El documento es un comunicado que exige la protección inmediata de Gustavo Castro Soto, testigo protegido en Honduras, tras el asesinato de Berta Cáceres y el aumento de amenazas hacia su vida. Se solicita la intervención del gobierno mexicano para garantizar su regreso seguro a México y se critican las violaciones a sus derechos humanos durante su retención en Honduras. Además, se insta a mejorar la labor diplomática y a aplicar tratados de asistencia jurídica mutua para salvaguardar su integridad física y psicológica.