El documento describe el marco constitucional venezolano para la participación ciudadana en la educación a través de la Contraloría Social. Explica que la Constitución promueve una sociedad democrática, participativa y protagónica. También describe algunas medidas iniciales del gobierno bolivariano para revertir la exclusión en la educación pública como la eliminación de cuotas y el aumento del presupuesto educativo.