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Consulta previa: Un derecho cruzado por la contradicción del Modelo
Foto: CAOI
– Entrevista imperdible de Actualidad Étnica a Luis Evelis
Andrade Casamá, senador indígena de Colombia.
Servindi, 27 de diciembre, 2015.- Mientras que los empresarios y el
Estado miran el tema de la Consulta previa como un mero
procedimiento que facilite los procesos de explotación de los recursos
naturales, los indígenas tratamos de preservar nuestra cultura,
creyendo que dichos proyectos tienen que ser una oportunidad para
el desarrollo económico de nuestras comunidades.
Así lo sostuvo Luis Evelis Andrade Casamá, senador indígena de
Colombia, a propósito del debate surgido en ese país en torno a si se
debe reglamentar por ley o no el derecho a la Consulta previa de los
pueblos indígenas.
Según Andrade, del pueblo Embera, el ejercicio de este derecho se ve
perjudicado por ambas visiones. “Es como una balanza. En un
extremo está el capitalismo y su modelo de desarrollo. En el otro,
estamos los indígenas tratando se salvaguardar nuestra propia visión
del mundo”, explicó en entrevista con el sitio web Actualidad Étnica.
Andrade, elegido senador el 2014, manifestó que hoy mucha gente
cree que la Consulta se ha convertido en un escenario de transacción
y no en un escenario de ejercicio del derecho. Al respecto enfatizo
que “hablar de Consulta Previa es hablar de política de
reconocimiento y de ejercicio de un derecho fundamental”, el cual
debe estar garantizado por el Estado.
Sobre la aparente buena voluntad del Gobierno y la acogida del tema
en la sociedad, sostuvo que lo indígena se ha convertido hoy en un
producto más que se empaqueta, que se vende, y que en realidad a
pocos les importa la esencia de sus conceptos.
Esto pasa, por ejemplo, con el concepto del Buen Vivir, el cual -
explicó- “se ha ido convirtiendo en un producto que hoy es apropiado
por Estados y organizaciones financieras como el BID y el BM y otras
entidades mercantiles.”
“Deberíamos estar felices, pero desafortunadamente se apropia el
nombre, pero se niega la esencia de nuestro pensamiento”, apuntó.
En torno al enfoque diferencial que los pueblos originarios exigen,
explicó que a la fecha existe gente que no entiende por qué piden
dicho trato, lo que hace que se satanice al “movimiento indígena y
negro por exigir la aplicación del postulado constitucional que además
del enfoque diferencial, también incluye el tema de las acciones
afirmativas.”
“Esto se debe a que adolecemos de una posición sólida sobre la
esencia de la política de reconocimiento y porque aún subsisten
sectores que no miran los derechos de los grupos étnicos en su
integralidad, esto es, asociado a un territorio, a una lengua a una
cultura, a una jurisdicción y a un gobierno propio, y menos aún, que
somos autónomos en el ejercicio de nuestros derechos territoriales”,
precisó.
Sin más preámbulos, compartimos la entrevista completa que se
difundió en dos partes; aquí unimos ambas.
Consulta previa: Un derecho cruzado por la contradicción del
Modelo (Parte 1)
– “Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado
la máquina del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores
esfuerzos, que este es un modelo que explota y abandona el
territorio dejando muerte y depredación”
Son varios los eventos en los que ha participado el senador indígena
Luis Evelis Andrade Casamá, con un tema común: La Consulta Previa.
Hace un año, con otros miembros de la bancada indígena, decidió
suspender un debate de control político en el Senado de la República,
por la ausencia de varios de los ministros convocados. Quince días
después se realizó el debate con la presencia de los funcionarios.
El debate de control político, al igual que la audiencia pública que
realizó con varios congresistas del Polo y del Partido Verde a finales
del mes de noviembre, tenían un elemento común: la reglamentación
de la Consulta. Allí se debatió a profundidad sobre la pertinencia o no
de tramitar una ley estatutaria en el Congreso de Colombia. Y el
senador indígena se había preparado para esto. Pero la organización
del evento le asignó un panel en el que se abordaban temas
relacionados con el modelo de desarrollo y los temas de gobernanza,
territorio y autonomía.
Actualidad Étnica habló con el Senador Indígena sobre estas
temáticas
LEAC: -Ese es justamente el problema, dice sin que terminemos de
formularle la pregunta.– La Consulta Previa está atravesada por la
mirada diametralmente opuesta sobre el concepto de desarrollo que
tenemos Gobierno, empresarios y comunidades étnicas. Lo real es
que todas las políticas para afianzar un determinado modelo, afectan
los territorios y nos afectan directamente. Aquí se me viene a la
cabeza las reflexiones de Héctor Moncayo, quien dice que el tema de
la consulta se ha manejado como una disputa entre particulares, que
resulta desigual, pues en el entender del gobierno, el empresario
expresa el interés general mayoritario y la comunidad, el interés
particular. El Estado, que es el garante y responsable de garantizar el
ejercicio del derecho, asume que la defensa del interés general, la
defensa de lo público, está asociado a los derechos de las
multinacionales de los hidrocarburos o las empresas extractivistas.
PAE: Pero el gobierno ha dicho que respeta los derechos de las
comunidades étnicas, además de pregonar que somos el país
que más desarrollado normas que protegen los derechos de
indígenas y negros….
LEAC: -Nunca hemos negado que en Colombia existan normas que
amparan nuestros derechos. Recuerde que los indígenas participamos
en el proceso constituyente, y con nuestra ayuda, se le dio
nacimiento a un país multiétnico y pluricultural, a un país que se
reconoce diverso. Aquí asistimos más bien a un problema de voluntad
y de concepción política, O sea, tenemos normas, pero nos distancia
la forma en que las interpretamos o simplemente no se cumplen. Tal
vez sería más sencillo el entendimiento si no tuviéramos tantas
normas.
También tenemos una gran cantidad de jurisprudencia, tanta, que ya
en los debates dejamos que hablen las sentencias de las cortes antes
que nuestra propia percepción de la realidad. Usted se sorprendería
de la forma como los indígenas y los afros hemos apropiado los
contenidos de las sentencias.
