. Esta reducción, sin embargo, responde a un cierre programado de tres
explotaciones petroleras para, de esta forma, cumplir con los compromisos de recortes de la
producción acordados entre los países miembros y no miembros de la OPEP. La producción
petrolera (crudo y condensado) en 2018 creció un 4,8% respecto al año anterior, equivalente a
1,81 millones de barriles al día. La mayor parte de la producción se destinó a los mercados
exteriores y cerca de un 80% de estas ventas exteriores fue crudo sin procesar ya que el país
cuenta con una capacidad de refino limitada. Sin embargo, a pesar de la reducción de la
producción total en 2019, se prevé que la de petróleo refinado aumentará un 5%, hasta los 12
millones de toneladas. También lo hará la demanda interna que se espera alcance los 15
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millones de toneladas como consecuencia del aumento de la capacidad de procesado en las
refinerías domésticas. En todo caso, Kazajstán está llamado a ser un jugador esencial en el
mercado de crudo ya que se espera que para el año 2023 la producción se haya incrementado
hasta los 99 millones de toneladas. Actualmente la república ex soviética cuenta con cerca de
170 pozos y 80 más en desarrollo, algunos de ellos en el Mar Caspio. De hecho, de los 4.800
millones de toneladas de reservas probadas (35.000 millones de barriles) que alberga su
subsuelo, al menos la mitad se encuentran en este mar interior cuyos recursos puede explotar
Kazajstán gracias a un acuerdo bilateral que firmó con Rusia. Esta situación es muy diferente
de la que protagonizan Irán, Azerbaiyán o Turkmenistán quienes, por disputas sobre la
soberanía, se han boicoteado mutuamente cualquier intento de explotación de los recursos
del Caspio. Gracias a la ortodoxia económica (y prudencia fiscal) y a un entorno relativamente
amigable para los negocios, Kazajstán se ha convertido en la principal economía de Asia
Central. Además, ha sabido frenar la influencia de Moscú a la vez que establecía lazos con
China y mantenía buenas relaciones con Occidente, una tarea que se antoja complejísima
actualmente.
RRRUUUSSSIIIAAA
 Ambicioso plan de inversión. El Gobierno ruso ha anunciado que invertirá hasta 390.000
mill.$ en un ambicioso plan de desarrollo económico hasta 2024, coincidiendo con el final
del mandato de Vladimir Putin. Tras la toma de poder el pasado mes de mayo, Putin
estableció una serie de objetivos para lo que en principio podría ser su última legislatura,
que contemplan reducir la tasa de pobreza a la mitad e incrementar la esperanza de vida de
la población. Así pues, el Ejecutivo ha desarrollado 13 proyectos nacionales para cumplir
con estas promesas. Un cuarto de los recursos (85.500 mill.$) se destinarán a mejorar las
infraestructuras no energéticas del país; las políticas medioambientales supondrán 54.500
mill.$ y las de fomento del crecimiento demográfico alrededor de 47.000 mill.$. Este
ambicioso plan de inversión será financiado gracias a los abundantes fondos del
presupuesto estatal, una parte la financiarán las propias regiones y 1.100 mill.$ procederán
de “fuentes extrapresupuestarias”. En 2018 la economía rusa registró un crecimiento en
torno al 1,7%, similar a la tasa del año anterior. Se considera que el crecimiento potencial
del país se encuentra en un modesto 2% ya que no se han llevado a cabo políticas de
inversión para mejorar la capacidad productiva de su anquilosado sector industrial.
Además, el progresivo envejecimiento de la población supone un desafío más para la
sostenibilidad de las cuentas públicas y ha forzado al Ejecutivo a tomar medidas muy
impopulares entre las que se encuentran la polémica subida de la edad de jubilación y el
incremento del IVA del 18 al 20% que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero.
