Este documento trata sobre la defensa de las personas al acceso de bienes y servicios en Venezuela. Explica que la Constitución y la ley buscan garantizar el acceso a bienes y servicios de calidad. Creó el INDEPABIS para fiscalizar este ámbito y tipificó conductas ilícitas como imponer condiciones abusivas. Las sanciones van desde cursos educativos hasta el cierre de establecimientos. Actualmente, la Ley de Precios Justos unificó esta materia con la de costos, creando la SUNDDE como nuevo ente

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIECIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
Defensa de las Personas al Acceso de Bienes y Servicios
(Ensayo)
Autor:
Adrián Alcubilla
SAIA-C

2. Puntos a tratar enelensayo
Defensa de las personas en
el accesoa los bienes y
servicios
Nocion General
Base Costitucional
Base Legal
IDEPABIS
Actividades
Principios
Hechos ilicitos ySanciones
Actualidad y SUNDDE

3. Las personas como, sujetos derechos, son quienes poseen la capacidad de ser
titulares de bienes, así como los principales interesados en resguardarlos a éstos y a
sus frutos, ante cualquier perturbación o trasgresión de terceros. Dentro de ese marco,
debe entenderse al concepto de persona en sentido amplio, incluyendo dentro de sí a
sus formas naturales y jurídicas previstas por el ordenamiento jurídico venezolano.
Así, la forma de interacción interpersonal más común es el establecimiento de
relaciones jurídicas, o negocios jurídicos, en los cuales cada uno de los sujetos
acuerda trasladar bienes, derechos u realizar o no determinados actos, todo dentro
del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y del ámbito privado como
el único en el cual tiene cabida el mismo.
Dentro de ese orden de ideas, según la exposición de motivos de la Ley Para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, es el Estado, quien
tiene la obligación de brindar a los administrados, instituciones que “garanticen a los
ciudadanos el goce de todas las esferas que contribuyan a su desarrollo integral y no
sólo a las necesidades básicas.”.
Entonces, la defensa de las personas al acceso a los bienes y servicio, consiste
en el conjunto de medidas y medios que prevén garantizar el desenvolvimiento
adecuado de todo lo que implica el manejo y disfrute de los diferentes servicios.
En ese sentido, la Constitución, prevé a Venezuela como un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia, fundada sobre os valores de igualdad,
solidaridad y responsabilidad social, todos ellos aplicables al contexto de la
distribución de bienes y servicio, sea de manos de comerciantes o de personas
singulares (art. 2). Igualmente, dicho ente tiene como finalidad, la defensa y
desarrollo de la persona en pro del bienestar del pueblo en general (art. 3). Asimismo,
el Estado garantiza el acceso a los órganos de justicia, del mismo modo, concede a
toda persona la protección por parte del Estado frente a situaciones que amenacen sus
propiedades y el disfrute de derechos.

4. Por lo tanto, se toman como base constitucional de la defensa al acceso de
bienes y servicio, lo dispuesto en el artículo 114 CRBV al sostener que “El ilícito
económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos
conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley. Aparte, de lo
contemplado por el artículo 117, en cuanto a la disposición de bienes y servicios de
calidad, y a la “información adecuada y no engañosa sobre el contenido y
características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a
un trato equitativo y digno” todo ello garantizado mediante normas y procedimientos
que busquen el resarcimiento de los daños causados y la sanción a los responsables de
la violación a tales derechos.
En consecuencia, ´se promulga la Ley Para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios (2010). Con el objeto de permitir la defensa,
protección y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos dentro
de la materia en comento, tipificando los hechos ilícitos de carácter administrativo, el
procedimiento aplicable para ventilar dichos casos aparte de la penalización y
resarcimiento que aplica.
Por otra parte la ley en comento, también expresa el ámbito en el que aplica
siendo ello, todos los actos jurídicos celebrados entre proveedoras o proveedores de
bienes y servicios, y las personas organizadas o no, así como entre éstas”, pudiendo
ser relativos a la contratación de servicios prestados sean públicos o privados, el
acaparamiento, la especulación, y todo lo referente al acceso de bienes entre ellos
alimentos sean o no de primera necesidad, producto de las actividades propias de los
diferentes sujetos que participan en la cadena de producción y comercialización de la
materia.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la identificación de un órgano
capaz de cumplir con todas esas funciones de manera eficiente y descentralizada. Por
ello se establece la creación del INDEPABIS (art 101 de la ley) como organismo

5. administrativo adscrito al Ministerio competente en materia de economía, y comercio.
Estando compuesto por una Sala de Inspección, una Dirección de Consultoría, una
Dirección de Promoción y Educación, una Dirección Regional Central, las
Coordinaciones Regionales y demás dependencias administrativas.
De manera tal, el INDEPABIS, viene a personificar la función administrativa
requerida por la Constitución y la Ley al Estado, actuando de manera especializada
por cuanto la rectoría de la misma le corresponde al Ministerio competente, y
debiendo cumplir con las prerrogativas dispuestas para si en el artículo 102 ejusdem.
A su vez, lo anterior debe realizarlo bajo los principios de Publicidad, Dirección e
impulso de Oficio, Primacía de la realidad, Libertad Probatoria, Notificación Única,
en vista de que todos son sinónimos del Debido Proceso, y características de los
procedimientos de la vía administrativa, por ello supletoriamente tiene cabida lo
previsto por la LOPA.
En otro orden de ideas, Administrativamente, se suponen como ilícitos y por
ende sancionable a aquellos actos o conductas que sean ejecutados por los
proveedores de bienes y prestador de servicios cuando:
 Impongan condiciones abusivas a las personas que fomenten una
situación de desventaja frente a otros
 Apliquen injustificadamente condiciones desiguales para proveer
bienes o prestar un servicio en atención al medio de pago, por ejemplo
aquellas veces que solo se vende cierto producto en efectivo.
 Prexiste La subordinación o el condicionamiento de proveer un bien o
prestar un servicio a la aceptación de prestaciones suplementarias, que
por su naturaleza o de conformidad con el uso correcto del comercio
no guarde relación directa con el mismo.