PAE: Si existen las normas y la jurisprudencia contribuye a la
interpretación de las mismas, ¿porque ese interés del
gobierno en reglamentar la consulta a través de una ley?
LEAC: Primero precisemos el tema. Hablar de Consulta Previa es
hablar de política de reconocimiento y de ejercicio de un derecho
fundamental. Si fuera por los empresarios y por el gobierno, las
consultas pocas veces se harían. Fíjense como muchos pueblos tienen
que tutelar el derecho, ya sea porque no se hace la consulta, o
porque se desconoce la existencia de comunidades, para citar solo
dos casos. O sea, realmente no tenemos garantías en la aplicación de
la Consulta. Ni siquiera podríamos hablar de garantías judiciales.
Cuando una Corte falla, ya han pasado meses y años de haberse
vulnerado el derecho.
Muchos creen que La Consulta se ha convertido en un escenario de
transacción y no en un escenario de ejercicio del derecho.
Los indígenas no estamos afanados en la reglamentación. Creemos
que existen los instrumentos legales para que funcione
correctamente, si se actúa de buena fe. Además, la Corte
Constitucional ha definido los elementos que pueden ayudar a la
elaboración de un protocolo que les dé garantías a todos los actores
de la Consulta.
Al gobierno y a los empresarios les preocupa el tema de los tiempos,
del alcance y de todo aquello que teóricamente genera inseguridad
jurídica. Los indígenas aceptamos los mandatos de la Corte y la Corte
ha dicho que se debe reglamentar. Lo que no está claro es si debe
hacerse a través de una ley. Lo que debe quedar claro es que ningún
proceso de reglamentación debe hacerse para limitar el derecho.
PAE: Hablabas de una mirada totalmente opuesta en torno al
concepto de desarrollo
Para los indígenas, la esencia de la economía, la sociedad, la
comunidad, el individuo y el propio planeta, se sintetiza en el
concepto del Buen Vivir.
Y claro, la gran problemática para el ejercicio del derecho
fundamental a la Consulta Previa, es que estamos parados en orillas
opuestas. Empresarios y Estado mirando el tema como un mero
procedimiento que facilite los procesos de explotación de los recursos
naturales y nosotros, tratando de preservar nuestros usos y
costumbres, nuestra cultura, pero también creyendo que esos
proyectos tienen que ser una oportunidad para el desarrollo
económico de nuestras comunidades, pero desde nuestro proyecto
del Buen Vivir.
Es como una balanza. En un extremo está el capitalismo y su modelo
de desarrollo. En el otro, estamos los indígenas tratando se
salvaguardar nuestra propia visión del mundo. Si miramos el tema
más de fondo, esta contradicción es la misma que está generando la
crisis civilizatoria que hoy tiene el mundo.
PAE: Pero uno escucha a funcionarios del gobierno y a los
representantes de los empresarios y pareciera que están
comprometidos con los derechos de los pueblos étnicos…
Ese un uno de los problemas que tenemos. La sociedad entera asume
el marketing de lo aborigen, de lo indígena, pero poco o nada le
importa la esencia de sus conceptos. Es un producto más que se
empaqueta, que se vende, pero poco se aprende de nuestra sabiduría
y experiencia, y ese es el sustento del Buen Vivir.
Asistimos a un prolongado proceso de apropiación del conocimiento
indígena. Apropiación para trivializar. Apropiación para negar nuestra
identidad. A nuestros Planes de Vida se les fue incorporando
metodologías, rutas, resultados, hasta hacerlos cada vez más
parecidos a los planes de desarrollo. Igual ha venido sucediendo con
nuestro derecho propio. Se ha venido desarrollando un proceso
sistemático por positivarlo. Es en estos ejemplos donde radica el
proceso de negación de nuestras culturas.
PAE: Uno pensaría que lo indígena ha logrado permear las
estructuras del modelo capitalista
Ojalá fuera así. No es solo la contradicción de modelos. Es la
“adecuación” de nuestro modelo para asimilarnos. El Buen Vivir por
ejemplo, se ha ido convirtiendo en un producto que hoy es apropiado
por Estados y organizaciones financieras como el BID y el BM y otras
entidades mercantiles. Deberíamos estar felices, pero
desafortunadamente se apropia el nombre, pero se niega la esencia
de nuestro pensamiento.
El ejemplo más claro de esto es que nunca se consultó a nuestros
pueblos para apropiar nuestro modelo de Buen Vivir. Lo real es que
vivimos en un mundo globalizado al que no le interesa el equilibrio y
la armonía con la naturaleza. Lo único que le interesa es apropiar y
arrebatar usos y costumbres, asumir y desnaturalizar derechos,
desconocer nuestras culturas. El ideal del mundo globalizado es
homologar sistemas, modelos y culturas para que prime un único
modelo de desarrollo, el modelo capitalista.
PAE: Pero ¿todo ese marco normativo condensado en un
bloque de constitucionalidad no blinda a los indígenas para
que esto no suceda?
Debería ser así, y no solo para los indígenas, para la sociedad entera.
Pero siempre tenemos que acudir a los jueces para que nos otorguen
derechos que ya tenemos. Tenemos derecho a la salud, pero los
ciudadanos tienen que tutelar la prestación del servicio.
Los indígenas también tenemos que recurrir permanentemente a los
jueces para que se nos reconozca que existimos como tal comunidad
en lustros territorios, para que se nos consulte, cada vez que se vaya
a desarrollar un proyecto, que nos impacta de alguna manera. La
pregunta es, ¿porque estamos construyendo un modelo basado en
mendigar derechos?
He dicho que el Estado tiene la obligación de disuadir esa falsa
concepción de los actores económicos y de la sociedad mayoritaria,
que ven en el indígena, en su territorio y en su cultura, un obstáculo
en sus propósitos de acumulación de poder y de riquezas. Pero
también es obligación del Estado impedir que en los territorios
indígenas y negros, se desarrollen actividades depredadoras de
nuestro patrimonio territorial. Le resumo: No nos oponemos al
modelo de desarrollo de la sociedad mayoritaria, pero si nos
oponemos a que se desconozca nuestro propio modelo y se nos
imponga uno ajeno.
PAE: ¿Por qué esa resistencia al modelo de la sociedad
mayoritaria?
Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado la máquina
del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores esfuerzos, que este
es un modelo que explota y abandona el territorio dejando muerte y
depredación. Y a los indígenas nos queda la tarea de la recuperación
y el equilibrio de la naturaleza, para garantizar la pervivencia de las
especies y el mantenimiento de la biodiversidad.
PAE: Pero todos los gobernantes del mundo….
Si, en Francia, en el marco de la COP21 se discute sobre los efectos
de gas invernadero y los compromisos de las naciones. Son tibios. Lo
ideal sería detener el calentamiento global, pero se pusieron de
acuerdo en dos grados, mientras que Evo Morales les proponía uno.
No hay conciencia de que vamos hacia una debacle.
Reitero que el problema no siempre es de normas. A nivel
internacional también existen muchos instrumentos, pero la falta de
voluntad política es globalizada. La normatividad nacional e
internacional no ha hecho otra cosa que asignarle a los Estados un rol
fundamental para garantizar el desarrollo de la visión propia de los
pueblos indígenas y su pervivencia. Pero aquí, la pervivencia de 35
pueblos indígenas está en peligro. La Corte Constitucional ha
ordenado planes de salvaguarda para estos pueblos que están en
peligro de desaparecer por múltiples factores: conflicto armado,
políticas extractivas, pobreza estructural y también por la ausencia
del Estado. Todos estos factores están llevando a estas poblaciones al
exterminio y a su desaparición física y cultural.
PAE: Pero Colombia se comprometió a respetar los territorios
de los pueblos indígenas e impedir que modelos extractivos o
de desarrollo industrial generen afectaciones en sus
territorios…
Si, en la Conferencia sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas
se llegó a ese acuerdo. Pero es un acuerdo más en el papel. Falta
mucho para que los Estados entiendan que garantizar la integridad de
los territorios indígenas y la pervivencia de sus comunidades en una
relación de armonía y tranquilidad con la naturaleza, están también
contribuyendo a consolidar el equilibrio y la armonía del planeta y de
toda la humanidad.
PAE: ¿A modo de conclusión?
En conclusión, Estado y comunidades deben realizar un esfuerzo
conjunto, que garantice la protección del territorio, de los
ecosistemas y del medio ambiente, que aproxime los modelos de
desarrollo a uno que se fundamente en la armonía, el “buen vivir” y
entendimiento pacífico de las culturas.
Consulta Previa: Gobierno, Autonomía y Defensa del Territorio
(Parte 2)
En la segunda parte de esta entrevista, el senador indígena
Luis Evelis Andrade Casamá nos habla de la Consulta Previa,
en relación con el gobierno, la autonomía y la defensa del
territorio
Luis Evelis, al igual que los indígenas de Abya Yala, tienen claro que
gran parte de la riqueza de los países, está en los territorios
indígenas. “Sobre esos territorios abandonados de dios, donde solo
había grupos de aborígenes que nadie reconocía como pueblos, se
encuentran muchas de las riquezas mineros energéticos, en las que
los países cifran sus expectativas de desarrollo”.
Y agrega: “Los indígenas hemos sido los guardianes de estos
recursos. Mientras conservábamos nuestro territorio y manteníamos
nuestro conocimiento ancestral, garantizábamos la preservación de la
biodiversidad. Mientras desarrollábamos una relación estrecha con la
madre tierra, preservábamos este patrimonio, todas estas riquezas”.
“Mientras los empresarios voraces no eran conscientes de la
existencia de estas riquezas, no había preocupación por el control de
nuestros territorios, aunque tampoco le interesaba al capital ni al
Estado los seres humanos que allí habitábamos”.
PAE: ¿Los cambios políticos de finales de la década del 80
están cimentados en la ignorancia del Estado y de los
empresarios?
LEAC: No exactamente. Es una época de gran crisis política y social.
Muchos empiezan hablar de la década perdida o incluso de que somos
un país inviable. Todo esto se da a la par de la conmemoración de los
500 años de la invasión, que algunos llaman “descubrimiento”. Lo
real, es que “los cambios políticos realizados en Colombia finalizando
la década del 80, permitieron consolidar un marco de derechos
constitucionales y legales, que sumados a convenios suscritos por
nuestro país, estructuraron un bloque normativo que fundamenta la
política del reconocimiento. Con ese marco normativo se nos
reconoció nuestros territorios y a nuestras comunidades como
pueblos con usos y costumbres, gobierno y jurisdicción propia y con
autonomía para el pleno ejercicio de nuestros derechos, individuales
y colectivos.
PAE: De la invisibilidad se pasó a una política de
reconocimiento, entonces, ¿Cuál es el problema?
LEAC: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de
estos derechos. Y no está haciendo bien la tarea.
En vez de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control
territorial, de nuestro gobierno e instituciones, de nuestras culturas.
El Estado ha sido omisivo y permisivo frente a la arremetida de
ejércitos de madereros que talan nuestras selvas, de ejércitos que
manipulan dragas que saquean y depredan nuestros territorios, de
ejércitos de hombres civiles armados al servicio madereros, mineros,
narcotraficantes, contrabandistas y toda suerte de delincuentes que
deterioran nuestro entorno, y que se enriquecen mientras nosotros
nos empobrecemos.
PAE: Pero con tanta norma, difícil que la comunidad nacional e
internacional crea que en Colombia no se garantizan los
derechos a los indígenas…
LEAC: Dije al inicio que el problema no está en la carencia de
normas, ni en la ausencia de interpretación. El problema está en la
falta de voluntad política del Estado para que estas se cumplan, para
que se cumplan las sentencias de las Cortes. Claro, los funcionarios
dicen que son nuestros amigos, que si hay voluntad política, pero la
verdad es que lo que nosotros observamos a diario es que no se
actúa con buena fe. Por supuesto eso no lo reconoce nadie. Los
errores siempre se presentan como problemas de individuos, nunca
como un problema de la política de gobierno. Cuando se reconocen
esas falencias, ya se ha dilatado el proceso, ya se ha consumado la
vulneración del derecho.
PAE: Volvamos al tema inicial, el del desarrollo. ¿Ustedes se
oponen al desarrollo del país?