 Reconocidos progresos. La publicación del plan de inversión se produce tan solo unos días
después de que la agencia de rating Moody´s calificase la deuda de Rusia como grado de
inversión, como ya lo hiciese Standard & Poor´s el pasado mes de diciembre. La mejora
obedece, entre otros factores, a la resistencia de la economía a las sanciones occidentales y
a las medidas fiscales que ha llevado a cabo el Ejecutivo que, aunque impopulares, suponen
un avance de cara a resolver el problema de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
 ¿Nuevas sanciones? De forma paralela, ha trascendido que tanto Estados Unidos como la
Unión Europea están estudiando la imposición de nuevas sanciones a Moscú por los
incidentes del pasado mes de noviembre en el mar de Azov que desataron una importante
escalada de tensión entre Ucrania y Moscú. Estos acontecimientos se saldaron con la
detención, por parte del Kremlin, de 24 marineros ucranianos y, pese a las reiteradas
demandas de las potencias occidentales, todavía no han sido liberados. Las restricciones
que se estudian tienen que ver con la congelación de activos a militares rusos, entre otras,

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pese a que se considera que su impacto será bastante limitado. Sin embargo, EE.UU ha
amenazado con imponer sanciones mucho más severas que contemplan incluso la
prohibición de adquirir deuda soberana por la implicación del Kremlin en el caso Skripal,
por el que un ex espía ruso fue envenenado con un agente nervioso el pasado verano en
Reino Unido. De hacerse efectivas, podrían suponer una nueva rebaja del rating, un notable
deterioro de la situación económica del país y, por ende, de la valoración de la población
del presidente.
TTTUUURRRQQQUUUÍÍÍAAA
Nuevo arresto masivo. Las autoridades turcas han ordenado detener a 1.112 personas por sus
vínculos con el clérigo Fetullah Gulen, acusado por Ankara de organizar la intentona golpista
que tuvo lugar el 15 de julio de 2016. Dos años y medio después, 77.000 personas permanecen
en prisión a la espera de un juicio y otras 150.000 han sido cesadas del funcionariado y el
Ejército. La purga que ha llevado a cabo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha
cebado con el estamento militar ya que más de 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas han
sido expulsados de sus cargos. Esta cifra equivale aproximadamente al 3,5% del personal que
tenía el país antes de la asonada. Erdogan ha sabido utilizar la extensión de sus atribuciones
tras declarar el estado de emergencia para afianzar su poder político, limitando la capacidad
de actuación de la oposición, la libertad de prensa e incluso modificando el sistema político del
país que pasó de ser una república parlamentaria a una presidencialista tras la celebración de
un referéndum constitucional el pasado año. Los mercados internacionales penalizaron
duramente la deriva autoritaria del mandatario lo que provocó una fuga de capitales masiva el
pasado mes de agosto con el consiguiente desplome de la lira que fue la moneda con peor
comportamiento en 2018. No obstante, parece que los mercados le han dado una tregua en
los últimos meses gracias a la decisión del Banco Central de elevar los tipos hasta el 24% en
septiembre del año pasado. Además, a cierre del año 2018 la cifra de déficit por cuenta
corriente ha sido la más reducida de los últimos 10 años (27.600 mill.$, equivalente al 3% del
PIB). Las agencias de rating, por su parte, mantienen su perspectiva en estable, tras degradar a
Turquía el pasado mes de agosto, si bien es cierto que estiman un deterioro de la situación a
corto plazo y la previsión de crecimiento que manejan es de tan solo un 0,5%. Ankara, por
tanto, vive una relativa estabilidad pero muchas nubes negras sobrevuelan su cielo.
