Este documento explica el principio de acceso a la justicia y sus garantías constitucionales en el proceso civil. Define el acceso a la justicia como el derecho a ser oído por un juez y analiza su origen en la Constitución dominicana y documentos internacionales de derechos humanos. También discute excepciones legales a este principio, la diferencia entre acceso a la jurisdicción y acceso a los tribunales, y los límites que puede imponer el legislador sin violar este derecho fundamental.

1. El Acceso a la Justicia Módulo II: Garantías Constitucionales aplicadas al Proceso Civil

2. El Principio de Acceso a la Justicia El principio de acceso a la Justicia comprende el de los Tribunales y Jueces, es un derecho constitucional, pero de configuración legal en razón de que el legislador impone tasas e impuestos, que difiere con el derecho de obtener una resolución motivada en sede judicial, sea en cuanto al fondo o sea en cuanto a la inadmisión de la pretensión.

3. El Principio de Acceso a la Justicia El artículo 109 de la Constitución Política Dominicana, expresa el carácter gratuito de la administración de la justicia, indicando que ella se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República, sobre la gratuidad de la justicia se ha pronunciado el Pleno de la SCJ en sentencia de fecha 19 de julio del 2000; B. J. 1076. Pág. 224. Dando la verdadera interpretación del referido artículo en el sentido de que los jueces no podrán cobrarles honorarios de ninguna clase a las partes, no así de los impuestos que resulten de la legislación nacional.

4. El Principio de Acceso a la Justicia El Articulo 1 del Código de Procedimiento Civil Francés, dice: - El acceso a la justicia y el servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción de los sellos e impuestos fiscales previstos por leyes especiales, así como del pago por costas, honorarios y multas que establece este Código y leyes especiales.

5. El Principio de Acceso a la Justicia Podríamos decir que el acceso a la justicia, es el derecho de ser oído por un juez o el derecho audiencia, cuyo linaje constitucional es indiscutible, teniendo su fuente entre nosotros en el artículo 8.2 letra J de la Carta Superior, al expresar que nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado.

6. Abolengo Constitucional y Universal del Acceso a la Justicia La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10/12/1948 en su artículo 10 expresa: Toda Persona tiene derecho a ser oída en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

7. Abolengo Constitucional y Universal del Acceso a la Justicia El artículo 14 primer párrafo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos enarbola el derecho a ser oído, sosteniendo “Todas personas son iguales ante los Tribunales y Corte de Justicia. Toda Persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías de un Tribunal competente e independiente e imparcial… ”

8. Abolengo Constitucional y Universal del Acceso a la Justicia Igual conjunción se deriva de la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 6 al expresar que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente…,

9. Excepciones al principio de acceso a los Tribunales. Este principio de acceso a los Tribunales, que se concretiza con las sentencias, sufre no sólo las excepciones del pago de los impuestos, sino las limitaciones que el legislador impone con el cumplimiento de formalidades previas – configuración legal - a la acción en justicia o las pretensiones en foro jurisdiccional, tales son los casos del artículo 27 de la Ley No. 288-05 que regula las Sociedades de Intermediación Crediticia y de Protección al Titular de la Información, y el artículo 105 de la Ley No. 146-02, Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, que en forma concluyente inadmiten la acción en justicia.

10. Excepciones al principio de acceso a los Tribunales. En el primero de los casos el artículo 27 afirma que “… En consecuencia, el Ministerio Público, las Cortes, los Tribunales, y los Juzgados de la República no darán curso a ningún tipo de acción judicial dirigida contra los Aportantes de Datos o los BICS, sin que antes los Consumidores hayan cumplido con el procedimiento de reclamación antes señalado, y que su caso no se haya corregido, en el segundo de los casos las demandas en contra de las aseguradoras el artículo 105 sostiene “… y mientras no haya tenido lugar, el asegurado no puede incoar ninguna acción judicial contra la compañía aseguradora, como consecuencia de la expedición de la póliza” . (Ver sentencia No. 224/2007 de la SSC, Distrito Nacional).

11. Excepciones al principio de acceso a los Tribunales. El presupuesto necesario para disfrutar del derecho a la tutela judicial efectiva o al debido proceso es el libre acceso a los Jueces en todos los grados y niveles procesales, según el sistema de acceso que las respectivas leyes de procedimiento configuren para cada sector jurisdiccional en función de sus características.

12. Derecho de acceso a la Jurisdicción vs. Acceso a los Tribunales El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, que, no obstante, se satisface también cuando se obtiene una resolución de inadmisión, si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial.

13. Derecho de acceso a la Jurisdicción vs. Acceso a los Tribunales El derecho a la tutela judicial un derecho prestacional de configuración legal, cuyo ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente.

14. Limites que impone el Legislador o Violación al principio de acceso. El legislador goza de un amplio margen de libertad en la definición y determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la jurisdicción para la defensa de derechos e intereses legítimos. En esta regulación podrá establecer límites al ejercicio del derecho fundamental, que serán constitucionalmente válidos si, respetando su contenido esencial, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida.

15. Limites que impone el Legislador o Violación al principio de acceso. En principio, pues, el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, y, asimismo, por la imposición de condiciones o consecuencias meramente limitativas o disuasorias del ejercicio de las acciones o de los recursos legalmente establecidos.

16. Limites que impone el Legislador o Violación al principio de acceso. Hay que distinguir entre el derecho de acceso a la justicia, dirigido a obtener una primera respuesta judicial, que nace directamente de la Constitución y en el que actúa con toda su intensidad el principio pro actione. El principio pro actione impone la interdicción – prohibición - de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.

17. Limites que impone el Legislador o Violación al principio de acceso. El derecho al libre acceso a los Tribunales es de tal magnitud que comprende a toda persona física, moral, privada, pública o extranjera, a quien el ordenamiento jurídico procesal criollo le reconozca el derecho con capacidad legal para accionar en justicia, y que cuando tratemos lo relativo a la acción en justicia, veremos las condiciones de la mismas.

18. Conclusión En definitiva el objetivo de este interesante principio de acceso a la justicia busca que el aspirante tenga una idea aproximada sobre la importancia del mismo, en primer orden porque es la primera actividad que procura provocar el quehacer jurisdiccional o el primer principio que se encuentra en juego en todos los niveles y escalas sin importar la sede judicial o el derecho tutelado;….

19. Conclusión … en segundo orden el Sistema de Justicia Dominicano tiene muchos obstáculos que un análisis desde el concepto del debido proceso harán comprender si los limites y obstáculo que impone el legislador se encuentran dentro de lo que es la configuración legal es decir que el legislador impone ciertos requisitos para acudir en foro judicial, sin miramiento alguno, sin mediar si es una persona física, moral o extranjera, o propiamente dicho, sí esos principios constituyen mas que un presupuesto procesal un obstáculo innecesario, desproporcional e irracional;