LEAC: Son los gobiernos los que entregan el patrimonio de la nación
a nombre del desarrollo. ¿De qué modelo de desarrollo estamos
hablando? Yo podría decir que han sido los distintos gobiernos
quienes se han opuesto a nuestro modelo de desarrollo en cada
Proyecto de Ley que no se consulta, en cada proyecto de exploración
petrolero que no se consulta. Dicen que nos oponemos a un modelo
de desarrollo que genera riqueza para el país. Nosotros también
somos país y la pregunta elemental es, ¿Por qué las multinacionales
se enriquecen, depredan nuestros territorios y nos dejan sumergidos
en la pobreza? ¿Eso es riqueza para el país? Es claro que el Estado no
establece unas reglas de juego claras que salvaguarden nuestras
culturas, nuestro territorio, nuestras riquezas y sobre todo, a
nuestros pueblos. Ese si es el debate.
Por eso las dificultades para el desarrollo de los procesos de Consulta
Previa. Porque los funcionarios ven en este instrumento un obstáculo
al ejercicio del derecho, antes que una posibilidad para generar
políticas públicas de salud, de educación, de vivienda y de bienestar,
además de unas reglas claras que generen riqueza para el país y para
las comunidades.
Ahora mismo están cursando varios Proyectos de Ley en el Congreso
que a nuestro juicio requerían Consulta Previa. ¿Porque el gobierno
no consultó el Proyecto de ZIDRES, que es una iniciativa legislativa
que afecta directamente a nuestras comunidades? Nos dicen que se
ha incluido una salvaguarda que prohíbe la creación de ZIDRES en los
territorios étnicos. ¿Por qué no se consultó el proyecto de Ley de
Costas que cursa actualmente en el Congreso? Fíjese que estamos
hablando de las costas del Atlántico, donde hay poblaciones que son
mayoritariamente indígenas como Uribia y Manaure, y esto para no
hablar de comunidades enteras de afrocolombianos que viven de la
pesca, las artesanías y el mismo turismo a todo lo largo de esta
costa. Es más, cuando ya existe jurisprudencia que ampara los
derechos de los pescadores negros en ciudades como Cartagena.
En la costa pacífica tenemos una población que es fundamentalmente
negra e indígena y donde el común denominador es la pobreza. No
estamos diciendo que los proyectos sean definitivamente malos.
Nuestra pregunta es, ¿Por qué no se consulta a estas comunidades el
desarrollo de estas iniciativas legislativas, como dice la norma?
Otro proyecto para revisar, sería el de páramos. En síntesis, lo que
vengo observando es que el gobierno se ideó la forma de evadir la
Consulta y es insertando unilateralmente en los contenidos del
Proyecto de Ley, aquellos elementos que teóricamente “amparan el
derecho”, como está en el artículo 29 del Proyecto de ZIDRES.
Reconozco que el artículo preserva el derecho de consulta del
proyecto productivo o la declaratoria de la ZIDRE, pero no garantiza
el derecho a la Consulta que debe realizarse de manera previa al
trámite en el congreso, haciendo caso omiso a la norma y a nuestra
posición. Ellos creen que con eso blindan el proyecto, nosotros
creemos que no. Claro que es la Corte quien decide.
Autonomía y gobierno propio
PAE: Luis Evelis, tenemos una constitución garantista que
reconoce el tratamiento diferencial para muchos sectores. ¿En
qué se diferencia esto del enfoque diferencial que reivindican
los indígenas?
LEAC: Estamos en la era del enfoque diferencial, y tal vez con razón
la gente dice que cuando el enfoque diferencial es para todos, no es
para nadie. Los indígenas por supuesto no nos oponemos al trato
diferencial, y somos respetuosos de las políticas que empoderen y
reconozcan los derechos y el tratamiento diferencial para las mujeres,
los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los deportistas, los
periodistas y podría seguir de manera interminable con la lista de
sectores sociales que reclaman un trato diferencial.
Desafortunadamente hay sectores que no entienden esto y satanizan
al movimiento indígena y negro por exigir la aplicación del postulado
constitucional que además del enfoque diferencial, también incluye el
tema de las acciones afirmativas.
Esto se debe a que adolecemos de una posición sólida sobre la
esencia de la política de reconocimiento y porque aún subsisten
sectores que no miran los derechos de los grupos étnicos en su
integralidad, esto es, asociado a un territorio, a una lengua a una
cultura, a una jurisdicción y a un gobierno propio, y menos aún, que
somos autónomos en el ejercicio de nuestros derechos territoriales.
En ese error cae el gobierno y las mismas organizaciones de la
sociedad civil. Pero ese no es el centro del debate.
PAE: Y ¿cuál es la relación de este planteamiento con el
ejercicio de la Consulta Previa?
El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de derechos humanos de
los pueblos indígenas y otros documentos que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, lo que han hecho es afianzar ese marco de
derechos históricos sobre el territorio y todas las instituciones propias
en materia de territorio, gobierno, autonomía y justicia propia con
fundamento en leyes ancestrales, naturales y de origen que poco a
poco han sido reconocidas en las constituciones de los distintos
países.
La Corte ha señalado en varias sentencias, que cada vez que se
desarrollen iniciativas legislativas o proyectos que impacten nuestras
comunidades, se debe realizar la Consulta Previa. En síntesis, es la
salvaguarda de nuestra identidad étnica y cultural. Muy a pesar de
esto, se desconoce y vulneran estos derechos.
PAE: Usted es senador y representa a los pueblos indígenas.
¿Qué es lo que usted espera del gobierno y de sus compañeros
en el congreso?
LEAC: Es muy claro. Es responsabilidad del Estado salvaguardar
nuestras culturas, garantizando su diversidad y pluralidad,
garantizando nuestras formas organizativas, pero ante todo,
fortaleciendo todos aquellos instrumentos que como la Consulta
Previa, permiten el pleno ejercicio de nuestros derechos
fundamentales.
El gobierno y también los congresistas, deben profesar un profundo
respeto hacia los pueblos indígenas, sobre todo en lo relacionado con
los procesos de consulta. Además, las Cortes se lo están indicando en
multiplicidad de sentencias. El ejecutivo y el legislativo deben asumir
que los indígenas no somos enemigos de las políticas que benefician
a las comunidades y mucho menos al país.