EEEGGGIIIPPPTTTOOO
Al-Sisi busca perpetuarse en el poder. El parlamento egipcio inició el pasado 14 de febrero la
tramitación de una reforma de la Constitución de 2014, cuyo principal objetivo es la
ampliación del límite de dos mandatos de cuatro años a dos de seis años. Además, se incluirá
una cláusula de transición que se aplicaría únicamente al presidente, Abdel Fatah Al-Sisi, y que
le permitirá presentarse a las elecciones en dos ocasiones más una vez que finalice en 2022 su
actual mandato. La aprobación parlamentaria del proyecto de ley se da prácticamente por
segura ya que el Parlamento está, de manera aplastante, dominado por los partidos
oficialistas, al tiempo que la mayoría de las formaciones opositoras están proscritas,
especialmente las de ideología islamista. Una vez aprobada en el hemiciclo, la reforma
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO

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constitucional será sometida a referéndum popular, en un proceso que puede extenderse a lo
largo de varios meses. Al-Sisi, militar de carrera, accedió al poder en 2013 tras protagonizar un
golpe contra el entonces jefe del Estado, el islamista Mohamed Morsi, quien un año antes se
había convertido en el primer presidente civil democráticamente elegido de la historia del país
del Nilo. En 2014 el régimen organizó unas elecciones presidenciales con las que Al-Sisi trató
de legitimar su posición. Esos comicios, al igual que los celebrados cuatro años después –en
marzo de 2018‒, fueron ganados de manera abrumadora por el actual presidente, aunque en
medio de una elevadísima abstención. Si la reforma de la actual Constitución prospera –cosa
que prácticamente nadie pone en duda‒ Al-Sisi, que cuenta con 64 años y cuyo actual
mandato termina en 2022, podría permanecer en el poder hasta el año 2034. Los defensores
de la reforma constitucional han justificado la misma en la necesidad de dotar al país de
estabilidad y de un “gobierno fuerte”. El actual presidente ha sido el impulsor de una serie de
reformas económicas arriesgadas, entre las que destacan la decisión de liberalizar el tipo de
cambio y un fuerte recorte de los subsidios sobre las gasolinas, cuya aplicación, en noviembre
de hace tres años, permitió al país firmar un acuerdo con el FMI que expirará el próximo mes
de noviembre y cuya renovación es, de momento, incierta.
IIIRRRÁÁÁNNN
 Atentado contra los Guardianes de la Revolución. El pasado 13 de febrero se produjo un
atentado suicida con coche-bomba contra un autobús de los Guardianes de la Revolución,
en la provincia meridional de Sistán-Baluchistán. En el atentado murieron 27 guardias y
otros 13 resultaron heridos. Este tipo de atentado no es insólito en Irán, pero éste llama la
atención por el elevado número de víctimas, y también por el momento elegido para
perpetrarlo, mientras se estaba celebrando en Varsovia una conferencia sobre Oriente
Medio auspiciada por EEUU, en la que la representación estadounidense instó a la UE a
retirarse del acuerdo nuclear con Irán. El atentado ha sido reivindicado por un grupo
separatista suní (Jaish ul Adl). En esta región, en la frontera de Pakistán y Afganistán y con
una población mayoritariamente suní y de etnia baluchi, operan diversas milicias y grupos
que se dedican al tráfico de drogas. Irán ha reaccionado con las declaraciones habituales
acusando a EEUU y a Pakistán de organizar el ataque
 Todavía sin definir el funcionamiento del “Instrumento de apoyo a los intercambios
comerciales” de la UE. Este mecanismo, diseñado por Alemania, Francia y Reino Unido
para facilitar el comercio con Irán evitando el paso por los canales bancarios y conocido
como INSTEX entró en vigor oficialmente el pasado 1 de febrero, y ha suscitado
rápidamente las críticas de EEUU, que lo considera contraproducente para que Irán vuelva
a negociar acerca de su programa nuclear. Pero el objetivo es precisamente preservar el
acuerdo de 2015 con Irán: conseguir que los beneficios económicos que el acuerdo
proporcionó a Irán se mantengan lo suficiente como para que Teherán lo siga respetando.
