El documento describe los principios fundamentales de la función judicial en Ecuador. Estos incluyen que el poder judicial emana del pueblo, que los órganos judiciales deben formular políticas para brindar un servicio de calidad y optimizar recursos, y que los jueces aplicarán la constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. También establece los principios de supremacía constitucional, aplicabilidad directa de la norma constitucional, imparcialidad, gratuidad y responsabilidad del Estado.