En ese interés reciente del gobierno por reglamentar este derecho, lo
único que debe tenerse claro, es que independientemente de lo que
acordemos indígenas y gobierno, esto debe obedecer a un proceso de
concertación fundamentado en la política del reconocimiento y en el
profundo respeto por los derechos adquiridos.
—-
Fuente: Portal ActualidadEtnica.com:
http://www.actualidadetnica.com/actualidad/actualidad-col-
01/politica/9182-consulta-previa-un-derecho-cruzado-por-la-
contradicci%C3%B3n-del-modelo.html

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Consulta previa: Un derecho cruzado por la contradicción del Modelo

  • 1. Consulta previa: Un derecho cruzado por la contradicción del Modelo Foto: CAOI – Entrevista imperdible de Actualidad Étnica a Luis Evelis Andrade Casamá, senador indígena de Colombia. Servindi, 27 de diciembre, 2015.- Mientras que los empresarios y el Estado miran el tema de la Consulta previa como un mero procedimiento que facilite los procesos de explotación de los recursos naturales, los indígenas tratamos de preservar nuestra cultura, creyendo que dichos proyectos tienen que ser una oportunidad para el desarrollo económico de nuestras comunidades. Así lo sostuvo Luis Evelis Andrade Casamá, senador indígena de Colombia, a propósito del debate surgido en ese país en torno a si se debe reglamentar por ley o no el derecho a la Consulta previa de los pueblos indígenas. Según Andrade, del pueblo Embera, el ejercicio de este derecho se ve perjudicado por ambas visiones. “Es como una balanza. En un extremo está el capitalismo y su modelo de desarrollo. En el otro, estamos los indígenas tratando se salvaguardar nuestra propia visión del mundo”, explicó en entrevista con el sitio web Actualidad Étnica. Andrade, elegido senador el 2014, manifestó que hoy mucha gente cree que la Consulta se ha convertido en un escenario de transacción y no en un escenario de ejercicio del derecho. Al respecto enfatizo que “hablar de Consulta Previa es hablar de política de reconocimiento y de ejercicio de un derecho fundamental”, el cual debe estar garantizado por el Estado.
  • 2. Sobre la aparente buena voluntad del Gobierno y la acogida del tema en la sociedad, sostuvo que lo indígena se ha convertido hoy en un producto más que se empaqueta, que se vende, y que en realidad a pocos les importa la esencia de sus conceptos. Esto pasa, por ejemplo, con el concepto del Buen Vivir, el cual - explicó- “se ha ido convirtiendo en un producto que hoy es apropiado por Estados y organizaciones financieras como el BID y el BM y otras entidades mercantiles.” “Deberíamos estar felices, pero desafortunadamente se apropia el nombre, pero se niega la esencia de nuestro pensamiento”, apuntó. En torno al enfoque diferencial que los pueblos originarios exigen, explicó que a la fecha existe gente que no entiende por qué piden dicho trato, lo que hace que se satanice al “movimiento indígena y negro por exigir la aplicación del postulado constitucional que además del enfoque diferencial, también incluye el tema de las acciones afirmativas.” “Esto se debe a que adolecemos de una posición sólida sobre la esencia de la política de reconocimiento y porque aún subsisten sectores que no miran los derechos de los grupos étnicos en su integralidad, esto es, asociado a un territorio, a una lengua a una cultura, a una jurisdicción y a un gobierno propio, y menos aún, que somos autónomos en el ejercicio de nuestros derechos territoriales”, precisó. Sin más preámbulos, compartimos la entrevista completa que se difundió en dos partes; aquí unimos ambas. Consulta previa: Un derecho cruzado por la contradicción del Modelo (Parte 1)
  • 3. – “Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado la máquina del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores esfuerzos, que este es un modelo que explota y abandona el territorio dejando muerte y depredación” Son varios los eventos en los que ha participado el senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá, con un tema común: La Consulta Previa. Hace un año, con otros miembros de la bancada indígena, decidió suspender un debate de control político en el Senado de la República, por la ausencia de varios de los ministros convocados. Quince días después se realizó el debate con la presencia de los funcionarios. El debate de control político, al igual que la audiencia pública que realizó con varios congresistas del Polo y del Partido Verde a finales del mes de noviembre, tenían un elemento común: la reglamentación de la Consulta. Allí se debatió a profundidad sobre la pertinencia o no de tramitar una ley estatutaria en el Congreso de Colombia. Y el senador indígena se había preparado para esto. Pero la organización del evento le asignó un panel en el que se abordaban temas relacionados con el modelo de desarrollo y los temas de gobernanza, territorio y autonomía. Actualidad Étnica habló con el Senador Indígena sobre estas temáticas LEAC: -Ese es justamente el problema, dice sin que terminemos de formularle la pregunta.– La Consulta Previa está atravesada por la mirada diametralmente opuesta sobre el concepto de desarrollo que tenemos Gobierno, empresarios y comunidades étnicas. Lo real es que todas las políticas para afianzar un determinado modelo, afectan los territorios y nos afectan directamente. Aquí se me viene a la cabeza las reflexiones de Héctor Moncayo, quien dice que el tema de la consulta se ha manejado como una disputa entre particulares, que resulta desigual, pues en el entender del gobierno, el empresario expresa el interés general mayoritario y la comunidad, el interés particular. El Estado, que es el garante y responsable de garantizar el ejercicio del derecho, asume que la defensa del interés general, la defensa de lo público, está asociado a los derechos de las multinacionales de los hidrocarburos o las empresas extractivistas. PAE: Pero el gobierno ha dicho que respeta los derechos de las comunidades étnicas, además de pregonar que somos el país que más desarrollado normas que protegen los derechos de indígenas y negros…. LEAC: -Nunca hemos negado que en Colombia existan normas que amparan nuestros derechos. Recuerde que los indígenas participamos en el proceso constituyente, y con nuestra ayuda, se le dio nacimiento a un país multiétnico y pluricultural, a un país que se reconoce diverso. Aquí asistimos más bien a un problema de voluntad y de concepción política, O sea, tenemos normas, pero nos distancia la forma en que las interpretamos o simplemente no se cumplen. Tal