Este mecanismo permitirá a las empresas europeas con intereses legítimos en Irán (es
decir, en áreas no afectadas por las sanciones estadounidenses y, en principio, en sectores
esenciales, como productos farmacéuticos, instrumental médico y productos
agroalimentarios) recurrir a técnicas de barter para llevar a cabo sus negocios. INSTEX
tendrá su sede en el Ministerio de Finanzas de Francia y cuenta con el respaldo
diplomático de los tres países, que son los accionistas de la sociedad (podrán unirse otros
en el futuro). La UE respalda la iniciativa pero no es la responsable directa. En cuanto a su
funcionamiento en la práctica, aún por definir, se entiende que, aunque no sea un banco,
participará en la coordinación de los pagos relacionados con el comercio con Irán, algo
imprescindible, ya que los importadores iraníes, incluso cuando consiguen las divisas
necesarias para pagar sus compras en el exterior, tienen enormes dificultades para hacer

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los pagos a sus proveedores, ya que los bancos europeos siguen sin aceptar fondos
originados en Irán. Esto es así incluso para el comercio humanitario, que está formalmente
exento de sanciones, lo que contribuye a la escasez y al aumento de los precios de ciertos
alimentos y medicamentos. INSTEX pretende reducir la necesidad de efectuar
transacciones entre los sistemas financieros europeos e iraníes. Lo hará permitiendo a los
exportadores europeos recibir pagos de Irán procedentes de fondos que ya se encuentran
en Europa, y viceversa. Se supone que las ventas de Europa a Irán se registrarán y se
compensarán con las exportaciones iraníes a Europa; los importes de compra-venta se
saldarán en entidades europeas o iraníes, según el caso, sin intercambios entre ellas. Una
dificultad importante reside en el hecho de que, al haberse desplomado las compras de
petróleo iraní por parte de Europa, el monto de las importaciones iraníes se ha reducido
mucho. La más inmediata es que comience a funcionar en la práctica.
ÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA
 Cumbre Unión Africana. La semana pasada se celebró en Adís Abeba, la capital de Etiopía,
la XXXII Cumbre Ordinaria de la Unión Africana que reúne a los líderes de todos los países
de la región. El Jefe de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi, presidirá la organización en
2019, tras finalizar el mandato temporal de su homólogo ruandés, Paul Kagame. El
organismo ha designado el presente ejercicio como el Año de los Refugiados. Al contrario
de lo que se pudiera pensar, gran parte de los desplazamientos se realizan dentro del
continente africano. Algunas ONGs calculan que la región alberga más de 18 millones de
refugiados. Los conflictos bélicos, el terrorismo, los desastres naturales y las crisis políticas
son las principales causas detrás de estas alarmantes cifras.
 Hacia un mercado único. El proyecto del Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA)
parece cada vez más cercano. Todos los países, excepto Benín, Eritrea y Nigeria, se han
adherido al tratado. Se espera que el acuerdo entre en vigor cuando al menos 22 países lo
ratifiquen en sus parlamentos nacionales, un hito que se espera que se produzca en los
próximos meses. De materializarse, el AfCFTA crearía un mercado común de 1.200 millones
de habitantes y, según los cálculos de la Unión Africana, incrementaría el comercio
intrarregional en unos 35.000 mill.$ al año, un aumento de nada menos que del 50%
respecto a los valores actuales.
KKKEEENNNIIIAAA /// SSSOOOMMMAAALLLIIIAAA
Crisis diplomática. La tensión entre los dos países vecinos se ha agravado después de que
Somalia supuestamente subastara en Londres los derechos sobre unas reservas petroleras
ubicadas en una zona en disputa. En respuesta, Kenia expulsó la semana pasada al embajador
somalí. Mogadiscio alega que no se ha subastado ninguna reserva de gas o de petróleo en
territorio keniano. Ambos Estados reclaman la soberanía de un área de 62.000 millas que,
aparentemente, alberga importantes reservas de hidrocarburos. La disputa está pendiente del
fallo que adopte la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de Naciones
Unidas, que, a principios de 2017, se declaró competente para juzgar el litigio.
ÁFRICA SUBSAHARIANA

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NNNIIIGGGEEERRRIIIAAA
Los comicios tendrán que esperar. La Comisión Electoral de Nigeria (CENI) ha pospuesto una
semana las elecciones presidenciales que tenían que haberse celebrado el pasado sábado. La
controvertida decisión se tomó apenas cinco horas antes de que se abrieran los colegios
electorales. El organismo justificó el aplazamiento por los problemas logísticos que impedían el
correcto transcurso de la convocatoria. Algunos candidatos han criticado el giro de los
acontecimientos y han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan
fallos en la custodia del material electoral. No es la primera que los comicios se aplazan en
Nigeria; al contrario, algo similar ya ocurrió en las elecciones de 2011 y de 2015. Así pues, salvo
sorpresa el proceso se celebrará el próximo 23 de febrero.
SSSUUUDDDÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA
Sin la chispa adecuada. La mayor federación sindical de Sudáfrica, Cosatu, ligada al partido del
gobierno, el Congreso Nacional (CNA), convocó una huelga general el pasado miércoles para
protestar contra el elevado desempleo, por encima del 27%, y, también, contra los planes del
Ejecutivo para reflotar la compañía eléctrica estatal, Eskom. Las organizaciones sociales temen
que la intención del gobierno de dividir en tres la empresa se traduzca en una considerable
reducción de la plantilla. La movilización tuvo un notable seguimiento en la minería y en el
sector público. Sin entrar a valorar las medidas que adoptará el gobierno, principalmente
porque se desconocen, no se puede ignorar que la situación Eskom ‒que se encarga de la
producción y distribución de más del 90% de la electricidad del país‒, es cada vez más
insostenible, lastrada por los escándalos de corrupción y la deficiente gestión. A la delicada
situación financiera –debido al abultado endeudamiento‒ se une la incapacidad de la
compañía de atender la demanda de energía. Esta situación ha obligado a aplicar cortes
programados en el suministro de energía, una drástica medida que está frenando la actividad
económica del país.
EEESSSTTTAAADDDOOOSSS UUUNNNIIIDDDOOOSSS
“Build the wall!” El 15 de febrero vencía el plazo dado por el presidente estadounidense
Donald Trump al partido demócrata para aprobar la financiación necesaria para construir el
muro en la frontera con México. De no conseguir los fondos, Trump había amenazado con
forzar, por segunda vez este año, el cierre parcial del Gobierno y dejar sin empleo ni sueldo a
800.000 trabajadores estatales. Al contrario de lo que uno pudiera imaginar, los congresistas
estadounidenses alcanzaron un principio de acuerdo por el que se destinarían 1.400 mill.$
para la construcción de 88 km del nuevo vallado en la frontera con México. El Senado dio luz
verde al paquete presupuestario con una amplia mayoría (83 votos frente a 16) y,
posteriormente, la Cámara de Representantes también lo avaló con el apoyo de 300
congresistas, frente a 128 que votaron en contra. Sin embargo, el acuerdo representa sólo una
pequeña parte de la cantidad que Trump exigía (5.700 mill.$) y por la que forzó el cierre parcial
de la Administración durante casi tres semanas. A pesar de que el presidente no vetó el pacto
presupuestario aprobado en el Congreso, anunció que declarará la emergencia nacional que le
OCDE

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permitirá disponer de hasta 8.000 mill.$ para financiar el resto. Hasta ahora los presidentes
estadounidenses únicamente han utilizado este recurso en caso de catástrofes naturales ya
que permite movilizar una gran cantidad de fondos sin someter la decisión a votación por el
Congreso. De esta forma, Trump conseguiría esquivar la mayoría que los demócratas ostentan
en la Cámara y cumplir una de sus principales promesas electorales. Representantes del
partido demócrata han tachado la medida de ilegal y ya han anunciado que recurrirán por la
vía judicial al considerar que vulnera la competencia exclusiva del Congreso sobre los
presupuestos que está recogida en la Constitución. Existiría otra vía para tratar de frenar a
Trump pero cuya aplicación es, a todas las luces, imposible. La ley de Emergencia Nacional
contempla que el Congreso pueda anular la declaración si ambas cámaras así lo acuerdan y el
presidente no ejerce su derecho de veto. Dado que el partido republicano ostenta la mayoría
en el Senado este recurso esta fuera del alcance de los demócratas. Así pues, Trump vuelve a
demostrar una vez más que se trata de un presidente atípico que se sale de los patrones
marcados por sus antecesores.
