El allanamiento se limita a relaciones jurídicas que sean transigibles y no comprometan el orden público, de lo contrario carece de efectos. También se consideran inválidos los casos donde se busque una condena de prestación imposible o contraria a las buenas costumbres. Tanto demandados como actores reconvenidos y sus representantes tienen la potestad de allanarse en el proceso.

21. • El allanamiento solamente puede tener por objeto relaciones jurídicas
disponibles, es decir aquellas que sean transigibles o renunciables y en
general, en aquellas en que no estuviere comprometido el orden
público; en tales casos, el allanamiento carecerá de efectos y
continuará el proceso según su estado.
• Deben agregarse aquellos casos en que se pretende en la demanda
una condena de prestación imposible o contraria a las buenas
costumbres.

22. El allanamiento proviene del sujeto procesal contra quien se ejercita alguna
pretensión sea como demandado o como actor reconvenido, el
denunciado, el sucesor procesal y en fin todo aquel que actúe como parte
en un proceso.
También tienen la potestad de allanarse las personas susceptibles de
comparecer por sí mismas a un proceso (relacionados con los derechos
que en él se hacen valer) o sus representantes siempre y cuando estén
autorizados para hacerlo.