  • 4. vez sería más sencillo el entendimiento si no tuviéramos tantas normas. También tenemos una gran cantidad de jurisprudencia, tanta, que ya en los debates dejamos que hablen las sentencias de las cortes antes que nuestra propia percepción de la realidad. Usted se sorprendería de la forma como los indígenas y los afros hemos apropiado los contenidos de las sentencias. PAE: Si existen las normas y la jurisprudencia contribuye a la interpretación de las mismas, ¿porque ese interés del gobierno en reglamentar la consulta a través de una ley? LEAC: Primero precisemos el tema. Hablar de Consulta Previa es hablar de política de reconocimiento y de ejercicio de un derecho fundamental. Si fuera por los empresarios y por el gobierno, las consultas pocas veces se harían. Fíjense como muchos pueblos tienen que tutelar el derecho, ya sea porque no se hace la consulta, o porque se desconoce la existencia de comunidades, para citar solo dos casos. O sea, realmente no tenemos garantías en la aplicación de la Consulta. Ni siquiera podríamos hablar de garantías judiciales. Cuando una Corte falla, ya han pasado meses y años de haberse vulnerado el derecho. Muchos creen que La Consulta se ha convertido en un escenario de transacción y no en un escenario de ejercicio del derecho. Los indígenas no estamos afanados en la reglamentación. Creemos que existen los instrumentos legales para que funcione correctamente, si se actúa de buena fe. Además, la Corte Constitucional ha definido los elementos que pueden ayudar a la elaboración de un protocolo que les dé garantías a todos los actores de la Consulta. Al gobierno y a los empresarios les preocupa el tema de los tiempos, del alcance y de todo aquello que teóricamente genera inseguridad jurídica. Los indígenas aceptamos los mandatos de la Corte y la Corte ha dicho que se debe reglamentar. Lo que no está claro es si debe hacerse a través de una ley. Lo que debe quedar claro es que ningún proceso de reglamentación debe hacerse para limitar el derecho. PAE: Hablabas de una mirada totalmente opuesta en torno al concepto de desarrollo Para los indígenas, la esencia de la economía, la sociedad, la comunidad, el individuo y el propio planeta, se sintetiza en el concepto del Buen Vivir. Y claro, la gran problemática para el ejercicio del derecho fundamental a la Consulta Previa, es que estamos parados en orillas opuestas. Empresarios y Estado mirando el tema como un mero procedimiento que facilite los procesos de explotación de los recursos naturales y nosotros, tratando de preservar nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, pero también creyendo que esos proyectos tienen que ser una oportunidad para el desarrollo
  • 5. económico de nuestras comunidades, pero desde nuestro proyecto del Buen Vivir. Es como una balanza. En un extremo está el capitalismo y su modelo de desarrollo. En el otro, estamos los indígenas tratando se salvaguardar nuestra propia visión del mundo. Si miramos el tema más de fondo, esta contradicción es la misma que está generando la crisis civilizatoria que hoy tiene el mundo. PAE: Pero uno escucha a funcionarios del gobierno y a los representantes de los empresarios y pareciera que están comprometidos con los derechos de los pueblos étnicos… Ese un uno de los problemas que tenemos. La sociedad entera asume el marketing de lo aborigen, de lo indígena, pero poco o nada le importa la esencia de sus conceptos. Es un producto más que se empaqueta, que se vende, pero poco se aprende de nuestra sabiduría y experiencia, y ese es el sustento del Buen Vivir. Asistimos a un prolongado proceso de apropiación del conocimiento indígena. Apropiación para trivializar. Apropiación para negar nuestra identidad. A nuestros Planes de Vida se les fue incorporando metodologías, rutas, resultados, hasta hacerlos cada vez más parecidos a los planes de desarrollo. Igual ha venido sucediendo con nuestro derecho propio. Se ha venido desarrollando un proceso sistemático por positivarlo. Es en estos ejemplos donde radica el proceso de negación de nuestras culturas. PAE: Uno pensaría que lo indígena ha logrado permear las estructuras del modelo capitalista Ojalá fuera así. No es solo la contradicción de modelos. Es la “adecuación” de nuestro modelo para asimilarnos. El Buen Vivir por ejemplo, se ha ido convirtiendo en un producto que hoy es apropiado por Estados y organizaciones financieras como el BID y el BM y otras entidades mercantiles. Deberíamos estar felices, pero desafortunadamente se apropia el nombre, pero se niega la esencia de nuestro pensamiento. El ejemplo más claro de esto es que nunca se consultó a nuestros pueblos para apropiar nuestro modelo de Buen Vivir. Lo real es que vivimos en un mundo globalizado al que no le interesa el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Lo único que le interesa es apropiar y arrebatar usos y costumbres, asumir y desnaturalizar derechos, desconocer nuestras culturas. El ideal del mundo globalizado es homologar sistemas, modelos y culturas para que prime un único modelo de desarrollo, el modelo capitalista. PAE: Pero ¿todo ese marco normativo condensado en un bloque de constitucionalidad no blinda a los indígenas para que esto no suceda? Debería ser así, y no solo para los indígenas, para la sociedad entera. Pero siempre tenemos que acudir a los jueces para que nos otorguen
  • 6. derechos que ya tenemos. Tenemos derecho a la salud, pero los ciudadanos tienen que tutelar la prestación del servicio. Los indígenas también tenemos que recurrir permanentemente a los jueces para que se nos reconozca que existimos como tal comunidad en lustros territorios, para que se nos consulte, cada vez que se vaya a desarrollar un proyecto, que nos impacta de alguna manera. La pregunta es, ¿porque estamos construyendo un modelo basado en mendigar derechos? He dicho que el Estado tiene la obligación de disuadir esa falsa concepción de los actores económicos y de la sociedad mayoritaria, que ven en el indígena, en su territorio y en su cultura, un obstáculo en sus propósitos de acumulación de poder y de riquezas. Pero también es obligación del Estado impedir que en los territorios indígenas y negros, se desarrollen actividades depredadoras de nuestro patrimonio territorial. Le resumo: No nos oponemos al modelo de desarrollo de la sociedad mayoritaria, pero si nos oponemos a que se desconozca nuestro propio modelo y se nos imponga uno ajeno. PAE: ¿Por qué esa resistencia al modelo de la sociedad mayoritaria? Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado la máquina del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores esfuerzos, que este es un modelo que explota y abandona el territorio dejando muerte y depredación. Y a los indígenas nos queda la tarea de la recuperación y el equilibrio de la naturaleza, para garantizar la pervivencia de las especies y el mantenimiento de la biodiversidad. PAE: Pero todos los gobernantes del mundo…. Si, en Francia, en el marco de la COP21 se discute sobre los efectos de gas invernadero y los compromisos de las naciones. Son tibios. Lo ideal sería detener el calentamiento global, pero se pusieron de acuerdo en dos grados, mientras que Evo Morales les proponía uno. No hay conciencia de que vamos hacia una debacle. Reitero que el problema no siempre es de normas. A nivel internacional también existen muchos instrumentos, pero la falta de voluntad política es globalizada. La normatividad nacional e internacional no ha hecho otra cosa que asignarle a los Estados un rol fundamental para garantizar el desarrollo de la visión propia de los pueblos indígenas y su pervivencia. Pero aquí, la pervivencia de 35 pueblos indígenas está en peligro. La Corte Constitucional ha ordenado planes de salvaguarda para estos pueblos que están en peligro de desaparecer por múltiples factores: conflicto armado, políticas extractivas, pobreza estructural y también por la ausencia del Estado. Todos estos factores están llevando a estas poblaciones al exterminio y a su desaparición física y cultural.
