Los delitos contra la administración pública ocurren cuando funcionarios o servidores públicos violan las normas constitucionales, legales o reglamentarias que rigen el desempeño de sus funciones. Solo serán delitos penales si la conducta está tipificada en la ley penal. Los funcionarios públicos tienen poder de decisión mientras que los servidores públicos brindan apoyo técnico sin poder de decisión. Estos delitos solo pueden ser cometidos por quienes tengan la condición especial de funcionario o servidor público según el Código Penal