6.  Se niegue de forma injustificada a las demandas de las personas.
 Se impone precios y otras condiciones de comercialización de bienes y
servicios, de manera arbitraria, sin que medie justificación económica.
 Produzcan o realicen conductas discriminatorias.
 Cobren a las personas recargos o comisiones, cuando el medio de pago
utilizado por éste sea a través de tarjetas de crédito, débito, cheque,
ticket o cupón de alimentación, tarjeta electrónica de alimentación o
cualquier otro instrumento de pago.
 Modifiquen o alteren el precio, la calidad, cantidad, peso o medida de
los bienes o servicios, de sus condiciones originales.
 La negativa a expender, con o sin ocultamiento, productos o prestar
servicios
 Restrinjan con o sin ocultamiento, de la oferta, circulación o
distribución de productos o servicios.
 Se prohíbe a cualquiera de los sujetos de la cadena de distribución,
producción y consumo, que entre ellos impongan condiciones abusivas
que afecten a las personas o que tiendan al incremento indebido de
precios, acaparamiento o boicot de productos o servicios.
Con respecto a las sanciones, se debe acotar en principio que dicha
denominación se aplica por no revestir el carácter penal sino netamente
administrativo. Así, una vez cumplido el respectivo procedimiento, en este caso
especial, porque corresponde únicamente al previsto en la ley referida y tomando en
consideración la gravedad de la infracción, se podrán aplicar las siguientes sanciones
de conformidad con el artículo 125 ejusdem:
En primer lugar, la asistencia obligatoria a recibir o dictar charlas, talleres o cursos
sobre los derechos y obligaciones de las personas en el acceso a los bienes y

7. servicios, por un periodo que ira de 30 a 60 horas distribuidas según disponga el acto
administrativo, con lo cual es la sanción más benévola.
En segundo Lugar, se encuentra la respectiva Imposición de multa, cuyo
monto dependerá del hecho ilícito incurrido, del modo y tiempo de comisión además
de la existencia o no de reincidencia.
En Tercer lugar, la clausura temporal del establecimiento de comercio, o de
depósito, cuando corresponda a los hechos vinculados con el acceso de bienes que
son distribuidos, detentados o producidos por el infractor, la medida podrá ser de
máximo noventa días.
En cuarto lugar, está la ocupación temporal, e intervención de todas las
operaciones y áreas del comercio en cuestión por un lapso de noventa días, algo
similares a lo que ocurre en el procedimiento de atraso previsto en el código de
comercio.
En último lugar, el Cierre definitivo del o los establecimientos sancionados
como sanción más grave, que además conllevara a una multa de 100 UT por cada
hora que el presunto infractor no cumpla con el cierre, salvo que demuestre causa
fundada y justificada para ello, aparte de que debe continuar con el pago de todas las
obligaciones laborales durante los días de cierre, ya que se sanciona es a la entidad de
trabajo no al esfuerzo de los hombres y mujeres que laboran en ella.
Cabe destacar, que el cumplimiento de cualquiera de las sanciones referidas
no exime a los infractores, de ser exigidos la respectiva responsabilidad Penal o Civil
de ser ese el caso.
Para finalizar, es importante señalar que en la actualidad, la ley especial
referida previamente en el ensayo se encuentra derogada por la entrada en vigencia de
Ley Orgánica de Precios Justos, según su disposición derogatoria segunda. Con esta
ley se incluye además de los supuestos de hechos ya descritos previamente, y los

8. delitos de usura, acaparamiento, especulación, boicot entre otros, al de reventa de
productos de primera necesidad. Esto se debe a que, la ley de 2014 viene a ser una
adaptación de la ley de 2010 y la unificación de los contenidos de esta y la de costos
y precios justos, a propósito de la relación entre ambas materias.
De igual manera, se establece la liquidación del Indexabas, para dar paso a la
SUNDDE o Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio
Económicos como ente administrativo que lo suplanta, y tiene por competencia
además de la ya entendida fiscalización y sancionamiento, el establecimiento y
evaluación de los precios de los productos en el mercado.
Por todo ello, se puede concluir, que la defensa de los derechos de las
personas con respecto al acceso a bienes o al disfrute de la prestación de servicios, es
una materia que ha existido a lo largo de la historia, y muestra de ello ha ido
evolucionando pasando del concepto de consumidores al de personas que es más
amplio y equitativo, y adaptándose a la realidad social de cada momento del país, en
verbigracia esta la actual en la que la escases de diferentes bienes por innumerables
causas hacen requerir al Estado un control distinto al usual y normal.

9. REFERENCIAS
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Publicada en Gaceta
Oficial Nº 5.908 Extraordinaria de fecha Febrero 19 de 2009.
Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (2010).
Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.358 de fecha Febrero 1 de 2010.
Ley Orgánica de Precios Justos (2014). Publicada en Gaceta Oficial Nº 40.340 de
fecha Enero 23 de 2014.