  • 7. PAE: Pero Colombia se comprometió a respetar los territorios de los pueblos indígenas e impedir que modelos extractivos o de desarrollo industrial generen afectaciones en sus territorios… Si, en la Conferencia sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas se llegó a ese acuerdo. Pero es un acuerdo más en el papel. Falta mucho para que los Estados entiendan que garantizar la integridad de los territorios indígenas y la pervivencia de sus comunidades en una relación de armonía y tranquilidad con la naturaleza, están también contribuyendo a consolidar el equilibrio y la armonía del planeta y de toda la humanidad. PAE: ¿A modo de conclusión? En conclusión, Estado y comunidades deben realizar un esfuerzo conjunto, que garantice la protección del territorio, de los ecosistemas y del medio ambiente, que aproxime los modelos de desarrollo a uno que se fundamente en la armonía, el “buen vivir” y entendimiento pacífico de las culturas. Consulta Previa: Gobierno, Autonomía y Defensa del Territorio (Parte 2) En la segunda parte de esta entrevista, el senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá nos habla de la Consulta Previa, en relación con el gobierno, la autonomía y la defensa del territorio
  • 8. Luis Evelis, al igual que los indígenas de Abya Yala, tienen claro que gran parte de la riqueza de los países, está en los territorios indígenas. “Sobre esos territorios abandonados de dios, donde solo había grupos de aborígenes que nadie reconocía como pueblos, se encuentran muchas de las riquezas mineros energéticos, en las que los países cifran sus expectativas de desarrollo”. Y agrega: “Los indígenas hemos sido los guardianes de estos recursos. Mientras conservábamos nuestro territorio y manteníamos nuestro conocimiento ancestral, garantizábamos la preservación de la biodiversidad. Mientras desarrollábamos una relación estrecha con la madre tierra, preservábamos este patrimonio, todas estas riquezas”. “Mientras los empresarios voraces no eran conscientes de la existencia de estas riquezas, no había preocupación por el control de nuestros territorios, aunque tampoco le interesaba al capital ni al Estado los seres humanos que allí habitábamos”. PAE: ¿Los cambios políticos de finales de la década del 80 están cimentados en la ignorancia del Estado y de los empresarios? LEAC: No exactamente. Es una época de gran crisis política y social. Muchos empiezan hablar de la década perdida o incluso de que somos un país inviable. Todo esto se da a la par de la conmemoración de los 500 años de la invasión, que algunos llaman “descubrimiento”. Lo real, es que “los cambios políticos realizados en Colombia finalizando la década del 80, permitieron consolidar un marco de derechos constitucionales y legales, que sumados a convenios suscritos por nuestro país, estructuraron un bloque normativo que fundamenta la política del reconocimiento. Con ese marco normativo se nos reconoció nuestros territorios y a nuestras comunidades como pueblos con usos y costumbres, gobierno y jurisdicción propia y con autonomía para el pleno ejercicio de nuestros derechos, individuales y colectivos. PAE: De la invisibilidad se pasó a una política de reconocimiento, entonces, ¿Cuál es el problema? LEAC: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de estos derechos. Y no está haciendo bien la tarea. En vez de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control territorial, de nuestro gobierno e instituciones, de nuestras culturas. El Estado ha sido omisivo y permisivo frente a la arremetida de ejércitos de madereros que talan nuestras selvas, de ejércitos que manipulan dragas que saquean y depredan nuestros territorios, de ejércitos de hombres civiles armados al servicio madereros, mineros, narcotraficantes, contrabandistas y toda suerte de delincuentes que deterioran nuestro entorno, y que se enriquecen mientras nosotros nos empobrecemos.