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 Alemania. La recesión planea sobre Berlín. Las cifras del último trimestre de 2018 arrojan
más dudas sobre la evolución de la economía alemana. En dicho período el crecimiento del
PIB fue nulo tras una contracción del 0,2% en el tercer trimestre. Así, ha evitado por la
mínima, entrar en recesión técnica, lo que se conoce como dos trimestres consecutivos con
crecimiento negativo, tal y como le ha ocurrido a Italia. Para el conjunto del año Alemania
experimentó un crecimiento del 1,4% y la oficina de estadística ha moderado su previsión
de crecimiento del PIB en 2019 hasta el 1%, frente al 1,8% que estimaba anteriormente. Si
la caída del PIB en el tercer trimestre se explicaba por la nueva regulación de emisiones que
afectó al sector del automóvil, la pérdida de dinamismo actual corresponde a la
incertidumbre generada por la guerra comercial entre EE.UU y China y el Brexit. Éstos son
los dos principales riesgos que lastran el comercio internacional y, en consecuencia, afectan
negativamente a las economías que, como la alemana, presentan un fuerte componente
exportador. No obstante, con una tasa de desempleo alrededor del 3,3% y la considerable
subida de los salarios, la posibilidad de que la primera economía de la zona euro entre en
recesión es todavía remota. Asistimos pues a la desaceleración del que hasta ahora ha sido
el principal motor económico de la eurozona lo que ha provocado que las previsiones de
crecimiento de la Comisión Europea para 2019 se moderen hasta el 1,3% frente al 1,7% que
se estimaba anteriormente.
 Brexit. Enésima derrota para May. El último batacazo político que ha encajado la primera
ministra británica, Theresa May, ha sido especialmente humillante por insignificante e
inesperado. El pasado 14 de febrero en la Casa de los Comunes los diputados británicos
votaron en contra de la petición de la primera ministra de extender dos semanas más el
plazo de negociaciones con Bruselas. Pese a que esta votación no era legalmente
vinculante, supone un nuevo mazazo político ya que desacredita nuevamente su figura ante
la UE y pone en evidencia el limitado poder con el que cuenta en el Parlamento. Los
euroescépticos conservadores expresaron de esta forma su inconformidad con la estrategia
de May que pretende evitar a toda costa una salida sin acuerdo; los conservadores
partidarios de permanecer en la UE, por su parte, consideran insuficiente el compromiso de
May para evitar un Brexit duro. Pese a que la primera ministra ha continuado las
conversaciones con Bruselas sabe que ha perdido poder negociador frente al bloque. Desde
que tomase el relevo de David Cameron como líder del partido conservador y renovase su
cargo como primera ministra, May ha vivido en dos años y medio lo que muchos líderes no

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experimentan a lo largo de toda su vida política. El pasado 29 de enero una mayoría
parlamentaria aprobó una moción en la que se apoyaría el acuerdo de salida si se eliminaba
o modificaba la cláusula para la salvaguarda irlandesa. El resultado de esta votación supuso
la llave necesaria para que May reabriese las negociaciones con la UE. En aquel momento,
parecía que si ambas partes conseguían llegar a algún tipo de acuerdo sobre la cláusula de
la frontera con Irlanda del Norte, May sería capaz de conseguir que el Parlamento lo
avalase. Sin embargo, el resultado de la votación del 14 de febrero rompe de nuevo la
unidad de la cámara y obliga a cuestionarse si, en caso de que se modificase el acuerdo, la
premier podría conseguir una mayoría suficiente que lo apoyase. A pesar de que
Westminster se tomará un descanso esta semana, se prevé que el 27 de febrero los
diputados favorables a la permanencia en la UE presenten una nueva enmienda a la
Cámara. Dicha iniciativa contempla prohibir un abandono no negociado de la UE y dar el
control al Parlamento de todo el proceso de salida. De aprobarse dicha enmienda, el
culebrón político en el que se ha convertido Brexit podría dar un nuevo giro inesperado.
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