El artículo 134 de la Constitución Mexicana originalmente se refería solo a regular los procedimientos de contratación pública para dotarlos de mayor transparencia y garantías de imparcialidad. Posteriormente, la reforma de 1982 añadió principios como la eficiencia y economía en el uso de recursos públicos. La reforma de 2007 incluyó la obligación de aplicar los recursos de manera imparcial entre los partidos políticos para preservar la equidad electoral, estableció reglas para evitar el uso de propaganda gubernamental para beneficio personal, y

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Derecho Constitucional
Unidad 3
3.2.4 Articulo 134, competencias expresas y reservadas.
Cuando se hace referencia al artículo 134 constitucional es conveniente partir de la premisa
de que no se trata de una disposición normativa propiamente electoral, sino que su objeto
está más relacionado con preservar la integridad de la hacienda pública y con normar el uso
de recursos públicos que con una finalidad específicamente electoral.
Un examen de la génesis y el desarrollo de la norma constitucional de referencia podrían
contribuir a comprender de mejor manera su contenido y alcances.
El proyecto de Constitución formulado al Congreso constituyente por el primer jefe del
ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, contenía únicamente 132 artículos, y no se
encuentra ni nominal ni materialmente en él la disposición que posteriormente fue incluida
como resultado del trabajo del Constituyente, del cual derivó la redacción final del artículo
134 en la Constitución de 1917, en los siguientes términos:
Todos los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas,
serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones
en sobre cerrado, que será abierto en junta pública
Como puede verse, el alcance y contenido normativo del artículo 134 constitucional se
constreñía originalmente a regular el procedimiento de contratación pública para dotarlo de
mayor transparencia y de garantías de probidad e imparcialidad en la adjudicación de
contratos
El texto original del artículo 134 se limitaba a establecer las reglas para las contrataciones y
adquisiciones de los gobiernos federal y del Distrito Federal. La reforma de 1982 añadió los
principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez en la administración
de los recursos públicos e hizo explícita la responsabilidad de los servidores públicos por

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incumplimiento, tanto de esos principios como de las reglas establecidas para la celebración
de contratos y realización de adquisiciones gubernamentales.
La reforma de 2007 agregó fundamentalmente tres elementos. El primero de ellos fue la
inclusión de una modalidad específica del principio de imparcialidad, ya establecido en el
tercer párrafo del texto derivado de la reforma de 1982, por la cual se obligaba no sólo a los
gobiernos federal y del Distrito Federal, sino también a los de los estados y municipios, a
aplicar con imparcialidad, en relación con los partidos políticos, los recursos cuya
administración les correspondiese, con el propósito explícito de preservar la equidad en las
contiendas electorales. El segundo fue el establecimiento de una serie de reglas para la
propaganda gubernamental, dirigidas a evitar su uso para beneficio personal de los
servidores públicos. El tercero fue delegar al legislador ordinario la atribución de establecer
un régimen sancionador específico por la violación de estas normas en los estados.