  • 9. PAE: Pero con tanta norma, difícil que la comunidad nacional e internacional crea que en Colombia no se garantizan los derechos a los indígenas… LEAC: Dije al inicio que el problema no está en la carencia de normas, ni en la ausencia de interpretación. El problema está en la falta de voluntad política del Estado para que estas se cumplan, para que se cumplan las sentencias de las Cortes. Claro, los funcionarios dicen que son nuestros amigos, que si hay voluntad política, pero la verdad es que lo que nosotros observamos a diario es que no se actúa con buena fe. Por supuesto eso no lo reconoce nadie. Los errores siempre se presentan como problemas de individuos, nunca como un problema de la política de gobierno. Cuando se reconocen esas falencias, ya se ha dilatado el proceso, ya se ha consumado la vulneración del derecho. PAE: Volvamos al tema inicial, el del desarrollo. ¿Ustedes se oponen al desarrollo del país? LEAC: Son los gobiernos los que entregan el patrimonio de la nación a nombre del desarrollo. ¿De qué modelo de desarrollo estamos hablando? Yo podría decir que han sido los distintos gobiernos quienes se han opuesto a nuestro modelo de desarrollo en cada Proyecto de Ley que no se consulta, en cada proyecto de exploración petrolero que no se consulta. Dicen que nos oponemos a un modelo de desarrollo que genera riqueza para el país. Nosotros también somos país y la pregunta elemental es, ¿Por qué las multinacionales se enriquecen, depredan nuestros territorios y nos dejan sumergidos en la pobreza? ¿Eso es riqueza para el país? Es claro que el Estado no establece unas reglas de juego claras que salvaguarden nuestras culturas, nuestro territorio, nuestras riquezas y sobre todo, a nuestros pueblos. Ese si es el debate. Por eso las dificultades para el desarrollo de los procesos de Consulta Previa. Porque los funcionarios ven en este instrumento un obstáculo al ejercicio del derecho, antes que una posibilidad para generar políticas públicas de salud, de educación, de vivienda y de bienestar, además de unas reglas claras que generen riqueza para el país y para las comunidades. Ahora mismo están cursando varios Proyectos de Ley en el Congreso que a nuestro juicio requerían Consulta Previa. ¿Porque el gobierno no consultó el Proyecto de ZIDRES, que es una iniciativa legislativa que afecta directamente a nuestras comunidades? Nos dicen que se ha incluido una salvaguarda que prohíbe la creación de ZIDRES en los territorios étnicos. ¿Por qué no se consultó el proyecto de Ley de Costas que cursa actualmente en el Congreso? Fíjese que estamos hablando de las costas del Atlántico, donde hay poblaciones que son mayoritariamente indígenas como Uribia y Manaure, y esto para no hablar de comunidades enteras de afrocolombianos que viven de la pesca, las artesanías y el mismo turismo a todo lo largo de esta
  • 10. costa. Es más, cuando ya existe jurisprudencia que ampara los derechos de los pescadores negros en ciudades como Cartagena. En la costa pacífica tenemos una población que es fundamentalmente negra e indígena y donde el común denominador es la pobreza. No estamos diciendo que los proyectos sean definitivamente malos. Nuestra pregunta es, ¿Por qué no se consulta a estas comunidades el desarrollo de estas iniciativas legislativas, como dice la norma? Otro proyecto para revisar, sería el de páramos. En síntesis, lo que vengo observando es que el gobierno se ideó la forma de evadir la Consulta y es insertando unilateralmente en los contenidos del Proyecto de Ley, aquellos elementos que teóricamente “amparan el derecho”, como está en el artículo 29 del Proyecto de ZIDRES. Reconozco que el artículo preserva el derecho de consulta del proyecto productivo o la declaratoria de la ZIDRE, pero no garantiza el derecho a la Consulta que debe realizarse de manera previa al trámite en el congreso, haciendo caso omiso a la norma y a nuestra posición. Ellos creen que con eso blindan el proyecto, nosotros creemos que no. Claro que es la Corte quien decide. Autonomía y gobierno propio PAE: Luis Evelis, tenemos una constitución garantista que reconoce el tratamiento diferencial para muchos sectores. ¿En qué se diferencia esto del enfoque diferencial que reivindican los indígenas? LEAC: Estamos en la era del enfoque diferencial, y tal vez con razón la gente dice que cuando el enfoque diferencial es para todos, no es para nadie. Los indígenas por supuesto no nos oponemos al trato diferencial, y somos respetuosos de las políticas que empoderen y reconozcan los derechos y el tratamiento diferencial para las mujeres, los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los deportistas, los periodistas y podría seguir de manera interminable con la lista de sectores sociales que reclaman un trato diferencial. Desafortunadamente hay sectores que no entienden esto y satanizan al movimiento indígena y negro por exigir la aplicación del postulado constitucional que además del enfoque diferencial, también incluye el tema de las acciones afirmativas. Esto se debe a que adolecemos de una posición sólida sobre la esencia de la política de reconocimiento y porque aún subsisten sectores que no miran los derechos de los grupos étnicos en su integralidad, esto es, asociado a un territorio, a una lengua a una cultura, a una jurisdicción y a un gobierno propio, y menos aún, que somos autónomos en el ejercicio de nuestros derechos territoriales. En ese error cae el gobierno y las mismas organizaciones de la sociedad civil. Pero ese no es el centro del debate. PAE: Y ¿cuál es la relación de este planteamiento con el ejercicio de la Consulta Previa?
  • 11. El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de derechos humanos de los pueblos indígenas y otros documentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que han hecho es afianzar ese marco de derechos históricos sobre el territorio y todas las instituciones propias en materia de territorio, gobierno, autonomía y justicia propia con fundamento en leyes ancestrales, naturales y de origen que poco a poco han sido reconocidas en las constituciones de los distintos países. La Corte ha señalado en varias sentencias, que cada vez que se desarrollen iniciativas legislativas o proyectos que impacten nuestras comunidades, se debe realizar la Consulta Previa. En síntesis, es la salvaguarda de nuestra identidad étnica y cultural. Muy a pesar de esto, se desconoce y vulneran estos derechos. PAE: Usted es senador y representa a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que usted espera del gobierno y de sus compañeros en el congreso? LEAC: Es muy claro. Es responsabilidad del Estado salvaguardar nuestras culturas, garantizando su diversidad y pluralidad, garantizando nuestras formas organizativas, pero ante todo, fortaleciendo todos aquellos instrumentos que como la Consulta Previa, permiten el pleno ejercicio de nuestros derechos fundamentales. El gobierno y también los congresistas, deben profesar un profundo respeto hacia los pueblos indígenas, sobre todo en lo relacionado con los procesos de consulta. Además, las Cortes se lo están indicando en multiplicidad de sentencias. El ejecutivo y el legislativo deben asumir que los indígenas no somos enemigos de las políticas que benefician a las comunidades y mucho menos al país. En ese interés reciente del gobierno por reglamentar este derecho, lo único que debe tenerse claro, es que independientemente de lo que acordemos indígenas y gobierno, esto debe obedecer a un proceso de concertación fundamentado en la política del reconocimiento y en el profundo respeto por los derechos adquiridos. —- Fuente: Portal ActualidadEtnica.com: http://www.actualidadetnica.com/actualidad/actualidad-col- 01/politica/9182-consulta-previa-un-derecho-cruzado-por-la- contradicci%C3%B3n-del-modelo.html