El documento discute la relación entre el derecho penal y la pluralidad cultural en el Perú. Argumenta que la producción del derecho peruano no está ajena a la realidad de la diversidad cultural, configurando espacios jurídicos desiguales entre las diferentes etnias y culturas del país. Propone que es deseable considerar el dominio de idiomas indígenas para jueces en zonas donde se hablan esos idiomas, así como capacitación en pluralismo jurídico.